Las mujeres hemos librado una larga lucha por alcanzar la igualdad de derechos respecto a los hombres que en nuestro país data, al menos, desde 1916 con la conformación del Primer Congreso Feminista celebrado en la emblemática ciudad de Mérida, Yucatán, en el Teatro Peón Contreras.

Desde entonces, sobre todo a nivel local hubo avances importantes para tratar de incorporar a las mujeres en la vida pública a nivel municipal, en regidurías y diputaciones locales. Sin embargo, a nivel federal fue hasta 1953 cuando se reforma la Constitución para que las mujeres tuvieran, al igual que los hombres, el derecho a votar y ser electas.

A partir de esta fecha han existido múltiples reformas para ir permitiendo que las mujeres participemos en la cosa pública a través de garantizar el acceso a diversos cargos de elección popular.

No obstante, es hasta 2014 que es elevado a rango constitucional la paridad de género que permitió en una integración casi paritaria en la Cámara de Senadoras y Senadores y la paridad en la Cámara de Diputadas y Diputados en 2021.

Posteriormente, otras reformas han venido a consolidar la participación política de las mujeres; en 2019 se aprueba la reforma constitucional conocida como “Paridad en Todo” que estableció la paridad para la conformación del poder público en sus tres órdenes de gobierno, en los tres niveles del estado mexicano, en los distintos órganos autónomos y en el sistema normativo indígena.

No obstante, y a pesar de estos importantes avances, un factor ha sido determinante para hacer nugatorio en gran medida, la participación de las mujeres en la actividad política: la violencia política en razón de género.

En 2020, ocho leyes tuvieron diversas modificaciones para visibilizar este fenómeno con la finalidad de coadyuvar con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia publicada en 2007, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de género.

Esta normativa dio pie a la integración de la llamada #3De3ContraLaViolencia que permitió, en la elección de 2021, la revisión muestral de las personas candidatas para verificar que no se encontraran en alguno de los supuestos de violencia de género -violencia familiar, violencia sexual y personas deudoras alimentarias morosas-, así como la conformación de un Registro Nacional de Personas Sancionadas (RNPS), vigente desde septiembre de 2020.

En mayo de 2023 se reformaron dos artículos de la Constitución Política para ampliar los tipos violencia de género y la suspensión de derechos para las personas que han cometido alguno de las 8 conductas que ahora conforman la #8De8ContraLaViolencia determinando que una persona candidata no puede acceder un cargo de elección popular, ocupar un cargo, empleo o comisión en el servicio público si se le acredita violencia de género.

Sin lugar a dudas, la violencia de género constituye el primer obstáculo para que las mujeres se incorporen a la vida pública de nuestro país.

Bajo este contexto resalta, de acuerdo con información publicada por el INE, que el RNPS cuenta con un total de 416 registros de personas sancionadas, 363 de ellas han sido sancionadas por ejercer violencia de género; 289 hombres y 74 mujeres.

Por entidad federativa, de un total de 28 entidades con registro, Oaxaca cuenta con 142 casos, seguido de Veracruz y Tabasco con 47 y 33 casos, respectivamente.  

Entre los casos más representativos de violencia corresponden al nivel municipal con un 75.72%, seguido de los asuntos relacionados a nivel nacional, 10.34%.

Ahora bien, entre la categorización de las sanciones, el 34.38% fue clasificada como “leve”; 11.30% como “ordinaria”; 31.25% como “grave ordinaria”, y el 7.93% como grave.  

Entre las quejas y denuncias que se presentan al INE por violencia política contra las mujeres en razón de género, se ha incrementado de manera importante la violencia simbólica pero sobre todo la violencia digital, por la que las mujeres son violentadas en redes sociales y plataformas digitales, por lo que las autoridades debemos buscar nuevos y mejores mecanismos para combatir este tipo de violencia que ahora se centra en ordenar el retiro de las publicaciones en las que se violenta a las mujeres.

Como podemos observar, la violencia de género desafortunadamente sigue incrementándose de manera importante en nuestro país, sin embargo, México es referente a nivel internacional en virtud de la aprobación de las leyes y reformas referidas, así como a los diversos documentos derivados de acuerdos, resoluciones y sentencias de las autoridades electorales han emitido para fortalecer el combate a la violencia contra las mujeres.

La violencia cometida contra las mujeres que hace nugatorio el ejercicio de sus derechos políticos y electorales es cada vez más visible y palpable, lo que permite atender con prontitud este cáncer que afecta nuestra democracia para erradicarla y que podamos materializar una plena igualdad sustantiva que permita a hombres y mujeres por igual, acceder al poder público.

Fuente: lasillarota.com