A un paso del 2 de junio, si queremos que las cosas cambien ningún agresor sexual, acosador, deudor alimentario o que cometa violencia política contra las mujeres debe llegar al poder, menos cuando existen denuncias y carpetas de investigación en su contra.
Café con un pan dulce
Es urgente y necesario que se cierren estos espacios a hombres que ejercen violencia contra las mujeres dentro y fuera de la política, más cuando sus partidos decidieron encubrirlos, postularlos y hasta burlarse de la ley 3de3 contra la violencia de género.
Desde el 8 de febrero, cuando se instaló la Observatoria Ciudadana de Todas Mx, en el TEPJF se crearon 59 ‘antiboletas’ para exponer a candidatos agresores que no son aptos para contender y ocupar un cargo público, de los cuales…
Inhale y exhale
Diecisiete son de Morena, once de Movimiento Ciudadano, ocho del PES, ocho del PRD, tres del PAN, cuatro de Tiempo de México, tres del Verde, tres del PT, una del PRI y una del Partido Liberal.
Del total de las “antiboletas” de este proceso electoral, 46 candidatos están señalados por violencia política contra las mujeres en razón de género: fraude a la paridad, es decir, dicen identificarse como mujeres para quitarles un lugar a las verdaderas mujeres.
Siéntese bien
Si la situación ya es preocupante, hay que vigilar lo que ocurre en Michoacán, paraíso del fraude a la paridad, al ser la única entidad donde hay 38 agresores que tienen el descaro de aspirar a una presidencia municipal.
Morena también pretende mantener en el Senado a Félix Salgado Macedonio, acusado de violación por varias mujeres, violencia psicológica y corrupción, aunque no es el único violador en este partido, ya que Manuel Huerta Ladrón de Guevara también aparece en la lista.
Pero no son los únicos; Movimiento Ciudadano tiene a Noé Castañón, que busca una diputación cuando enfrenta cinco indagatorias relacionadas con delitos de violencia familiar, violencia de género, violencia vicaria, sustracción de un menor, privación ilegal de la libertad y delito de falsedad.
Mientras que aquellos que violentan a sus familias y además están en el registro de deudores alimentarios son: Aldo Manuel Ruiz Sánchez, Ismael Burgueño Ruiz, Óscar Sánchez García, César del Valle, Luis Carlos Sánchez González y José Cruz Sánchez Rojas.
Mención aparte merece Sergio Estrada Cajigal, quien por ser un violentador está enfrentando su juicio recluido en una cárcel de Quintana Roo.
Cada uno de estos agresores cuenta con al menos una carpeta de investigación, denuncia formal o se encuentra en el registro de deudores alimentarios morosos. Alguien así no puede convertirse en diputado, senador, alcalde, presidente municipal o regidor.
Riesgo de vomitar
Como pudo leer, vergonzosamente ningún partido se salva, siendo cómplices de agresores que si llegan a ocupar esos cargos aumentará el riesgo de impunidad, pero peor aún, ¿dónde quedará la justicia para las víctimas si la autoridad electoral también es cómplice?
Aunque la Constitución señala que “la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular” cuando exista una sentencia firme por la comisión de estos delitos, y pese a que el INE permitió que continuaran con sus candidaturas sin importar las denuncias, sí hay una forma de castigarlos y es en las urnas.
Fuerte doble
O sea, el INE también es un violentador por su nefasto papel. El primero, por no reconocer la 3de3 y cambiarle el nombre a 8de8, negando el papel tan importante de las organizaciones feministas. Segundo, por emitir lineamientos como si se tratara de una recomendación y no de un mandato constitucional, dejando a los partidos políticos que ellos decidieran y, tercero, negarse a cancelar la candidatura de agresores y deudores, lo que lo convierte en cómplice.
Fuerte a pico de botella
Es muy fácil invocar el principio de presunción de inocencia en un país con una impunidad mayor a 95 por ciento.
¿No hay más personas que merezcan esos espacios y nos representen?
¿Un presunto violador como Salgado Macedonio ocupará una curul para representar el interés de mujeres víctimas de violencia o de agresores sexuales? Hablando de legisladores, ellos son el dique, por eso las iniciativas luego no avanzan. Obvio, no van a votar por algo que les pondrá el pie más adelante. Siendo regidores, presidentes municipales o gobernadores tampoco harán lo propio, pues carecen de principios, ética y moral alguna.
¡¿Eso merecemos como sociedad?!
