NI UN PASO ATRÁS EN LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN VERACRUZ Y EN MÉXICO

La Colectiva Nacional 50+1, como activistas que trabajamos diariamente para que en nuestro país los derechos humanos sean efectivos, principalmente que éstos se garanticen a las mujeres históricamente discriminadas y violentadas, y que al ejercer cargos públicos se nos garantice y respete espacios libres de violencia, vemos con preocupación y rechazo los ataques directos en contra de la Jueza Angélica Sánchez Hernández que se desempeña en el Estado de Veracruz, como corolario de la violencia de género proveniente del Estado desde que una Mujer preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Reprobamos la detención arbitraria de dicha jueza de esa entidad, violando las reglas del debido proceso establecido en nuestra Carta Magna. No respetar la investidura de una jueza con ese atropello a su dignidad y a la ley misma, es imponer un gobierno fuera de la ley, que soslaya que toda persona juzgadora goza de autonomía jurisdiccional para resolver conforme se lo impone las leyes, las cuales son el límite de su actuación y no los intereses personales o políticos de los gobernantes.La detención y tortura denunciada por la jueza constituye en extremo violencia política por razones de género, ante la visión estatal que permea sobre las mujeres […]

La Colectiva Nacional 50+1, como activistas que trabajamos diariamente para que en nuestro país los derechos humanos sean efectivos, principalmente que éstos se garanticen a las mujeres históricamente discriminadas y violentadas, y que al ejercer cargos públicos se nos garantice y respete espacios libres de violencia, vemos con preocupación y rechazo los ataques directos en contra de la Jueza Angélica Sánchez Hernández que se desempeña en el Estado de Veracruz, como corolario de la violencia de género proveniente del Estado desde que una Mujer preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Reprobamos la detención arbitraria de dicha jueza de esa entidad, violando las reglas del debido proceso establecido en nuestra Carta Magna. No respetar la investidura de una jueza con ese atropello a su dignidad y a la ley misma, es imponer un gobierno fuera de la ley, que soslaya que toda persona juzgadora goza de autonomía jurisdiccional para resolver conforme se lo impone las leyes, las cuales son el límite de su actuación y no los intereses personales o políticos de los gobernantes.
La detención y tortura denunciada por la jueza constituye en extremo violencia política por razones de género, ante la visión estatal que permea sobre las mujeres como personas vulnerables, cosificadas y débiles. Nada más contradictorio en nuestro país firmante de dos Convenciones Internacionales que consagran los derechos humanos de las mujeres de no discriminación y de reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales. Por ello rechazamos la intromisión arbitraria e ilegal del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, dado que la división de Poderes es requisito indispensable de la democracia. Reprobamos que se violenten los derechos humanos de las mujeres, siendo que está obligado a ser garante de que tales derechos sean efectivos para que todas las mujeres nos desarrollemos en espacios libres de violencia. EXIGIMOS PLENO ESTADO DE DERECHO Y CERO TOLERANCIA A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
“MÉXICO ESTÁ EN DEUDA CON LA JUSTICIA”

PRONUNCIAMIENTO-VERACRUZ

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