Cuando los actores políticos no tienen libertad para competir por los cargos de representación popular, los ciudadanos tampoco tienen libertad de elegir entre diversas opciones. Eso sucede cuando asesinan a las y los candidatos a los cargos de elección popular. Por un lado, eliminan a las o los competidores incómodos, pero, por otro, imponen un estado de miedo que inhibe la participación ciudadana. Luego entonces, no puede calificarse un régimen político como democrático si la legitimidad del representante político ganador, emanó de un proceso corrompido por su imposición como único competidor, tal y como sucedió en el proceso electoral de 2021 en algunos municipios.
Aun cuando la violencia política letal se empezó a manifestar con algunos asesinatos en los procesos electorales de los anteriores sexenios, fue partir de la elección presidencial de 2018, que la calidad de la democracia mexicana se ha visto verdaderamente vulnerada por la creciente violencia política, pero, sobre todo, la violencia homicida a nivel local, toda vez que, el mayor número de víctimas es el de las y los candidatos a presidentes municipales o regidores y personas cercanas de sus equipos de campaña. Por ello, resulta tramposo que, en el actual proceso electoral, contrario a los anteriores, el ámbito federal del Poder Ejecutivo se haya deslindado de garantizar la seguridad de los competidores locales. Las consecuencias de esta desafortunada decisión las están enfrentando los competidores locales de todos los partidos políticos, incluyendo a los de Morena y los partidos aliados. Ahí está el caso de la candidata Gisela Gaytán, no es el único, pero es el más simbólico toda vez que, el mismo Presidente de la República lucró políticamente con este terrible hecho, señalando a las autoridades estatales de ser responsables, cuando bien que sabe que, este caso, sólo es uno más de los que ya se venían presentando en Guerrero, Veracruz y Michoacán, por ejemplo, sólo que la diferencia fue que en estos últimos tres, gobierna Morena, y en Guanajuato el PAN.
Al error de haber diseñado un modelo de protección sólo para los competidores federales desde el ámbito federal, se suma el hecho de que, la tramitología para que los competidores locales logren tener seguridad, es sumamente burocrática, contrario a la actuación de los grupos criminales, que, en pocos segundos, acaban con la vida de quien les representa una amenaza a sus intereses ilegítimos.
Cabe mencionar que, si bien es cierto, los generadores de esta violencia homicida son, principalmente, los grupos criminales, no son los únicos. Algunos estudios de casos han demostrado que los responsables intelectuales del crimen pueden ser personajes que ambicionaban el mismo cargo, y hasta eran del mismo partido político de la víctima. Sin embargo, el verdadero enemigo para que siga creciendo la violencia política letal es la impunidad. ¿Cuántos homicidios derivados de la violencia política se han resuelto a la fecha? No lo sabemos con certeza, pero por ejemplo, en el caso del asesinato de la candidata Gisela Gaytán, fue muy lamentable que al Presidente no le ocupó el exigir que se realizara una inmediata investigación para esclarecer quién o quiénes eran los responsables materiales o intelectuales del hecho, sino el buscar a quién hacer responsable políticamente, toda vez que, desde hace un año, responde más como coordinador de la campaña presidencial de su partido, que como Presidente de la República.
Ante estas circunstancias, la indefensión de las y los competidores electorales crece, toda vez que, la única forma de frenar la violencia política letal, es que el Presidente de la República reconozca y asuma la responsabilidad de garantizar la libertad de competir de los actores políticos de todos los partidos y la libertad de los ciudadanos de elegir entre diferentes opciones. Para lograrlo, tiene que dejar de echarle la culpa a los de enfrente, y, sobre todo, tiene que dejar de denostar a las instituciones electorales que sí han cumplido la tarea que les corresponde.
Fuente: excelsior.com.mx
