Apoyo para las mexicanas de 60 a 64 años: la oportunidad de una vida digna

Apoyo para las mexicanas de 60 a 64 años: la oportunidad de una vida digna

Nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha dejado claro que las reformas prioritarias que ha planteado para el inicio de su administración están diseñadas para solidificar el proyecto de la Cuarta Transformación. Entre estas reformas, destaca el apoyo económico bimestral a mujeres de 60 a 64 años.

La doctora Sheinbaum nos ha convovado a senadores y diputados federales electos de la coalición Sigamos Haciendo Historia a regresar a nuestros territorios y no escatimar esfuerzos para difundir las reformas prioritarias que se aprobarán en septiembre.

Estas reformas, además del apoyo económico bimestral a mujeres de 60 a 64 años, incluyen la reestructuración del Poder Judicial, una beca universal para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria pública, la reforma a la Ley del ISSSTE para aumentar el pago de pensiones a los trabajadores del Estado y la política de no reelección.

Específicamente, el apoyo económico bimestral a mujeres de 60 a 64 años, tiene como objetivo principal reconocer el trabajo en el hogar y garantizar su bienestar económico. Las mujeres en este rango de edad recibirán un apoyo equivalente a la mitad de la pensión para adultos mayores, es decir, 1,500 pesos mensuales.

La implementación comenzará con las mujeres indígenas y las de los sectores más vulnerables, hasta llegar a 2.6 millones de mujeres en 2026, lo que representará la cobertura universal.  Otro gran objetivo de este programa es coadyuvar a la independencia económica de estas mujeres, previo a que sean beneficiarias de la pensión de adultos mayores, una vez que cumplan 65 años.  

Esta reforma implica no sólo un alivio económico, sino también un reconocimiento social a las mujeres que han dedicado su vida al cuidado del hogar y la familia. En palabras de nuestra virtual presidenta: «Quienes me acompañaron en la campaña saben que preguntaba en las plazas públicas quiénes somos las que principalmente —aunque no debería ser así— cuidamos de los hijos: las mujeres; quiénes somos las que siempre mantenemos el hogar unido: las mujeres. Y en estas reuniones siempre decía: ¿Quién reconoce este trabajo? Y contestaban: ‘Nadie’. Y decía: Cómo va a llegar una mujer Presidenta, pues por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas».

Una vez que asuma el cargo de diputada federal, en septiembre próximo, apoyaré decididamente esta reforma prioritaria, que significará saldar una deuda histórica con quienes han dedicado su vida al cuidado del hogar y al bienestar de sus seres queridos, sin recibir el reconocimiento que merecen. Esta medida, sin duda,  es un acto de justicia y me comprometo a luchar para que sea una realidad tangible en la vida de cada una de estas mujeres.

En la 4T, entendemos que el progreso de una nación se mide por el bienestar de su gente. Mi trabajo en el Congreso será asegurar que esta reforma se implemente de manera efectiva, para garantizar que cada mujer mexicana que tenga entre 60 y 64 años, tenga la oportunidad de vivir con dignidad.

Este nuevo gobierno, que está a unos meses de entrar en funciones, tiene  la clara determinación de promover la justicia social y la igualdad de oportunidades para todas y todos. Con esta reforma, indudablemente,  seguiremos construyendo un México donde las mujeres sean reconocidas, valoradas y apoyadas.

No solamente somos un proyecto político, somos un movimiento de justicia social que está poniendo en  el centro a las personas, especialmente a las mujeres que han sido históricamente desatendidas. Sabemos que cuando una mujer avanza, avanza toda la sociedad. 

Nuestro movimiento se nutre de la fuerza y el espíritu de las mujeres mexicanas. Son ellas quienes han levantado la voz, quienes han exigido un lugar justo en la historia y quienes continúan luchando por un mejor mañana. Éste será un reconocimiento a su labor y el cumplimiento de nuestro compromiso de no dejar a nadie atrás. La 4T es una promesa de cambio real, la esperanza de que las próximas generaciones vivirán en un México más justo, más equitativo y, por lo tanto, más próspero.