Ni un voto para deudores alimentarios, violadores y acosadores. ¡Basta de agresores con poder!
Rafah, situada en el extremo sur de la Franja de Gaza, se erige como un símbolo del sufrimiento y la resistencia en medio del conflicto israelí-palestino. La situación en Rafah nos obliga a reflexionar sobre la crueldad y las paradojas de nuestra época, exigiendo una atención urgente y acciones concretas de la comunidad internacional.
En Rafah, la vida diaria es una lucha constante. La ciudad es el único punto de cruce entre Gaza y Egipto, lo que la convierte en un salvavidas vital para los gazatíes. Sin embargo, este cruce se abre y se cierra intermitentemente, dejando a miles de personas sin acceso a bienes y servicios esenciales. Los cortes de electricidad son frecuentes, a menudo durando hasta 20 horas al día, lo que deja a las familias sin luz y la posibilidad de una vida digna. El acceso al agua potable es limitado y la atención médica es insuficiente debido a la falta de suministros y equipos. Las escuelas están sobrecargadas, y los niños estudian en aulas abarrotadas y mal equipadas, pero siguen adelante con la esperanza de un futuro mejor.
La situación en Rafah refleja el conflicto más amplio entre Israel y los grupos militantes palestinos, como Hamas. Este conflicto ha llevado a una destrucción masiva y a un sufrimiento humano indescriptible. En diciembre de 2023, un ataque aéreo israelí destruyó un edificio en Rafah, matando a 22 civiles, incluidos 11 niños. Estos ataques devastan familias y destruyen infraestructuras vitales, como escuelas y hospitales, dejando a la comunidad sin recursos básicos para la educación y la salud. Más de 1.5 millones de personas en Gaza han sido desplazadas debido a la violencia, viviendo en condiciones extremadamente difíciles en refugios improvisados. La falta de acceso a alimentos, agua y medicinas ha creado una crisis humanitaria de gran escala.
La respuesta de la comunidad internacional ha sido insuficiente. Aunque se han realizado esfuerzos para proporcionar ayuda humanitaria, estos han sido esporádicos y no han logrado abordar las necesidades críticas de la población. Las Naciones Unidas, a través de la Agencia para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) y otras agencias, han llamado repetidamente a la apertura de corredores humanitarios y al levantamiento del bloqueo, pero estas solicitudes a menudo no se han materializado en acciones concretas.
Estados Unidos y la Unión Europea han tenido roles ambiguos en este conflicto. Mientras que han proporcionado asistencia humanitaria y financiera, también han mantenido relaciones políticas y militares con Israel que complican la presión efectiva para detener las hostilidades. Egipto, que controla el cruce de Rafah, ha sido criticado por su manejo del mismo, que a menudo refleja sus propios intereses políticos y de seguridad en lugar de las necesidades humanitarias de los gazatíes.
Observar lo que sucede en Rafah es crucial por varias razones. Primero, las violaciones de derechos humanos en Rafah son una afrenta a la dignidad humana. Cada vida perdida y cada familia destruida es un recordatorio de la urgente necesidad de justicia y protección para los civiles. En segundo lugar, la situación en Rafah es una crisis humanitaria que requiere una respuesta inmediata y coordinada. No podemos permitir que la indiferencia perpetúe el sufrimiento de millones de personas.
Rafah nos recuerda la importancia de la solidaridad global. La indiferencia y la inacción no son opciones cuando se trata de crisis humanitarias de esta magnitud. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos del mundo exigir una respuesta adecuada y sostenida que alivie el sufrimiento en Gaza.
Rafah, con sus historias de resistencia y sufrimiento, es un llamado urgente a la conciencia global. No podemos permitir que la indiferencia defina nuestra respuesta a esta crisis. Es el momento de que todos pongamos nuestros ojos en Rafah y actuemos para traer paz, justicia y dignidad a sus habitantes. La comunidad internacional, especialmente actores como Estados Unidos, la Unión Europea y Egipto, deben intensificar sus esfuerzos para garantizar el acceso a ayuda humanitaria y trabajar hacia una solución política sostenible. Es fundamental que la ONU y otras organizaciones humanitarias tengan acceso sin restricciones para proporcionar asistencia y protección a los civiles.
Para aquellos que buscan cómo ayudar, es crucial apoyar a las organizaciones humanitarias que trabajan en el terreno y presionar a nuestros líderes para que tomen medidas efectivas. La situación en Rafah es una prueba de nuestra humanidad y nuestra capacidad para actuar en solidaridad con aquellos que más lo necesitan.
