El amor romántico ha sido utilizado para que las mujeres aceptemos “arreglos de pareja” profundamente inequitativos, sobre todo cuando éstos son reforzados por los estereotipos de género. Muchas familias optan porque las mujeres se dediquen al trabajo del hogar y de cuidados sin recibir remuneración económica ni ser reconocidas como agentes que contribuyen de manera activa a la construcción del patrimonio familiar, lo que genera desigualdad.
Así, sucede con frecuencia que los bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio familiar no son registrados a nombre de las mujeres debido a que el valor del trabajo del hogar y de cuidados es ignorado, situación que las coloca en estado de dependencia económica, haciéndolas más susceptibles a la extorsión y otras formas de violencia.
Las leyes y los criterios jurisprudenciales han propiciado la protección de los derechos de las mujeres y el reconocimiento al valor económico del trabajo del hogar y de cuidados; sin embargo, en la práctica se continúa privilegiando el registro de la propiedad de los bienes familiares a nombre de los varones, por ser quienes “salen a trabajar”, lo que deja a las mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad, ya que la falta de recursos económicos propios frecuentemente limita su autonomía.
La subordinación de las mujeres se fortalece con su dependencia económica. Limitar o prohibir a las mujeres la libre administración del dinero que les corresponde, impedirles trabajar de manera remunerada, dilapidar sus ingresos o disponer de sus bienes en detrimento de su patrimonio o condicionarles la entrega de dinero a cambio de sexo, especialmente cuando se trata del dinero que se destinará al cuidado de los hijos y de la administración de la casa, son prácticas que constituyen violencia de género en contra de las mujeres y deben ser sancionadas.
La violencia económica, de acuerdo con la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, consiste en toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral. Por su parte, la violencia patrimonial implica cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima y se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.
A las autoridades corresponde adoptar medidas para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, incluidas la violencia económica y la violencia patrimonial, por lo que es necesario reconocer este tipo de prácticas que —sin dejar cicatrices en la piel— afectan a las mujeres, en ocasiones, de por vida, ya que a través de la dependencia económica se les domina e impide ejercer libremente sus proyectos de vida.
Que la igualdad entre mujeres y hombres en nuestro país sea una realidad, precisa del reconocimiento del valor económico del trabajo del hogar y de cuidados, que en 2022 fue estimado en 7.2 billones de pesos de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), así como de la importancia del mismo para la sociedad y la economía de los hogares, por lo que es primordial no minimizar la investigación, atención y sanción de las violencias económica y patrimonial en contra de las mujeres, porque la existencia de éstas genera condiciones propicias para que sean víctimas de otros tipos de violencia y abusos. Es necesario que los protocolos de atención incluyan medidas de protección específicas para las mujeres que enfrentan estas violencias, con la finalidad de garantizar su acceso a la justicia y a los mecanismos institucionales dispuestos por los gobiernos para ejercer sus derechos a vivir sin violencia.
Sin autonomía económica no hay libertad y sin libertad, las posibilidades de oponerse a la violencia se diluyen. Avancemos en la identificación, prevención y sanción de todas las formas de violencia contra las mujeres, pero principalmente, hacia su erradicación.
Fuente: heraldodemexico.com.mx