Fuente: heraldodemexico.com.mx

En el ámbito electoral, ¿qué ha pasado con la violencia de género?

En el ámbito electoral, ¿qué ha pasado con la violencia de género?

Las mujeres hemos librado una larga lucha por alcanzar la igualdad de derechos respecto a los hombres que en nuestro país data, al menos, desde 1916 con la conformación del Primer Congreso Feminista celebrado en la emblemática ciudad de Mérida, Yucatán, en el Teatro Peón Contreras.

Desde entonces, sobre todo a nivel local hubo avances importantes para tratar de incorporar a las mujeres en la vida pública a nivel municipal, en regidurías y diputaciones locales. Sin embargo, a nivel federal fue hasta 1953 cuando se reforma la Constitución para que las mujeres tuvieran, al igual que los hombres, el derecho a votar y ser electas.

A partir de esta fecha han existido múltiples reformas para ir permitiendo que las mujeres participemos en la cosa pública a través de garantizar el acceso a diversos cargos de elección popular.

No obstante, es hasta 2014 que es elevado a rango constitucional la paridad de género que permitió en una integración casi paritaria en la Cámara de Senadoras y Senadores y la paridad en la Cámara de Diputadas y Diputados en 2021.

Posteriormente, otras reformas han venido a consolidar la participación política de las mujeres; en 2019 se aprueba la reforma constitucional conocida como “Paridad en Todo” que estableció la paridad para la conformación del poder público en sus tres órdenes de gobierno, en los tres niveles del estado mexicano, en los distintos órganos autónomos y en el sistema normativo indígena.

No obstante, y a pesar de estos importantes avances, un factor ha sido determinante para hacer nugatorio en gran medida, la participación de las mujeres en la actividad política: la violencia política en razón de género.

En 2020, ocho leyes tuvieron diversas modificaciones para visibilizar este fenómeno con la finalidad de coadyuvar con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia publicada en 2007, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de género.

Esta normativa dio pie a la integración de la llamada #3De3ContraLaViolencia que permitió, en la elección de 2021, la revisión muestral de las personas candidatas para verificar que no se encontraran en alguno de los supuestos de violencia de género -violencia familiar, violencia sexual y personas deudoras alimentarias morosas-, así como la conformación de un Registro Nacional de Personas Sancionadas (RNPS), vigente desde septiembre de 2020.

En mayo de 2023 se reformaron dos artículos de la Constitución Política para ampliar los tipos violencia de género y la suspensión de derechos para las personas que han cometido alguno de las 8 conductas que ahora conforman la #8De8ContraLaViolencia determinando que una persona candidata no puede acceder un cargo de elección popular, ocupar un cargo, empleo o comisión en el servicio público si se le acredita violencia de género.

Sin lugar a dudas, la violencia de género constituye el primer obstáculo para que las mujeres se incorporen a la vida pública de nuestro país.

Bajo este contexto resalta, de acuerdo con información publicada por el INE, que el RNPS cuenta con un total de 416 registros de personas sancionadas, 363 de ellas han sido sancionadas por ejercer violencia de género; 289 hombres y 74 mujeres.

Por entidad federativa, de un total de 28 entidades con registro, Oaxaca cuenta con 142 casos, seguido de Veracruz y Tabasco con 47 y 33 casos, respectivamente.  

Entre los casos más representativos de violencia corresponden al nivel municipal con un 75.72%, seguido de los asuntos relacionados a nivel nacional, 10.34%.

Ahora bien, entre la categorización de las sanciones, el 34.38% fue clasificada como “leve”; 11.30% como “ordinaria”; 31.25% como “grave ordinaria”, y el 7.93% como grave.  

