Los avances que han generado condiciones de igualdad en el acceso a puestos de poder en nuestro país hacen inaceptables los ataques que ponen en duda la capacidad y el profesionalismo de las mujeres que han llegado a cargos de alta responsabilidad.
Es claro que la edad no es un elemento que limita el talento y la inteligencia de las mujeres que acceden a puestos públicos y de toma de decisión. Al margen de posturas ideológicas y partidistas, y como una colectiva plural e incluyente, celebramos las acciones encaminadas a fortalecer un gabinete paritario, ya que es una de las causas por la que tanto hemos luchado.
En la Colectiva Nacional 50+1 condenamos este tipo de agresiones y expresamos toda nuestra sororidad con Luisa Alcalde, recién nombrada Titular de la Secretaría de Gobernación, que ha sido víctima de violencia política en razón de género, acoso y cosificación.
Y mientras tanto el actor y el colectivo que encabeza suman una polémica más
Por: Sarai Aguilar Arriozola
En la casa del jabonero el que no cae, resbala. Así reza un conocido refrán mexicano. Hoy, el actor mexicano y autonombrado activista Tenoch Huerta parece estar comprobándolo de manera personal.
Tras una querella tuitera originada por lo que se mencionaba como una falta de pago en un podcast, la saxofonista María Elena Ríos comenzó señalando al colectivo Poder Prieto de incumplimiento y, tras deslindarse la organización, la discusión dio un giro inesperado cuando la artista acusó a Tenoch Huerta de ser un depredador sexual y de ser encubierto por el propio colectivo.
El resto es historia. María Elena Ríos, conocida por su denuncia por haber sido agredida con ácido, de inicio no dio más detalles, sino solo mencionó el que era depredador. Otra actriz, Fernanda Tosky, ha señalado después de la acusación de Elena Ríos que tuvo una “experiencia muy fea” con él. “Tengo otra amiga abusada por él”, afirmó además la ilustradora Sofía Weidner.
El actor señaló que, en el caso de Ríos, él sostuvo una relación con ella pero que terminó y ella había tergiversado situaciones, por lo que ya está preparando una defensa legal por difamación. No se ha pronunciado de los otros señalamientos. Posterior a ello. Elena Ríos compartió un comunicado en el que mencionaba el “stealthing” (quitarse el condón sin avisar, lo cual en México aún no está tipificado como delito), dando a entender de manera ambigua que el actor lo había realizado, así como una serie de acciones que, si bien son violencias emocionales, tampoco son delito.
Y mientras tanto Tenoch Huerta y el colectivo que encabeza suman una polémica más. Nadie niega el derecho que Tenoch Huerta tiene a un debido proceso. Que la presunción de inocencia es clave y que, aunque la corrección política y el #MeToo insista en que la víctima no tiene por qué comprobar nada, legalmente quien acusa debe de hacerlo. Y esto no es restar veracidad a la denunciante, es solo respetar la integridad de todas las partes.
No obstante, el mal rato parece regocijar a más de uno. Y no porque el pigmento de su piel sea incómodo sino porque han sido rápidos en promover cancelaciones y señalar la viga en ojos ajenos, pero en este momento el silencio los envuelve. Hoy Tenoch habla de defensas legales, de malos entendidos y de demandas. A la queja original de la falta de pago, Poder Prieto exigía “derecho de réplica”, un derecho que nunca fue mencionado por ellos para sus señalados.
Y no, no es momento de caer en revanchismos y alegrarse de que alguien no tenga un debido proceso. Es hora de tratar de calmar las aguas en las que muchos fueron arrasados ante linchamientos mediáticos y acusaciones sin pruebas. No se duda de Elena Ríos ni de Fernanda Tosky. Y antes que los verdugos de la corrección señalen que no somos nadie para pedir pruebas o denuncias formales, se debe recordar que cuando las denuncias se vuelven linchamientos al aire, nos afectan a todas aquellas personas que luchamos porque el acoso y hostigamiento sexual sea tomado en serio y tenga las consecuencias debidas. Que la lucha no se debilite ante inconsistencias y que los agresores, cuando sea el caso de delitos, paguen conforme a la ley.
Pero al parecer la cultura de la cancelación y las flamas de la hoguera que ellos mismos avivaron, desde la superioridad moral de la pigmentocracia, fueron tan altas que a los mismos incendiarios alcanzaron.
Un sistema democrático determina una serie de disposiciones constitucionales y legales que norman la forma en que la ciudadanía se involucra y participa en la esfera política. Para ello, se garantiza un conjunto de derechos que facultan a la población a expresarse por las vías institucionales establecidas.
Para el caso de México nuestro marco normativo ha reconocido a las y los ciudadanos diversos derechos fundamentales, entre ellos, los políticos y electorales que tienen su esencia en la participación de las y los mexicanos mayores de 18 años en las elecciones a través de su concurrencia en la jornada electoral con el objeto de definir con su voto de forma mayoritaria de entre las opciones partidistas o las independientes el destino de una demarcación territorial, un estado o el país por un determinado periodo de tiempo.
