Hace apenas una década, en diciembre de 2014 la LGDNNA (Artículo 45) dispuso que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años.
Ocurrió el último domingo de febrero. Los asistentes bailaban, comían y celebraban la unión matrimonial de Gael y Celia, ambos de 13 años. Por su edad son considerados recién adolescentes según la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA). El arreglo matrimonial tuvo lugar en Huamuchitos, una comunidad ubicada en la periferia de Acapulco.
Las imágenes muestran a los menores confundidos y obligados. Ella porta un vestido rojo y huaraches, mientras que el menor lleva pantalón de mezclilla, una playera de colores y tenis. El grupo musical que ameniza “la fiesta” lanza vivas y porras a “los novios”. Todo trascurre en un ambiente de normalidad.
Hace apenas una década, en diciembre de 2014 la LGDNNA (Artículo 45) dispuso que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años. Por su parte, el Código Civil Federal (Artículo 148) establece el mismo criterio legal desde 2019; a partir de entonces los Códigos civiles locales se homologaron y prohibieron las uniones entre mayores de edad y menores. Las restricciones legales están ahí.
El matrimonio infantil es una violación a los derechos humanos; en la mayoría de los casos se presenta en contextos de pobreza, marginación y vulnerabilidad socioeconómica. Está motivado por la desigualdad de género y una lógica de pertenencia de los hombres.
Esta brutal práctica persiste y es global, lo mismo en países de la región que en Afganistán, Irán o Irak donde el Parlamento de mayoría religiosa chií legalizó a finales de enero el matrimonio de niñas a partir de los nueve años. ¡Una abominación! Human Rights Watch asegura que “a las niñas les corresponde ir a la escuela y estar en el patio de recreo, no llevar vestido de novia”.
El interés superior de la niñez está consagrado en nuestra Constitución; tiene derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud y educación para su desarrollo integral. Las autoridades locales manifestaron que en Huamuchitos ambos adolescentes se casaron por mutuo acuerdo de sus familias mediante “usos y costumbres”.
La mayoría de uniones forzadas se dan fuera del marco legal en varias poblaciones, por lo que el impedimento legal no es suficiente para impedir la vulneración de los derechos de los menores de edad. Imaginar siquiera que alguna niña o menor de edad en nuestras familias se una en matrimonio, me estremece y me llena de profunda indignación. ¡Cuánto más debemos cambiar!.
Fuente: heraldodemexico.com.mx