Estamos a unas cuantas horas de que comience la jornada electoral, la más grande registrada en nuestra historia y en donde esperamos que las y los ciudadanos asistan a las casillas de manera numerosa a depositar su voto por la opción política de su preferencia en igualdad de condiciones, con plena libertad, en secrecía y teniendo la seguridad de que su voto será contado por sus vecinos que fungirán como funcionarias y funcionarios de casilla.
Para ello, el INE luego de meses de trabajo tiene todo listo para llevar a cabo esta elección federal que concurre por primera vez con elecciones locales que se llevarán a cabo en las 32 entidades federativas. De hecho, ya se han registrado los primeros votos de la ciudadanía a través del voto anticipado para las personas con algún impedimento o discapacidad, el voto de las personas en prisión preventiva y para nuestros connacionales que viven en el extranjero (por vía postal y por internet).
No obstante, de acuerdo con los estudios muestrales de participación ciudadana elaborados por el INE, al menos en los últimos 3 procesos electorales federales, 2015, 2018 y 2021, existe una tendencia uniforme de que las y los jóvenes en un rango de edad de los 19 a los 29 años son los que menos participan.
En la elección federal por el que se renovó la Cámara de diputaciones de 2015 que fue concurrente con 16 entidades federativas, en las se eligieron distintos cargos de elección popular locales (en 9 de ellas se renovó a la persona titular del ejecutivo local), el segmento de la poblaciónelectoral que más participó fue de los 65 a 69 años por arriba de 60%, y las y los jóvenes de 20 a 29 años registraron la menor participación con menos del 40%.
En 2018, nuevamente el segmento de población de 19 a 29 años fue el que menos participó con un 52.8% en comparación con la ciudadanía de 65 a 69 años que alcanzó un 73.3%. En esta elección a nivel federal se renovó la presidencia de la República y las Cámaras de diputaciones y la de senadurías, y a nivel local se celebraron elecciones concurrentes en 30 entidades federativas, en 9 de ellas se renovó a la persona titular del ejecutivo local.
En 2021, nuevamente el segmento de la población de los 19 a los 29 años fue la que menos participó en estas elecciones; de 19 a 24 años registró un 41.7% de participación y de 25 a 29 un 39.6%. En contraste, las personas electoras de 65 a 69 años de edad alcanzaron la mayor participación con un 68.4%. En este proceso se celebraron elecciones locales concurrentes con la federal en 30 entidades federativas y, en 15 entidades se eligió el cargo de gubernatura.
Bajo este contexto, queda claro que las y los jóvenes no participan activamente con la emisión de su voto en las elecciones a pesar de que este segmento representa a más de 22 millones de personas y casi el 25% de las y los electores de este país.
Es por ello, que invito a las y los jóvenes a que asistan este domingo 2 de junio y ejerzan su derecho al voto. Ustedes representan el presente de esta nación y votar es una forma de expresarse, de comprometerse con su país y de determinar el rumbo que tomará México por los siguientes años. Ustedes son nuestra esperanza y porvenir.
Sean parte de esta fiesta cívica y voten por lo que ustedes consideren lo más adecuado, pero participen.
Ante la jornada electoral más grande de la historia de México en la cual se elegirán más de 20 mil cargos públicos, la participación y voto de la ciudadanía es crucial para la consolidación de la democracia.
El derecho de la ciudadanía a votar está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), específicamente en el artículo 35, fracción I, sin embargo, el artículo 38 señala los casos en los que los derechos o prerrogativas de las y los ciudadanos son suspendidas.
El derecho al voto se suspende cuando la persona se encuentra sujeta a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión; también si se encuentra prófugo de la justicia a partir de la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal; por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión, entre otros supuestos.
De acuerdo a esta disposición el derecho a votar de las personas en prisión preventiva no se debe suspender ya que no cuentan con sentencia firme y bajo el principio de presunción de inocencia que es fundamental para el cumplimiento y protección de los derechos humanos.
La presunción de inocencia fue incorporado al sistema acusatorio en 2008 a través de la modificación de los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la CPEUM observando los principios básicos de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
No obstante, el voto en prisión preventiva ha sido causa de análisis por parte de diversos juristas, expertos y autoridades en materia electoral, incluso ha sido materia de discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
En este sentido, la Sala Superior del TEPJF al resolver el expediente SUP-JDC-352/2018 y acumulado, por mayoría de votos determinó que las personas en prisión preventiva que no hayan sido sentenciadas podrían votar de acuerdo a la interpretación de la Sala Superior de la SCJN sobre el principio de presunción de inocencia.
