Por: Kenia López Rabadán

El día de ayer acudió al Senado mexicano el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU. En dicha reunión, expusieron su preocupación sobre el uso de figuras privativas de la libertad como la prisión preventiva oficiosa, el arraigo y la falta de certeza jurídica de las personas que llevan años sin recibir una sentencia.

Cuando un policía realiza una detención tiene la obligación de seguir ciertos protocolos, en caso de no hacerlo, estamos ante la presencia de una detención arbitraria. Es por ello que la autoridad tiene la obligación de registrar inmediatamente en un banco de datos, el lugar donde se realizó la detención, el motivo que la origina y la autoridad ante la que se pondrá a disposición al detenido.

Las detenciones arbitrarias violentan derechos tales como la libertad, la vida, la seguridad personal, la presunción de inocencia, la libertad de manifestación, de asociación, y el debido proceso, entre otros.

Se han reconocido diferentes tipos de detenciones ilegales, entre las que destacan las detenciones de personas defensoras de derechos humanos en manifestaciones públicas; o cuando se les priva de su libertad de forma prolongada a los migrantes, refugiados o solicitantes de asilo. Lamentablemente actos reiterados de detención arbitraria por el gobierno federal de Morena han sido contra la comunidad migrante, basta ver la tragedia ocurrida el 27 de marzo de este año en un centro de detención migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde perdieron la vida 40 personas en un incendio.

Han pasado más de 20 años desde que vino por última vez el Grupo de Trabajo a México y durante esos años, nuestro país y su legislación han ido cambiando de manera drástica, sin embargo, las detenciones arbitrarias hoy son una práctica común.

Apenas en 2019, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Nacional del Registro de Detenciones, la cual es un instrumento de prevención de la violación de los derechos humanos de la persona detenida y así, se pueda identificar y localizar a quienes han sido detenidos por cualquier autoridad de los tres órdenes de gobierno.

Los servidores públicos que tengan relación con las detenciones, deben regirse por los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo y rendición de cuentas en el tratamiento de los datos personales de las personas detenidas, sin embargo, con Morena en el poder, las detenciones arbitrarias han ido en incremento y se han utilizado como un instrumento de represión.

Urge prevenir el flagelo que representan las detenciones arbitrarias, ya que lamentablemente, en muchos de los casos, vienen acompañadas de tortura, tratos cueles inhumanos y degradantes, desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales.

El pilón.

En Morena de la Ciudad de México ya empezaron a copiar los pasos ilegales de Claudia Sheinbaum. Los actos anticipados de campaña, el desvío de recursos públicos, el acarreo y el uso de programas sociales que ya empezó a hacer Clara Brugada, es ofensivo e ilícito. Con todo y esa corrupción van a perder la capital del país.

Fuente: eluniversal.com.mx