En este sentido, el sistema político requiere de la participación de la ciudadanía ya que una mayor participación de las y los electores conduce a una mayor legitimidad del poder público. Por el contrario, la menor participación de las personas acreditadas para votar tiene varios significados que van desde apatía o desinterés, hasta la falta de credibilidad en los actores políticos participantes, las instituciones o incluso, hasta en el sistema político establecido, entre otros.
Bajo este contexto, el abstencionismo representa un problema que es necesario conocer, estudiar y analizar con el objetivo de identificar sus causas y generar acciones que lo debiliten. En las elecciones federales en las que entre otros cargos se renueva la Presidencia de la República son en las que históricamente se registra una mayor participación de la población; sin embargo la votación recibida en las casillas se sitúa generalmente, por debajo del 65% ya que, en promedio, se registró 37% de abstencionismo en las elecciones de 2000, 2006, 2012, y 2018.
Este fenómeno ha sido estudiado por múltiples especialistas y larga es la lista de condiciones que lo propicia; sin embargo, considero que hay un factor, el de la discriminación, que no ha sido tomado en cuenta como detonante del abstencionismo.
En la Guía para la atención pública. Elecciones sin Discriminación. Proceso Electoral Federal 2017-2018 a cargo de la Secretaría de Gobernación (SEGOG), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el Instituto Nacional Electoral (INE), ya se hacía referencia a la necesidad de que nuestra sociedad y en particular la ciudadanía, tuviera garantizadas condiciones de igualdad, para lo cual, desde un enfoque cultural, resultaba necesario la construcción de ciudadanía con la finalidad de que conociera la importancia de participar en elecciones que, a la larga, puede ser un ingrediente para disminuir el factor de abstencionismo.
Ahora bien, la discriminación además de estar prohibida constitucionalmente es una conducta que lacera la igualdad y, en democracia, la igualdad es una condición fundamental para potenciar todos los derechos, entre ellos los políticos y electorales de todas las personas. Ejemplo de esto es el largo camino que han tenido que recorrer las mujeres para alcanzar dichos derechos.
De acuerdo con el Estudio Censal sobre la Participación Ciudadana en la Elección Federal de 2009 a cargo del otrora Instituto Federal Electoral (IFE), la participación de las mujeres era de alrededor del 47%, no obstante, conforme se fueron materializando diversas disposiciones constitucionales y legales como la registrada en 2014, año en que el Legislativo determinó elevar a rango constitucional el principio de paridad de género, la participación de las mujeres ha crecido significativamente hasta en un 66.2% en 2018, tratándose de una elección presidencial, o hasta en un 55.7% para una elección intermedia como la de 2021.
Para el caso de las personas jóvenes, diversos estudios tanto del INE o del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México reflejan que es el segmento de la población que menos participa en elecciones, cifra que no podemos dejar de vincular con los registros del INEGI que indican que en 2017 un 21.4% manifestó haber sido discriminada, en tanto que para 2022 la cifra creció casi hasta el 30% (28.5%).
Entre estudios registrados al respecto, resalta el de Jesús Aguilar López, académico de la Universidad de Guanajuato que, en 2019 indicaba que el 51% de las personas jóvenes votantes no se identificaba con ninguna propuesta partidista; este alto porcentaje es reflejo de que no son consideradas o analizadas los intereses o la problemática de las y los jóvenes propiciando que, al no sentirse identificados no tengan intención de ir a votar (https://oraculus.mx/2019/03/25/voto-joven-2018/).
La discriminación es un cáncer que atenta contra nuestra democracia, es un fenómeno que, como lo señala el “Informe País 2020”, entre mayores son los niveles o las formas de discriminación, menor es nivel de satisfacción con un sistema democrático. Es labor de todas y todos cambiar este cáncer en beneficio de nuestra democracia.
Adelantar el proceso electoral simulando un proceso interno fuera de tiempo, rompe la equidad
El Principio de Equidad en México ha sido roto en varias vías.
Las noticias actuales las están dando los diversos personajes que quieren ocupar cargos de elección popular por Morena, ya no solo para la Presidencia de la República, también para otras posiciones, todos por supuesto adelantados a los tiempos que marca la normativa electoral y encubierto con engaños, ahora son “coordinadores de la continuación de la transformación” en lugar de precandidatos o precandidata.
Acostumbrados ya estamos en este sexenio a la simulación, al engaño, a la mentira, a la violación de leyes permanentemente.
Pero adelantar el período de las precampañas que por ley inician hasta el mes de noviembre de este año, incluso haciendo a un lado la fiscalización de los recursos que se usen para su proceso; presenta una característica más que hay que visibilizar: rompe el Principio de Equidad, no sólo entre ellos y ella, ya roto por la evidencia de que no han tenido un piso parejo; sino también, porque adelantar el proceso electoral simulando un proceso interno fuera de tiempo, rompe el Principio de Equidad con el resto de los partidos políticos que contenderán en el mismo proceso electoral 2024.
