Por: Blanca Lilia Ibarra Cadena
El pasado 14 de agosto, el Instituto Nacional de Migración, en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Puebla, rescataron a 231 personas migrantes provenientes de Guatemala y El Salvador -entre las que se encontraban 138 bebés, niñas, niños y adolescentes- que eran trasladados hacinados en un contenedor adaptado en la caja de un tráiler, sin alimentos, ni ventilación.
Esta situación no debe pasar desapercibida para la sociedad, ni para las autoridades: es dolorosa y necesita de la coordinación y atención de autoridades. Se estima que en “lo que va del mes, personal del Instituto Nacional de Migración, ha rescatado a más de 1,200 migrantes en distintos puntos de Puebla”.
Y es que, desde hace muchas décadas, México-Estados Unidos se erige como el principal corredor migratorio del mundo, posicionando a nuestra nación como un importante país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.
Por ello, este tema debe considerarse de interés público, más si tenemos en cuenta que, en territorio mexicano, los migrantes son sujetos de discriminación estructural y graves violaciones a sus derechos humanos; toda vez que sufren detenciones arbitrarias y violencia por parte de grupos criminales, e incluso carecen de acceso a servicios básicos.
Debemos reconocer y recordar que, las personas migrantes y las que buscan refugio en nuestro país, gozan de todos los derechos que reconoce nuestra Constitución y los instrumentos internacionales que ha suscrito el Estado mexicano, ello sin importar su nacionalidad ni situación migratoria, y con especial cuidado a los grupos vulnerables: niñas, niños, adolescentes y personas en situación de discapacidad.
Se tiene que decir claramente: a las personas migrantes y refugiadas se les debe garantizar sus derechos humanos y sus libertades; la seguridad, la dignidad y la no discriminación.
Además, si consideramos otros derechos humanos, tal como el derecho a la información y a la protección de sus datos personales, es preciso advertir que, las personas migrantes y refugiadas están sujetas a situaciones que los hacen más vulnerables, pues su fragilidad, a partir de su situación jurídica, económica y social, origen étnico, religión y hasta el lenguaje, acentúa su propensión a ser sujetos de abusos, violencias, pobreza y exclusión social.
En ese sentido, los derechos tutelados por el INAI también deben garantizar que las personas migrantes y las refugiadas cuenten con herramientas que aseguren su integridad y el ejercicio de otros derechos y libertades.
Por ejemplo, en el ámbito de la protección de sus datos personales, este derecho se encuentra altamente vinculado con el respeto a la dignidad, privacidad y seguridad de las personas migrantes y refugiadas.
Aunado a ello, su información personal puede considerarse como dato sensible, por lo cual, se requiere de un mayor nivel de protección, y la observancia de obligaciones por parte de los responsables de los datos y los medios de comunicación.
En el INAI, lamentamos profundamente la situación de las personas migrantes que fueron rescatadas en Puebla y la de todas las personas valientes que arriesgan su vida en su intento por una mejor oportunidad en otro país.
Como institución pública, podemos asesorar a todas las personas, tanto nacionales como extranjeras, en la garantía de los derechos humanos que tutelamos, así como a brindar asesorías especializadas y hacer sinergia con los responsables del tratamiento de los datos personales de personas migrantes en albergues.
Fuente: elpopular.mx
