por Maura Arredondo | Oct 16, 2024 | De las plumas 50+1
La tómbola judicial es un ejercicio inconstitucional inducido por la reforma judicial que no garantiza la integración paritaria de los cargos de más alta decisión en el Poder Judicial porque no observa el principio constitucional de paridad de género para alcanzar la paridad judicial del 50/50, y que en consecuencia restringe el acceso de las mujeres a un proceso de selección de candidaturas en igualdad de condiciones ya que elimina los concursos de oposición de la carrera judicial en paridad y agrede los derechos políticos electorales de las mujeres ya que en un juego de azar se sortean las candidaturas sin representación paritaria, en el que se realizará una elección del voto popular, sin que se tenga certeza que en las boletas vayan el 50% de mujeres a estos cargos, para cerrar la brecha del 33.3% de mujeres que actualmente representan el Poder Judicial.
El Congreso de la Unión aprobó las leyes secundarias de la reforma judicial en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial, que reforman la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el que señala que se garantizará “el derecho de la ciudadanía a participar en igualdad de condiciones en los procesos de evaluación y selección de candidaturas para los cargos en el Poder Judicial”, aunque en la práctica este proceso no será accesible, inclusivo, transparente, igualitario y mucho menos paritario, por la imperfección de la implementación de la tómbola ya que vulnera de entrada el principio constitucional de paridad de género.
El proceso para la “tómbola judicial” consiste en el sorteo público al azar de las candidaturas de las y los impartidores de justicia en el Poder Judicial o cargos de magistraturas de circuito y juzgados de distrito que se elegirán por voto popular, en donde la reforma avala y establece que se realicen insaculaciones públicas en dos etapas distintas del proceso para la elección de personas juzgadoras: una en la elección de junio de 2025 y la otra en la elección federal de junio de 2027, en el que hay una lista para la primera etapa de 850 plazas, es decir, 464 magistraturas y 386 juzgados federales que se votarán en 2025, sin que se precise si la mitad de estas plazas son para mujeres, para validar la reforma constitucional de paridad de género y respetar la paridad judicial.
La paridad de género en el Poder Judicial es un tema pendiente en la agenda de las mujeres, aunque ya hay avances de la aplicación de la reforma constitucional de paridad de género de 2019 en el ámbito judicial, ya que se han realizado concursos de oposición de plazas exclusivas para mujeres para que ocupen cargos dentro del sistema judicial como: Concurso exclusivo para mujeres para acceder a la categoría de Juezas de Distrito, Magistradas de Circuito, Juezas Laborales y Magistradas Electorales en los estados, así como en marcha diversas acciones afirmativas para promover políticas para transversalizar la perspectiva de género y la igualdad sustantiva dentro del poder judicial, en que hay que reconocer que la Reforma Judicial de Zaldívar impulso que “la carrera judicial” si observara la paridad de género.
En ese sentido, se han establecido como políticas de igualdad dentro del Poder Judicial, la meta institucional a largo plazo de contar con 432 magistradas y 432 magistrados, así como 291 juezas y 291 jueces para lograr la paridad judicial. Hasta la fecha, cabe precisar que dentro de estas acciones afirmativas, se han nombrado a 194 mujeres como juezas y a 359 como magistradas en el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que faltarían 73 nombramientos de magistradas y 97 juezas para llegar a la meta de la paridad judicial, en donde hay que señalar que la “tómbola judicial” no está incorporando estas medidas para los nombramientos de ministras, consejeras, magistradas y juezas derivadas de la recién aprobada reforma judicial.
En el Senado de la República se realizó la “tómbola judicial”, un ejercicio inédito y desmedido, donde Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, montó un circo: “Todos estamos aprendiendo aquí; de aquí directo a la Lotería Nacional”. En este proceso se cambió el acuerdo aprobado el 10 de octubre para la realización de la tómbola, se dividió el número de juzgadores a seleccionar al azar a la mitad de los jueces (as) y magistrados (as) que irían a la elección de junio de 2025 y a la otra mitad a la elección de junio de 2027, en el que no se observó el principio de paridad de género. Por lo que se considera un ejercicio insalubre y regresivo, que no garantiza la paridad judicial y la protección de los avances en los nombramientos de ministras, magistradas y juezas.
