Una mujer presa es una mujer condenada a vivir sin condiciones adecuadas para menstruar; bajo esta realidad, una iniciativa busca que el Estado garantice este derecho.

En las cárceles hechas por hombres y para hombres, las mujeres viven entre las sombras. Sombras que no sólo ocultan sus historias, sino también su derecho más básico: menstruar con dignidad. “Cada vez que una mujer es privada de su libertad, también es privada de su derecho a menstruar con dignidad”. Así lo repiten, con voz firme Betty, Dulce y Blanca, mujeres que han sobrevivido a un sistema que no las reconoce ni las respeta.

Betty Maldonado llegó al penal de Islas Marías durante el sexenio de Calderón. Allí, entre un calor insoportable de casi 50 grados, compartía techo de lámina con otras 500 mujeres, incluida Sandra Ávila, la Reina del Pacífico.

Sin agua potable, tenía que colar con un calcetín el líquido amarillento que se almacenaba en un tinaco expuesto al sol. Sin productos de higiene, rompía sus camisetas en cachitos y sacaba las esponjas del sostén para improvisar toallas. Todo valía cuando el cuerpo sangra y el Estado se ausenta.

«Me querían quitar mi lápiz labial, pero nunca pudieron. Era lo único que me hacía sentir viva, como si esa sangre roja que ya no veía fluir pudiera, al menos recordarme, que estaba viva”

Al ponerse ese rojo carmín en sus mejillas y en sus labios, no era maquillaje, era resistencia.

«No tenía color ni en mi ropa ni en mi rostro ni en mi cuerpo”. En ese entonces estaba muy demacrada, Betty perdió los dientes y estaba demasiado delgada por la falta de alimento. Su paso por el penal de las Islas Marías podría describirlo con aquellas películas que vio sobre los campos de concentración nazis. “Haz de cuenta que era como en El niño de la pijama de rayas”. Cuando regresó a Santa Martha después de un año, gracias a un abogado que peleó sus amparos, sintió, por primera vez, en mucho tiempo, que la vida aún podía tener otro color. “Fue el mejor día de mi vida”.

Perdió a Claudia, su amiga y compañera, víctima del abandono médico y un cáncer cervicouterino mal atendido. Claudia salió libre en 2018, pero murió en 2019. “Tuvimos que pedir dinero en las calles para liberar su cuerpo del hospital. Fue la gota que me hizo levantar la voz”. Así nació su asociación Mujeres Unidas por la Libertad.

DULCE: EL TIEMPO QUE NO REGRESA

Dulce Obregón fue arraigada 56 días. Su delito: que alguien dijera su nombre, porque ni las víctimas la pudieron reconocer. Así entró al penal de Santiaguito, en 2004. Salió con una sentencia absolutoria en 2024. Comprobó su inocencia.

Pero perdió 20 años. Lo que más le dolió fue no ver crecer a su hijo. Entró cuando era un niño de cinco años. Salió y encontró a un hombre de 25. “Ese tiempo no lo voy a recuperar.

A ella, cuando la tuvieron arraigada durante casi dos meses, lo único que las autoridades le ofrecieron durante su menstruación fue papel higiénico.

Y una vez en prisión, cómo podrían ser funcionales las copas menstruales para Dulce, si el agua con la que tenía contacto era amarillenta, llena de salitre y hasta le salían gusanos.

El agua está contaminada, las copas menstruales no sirven, y la menstruación digna es sólo una fantasía para las internas.

BLANCA: LA BIENVENIDA DE LA MISERIA

Blanca Estela Guevara pasó diez años en el penal de Santa Martha, enclavado en la CDMX. Al llegar le quitaron la ropa y le dijeron: “elige”. Sólo había montones de ropa sucia en una habitación pestilente. Eligió un pantalón que le quedaba el doble de grande y se lo amarró con una aguja.

Fueron sus compañeras, no el Estado, quienes le ofrecieron una toalla sanitaria, un jabón, un bote con agua limpia. “Las mujeres ahí dentro no existen para nadie. Nadie las voltea a ver. Y nadie piensa que también menstrúan”.

DIGNIDAD CON FECHA DE CADUCIDAD

En 2020, durante una inspección sanitaria en plena pandemia, Hilda Téllez Lino —defensora de derechos humanos desde hace tres décadas– y directora ejecutiva del Consejo Empresarial para la Reinserción Social, A.C. Ceres, lo vio con sus propios ojos: abandono social, abandono institucional y una ausencia total de recursos para la higiene menstrual para las mujeres en prisión.

Un paquete de toallas puede costar hasta diez veces más que afuera, se documentó en la recomendación 35/2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH. No existe una partida presupuestal para ello. Las mujeres usan calcetines, telas o prolongan el uso de una sola toalla por más de 48 horas. No es descuido. Es un castigo.

El 8 de marzo se lanzó la campaña #UnPeriodoEnPrisión, impulsada por Mujeres Unidas por la Libertad y apoyada por Lunam, para visibilizar este derecho negado. El objetivo es claro: que el Estado garantice el acceso gratuito y mensual a productos menstruales desechables en todas las cárceles.

En diciembre, gracias al apoyo de Fondo Semillas y una empresa de productos menstruales, lograron distribuir seis mil toallas sanitarias y 11 mil rollos de papel en siete centros penitenciarios del Estado de México. Fue una caravana menstrual, pero no debería ser una excepción.

14,200 MUJERES, UN DERECHO BÁSICO NEGADO

Hoy, hay más de 14 mil mujeres privadas de su libertad. El número ha aumentado más de 33% en sólo cinco años. Y aún no existe una política pública sólida que garantice su salud menstrual. La Recomendación 35/2021 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue el primer documento en 33 años que reconoció la gestión menstrual digna como un derecho humano.

Una mujer necesita, en promedio, 24 toallas por periodo. Multiplícalo por 12 meses. Y luego por 14 mil  mujeres. Hilda Téllez Lino hace la cuenta: se necesitarían más de 4 millones de toallas al año.

«Es evidente que no todas están en edad fértil —admite Hilda—, pero esa cifra nos ofrece una dimensión clara de la necesidad.”

EL SILENCIO NO ES NEUTRAL

Porque la menstruación no se detiene por estar en prisión. Sólo se vuelve más dolorosa, más silenciosa, más inhumana.

No piden lujos. Sólo dignidad. Nadie debería de sangrar con basura.

Fuente: excelsior.com.mx