Es por ello, que en este periodo electoral por primera vez las personas en prisión preventiva en lista nominal ejercieron/ejercerán su derecho al voto anticipado a través de mecanismos establecidos en los lineamientos aprobados para garantizar el estricto cumplimiento a los derechos humanos, transparencia y legalidad.
Con respecto al escrutinio y cómputo, 142 Consejos Distritales aprobaron 158 mesas para su realización, en tanto el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales (OPLES) serán los encargados de incorporar los resultados a los sistemas electorales correspondientes.
Sin duda alguna el voto en prisión preventiva marca una línea trascendental en la historia en la que de ninguna manera puede haber retroceso en la observancia del principio fundamental de la presunción de inocencia.
En México se estima que en 2022 un promedio de 41% de las personas privadas de la libertad se encontraban en prisión preventiva, es decir, 4 de cada 10 personas, lo cual evidencia un sistema de justicia ineficiente y muy lejos de la impartición pronta y expedita.
Es por lo anterior, que la resolución del TEPJF constituye un gran avance democrático que conlleva acciones no solo sobre el ejercicio al voto, sino también del derecho a la información precisa y oportuna sobre las candidatas y candidatos, a tener pleno conocimiento sobre el marcaje en las boletas electorales, de tener acceso a los resultados de la votación y de contar con ciudadanía como observadores de la transparencia y legalidad de este proceso.
Existen numerosas asociaciones y organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general que están/estarán haciendo observación electoral de primera línea en los centros penitenciarios, recopilando datos que permitan tener un contexto de análisis sobre esta jornada electoral.
Tener certeza y transparencia sobre cada uno de los procesos, legitima la elección más aun cuando se llevan a cabo acciones inéditas de votación anticipada, por lo cual es de vital trascendencia en la vida democrática de México que esta jornada sea observada minuciosamente no solo por los representantes de los partidos políticos, sino también por la ciudadanía.
Por una jornada electoral 2024 sin violencia, transparente, apegada a derecho, con autoridades electorales imparciales, con una gran participación ciudadana ejerciendo el voto, pero también siendo observadores activos de irregularidades y testigos del desarrollo de un proceso electoral histórico no solo por el número de cargos que se elegirán, sino también porque es muy probable tengamos por primera vez a una mujer como presidenta de nuestro querido México.
A un paso del 2 de junio, si queremos que las cosas cambien ningún agresor sexual, acosador, deudor alimentario o que cometa violencia política contra las mujeres debe llegar al poder, menos cuando existen denuncias y carpetas de investigación en su contra.
Café con un pan dulce
Es urgente y necesario que se cierren estos espacios a hombres que ejercen violencia contra las mujeres dentro y fuera de la política, más cuando sus partidos decidieron encubrirlos, postularlos y hasta burlarse de la ley 3de3 contra la violencia de género.
Desde el 8 de febrero, cuando se instaló la Observatoria Ciudadana de Todas Mx, en el TEPJF se crearon 59 ‘antiboletas’ para exponer a candidatos agresores que no son aptos para contender y ocupar un cargo público, de los cuales…
Inhale y exhale
Diecisiete son de Morena, once de Movimiento Ciudadano, ocho del PES, ocho del PRD, tres del PAN, cuatro de Tiempo de México, tres del Verde, tres del PT, una del PRI y una del Partido Liberal.
Del total de las “antiboletas” de este proceso electoral, 46 candidatos están señalados por violencia política contra las mujeres en razón de género: fraude a la paridad, es decir, dicen identificarse como mujeres para quitarles un lugar a las verdaderas mujeres.
Siéntese bien
Si la situación ya es preocupante, hay que vigilar lo que ocurre en Michoacán, paraíso del fraude a la paridad, al ser la única entidad donde hay 38 agresores que tienen el descaro de aspirar a una presidencia municipal.
Morena también pretende mantener en el Senado a Félix Salgado Macedonio, acusado de violación por varias mujeres, violencia psicológica y corrupción, aunque no es el único violador en este partido, ya que Manuel Huerta Ladrón de Guevara también aparece en la lista.
Pero no son los únicos; Movimiento Ciudadano tiene a Noé Castañón, que busca una diputación cuando enfrenta cinco indagatorias relacionadas con delitos de violencia familiar, violencia de género, violencia vicaria, sustracción de un menor, privación ilegal de la libertad y delito de falsedad.