México enfrenta una crisis migratoria sin precedentes que incide profundamente en su política interna y en las relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos. En 2023, el país registró 782,176 encuentros de migrantes irregulares, cifra que representa un aumento del 77% respecto al año anterior. Estos migrantes, mayoritariamente de Centro y sudamérica, huyen de la violencia y la pobreza en sus países de origen. Por otro lado, las remesas enviadas por mexicanos en el extranjero alcanzaron un récord de 51,594 millones de dólares en 2023, lo que subraya la dependencia de muchas familias mexicanas de estos ingresos vitales.
El Instituto Nacional de Migración (INM) ha sido un epicentro de esta crisis. Un trágico incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez en marzo de 2023 resultó en la muerte de 40 migrantes, resaltando las condiciones inhumanas y peligrosas de estas instalaciones. Los agentes del INM han sido repetidamente acusados de abuso y corrupción. Las estaciones migratorias operan frecuentemente en condiciones de hacinamiento y escasez de recursos básicos, llevando a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a observar constantemente estas condiciones, lo cual generó el cierre de 33 estaciones. A pesar de estos graves problemas, el reciente debate presidencial mostró una preocupante falta de profundidad y seriedad al discutir sobre migración.
El tratamiento del tema migratorio en el debate fue superficial, casi negligente. No se exploró cómo los candidatos manejarían la crisis en el crítico primer mes de gobierno, coincidiendo con un período crucial para las elecciones en Estados Unidos. Las respuestas fueron evasivas y la mayoría de los candidatos prefirieron centrarse en la política exterior sin dimensionar adecuadamente la magnitud del problema migratorio.
Según el Modelo Mexicano de Movilidad Humana presentado por la canciller Alicia Bárcenas, durante mayo de 2024, diariamente salen 915 personas del Darién, mientras que en la frontera sur de México se reciben 7,271 migrantes. Esta cifra supera casi al doble la capacidad operativa de las autoridades estadounidenses, establecida en 4,000 personas por día. El acuerdo bilateral entre México y EE.UU. busca controlar esta situación, a menudo mediante medidas extremas, como evidencian videos de agentes golpeando a migrantes; un 30% de estos migrantes son niños y adolescentes.
El debate no solo ignoró las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que sufren los migrantes, sino que también omitió cualquier propuesta concreta para abordar la situación. No se mencionaron las atrocidades ocurridas en la estación migratoria de Ciudad Juárez ni se presentaron directrices claras para la gestión futura del INM. La omisión de estos temas críticos y la falta de compromiso reflejan una desconexión alarmante con la realidad.
Este debate fue una oportunidad desaprovechada para abordar uno de los mayores desafíos humanitarios de nuestro tiempo. La evasión y la falta de propuestas concretas no solo resultan decepcionantes, sino que también presagian un futuro preocupante si no se adoptan medidas urgentes y efectivas para resolver la crisis migratoria. Es desalentador que los debates presidenciales sean ganados por quienes menos escándalos de corrupción tienen en sus filas, en lugar de por propuestas sólidas y realistas.
La lista nominal definitiva de electores para la jornada de este domingo se integra por 98 millones 329 mil 591 personas que podrán emitir su sufragio. Por género, el listado nominal nacional se integra por 51 millones 103 mil 424 mujeres (el 52%), 47 millones 226 mil 62 hombres (48%) y 105 personas no binarias.
Desde la promulgación de la Constitución mexicana de 1917 y hasta 1953 cuando se permitió a las mujeres votar y ser votadas, trascurrieron 35 años sin que pudieran ser sujetas de derechos políticos y electorales, la primera elección federal en la que pudieron sufragar tuvo lugar en julio de 1955. Casi seis décadas después, en febrero de 2014 se promulgó la reforma político-electoral en materia de paridad de género que elevó a rango constitucional la garantía de la paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas al Congreso de la Unión y los Congresos locales.
Establecidos los principios de paridad, igualdad y no discriminación, los partidos políticos tienen la obligación de postular el mismo número de candidaturas de ambos géneros tanto en la integración de los poderes de la Unión, como a las gubernaturas, congresos locales y alcaldías. En los comicios de este 2 de junio habrán de elegirse 20 mil 700 cargos en los tres órdenes de gobierno.