Entre las quejas y denuncias que se presentan al INE por violencia política contra las mujeres en razón de género, se ha incrementado de manera importante la violencia simbólica pero sobre todo la violencia digital, por la que las mujeres son violentadas en redes sociales y plataformas digitales, por lo que las autoridades debemos buscar nuevos y mejores mecanismos para combatir este tipo de violencia que ahora se centra en ordenar el retiro de las publicaciones en las que se violenta a las mujeres.

Como podemos observar, la violencia de género desafortunadamente sigue incrementándose de manera importante en nuestro país, sin embargo, México es referente a nivel internacional en virtud de la aprobación de las leyes reformas referidas, así como a los diversos documentos derivados de acuerdos, resoluciones y sentencias de las autoridades electorales han emitido para fortalecer el combate a la violencia contra las mujeres.

La violencia cometida contra las mujeres que hace nugatorio el ejercicio de sus derechos políticos electorales es cada vez más visible y palpable, lo que permite atender con prontitud este cáncer que afecta nuestra democracia para erradicarla y que podamos materializar una plena igualdad sustantiva que permita a hombres y mujeres por igual, acceder al poder público.

Fuente: lasillarota.com

Comercio exterior, virtudes y retos 

Comercio exterior, virtudes y retos 

México parece haber encontrado su vocación productiva y exportadora al amparo del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá cuya primera versión cumplió tres décadas de haberse suscrito. Ha logrado superar las ventas externas de China, conocida como la fábrica del mundo y mantiene una racha alcista desde la suscripción del TMEC en 2020.

Mantener ese ritmo requiere, sin embargo, poner atención a obstáculos presentes y futuros del comercio exterior. La maquila es el motor exportador; del valor total del comercio bilateral entre México y EU que alcanzó el año pasado 745.6 mil millones de dólares, el 66% correspondió a ventas de mercancías hechas en territorio nacional.

En 2023 la potente industria automotriz del país exportó 156 mil millones de dólares, un récord que la posiciona como un sector relevante por el número de empleos directos e indirectos que genera y las cadenas de suministro e industrias que se detonan a su alrededor.

En suma, México es el principal proveedor de equipo de transporte de EU y el segundo después de China en equipo de computación, aparatos eléctricos, maquinaria y equipo. Aun cuando se registra un crecimiento en la exportación en sectores como el de agricultura y la minería, están por debajo de la venta de bienes manufacturados. Ampliar el portafolio de exportación representa una ventana de oportunidad en el comercio bilateral.

Superada la pandemia, los sectores público y privado ven el Nearshoring como un amuleto para el robustecimiento de la planta productiva del país y su capacidad exportadora. Las ventajas se han documentado ampliamente en la prensa, pero se destaca también la ausencia de condiciones suficientes para lograr ese propósito.

Entre ellas se encuentran la inseguridad, infraestructuras obsoletas, vías de comunicación deficientes, agua insuficiente y déficit de energía en corredores industriales del bajío y norte del país; no pocas compañías extranjeras evalúan esas condiciones antes de arribar a suelo mexicano.

La intensidad del comercio intrafronterizo es posible gracias a la movilidad de mercancías que se trasladan en transporte terrestre. Sin embargo, las asociaciones de transportistas reclaman el estado en que se encuentran las vías y la lentitud en los trámites aduaneros en los cruces. Nuevos puentes fronterizos con sistemas modernos de escaneo y revisión de mercancías agilizarían y aumentarían el comercio común. Hace un mes el Presidente Biden anunció la apertura de 3 nuevos puentes fronterizos desde territorio texano.

Los polos de desarrollo industriales están definidos desde hace tiempo en el país. El Bajío y los estados ubicados a lo largo de la franja fronteriza se han afirmado en su perfil maquilador. Si partimos de esa realidad, se deben potenciar las regiones del país en función de su vocación territorial. Si el centro-norte es industrial, el sur-sureste es agrícola, minero y turístico gracias a la pujanza de esos sectores.

El TMEC ha cumplido cuatro años con resultados favorables. La coyuntura geopolítica ha sido benéfica para los intereses de México que se ha colocado como el gran suministrador del mercado estadunidense. Tan solo en mayo las ventas al país vecino crecieron 6.1% anual, registrando un récord histórico. Aunque el entorno exterior fue determinante en ello, más redituable será crear condiciones para potenciar el ritmo del sector exportador.

