Debemos garantizar que las políticas públicas culturales contemplen el acceso a la información.
La cultura es un derecho del que debemos gozar sin barreras. Museos, conciertos, libros, obras de teatro y cualquier expresión cultural debe de estar al alcance de cualquier persona, sin importar su condición. El derecho a la cultura está reconocido en el artículo 4° constitucional y diversos tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 22 y 27), y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 15.1). Sin embargo, aún es un reto para muchas personas disfrutar de ella, especialmente para aquellas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué es lo que impide que todos accedamos a este derecho fundamental? Muchas podrían ser las respuestas, pero, sin duda, una muy importante es el acceso a información que permite que las personas se conecten con su herencia cultural, amplíen sus horizontes y participen activamente en la vida cultural de sus comunidades.
El acceso a la información no sólo es una vía que se limita a acercar la oferta de actividades y servicios culturales, sino que facilita el conocimiento de diversas expresiones, promueve la creación y la innovación cultural. Sin este derecho, las personas estarían impedidas a explorar su identidad cultural y a comprender la riqueza de otras culturas. Con ello, se fomenta la diversidad, la pluralidad y el respeto a los usos y costumbres de la población.
Por otro lado, desde la óptica de las y los artistas y creadores, al estar informados pueden inspirarse en diversas fuentes, enriquecer su trabajo y contribuir a un diálogo cultural más amplio, pues es una vía que impulsa la difusión de nuevas ideas y perspectivas, esenciales para el desarrollo cultural en un mundo cada vez más interconectado.
En ese marco, la última Encuesta Nacional sobre Hábitos y Consumo Cultural de la UNAM reveló un impacto negativo por la pandemia de COVID-19, al observarse una disminución de actividades culturales presenciales reemplazadas por contenido en línea, lo que a su vez trajo otros desafíos en cuanto al acceso a estas actividades digitales, afectando más a las personas con menos recursos.
Esa tendencia ha impactado también en el número de personas inscritas en actividades e instituciones de formación cultural, en los asistentes a eventos y en la oferta de bienes culturales en medios de comunicación, de acuerdo con las Fichas de Monitoreo de los Programas derivados del PND 2019-2024, que realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), correspondientes a 2021 y 2023. Esto no solo muestra una tendencia negativa en el acceso a la cultura, sino también en su promoción y en la falta de información accesible para las personas sobre las actividades de esa índole.
Si queremos revertirla, debemos garantizar que las políticas públicas culturales contemplen el acceso a la información suficiente, veraz y oportuna, porque, al estar informadas, las personas pueden tomar decisiones más conscientes sobre su participación en actividades culturales, demandar el respeto a sus derechos y trabajar para preservar su patrimonio.
El acceso a la información es un pilar esencial para promover y gozar del derecho a la cultura, al fortalecer la identidad cultural, promover la cohesión social y la participación ciudadana en las actividades. De esta forma, enriquecemos la vida de las personas, y contribuimos en la construcción de sociedades más justas, inclusivas y diversas. Trabajemos para lograr la inclusión social en la cultura, transformemos el panorama mediante la garantía del derecho de acceso a la información pública, para brindarle a toda la población la oportunidad de disfrutar plenamente de los bienes y servicios culturales.
Fuente: lasillarota.com