Mientras que aquellos que violentan a sus familias y además están en el registro de deudores alimentarios son: Aldo Manuel Ruiz Sánchez, Ismael Burgueño Ruiz, Óscar Sánchez García, César del Valle, Luis Carlos Sánchez González y José Cruz Sánchez Rojas.
Mención aparte merece Sergio Estrada Cajigal, quien por ser un violentador está enfrentando su juicio recluido en una cárcel de Quintana Roo.
Cada uno de estos agresores cuenta con al menos una carpeta de investigación, denuncia formal o se encuentra en el registro de deudores alimentarios morosos. Alguien así no puede convertirse en diputado, senador, alcalde, presidente municipal o regidor.
Riesgo de vomitar
Como pudo leer, vergonzosamente ningún partido se salva, siendo cómplices de agresores que si llegan a ocupar esos cargos aumentará el riesgo de impunidad, pero peor aún, ¿dónde quedará la justicia para las víctimas si la autoridad electoral también es cómplice?
Aunque la Constitución señala que “la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular” cuando exista una sentencia firme por la comisión de estos delitos, y pese a que el INE permitió que continuaran con sus candidaturas sin importar las denuncias, sí hay una forma de castigarlos y es en las urnas.
Fuerte doble
O sea, el INE también es un violentador por su nefasto papel. El primero, por no reconocer la 3de3 y cambiarle el nombre a 8de8, negando el papel tan importante de las organizaciones feministas. Segundo, por emitir lineamientos como si se tratara de una recomendación y no de un mandato constitucional, dejando a los partidos políticos que ellos decidieran y, tercero, negarse a cancelar la candidatura de agresores y deudores, lo que lo convierte en cómplice.
Fuerte a pico de botella
Es muy fácil invocar el principio de presunción de inocencia en un país con una impunidad mayor a 95 por ciento.
¿No hay más personas que merezcan esos espacios y nos representen?
¿Un presunto violador como Salgado Macedonio ocupará una curul para representar el interés de mujeres víctimas de violencia o de agresores sexuales? Hablando de legisladores, ellos son el dique, por eso las iniciativas luego no avanzan. Obvio, no van a votar por algo que les pondrá el pie más adelante. Siendo regidores, presidentes municipales o gobernadores tampoco harán lo propio, pues carecen de principios, ética y moral alguna.
¡¿Eso merecemos como sociedad?!
Ni un voto para deudores alimentarios, violadores y acosadores. ¡Basta de agresores con poder!
Rafah, situada en el extremo sur de la Franja de Gaza, se erige como un símbolo del sufrimiento y la resistencia en medio del conflicto israelí-palestino. La situación en Rafah nos obliga a reflexionar sobre la crueldad y las paradojas de nuestra época, exigiendo una atención urgente y acciones concretas de la comunidad internacional.
En Rafah, la vida diaria es una lucha constante. La ciudad es el único punto de cruce entre Gaza y Egipto, lo que la convierte en un salvavidas vital para los gazatíes. Sin embargo, este cruce se abre y se cierra intermitentemente, dejando a miles de personas sin acceso a bienes y servicios esenciales. Los cortes de electricidad son frecuentes, a menudo durando hasta 20 horas al día, lo que deja a las familias sin luz y la posibilidad de una vida digna. El acceso al agua potable es limitado y la atención médica es insuficiente debido a la falta de suministros y equipos. Las escuelas están sobrecargadas, y los niños estudian en aulas abarrotadas y mal equipadas, pero siguen adelante con la esperanza de un futuro mejor.
La situación en Rafah refleja el conflicto más amplio entre Israel y los grupos militantes palestinos, como Hamas. Este conflicto ha llevado a una destrucción masiva y a un sufrimiento humano indescriptible. En diciembre de 2023, un ataque aéreo israelí destruyó un edificio en Rafah, matando a 22 civiles, incluidos 11 niños. Estos ataques devastan familias y destruyen infraestructuras vitales, como escuelas y hospitales, dejando a la comunidad sin recursos básicos para la educación y la salud. Más de 1.5 millones de personas en Gaza han sido desplazadas debido a la violencia, viviendo en condiciones extremadamente difíciles en refugios improvisados. La falta de acceso a alimentos, agua y medicinas ha creado una crisis humanitaria de gran escala.