Para lograr la paridad judicial es necesario eliminar la violencia legislativa que se está ejerciendo en contra de las mujeres en la “tómbola judicial”. Con este hecho se están vulnerando los avances de la agenda de género, en específico en los derechos político- electorales de las mujeres, ya que la justicia de género es un estandarte para obtener la igualdad de oportunidades en todo y para abrir la participación activa de las mujeres en la vida jurídica. Así mismo, se está transgrediendo con la “tómbola judicial” el principio de paridad de género, reconocido en la Reforma Constitucional Paritaria del 2019, que legitima en el artículo 94 Constitucional “la paridad judicial”, la cual señala: “La ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género”. Así como, el artículo 35 fracción II Constitucional, sobre los derechos de la ciudadanía, y que empodera el voto en igualdad “poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular”.
Para seguir avanzando en la construcción de la agenda de las mujeres, y seguir conquistando espacios de poder es vital empoderar la paridad judicial. Los avances son significativos, tenemos paridad legislativa representados como “Congresos Paritarios”, la primera mujer presidenta de la República con Claudia Sheinbaum, 13 mujeres gobernadoras en México, y la conformación en algunos estados de gabinetes paritarios estatales y municipales, por lo que es imperante no soltar el tema de la representación paritaria de las mujeres en el Poder Judicial, impulsado el modelo de una justicia feminista, para empoderar la igualdad sustantiva y la impartición de una justicia con perspectiva de género.
Feminizar la justicia es urgente e inminente, ante la recién reforma judicial, y la “tómbola judicial”, ante un sistema nuevo para la elección de personas impartidoras de justicia, en el que se tiene que concientizar que este proceso de insaculación tiene que garantizar el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso a cargos públicos, observando el principio de paridad de género, para que haya más mujeres en los órganos jurisdiccionales atendiendo la legalidad de la igualdad jurídica.
La agenda feminista tiene que ser progresista. El empoderamiento de las mujeres en la esfera judicial garantiza el reconocimiento de los derechos de las mujeres para la toma de decisiones para impartir justicia con perspectiva de género y cerrar la brecha en el poder judicial. La tómbola judicial es inconstitucional, transgrede el principio de paridad, ya que las mujeres juzgadoras, dependen de un juego de azar aleatorio, que solo es una farsa para simular la igualdad y la democracia en la elección de personas impartidoras de justicia por elección popular. La paridad judicial tiene que respetarse y garantizarse en la reforma judicial y no estar sujeta al juego de una tómbola, por lo que este mecanismo es obsoleto y se tiene que reconocer la carrera judicial y los concursos de oposición en paridad.
Fuente: e-consulta.com
por Maura Arredondo | Oct 14, 2024 | De las plumas 50+1
Cuando se habla de grandes figuras en la historia de nuestro país, Ifigenia Martínez a menudo queda en un segundo plano. Pero, ¿quién fue esta mujer que hizo tanto y que a muchos todavía les suena desconocida?
Nacida en el estado de Veracruz, Ifigenia no tuvo una vida fácil desde el principio. Desde joven, mostró un gran interés por los estudios. Se graduó en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la que después sería primera directora. Ahí comenzó a forjar su camino en un mundo predominantemente masculino. Fue la primera mujer mexicana en estudiar una maestría en economía en Harvard. Imaginen el valor que se necesitaba en los años 50 para que una mujer se abriera camino en un ámbito que si hoy sigue complicado para las mujeres, hace 70 años era casi prohibido.
Pero su talento no se limitó solo a los libros. Ifigenia fue parte del equipo que elaboró el Plan Nacional de Desarrollo de 1970. Este plan no solo tenía como objetivo el crecimiento económico, sino también la inclusión social. Ifigenia estaba allí, empujando por una visión más justa y equitativa, algo que sigue siendo necesario hoy en día.