Fuente: elsoldemexico.com.mx

Los riesgos tras una pantalla

Los riesgos tras una pantalla

A diferencia de quienes crecimos con la posibilidad de jugar en las calles, la gran mayoría de niñas, niños y adolescentes en México, hoy están atrapados entre las cuatro paredes de sus casas; “protegidos” de la delincuencia que hace de las suyas mientras el gobierno aplica su estrategia fallida de abrazos, pero expuestos a los nuevos y crecientes riesgos del ecosistema digital.

Sí, los peligros en el corto y largo plazo para nuestra niñez y adolescencia, están también detrás de una pantalla, cada vez más a su alcance y en la comodidad de su casa. Urge contar con una legislación clara para evitar lagunas y limitar las múltiples posibilidades que también en el ciberespacio encuentran los delincuentes, y también para propiciar el sano desarrollo de nuestros hijos.

El pasado 15 de mayo, presenté en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para reformar la Constitución, a fin de definir el ecosistema digital como el conjunto de tecnologías, plataformas, infraestructura, redes, servicios, aplicaciones, datos, actores y usuarios que interactúen en el entorno digital para la creación y distribución y consumo de contenido digital.

La propuesta es obligar al Estado mexicano para que garantice la protección del desarrollo integral de los niños y niñas frente al ecosistema digital frente a sus posibles riesgos; mandatar al Instituto Federal de telecomunicaciones para que regule dicho ecosistema, y facultar al Congreso de la Unión, para expedir una Ley General en materia de Ecosistema Digital.

Tampoco se trata de estigmatizar; el ecosistema digital tiene gran relevancia en la sociedad actual, al transformar la forma en que nos comunicamos, trabajamos, consumimos y nos relacionamos: ha generado nuevos empleos, facilitado la accesibilidad a la información y los servicios, mejorado la eficiencia de los procesos, potenciado la innovación y contribuido al crecimiento económico. Además, conectando a personas de diferentes partes del mundo, permite el desarrollo de comunidades virtuales.

Es cierto que la brecha digital en nuestro país es enorme. Los austericidios de la 4T, dejaron sin internet a las escuelas públicas desde el primer minuto de esta administración federal, los programas de equipamiento son prácticamente nulos y hasta los presupuestos para capacitación del magisterio y las Escuelas Normales, se han recortado.

Pero igual de grave es ser un país permisivo para que el mercado y sus algoritmos sean quienes definan en absoluta libertad los contenidos para niñas, niños y adolescentes y que los delincuentes hagan de las suyas.

En Europa y América Latina, varios países han implementado leyes y acciones para proteger a los menores de los riesgos asociados con el uso de internet. Así, existe el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que incluye provisiones específicas para el consentimiento de menores; en el Reino Unido, el Código de Diseño Apropiado para la Edad, cuenta con estándares de privacidad para asegurar que productos y servicios digitales, sean seguros por diseño para los menores; en Brasil, el Marco Civil da Internet, prevé la protección de datos de los menores, y Argentina tiene programas como Con Vos en la Web, que promueven la conciencia sobre protección de datos personales y privacidad en niños y adolescentes.

Conocemos los beneficios de los ecosistemas digitales, pero no los riesgos y su impacto en las nuevas generaciones, como exposición a contenido inapropiado; adicción a dispositivos electrónicos; problemas de salud mental como ansiedad, depresión y otros, derivados del aislamiento social y la exposición a contenido perjudicial en línea, por lo que será crucial enfrentar el trabajo legislativo desde una óptica preventiva y de cuidado de la salud.

La legislatura de la que soy parte está a punto de terminar, pero las causas siguen. La iniciativa que presenté fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados. Escribo estas líneas con la esperanza de que alguna o alguno de los próximos legisladores lo retome y lo enriquezca. Ser un mejor país pasa por invertir tiempo, trabajo y recursos para nuestra niñez y adolescencia.