Tan grave como lo anterior es escuchar la primera tanda de nombres de personas que también aspiran a algún cargo de elección popular en el que sobresale la salida inminente del cargo, del titular del IMSS-Bienestar al declarar que quiere ser candidato a gobernador, no porque haya sido un eficaz y eficiente titular, sus resultados hablan por sí solos; sino porque esta salida anticipada seguramente, de quien supuestamente era el responsable de la implementación de esa “nueva propuesta de sistema de salud” en México hoy llamada IMSS-Bienestar, una vez que cancelaron el Seguro Popular, que crearon el fallido INSABI que también cancelaron para dar paso al proyecto IMSS-Bienestar que presentaron como el modelo de atención integral a la salud para el bienestar y que también nos dijeron sería como el sistema de salud de Dinamarca.
Si de por sí tanto cambio lo único que ha dejado es grandes deficiencias en el sector salud, tan solo veamos la falta de medicamento para atender diversas enfermedades que una y otra vez ha sido señalado.
O la falta de infraestructura suficiente para proporcionar servicios de salud gratuitos -como se comprometieron- a la población sin seguridad social que es la mayoría de habitantes del país que requieren de atención. Con la salida del responsable que iba a lograr que el sistema de salud mexicano fuese como el de Dinamarca, no requerimos ser brujas para adivinar que una vez más y por tercera ocasión en este sexenio el proyecto IMSS-Bienestar será fallido también.
Lo que sí es seguro, es que habrá dinero suficiente para ese proceso electoral adelantado, aunque siga sin haberlo para la compra de medicamentos.
Esa simulación que representa el proceso electoral adelantado, así como la afirmación de tener un sistema de salud moderno, eficaz y eficiente; es una farsa, un disfraz que rompe sin duda el principio de equidad.
Por ello sostengo que el Principio de Equidad ha sido roto no sólo en lo electoral. Se ha roto también en el sector salud y en el sector social, así como entre muchos otros, afectando a quienes más lo necesitan.
Se ha hecho viral en las redes sociales un video de un maestro rural de la zona indígena de Nayarit, que pregunta por su nombre a niños y niñas qué fue lo que almorzaron ese día; invariablemente, contestan tortilla con sal, queso o frijoles. El video muestra la fila formada de niños de un lado y del otro la fila de niñas, cuidando no se les vea su rostro. Les pregunta que almorzaban en la escuela antes con el programa de escuelas de tiempo completo y comienzan a manifestar que comían sopa, leche, atún, lentejas, sardina, arroz con leche. El video termina con el maestro dirigiéndose directo a la cámara para señalar lo que parece es sensato y obvio: que es muy importante que lleguen a la escuela bien alimentados, porque si no, no van a rendir en la escuela. Y contundente dice: las letras no entran cuando se tiene hambre.
Concluye su mensaje pidiendo que el gobierno debe traer, regresar de nuevo ese programa, donde también las y los maestros al estar más horas en las aulas, recibían un compensación. Ese video es una muestra de lo que pasó en esas zonas donde había escuelas inscritas en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo conformado en el sexenio de Calderón e incrementado con Peña. Lograr que el Presupuesto de Egresos de la Federación etiquetase el programa de escuelas de tiempo completo no se dio de la noche a la mañana, las organizaciones sociales lo venían exigiendo, y se debió negociar con los sindicatos de maestros para alargar el tiempo de clases y compensar ese trabajo al magisterio, igual montar los comedores y cocinas; la modificación de los planes de estudios para que en las horas que estaban en las escuelas las niñas y los niños hicieran sus tareas y otras actividades culturales.
Al finalizar Peña, había 3.600.000 niñas y niños gozando este derecho; 27,000 escuelas. El 70 % de quienes se beneficiaban eran niños y niñas indígenas y de zona rurales, y el 55% la más pobre del país.
Qué razón esgrimió López Obrador para desaparecer todas las escuelas de tiempo completo? La misma cantaleta que ha usado para quitar todos los programas sociales: que había corrupción; un delito que amerita ser sancionado, pero es usado en la generalidad, sin pruebas, para justificar la derogación de programas que otorgaban derechos, como el PETC o el seguro popular, y que al suprimirlos termina afectando a millones de familias pobres. Y maliciosamente los sustituye regalando dinero en efectivo a quienes demuestran son ancianos, jóvenes que no trabajan ni estudian, o sufren alguna discapacidad, esos programas asistencialistas típicos del populismo cuyo padrón sin rigor, es usando de manera electorera.
Llama la atención que nadie en la SEP ni en los sindicatos, se ha conmovido por las consecuencias de suprimir este PETC, salvo este maestro nayarita.
Pero ya dejemos la queja y el enojo por todos los programas anulados en detrimento de las familias pobres; es necesario exigir que los derechos de las niñas y los niños sean el objeto de atención primordial en la agenda por parte de quienes pretenden competir el 2024. México no podrá avanzar hacia un desarrollo humano sostenible e integral si no atiende de manera preponderante al 37 % de la población menor de 18 años. Debemos transitar de la molestia y la evidencia de la hipocresía, al compromiso de cómo tenemos que restituir estos derechos desde el Interés Superior de la Niñez.
