La propaganda oficialista sostiene que interrumpir el plan del presidente López Obrador es regresar a un pasado de privilegios versus un proyecto de derechos.

La contraofensiva opositora intenta explicar que esos derechos son de papel, porque no se cumplen y están en riesgo: seguridad, salud, educación, Estado de derecho.

La candidata de Morena, PT y PVEM se ampara en el liderazgo presidencial y su retórica, centrada en demonizar a sus opositores desde una pretendida superioridad moral.

Lo que tenemos entonces no es el contraste entre las biografías de las candidatas y sus capacidades para construir soluciones frente a la violencia y la pobreza.

Lo que tenemos es una competencia focalizada en la popularidad del presidente López Obrador y su agenda de pendientes: borrar la pluralidad y cooptar al Poder Judicial.

A esa pretensión se oponen tres partidos que fueron artífices y, en este sexenio, defensores del andamiaje institucional que, pese al golpeteo gubernamental, sigue en pie.

De manera que, en los hechos, asistimos a una elección entre actos de fe y pragmatismo ciudadano; entre creyentes o no de un discurso en el que la crítica nunca es posible.

En esa disyuntiva, los méritos de los políticos no se miden por sus resultados, sino por el respaldo que le dan a la palabra presidencial. Qué mejor ejemplo que la purificación del Partido Verde.

A nivel individual, se cuentan por centenares los priistas, perredistas y panistas que optaron por asimilarse al proyecto gobernante, obteniendo de inmediato su exoneración.

Se trata de un triunfo político innegable por parte de un Presidente que se dispone a jugar ahora la última partida: demostrarles a quienes continúan en la resistencia democrática que puede más la devoción que la realidad.

Porque en eso empeñó López Obrador su enorme liderazgo: en el pañuelo blanco del fin de la corrupción o la santificación de las Fuerzas Armadas a las que empoderó.

O el señuelo de transferencias económicas que disminuyeron estadísticamente la pobreza, mientras se precarizaban los servicios de salud y educación. Y lo mejor: la normalización de la violencia criminal y de sus protagonistas versus la criminalización del reclamo ciudadano, así sea el de una madre buscadora.

Ese es el contraste con el que llegaremos a las urnas a despejar la incógnita de qué tanto persuadió a los mexicanos la trivialización del cobro de derecho de piso.

Más allá de la guerra de spots, la disyuntiva de fondo es si nos acostumbramos o no a un país donde las candidatas presidenciales son resguardadas por convoyes militares que se asemejan a los de la invasión rusa en Ucrania.

De eso va la contienda que viene: seguimos clasificando la información de los bienes públicos como secretos de Estado o nos resignamos al comunicado gubernamental.

Por lo pronto, la indiferencia campea, incluso cuando hay violencia contra candidatos a cargos de representación popular, como lo denunció este jueves la oposición.

En 29 por ciento de las secciones electorales hay un tipo de riesgo para los aspirantes y existen lugares en donde no se puede hacer campaña porque ahí manda la delincuencia.

Ante una presidencia del INE colonizada por el gobierno que se niega a responder a esta realidad, el mapa de riesgos se armó en la coalición PAN-PRI-PRD. Y fue entregado a la consejera Guadalupe Taddei, pero también a la titular del Tribunal Electoral, Mónica Soto, y a los secretarios de Gobernación, Luisa María Alcalde; Seguridad, Rosa Icela Rodríguez; Defensa Nacional, Cresencio Sandoval, y Marina, Rafael Ojeda.

Sobre aviso no hay engaño. Ahí están los focos rojos para que actúen gobernadores, alcaldes y, por supuesto, el Ejecutivo federal a través de sus secretarías. ¿Lo harán al cuarto para las 12?

“El Estado mexicano tiene la obligación de garantizarnos el libre tránsito en las elecciones. Y esto es un llamado al Estado mexicano a que asuma su responsabilidad”, expuso Rubén Moreira (PRI), coordinador territorial de la campaña opositora.

Santiago Creel, coordinador general de la campaña resumió: “La inseguridad que se vive en el país es una de las amenazas más graves de nuestra democracia. Desde el año 2018 se han producido numerosos eventos de violencia político criminal en los procesos electorales que alteran al sistema democrático, ya que impiden que los ciudadanos puedan decidir libremente y a partir de campañas políticas pacíficas y civiles”.

No será la realidad la que desmienta este escalofriante mapa político. Pero la mayoría de los electores sí puede hacerlo, en caso de avalar con sus votos la normalización de ese horror.

Fuente: excelsior.com.mx