La respuesta de la comunidad internacional ha sido insuficiente. Aunque se han realizado esfuerzos para proporcionar ayuda humanitaria, estos han sido esporádicos y no han logrado abordar las necesidades críticas de la población. Las Naciones Unidas, a través de la Agencia para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) y otras agencias, han llamado repetidamente a la apertura de corredores humanitarios y al levantamiento del bloqueo, pero estas solicitudes a menudo no se han materializado en acciones concretas.
Estados Unidos y la Unión Europea han tenido roles ambiguos en este conflicto. Mientras que han proporcionado asistencia humanitaria y financiera, también han mantenido relaciones políticas y militares con Israel que complican la presión efectiva para detener las hostilidades. Egipto, que controla el cruce de Rafah, ha sido criticado por su manejo del mismo, que a menudo refleja sus propios intereses políticos y de seguridad en lugar de las necesidades humanitarias de los gazatíes.
Observar lo que sucede en Rafah es crucial por varias razones. Primero, las violaciones de derechos humanos en Rafah son una afrenta a la dignidad humana. Cada vida perdida y cada familia destruida es un recordatorio de la urgente necesidad de justicia y protección para los civiles. En segundo lugar, la situación en Rafah es una crisis humanitaria que requiere una respuesta inmediata y coordinada. No podemos permitir que la indiferencia perpetúe el sufrimiento de millones de personas.
Rafah nos recuerda la importancia de la solidaridad global. La indiferencia y la inacción no son opciones cuando se trata de crisis humanitarias de esta magnitud. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos del mundo exigir una respuesta adecuada y sostenida que alivie el sufrimiento en Gaza.
Rafah, con sus historias de resistencia y sufrimiento, es un llamado urgente a la conciencia global. No podemos permitir que la indiferencia defina nuestra respuesta a esta crisis. Es el momento de que todos pongamos nuestros ojos en Rafah y actuemos para traer paz, justicia y dignidad a sus habitantes. La comunidad internacional, especialmente actores como Estados Unidos, la Unión Europea y Egipto, deben intensificar sus esfuerzos para garantizar el acceso a ayuda humanitaria y trabajar hacia una solución política sostenible. Es fundamental que la ONU y otras organizaciones humanitarias tengan acceso sin restricciones para proporcionar asistencia y protección a los civiles.
Para aquellos que buscan cómo ayudar, es crucial apoyar a las organizaciones humanitarias que trabajan en el terreno y presionar a nuestros líderes para que tomen medidas efectivas. La situación en Rafah es una prueba de nuestra humanidad y nuestra capacidad para actuar en solidaridad con aquellos que más lo necesitan.
México enfrenta una crisis migratoria sin precedentes que incide profundamente en su política interna y en las relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos. En 2023, el país registró 782,176 encuentros de migrantes irregulares, cifra que representa un aumento del 77% respecto al año anterior. Estos migrantes, mayoritariamente de Centro y sudamérica, huyen de la violencia y la pobreza en sus países de origen. Por otro lado, las remesas enviadas por mexicanos en el extranjero alcanzaron un récord de 51,594 millones de dólares en 2023, lo que subraya la dependencia de muchas familias mexicanas de estos ingresos vitales.
El Instituto Nacional de Migración (INM) ha sido un epicentro de esta crisis. Un trágico incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez en marzo de 2023 resultó en la muerte de 40 migrantes, resaltando las condiciones inhumanas y peligrosas de estas instalaciones. Los agentes del INM han sido repetidamente acusados de abuso y corrupción. Las estaciones migratorias operan frecuentemente en condiciones de hacinamiento y escasez de recursos básicos, llevando a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a observar constantemente estas condiciones, lo cual generó el cierre de 33 estaciones. A pesar de estos graves problemas, el reciente debate presidencial mostró una preocupante falta de profundidad y seriedad al discutir sobre migración.
El tratamiento del tema migratorio en el debate fue superficial, casi negligente. No se exploró cómo los candidatos manejarían la crisis en el crítico primer mes de gobierno, coincidiendo con un período crucial para las elecciones en Estados Unidos. Las respuestas fueron evasivas y la mayoría de los candidatos prefirieron centrarse en la política exterior sin dimensionar adecuadamente la magnitud del problema migratorio.