Fuente: heraldodemexico.com.mx

En el ámbito electoral, ¿qué ha pasado con la violencia de género?

La lucha de las mujeres para votar y ser electas

Apenas hace 69 años que las mujeres pudieron ejercer lo que hoy es un derecho humano consagrado en la Constitución: el voto en una elección federal.

Una de las fechas iniciales de esta lucha puede establecerse en 1916 con el del Primer Congreso Feminista celebrado en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el marco de una profunda transformación social, política y económica que se gestaba en aquel México luego de la Revolución mexicana.

Entre los principales temas abordados en ese Congreso, destacan la igualdad en la educación, en los salarios y la participación política de las mujeres en la política.

En ese mismo año, Hermila Galindo envió una iniciativa al “Congreso Constituyente” para que fuera reconocido el voto de las mujeres destacando que no existía razón fundamental “… para que la mujer no participara en la política de su país, pues sus derechos naturales son indistintos a los del hombre…”.

En 1922, Rosa Torre González se convirtió en la primera mujer electa en el país como regidora en Mérida, Yucatán, con lo que dicha entidad se convirtió en la primera en reconocer el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Para 1923, Beatriz Peniche Barrera, Elvia Carrillo Puerto y Raquel Dzib se convirtieron en las primeras diputadas locales por el mismo estado.

A estos cargos le siguieron entidades como Chiapas con una diputación, así como Tabasco y Michoacán con unas regidurías.

Para 1936 Aurora Mesa Andraca se convierte en la primera presidenta municipal por Chilpancingo, Guerrero.

En 1947 se establece una reforma constitucional que reconoce el derecho al voto de las mujeres, pero solo en el ámbito municipal.

No es sino hasta 1953 cuando a través de una reforma a la Constitución que se permitió por primera vez a las mujeres votar y ser votadas, lo que se materializó en que las mujeres pudieran participar en todo el país en las elecciones federales de 1955.

Para 1964 María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia resultaron electas como las primeras senadoras de la República; para 1979 Grisela Álvarez Ponce de León resultó la primera gobernadora electa por el estado de Colima, y para 1982 Rosario Ibarra de Piedra se inscribió en la historia de la larga lucha de las mujeres al convertirse en la primera candidata a la Presidencia de la República.

Desde entonces, múltiples reformas se han establecido para ir reconociendo los derechos de las mujeres garantizando su participación política, desde el establecimiento de cuotas de género con porcentajes que al final los partidos políticos no cumplían hasta la reforma de 2014 cuando se incorporó el principio de paridad de género en la Constitución; lo que permitió que casi se lograra la paridad en la Cámara de senadurías en 2018 y se alcanzara en la Cámara de diputaciones en 2021.

En 2019 se aprueba la reforma conocida como “Paridad en Todo” estableciendo la obligatoriedad de garantizar el cumplimiento de la paridad de género no solo en la postulación de candidaturas, sino también, en la integración de los tres poderes de gobierno, en los tres poderes del Estado mexicano, órganos autónomos y en los sistemas normativos indígenas.

Para abril de 2020 se logró una reforma que modificó 8 distintas leyes que tuvieron como objetivo la prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Con base en todas estas disposiciones que surgieron desde 2014, tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han ido de la mano para garantizar la paridad en el registro de las candidaturas en cargos de elección popular tanto a nivel federal como a nivel local.

Finalmente, en este 2024, dos mujeres se presentaron como candidatas a la Presidencia de la República, resultando electa Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer en el máximo cargo de representación popular del ejecutivo federal en la historia de México.

A 69 años del voto de la mujer, cumplidos el pasado 3 de julio, podemos decir que largo ha sido el camino por alcanzar una igualdad entre hombres y mujeres y, que aún hay mucho por hacer para alcanzar una igualdad sustantiva plena que exige todo sistema democrático.

Fuente: eluniversal.com.mx