Conocida como “la maestra”, su impacto no solo se limitó a la política sino también al ámbito académico, donde defendió el uso de la economía como herramienta para la justicia social. De hecho, recibió en 2021 la medalla Belisario Domínguez por su contribución a la democracia y la justicia social.
Además de su trabajo en el gobierno, Ifigenia fue una defensora incansable de los derechos de las mujeres. En una anécdota memorable, en un foro internacional, se levantó y confrontó a varios hombres que desestimaban las capacidades de las mujeres en la economía. Con su característico humor y valentía, les hizo ver que ellas no estaban solo en la mesa; había un mundo entero esperando ser escuchado.
En los años 80, se convirtió en la primera mujer en ser directora de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. ¡Eso es romper techos de cristal! Durante su gestión, luchó por mejorar las condiciones laborales de millones de trabajadores, subrayando la importancia de que las mujeres ocuparan más espacios en la economía.
A pesar de sus éxitos, Ifigenia nunca buscó ser una figura pública. Esa humildad es parte de lo que la hizo tan especial. En una entrevista, recordó que su mayor satisfacción no era el reconocimiento, sino ver cómo sus ideas ayudaban a otros. Hacer, más que hablar. Así fue su vida.
Ifigenia es un símbolo de lo que se puede lograr cuando una mujer se niega a ser ignorada y se enfrenta a la adversidad. Durante sus años como legisladora y diplomática, promovió un discurso de igualdad y justicia, dejando un legado que aún inspira a nuevas generaciones.
Presidenta de la Cámara de Diputados, quien 4 días antes impuso la banda a la primera mujer presidenta, murió este sábado 5 de octubre a los 99 años. En el discurso que por razones de salud no pudo pronunciar, deja un reto a quienes mueven los hilos de poder, se sitúen en el espectro ideológico que sea:
“Hoy, más que nunca, necesitamos tender puentes entre todas las fuerzas políticas, dialogar sobre nuestras divergencias y construir, juntas y juntos, un país más justo y solidario”. Ojalá que las loas post mortem no queden en meras palabras sino que el homenaje sea en los hechos, como ella hizo siempre.
La historia de Ifigenia Martínez es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia, y que, aunque la lucha por la igualdad continúe, no debemos olvidar nunca a quienes pavimentaron el camino.
Fuente: elsoldetlaxcala.com.mx
por Maura Arredondo | Oct 14, 2024 | De las plumas 50+1
Porque son poco más de 36 millones y representan cerca del 28 por ciento de toda la población en nuestro país. Porque de acuerdo con Aldeas Infantiles, “más de un millón de niñas y niños han perdido el cuidado de sus padres, por razones de violencia intrafamiliar y de género, por la desnutrición, pobreza y explotación sexual comercial, narcotráfico, consumo de drogas, migraciones”.
Porque de acuerdo a REDIM (Red por los derechos de la Infancia en México), en estos años recientes han aumentado las niñas y niños que carecen de acceso a los servicios de salud, así como quienes están en condición de trabajo infantil.
Porque hoy ocupamos el segundo lugar de turismo sexual del mundo, el segundo de turismo sexual de bebés en el planeta, y también encabezamos la producción de contenidos de pornografía de entre todos los países del mundo.
Porque entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados por grupos delictivos. Porque tan solo entre enero y abril de este año 2024 se han asesinado a 754 niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Porque cerca de 3 millones de niñas y niños entre 12 y 17 años, en los últimos meses en el año 2022 habían sufrido ciberacoso.
Porque un gran número de internautas está en el rango de entre 6 y 17 años de edad, es decir que viven al menos en una de las plataformas en las redes sociales sin ninguna preparación para prevenir toda clase de violencias, provocando graves problemas de salud mental, y también de un crecimiento en los suicidios, pues tan solo entre el año 2000 y 2022, la tasa de defunciones de las personas de 10 a 17 años casi se duplicó.