Según el Modelo Mexicano de Movilidad Humana presentado por la canciller Alicia Bárcenas, durante mayo de 2024, diariamente salen 915 personas del Darién, mientras que en la frontera sur de México se reciben 7,271 migrantes. Esta cifra supera casi al doble la capacidad operativa de las autoridades estadounidenses, establecida en 4,000 personas por día. El acuerdo bilateral entre México y EE.UU. busca controlar esta situación, a menudo mediante medidas extremas, como evidencian videos de agentes golpeando a migrantes; un 30% de estos migrantes son niños y adolescentes.
El debate no solo ignoró las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que sufren los migrantes, sino que también omitió cualquier propuesta concreta para abordar la situación. No se mencionaron las atrocidades ocurridas en la estación migratoria de Ciudad Juárez ni se presentaron directrices claras para la gestión futura del INM. La omisión de estos temas críticos y la falta de compromiso reflejan una desconexión alarmante con la realidad.
Este debate fue una oportunidad desaprovechada para abordar uno de los mayores desafíos humanitarios de nuestro tiempo. La evasión y la falta de propuestas concretas no solo resultan decepcionantes, sino que también presagian un futuro preocupante si no se adoptan medidas urgentes y efectivas para resolver la crisis migratoria. Es desalentador que los debates presidenciales sean ganados por quienes menos escándalos de corrupción tienen en sus filas, en lugar de por propuestas sólidas y realistas.
La lista nominal definitiva de electores para la jornada de este domingo se integra por 98 millones 329 mil 591 personas que podrán emitir su sufragio. Por género, el listado nominal nacional se integra por 51 millones 103 mil 424 mujeres (el 52%), 47 millones 226 mil 62 hombres (48%) y 105 personas no binarias.
Desde la promulgación de la Constitución mexicana de 1917 y hasta 1953 cuando se permitió a las mujeres votar y ser votadas, trascurrieron 35 años sin que pudieran ser sujetas de derechos políticos y electorales, la primera elección federal en la que pudieron sufragar tuvo lugar en julio de 1955. Casi seis décadas después, en febrero de 2014 se promulgó la reforma político-electoral en materia de paridad de género que elevó a rango constitucional la garantía de la paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas al Congreso de la Unión y los Congresos locales.
Establecidos los principios de paridad, igualdad y no discriminación, los partidos políticos tienen la obligación de postular el mismo número de candidaturas de ambos géneros tanto en la integración de los poderes de la Unión, como a las gubernaturas, congresos locales y alcaldías. En los comicios de este 2 de junio habrán de elegirse 20 mil 700 cargos en los tres órdenes de gobierno.
En años recientes se han multiplicado los ejemplos de buenos gobiernos encabezados por mujeres, particularmente en el ámbito local. Miles de candidatas buscan refrendar su gestión sobre la base de administraciones transparentes y eficientes con los recursos públicos. Sin embargo, la oferta electoral dirigida a mujeres encuentra limitaciones.
La igualdad sustantiva va más allá del otorgamiento de apoyos económicos o subsidios a las 67 millones de mujeres que vivimos en el país. Deben garantizarse derechos de forma efectiva a: un trabajo digno y salarios justos; a vivir en entornos seguros; al castigo efectivo y sin dilación de sus violentadores; a sistemas de salud que atiendan y resuelvan con prontitud sus enfermedades y cirugías; a terminar con la revictimización de madres buscadoras; a guarderías y estancias infantiles y, sobre todo, a que este país cuente con un Sistema Nacional de Cuidados que reconozca y valore el trabajo no remunerado de los hogares que equivale al 24.3% del PIB nacional.
Se trata en suma, de impulsar una agenda de género sostenible, adecuada y pertinente que acelere los cambios legales y constitucionales que hasta ahora hemos logrado. No podemos esperar 60 años más para superar los desafíos que ahora enfrentamos.
Somos el 51.7% de la población. Aportamos y generamos riqueza al país en condiciones sumamente adversas. En el campo, en la ciudad, en la oficina, en el consultorio o en el mercado hemos conquistado espacios con esfuerzo propio y sin ninguna concesión. Decimos ¡Basta! al machismo y la indiferencia, a la discriminación y a la exclusión que se alienta desde la esfera pública.
El 2 de junio votamos por reivindicar nuestra presencia y el reconocimiento pleno de nuestros derechos. Votamos por una sociedad que nos respete y que respalde nuestras demandas colectivas. En lo personal anhelo, como muchas, un país sin impunidad, con presupuestos y políticas públicas con perspectiva de género que enarbole las causas de casi el 52% de la población, lo que supondría pasar de los dichos a los hechos.