En años recientes se han multiplicado los ejemplos de buenos gobiernos encabezados por mujeres, particularmente en el ámbito local. Miles de candidatas buscan refrendar su gestión sobre la base de administraciones transparentes y eficientes con los recursos públicos. Sin embargo, la oferta electoral dirigida a mujeres encuentra limitaciones.
La igualdad sustantiva va más allá del otorgamiento de apoyos económicos o subsidios a las 67 millones de mujeres que vivimos en el país. Deben garantizarse derechos de forma efectiva a: un trabajo digno y salarios justos; a vivir en entornos seguros; al castigo efectivo y sin dilación de sus violentadores; a sistemas de salud que atiendan y resuelvan con prontitud sus enfermedades y cirugías; a terminar con la revictimización de madres buscadoras; a guarderías y estancias infantiles y, sobre todo, a que este país cuente con un Sistema Nacional de Cuidados que reconozca y valore el trabajo no remunerado de los hogares que equivale al 24.3% del PIB nacional.
Se trata en suma, de impulsar una agenda de género sostenible, adecuada y pertinente que acelere los cambios legales y constitucionales que hasta ahora hemos logrado. No podemos esperar 60 años más para superar los desafíos que ahora enfrentamos.
Somos el 51.7% de la población. Aportamos y generamos riqueza al país en condiciones sumamente adversas. En el campo, en la ciudad, en la oficina, en el consultorio o en el mercado hemos conquistado espacios con esfuerzo propio y sin ninguna concesión. Decimos ¡Basta! al machismo y la indiferencia, a la discriminación y a la exclusión que se alienta desde la esfera pública.
El 2 de junio votamos por reivindicar nuestra presencia y el reconocimiento pleno de nuestros derechos. Votamos por una sociedad que nos respete y que respalde nuestras demandas colectivas. En lo personal anhelo, como muchas, un país sin impunidad, con presupuestos y políticas públicas con perspectiva de género que enarbole las causas de casi el 52% de la población, lo que supondría pasar de los dichos a los hechos.
Alrededor de 60 millones de mexicanos tienen menos de 28 años. Esto es, poco más de la mitad nacimos y vivimos la primera juventud en un país y una cultura antidemocrática, lo que influyó de manera sustantiva en la forma en que nos entendemos con relación al gobierno y a la patria misma. En otros países la democracia es la normalidad y todas las personas lo comprenden así. Nosotros aún no.
Durante décadas, nos convencieron de que el gobierno protector y benefactor es dueño de nosotros, que solo quien tiene el poder formal es conocedor de las necesidades del pueblo y de las respuestas a éstas. Era de mal gusto hablar de política, religión, futbol y dinero en las mesas familiares; y, se fue dando esa separación entre nosotros, los ciudadanos y ellos, los gobernantes, construyendo esta paradoja entre fascinación y repulsión por quien ostenta el poder público.
El gobierno, a través de la Comisión Federal Electoral, dependiente de la Secretaría de Gobernación, organizaba las elecciones. Los carros completos eran la normalidad. A pesar de que el IFE fue conformado en 1990, seguía en los hechos dependiendo del gobierno. En 1997, solo hace 27 años, por vez primera las y los ciudadanos, a través del IFE autónomo, organizaron las elecciones y también por vez primera, el partido oficial perdió la mayoría en el congreso y la jefatura del entonces Distrito Federal. La ciudadanía había hablado. Tres años después se daría alternancia en la presidencia y hoy, lo normal es que se compita y la ciudadanía elija gobernantes y representantes a través del voto, que cuenta y vale.
¿Qué falta? Conciencia ciudadana. La convicción de que México es nuestro y no de gobierno alguno; que las y los gobernantes se irán y la sociedad se queda siempre; falta entender que lo único que garantiza nuestra LIBERTAD es la democracia.
Vivir en un México conlleva derechos, pero también obligaciones y el voto, voluntad expresa de las y los ciudadanos, es OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL, no solamente derecho. El artículo 36, fracción III, indica que son obligaciones del ciudadano de la República, …VOTAR EN LAS ELECCIONES…
Ahora pues, “la INE”, tramitada por 99.3 millones de mexicanas y mexicanos, dice: CREDENCIAL PARA VOTAR. Busco y busco y no; no dice: credencial para entrar al antro, tampoco credencial para hacer trámites bancarios. Siendo obligación y teniendo la herramienta, aun así, andamos tratando de “motivar” a la gente a votar. Esa gente que goza la libertad y los derechos que da la democracia, pero a costa de solo la mitad que con su voto la sostiene.