Porque de acuerdo a la OCDE ocupamos el primer lugar en violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, y este crimen creció brutalmente durante la pandemia. Las y los sobrevivientes de violencia sexual me han enseñado en estos años recientes, el insoportable dolor, culpabilidad, sufrimiento y destrucción que este crimen ha provocado en sus vidas y la heroicidad con que logran seguir adelante.
Un país que pierde libertades, certezas, democracia, legalidad será cada día más amenazante para el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, particularmente, cuando se han destruido los andamiajes institucionales con que contaban hasta hace pocos años.
Los esfuerzos realizados por organizaciones de la sociedad civil son extraordinarios, así como el compromiso de ciertos actores del Estado mexicano, pero la realidad actual nos obliga a reconocer que niñas y niños están siendo los grandes olvidados, despojados, violentados, y no son reconocidos como sujetos de derechos.
Sólo si nos unimos sin distingos partidistas y luchamos cada día por cada niña, niño y adolescente, en cada rincón donde se encuentren, volveremos a reconstruir la paz para ellos y también para nosotros.
Abrazar esta causa llena mi vida de compromiso, pasión, de amor y de esperanza. Hagamos de sus vidas la prioridad en nuestras vidas, y como escuche decir hace poco: “hagamos todo para que México no solo sea el mejor lugar para nacer, sino también para vivir”.
Fuente: eluniversal.com.mx
por Maura Arredondo | Oct 14, 2024 | De las plumas 50+1
Debemos garantizar que las políticas públicas culturales contemplen el acceso a la información.
La cultura es un derecho del que debemos gozar sin barreras. Museos, conciertos, libros, obras de teatro y cualquier expresión cultural debe de estar al alcance de cualquier persona, sin importar su condición. El derecho a la cultura está reconocido en el artículo 4° constitucional y diversos tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 22 y 27), y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 15.1). Sin embargo, aún es un reto para muchas personas disfrutar de ella, especialmente para aquellas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué es lo que impide que todos accedamos a este derecho fundamental? Muchas podrían ser las respuestas, pero, sin duda, una muy importante es el acceso a información que permite que las personas se conecten con su herencia cultural, amplíen sus horizontes y participen activamente en la vida cultural de sus comunidades.
El acceso a la información no sólo es una vía que se limita a acercar la oferta de actividades y servicios culturales, sino que facilita el conocimiento de diversas expresiones, promueve la creación y la innovación cultural. Sin este derecho, las personas estarían impedidas a explorar su identidad cultural y a comprender la riqueza de otras culturas. Con ello, se fomenta la diversidad, la pluralidad y el respeto a los usos y costumbres de la población.
Por otro lado, desde la óptica de las y los artistas y creadores, al estar informados pueden inspirarse en diversas fuentes, enriquecer su trabajo y contribuir a un diálogo cultural más amplio, pues es una vía que impulsa la difusión de nuevas ideas y perspectivas, esenciales para el desarrollo cultural en un mundo cada vez más interconectado.
En ese marco, la última Encuesta Nacional sobre Hábitos y Consumo Cultural de la UNAM reveló un impacto negativo por la pandemia de COVID-19, al observarse una disminución de actividades culturales presenciales reemplazadas por contenido en línea, lo que a su vez trajo otros desafíos en cuanto al acceso a estas actividades digitales, afectando más a las personas con menos recursos.
Esa tendencia ha impactado también en el número de personas inscritas en actividades e instituciones de formación cultural, en los asistentes a eventos y en la oferta de bienes culturales en medios de comunicación, de acuerdo con las Fichas de Monitoreo de los Programas derivados del PND 2019-2024, que realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), correspondientes a 2021 y 2023. Esto no solo muestra una tendencia negativa en el acceso a la cultura, sino también en su promoción y en la falta de información accesible para las personas sobre las actividades de esa índole.
