La infancia en muchas regiones del país no florece: sobrevive. Y sobrevive en trincheras que jamás eligió.
En México, miles de niñas, niños y adolescentes han sido arrancados de su derecho a soñar y a ejercer sus derechos. En lugar de mochilas llevan radios para espiar, y donde debería haber cuadernos, hay armas. La infancia en muchas regiones del país no florece: sobrevive. Y sobrevive en trincheras que jamás eligió.
El crimen organizado ha convertido a los menores en piezas clave de su maquinaria, aprovechando su vulnerabilidad, la impunidad legal y el olvido de un Estado que hace mucho está rebasado por la realidad. Según estimaciones de Unicef y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), entre 30 mil y 460 mil menores han sido reclutados por grupos criminales. Un número que, lejos de ser una exageración, es solo la punta del iceberg de una tragedia silenciada.
Para las organizaciones delictivas, niñas, niños y adolescentes son “un blanco fácil por su necesidad de pertenencia, su carencia afectiva y su contexto de sobrevivencia”, explica Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia. El reclutamiento infantil toma formas múltiples: los convierten en halcones, mensajeros, extorsionadores, sicarios. A los 10 años, ya saben esconder un arma. A los 13, pueden haber cometido su primer asesinato. Y lo peor: muchos lo ven como su única forma de vivir… o de no morir.
Un entorno adverso, necesidades básicas que cubrir y penas máximas de cinco años por delinquir, convierten a los y las menores de edad, en carne de cañón. Reclutados, capacitados y utilizados por grupos criminales, son a un mismo tiempo víctimas y victimarios.
l patrón es aterrador, como lo advierte Marina Flores Camargo, directora de investigación de Reinserta, organización que lleva años trabajando con jóvenes en centros de internamiento: pobreza extrema, abandono familiar, violencia cotidiana y una normalización de la delincuencia. “No es una elección libre; es el resultado de un entorno que los empuja”, afirma.
Pese a la gravedad, México no reconoce el reclutamiento infantil como delito federal. Esta omisión legal impide contar con estadísticas reales, abrir investigaciones o sancionar a los reclutadores. “La ausencia de un marco legal genera la falsa idea de que este fenómeno es parte de la cultura”, denuncia Fernando Carrera, representante de Unicef en México. “Pero no lo es. Es un crimen”.
Las recomendaciones de Naciones Unidas al Estado mexicano fueron emitidas en 2011 y ratificadas en 2015 y 2025, e incluyen además del reconocimiento y tipificación en el Código Penal del reclutamiento forzado, crear programas integrales de desvinculación, rescate, inserción social y tratamiento psicológico para las y los afectados, además de la construcción de una Cultura de Paz desde los territorios con énfasis particular en las escuelas.
A la fecha, México ha ratificado tratados internacionales, como el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, pero lleva más de una década desoyendo las recomendaciones de la ONU para legislar y actuar. En nuestro país, solo el estado de Hidalgo reformó su código penal en 2023, a fin de penalizar el reclutamiento de menores para actividades delictivas.
En un sistema que castiga más de lo que protege, es necesaria una ley federal para acabar con la impunidad, pero sobre todo políticas públicas que vayan a las raíces del problema, para garantizar que niñas, niños y adolescentes, accedan a sus derechos fundamentales, como salud, alimentación, educación y entornos libres de violencia.
No podemos resignarnos a que la violencia sea paisaje; la impunidad, rutina, y el Estado, un fantasma. Cada infancia perdida es una promesa rota. Y cada menor de edad reclutado, una derrota colectiva.
Fuente: heraldodemexico.com.mx