Ante la situación política, económica y social que prevalece a nivel mundial, es necesario escribir sobre los derechos humanos que nos corresponden sin importar la nacionalidad, edad, residencia, sexo, etnia o religión y que se encuentran protegidos a través de tratados internacionales.

En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza los derechos humanos observando los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es el organismo autónomo encargado de proteger y defender estos derechos a nivel federal, siendo en las entidades federativas las comisiones, procuradurías o defensorías en quienes recae esta obligación.

Los cincuenta y cuatro derechos fundamentales constituyen una base sólida que en teoría nos debe permitir gozar de una vida digna en un Estado de derecho y democrático.

No obstante, la violación a los derechos humanos es recurrente, tan solo en 2022 se reportaron 156, 743 hechos presuntamente violatorios[1], cifra que se considera es mayor tomando en cuenta los casos de violaciones en los cuales no se presentó una queja.

Uno de los derechos que es violentado y normalizado constantemente es el de la no discriminación, más aún cuando se trata de grupos vulnerables.

Otro derecho humano es el de la igualdad entre mujeres y hombres, un tema abordado cotidianamente y que aún falta mucho para que la igualdad en todos los ámbitos sea una realidad; solo por ejemplificar, podemos mencionar la gran brecha salarial, aunado a las pocas o nulas oportunidades para que las mujeres podamos acceder a altos puestos laborales.

El derecho humano de acceso a la justicia, uno de los más importantes que implica la garantía de la protección de los derechos a través de procesos jurídicos y de la impartición de justicia pronta, imparcial y expedita a través de los órganos jurisdiccionales competentes, integrados por jueces y magistrados especializados.

Es importante señalar que el acceso a la justicia está estrechamente vinculado a la capacidad, experiencia y conocimiento de quienes la imparten, así como a una carrera judicial que debe brindarles las herramientas necesarias para ejercer con ética y absoluto apego a la Ley.

Otro derecho humano es el de las personas con discapacidad, el cual conlleva la urgente necesidad de establecer acciones transversales que permitan la inclusión social. Las violaciones constantes a este derecho, provoca una exigencia impostergable para establecer medidas que garanticen estos derechos.

El derecho a la reparación integral del daño, a la verdad, a la reinserción social, a la libertad de expresión, a la salud, a la vivienda son solo algunos de los cincuenta y cuatro derechos fundamentales necesarios para una vida plena y justa de todas las personas.

Se comprende que el ejercicio a estos derechos es de facto, sin embargo, la realidad es que en muchos casos para hacerlos valer es necesario acudir ante organismos defensores y/o ante órganos jurisdiccionales para lo cual el fortalecimiento de un Estado de derecho es fundamental. Las prácticas de normalización de la violación de estos derechos, debe ser erradicada tajantemente desde todos los ámbitos.

Durante mucho tiempo se han creado mecanismos para garantizar y respetar los derechos humanos; los organismos encargados de defensa han llevado a cabo recomendaciones que han marcado precedentes importantes, pero aún faltan muchas acciones no solo procedimentales, sino también de carácter preventivo.

Son muchas las personas que hoy en nuestro país piden justicia por actos violatorios a los derechos fundamentales y que bajo el principio de interdependencia, la actuación ética y legal de los órganos garantes y jurisdiccionales es imperante.

Finalmente es imprescindible mencionar que el principio de progresividad impide cualquier retroceso en esta materia y obliga al Estado a promover condiciones que garanticen la prevalencia de estos derechos y la procuración del respeto de los mismos.

Fuente: parentesislegal.com