Si queremos revertirla, debemos garantizar que las políticas públicas culturales contemplen el acceso a la información suficiente, veraz y oportuna, porque, al estar informadas, las personas pueden tomar decisiones más conscientes sobre su participación en actividades culturales, demandar el respeto a sus derechos y trabajar para preservar su patrimonio.
El acceso a la información es un pilar esencial para promover y gozar del derecho a la cultura, al fortalecer la identidad cultural, promover la cohesión social y la participación ciudadana en las actividades. De esta forma, enriquecemos la vida de las personas, y contribuimos en la construcción de sociedades más justas, inclusivas y diversas. Trabajemos para lograr la inclusión social en la cultura, transformemos el panorama mediante la garantía del derecho de acceso a la información pública, para brindarle a toda la población la oportunidad de disfrutar plenamente de los bienes y servicios culturales.
Fuente: lasillarota.com
por Maura Arredondo | Oct 14, 2024 | De las plumas 50+1
Nuestro país está viviendo un momento histórico, no solo por la llegada de la primera mujer a la presidencia, sino también por la serie de reformas que previamente el titular del Poder Ejecutivo había anunciado, entre ellas la de la reforma constitucional del Poder Judicial.
El 5 de febrero del presente año, el titular del Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional, misma que fue aprobada el 4 de septiembre por el pleno de la Cámara de Diputados y el 11 de septiembre por la Cámara de Senadores, dando inicio a los procedimientos legislativos necesarios para su aprobación en los congresos locales.
La iniciativa plantea entre otras cosas la renovación de ministros, consejeros, jueces y magistrados a través de un proceso de insaculación y elección popular; la reducción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 integrantes a 9; la creación de un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina.
Como es de conocimiento público, este proyecto de Decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de septiembre en su edición vespertina.
Esta iniciativa ha provocado desde sus inicios una intensa, continua y permanente movilización ciudadana, así como de las personas trabajadoras del Poder Judicial.
A estas movilizaciones se han sumado las y los jóvenes estudiantes de diversas universidades del país, quienes de forma organizada, estratégica e inteligentemente han manifestado su desacuerdo en el contenido y aprobación de la reforma, demostrando su interés legítimo e involucramiento en los asuntos del orden público.
De igual manera diversas organizaciones y gremios de la abogacía, académicos, analistas y algunos medios de comunicación se han unido a las acciones que se han llevado a cabo en contra de la aprobación y entrada en vigor de la reforma judicial.
A semanas de la publicación de las reformas constitucionales en el DOF, se espera que este mes de octubre se emita la convocatoria con las fechas y plazos para elegir a las personas que ocuparan más de 1600 cargos judiciales. La fecha limite a partir de la publicación de la convocatoria es el 11 de febrero de 2025.
El 12 de febrero del 2025 el Senado deberá remitir al Instituto Nacional Electoral la lista de candidaturas postuladas para poder iniciar el proceso de impresión de boletas y dar inicio a las campañas de los postulantes el 30 de marzo, finalizando el día 28 de mayo del mismo año.
Se prevé que la jornada electoral se realice el 1 de junio del 2025 y los tres días posteriores se lleve a cabo la entrega de constancias de mayoría para las personas que resulten electas.
En este proceso las impugnaciones se podrán interponer a más tardar el 28 de agosto para que durante el mes de septiembre se tome protesta a las personas electas para ocupar los cargos en el Poder Judicial.
Las adecuaciones a la Ley por parte de los congresos estatales, es fundamental para el debido proceso de elección para lo cual la fecha límite para realizarlas es el 15 de marzo del 2025.
Es importante mencionar que aún se encuentran en curso aproximadamente 138 amparos en contra de la reforma judicial, algunos de ellos relacionados con faltas en el proceso legislativo.
Desde el principio de supremacía constitucional es importante que ninguna reforma constitucional trasgreda y viole la división de poderes. La independencia y autonomía del Poder Judicial debe prevalecer por encima de todo y ante cualquier escenario, es imperante fortalecer la democracia y el Estado de Derecho para garantizar el acceso real a la justicia de todas y todos los mexicanos.
Fuente: parentesislegal.com