¡Basta de ser solo habitantes! Es urgente reconstruir nuestra convicción de pueblo formado por ciudadanos libres. Para mantener la libertad, valor indispensable en el respeto a la eminente dignidad de la persona, se debe responder a esta patria nuestra tan necesitada de nosotros, sus hijas e hijos.
¿No quiere ir a votar? desafortunadamente no hay castigo, pero que se legisle para que quien no vote (sin justificación razonable), no tenga derecho a renovar la INE o, que pague su precio. La credencial NO ES GRATIS, cuesta entre $260 y $270 pesos por pieza. De hecho, el 40 % del presupuesto del INE se destina a la fabricación de credenciales y la mitad no se usa para lo que es; $13,400 millones de pesos tirados a la basura por dejadez, por negligencia, por ignorancia.
La libertad se paga yendo a votar una vez cada tres años. Se paga haciéndonos cargo de nosotros mismos, valorando y cuidando suelos y cielos, levantando la mirada al futuro y llevando a México muy dentro del corazón en cada acción, emprendimiento, estudio y creación.
Un día cada tres años para honrar y agradecer a quienes derramaron su sangre por nosotros; un día cada tres años en el que quien manda eres tú; un día cada tres años para seguir teniendo patria. Bajo precio por seguir siendo libres. Toca -TE TOCA- este 02 de junio.
Definitivamente Javier Milei es la versión ranchera de Donald Trump. Desde que llegó a la Casa Rosada el pasado diciembre, el presidente ultraliberal ha dedicado sus energías a derribar las columnas del Estado argentino con el Plan Motosierra mediante un severo ajuste y a rechazar las políticas de igualdad y todo lo referente a la perspectiva de género. En lo que va del año los sindicatos y gremios han organizado tres paros nacionales en rechazo a las medidas draconianas puestas en marcha.
Milei que entró en política hace apenas dos años ha logrado el objetivo de “déficit cero” en el primer trimestre del año a un costo social altísimo, eliminando la mayoría de los subsidios y ayudas gubernamentales a los sectores más vulnerables. Las reservas internacionales han aumentado en 4 mil millones de dólares pero en contraparte, la pobreza ha escalado hasta alcanzar al 57% de la población.
Obstinado en desmontar los modelos de protección social en su país y fuera de él que considera aberrantes y en implantar su noción de libertad, ha desarrollado un frenético protagonismo internacional que en cinco meses le ha llevado a Estados Unidos a la principal convención de derecha, a visitar Jerusalén para romper en llanto en el Muro de los Lamentos, al Vaticano para disculparse con el Papa por las ofensas vertidas durante la campaña y a España donde acudió estos días a un encuentro de partidos de ultraderecha.
En su visión extremista y delirante, el argentino asegura que quienes menos tienen son los que piden redistribuir la riqueza motivados por la envidia frente a los que “ganan plata”. Los excesos verbales tienen el propósito manifiesto de deslegitimar al llamado Estado de Bienestar. Asegura que el cáncer del socialismo se propaga porque se reparte dinero a sectores excluidos. Los derechos sociales son la peste, una noción que comparte la extrema derecha en Europa que considera que la migración es la causante del aumento de la violencia en sus comunidades.
El fatalismo y la cruzada contra el progresismo y el Estado de Bienestar, está recogiendo lamentablemente, miles de adeptos en ambos lados del Atlántico bajo la divisa de la libertad y el individualismo, el darwinismo social. El incumplimiento de promesas de gobiernos de izquierda en Argentina, Brasil o El Salvador (y tal vez en Chile) ha llevado a sus sociedades a dar un peligroso viraje hacia posiciones políticas excéntricas y demagogas que introducen en el debate una verdad alterna, la posverdad.
La ola populista de derecha está ganando espacios y simpatías; el probable retorno de Trump a la Casa Blanca el próximo enero o el avance de la ultraderecha en el Parlamento europeo que se renueva este 9 de junio confirman esa tendencia. En Argentina 15 millones eligieron a Milei, muchos de ellos en situación de pobreza que, paradójicamente bajo su gobierno han dejado de recibir los subsidios que aliviaban sus necesidades.
Sin Estado de Bienestar no hay democracia. Resulta indispensable proteger los derechos sociales para reducir las brechas y las desigualdades especialmente en América Latina donde 70 millones de personas, el 11.2%, viven en pobreza extrema según la ONU. El camino del populismo de derecha que encarnan los seguidores de Trump y otros, solo ofrece recetas fáciles y fantasiosas a problemas complejos.
