por Maura Arredondo | Oct 16, 2024 | De las plumas 50+1
De las 3,900 agencias del Ministerio Público que se encuentran en los estados del país, las que se especializan en delitos contra las mujeres, violencia familiar y en feminicidios representan tan solo el 16%. Veracruz, Jalisco y Puebla encabezan la lista nacional con más agencias de ese tipo, mientras que en cinco entidades ni siquiera existe una agencia especializada en feminicidios.
Estos datos se desprenden del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2024 levantado por el Inegi que ofrece información estadística sobre la gestión y desempeño tanto de las Fiscalías locales como la General de la República. Entre los delitos con mayores registros en las averiguaciones previas iniciadas en los estados, el de violencia familiar ocupa el segundo lugar después del robo y el de abuso sexual se encuentra entre los primeros diez.
Las Fiscalías estatales reportan que esos mismos delitos se ejecutaron con violencia en mayor proporción. Según el Censo, al cierre de 2023 se tuvo registro de 1,581 feminicidios de los que el 29% se concentraron en Nuevo León, seguido de la Ciudad de México y el Estado de México.
Otro instrumento demoscópico realizado por el Inegi, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (Envipe) reveló que en 2023 se cometieron 31.3 millones de delitos en el país, de los cuales el 92.9% de ellos quedó impune porque las autoridades decidieron no abrir una carpeta de investigación o al no ser denunciados por la víctima.
La Presidenta del organismo, Graciela Márquez, afirmó que la ausencia de denuncia en el país se debe a diversas razones que van desde la falta de confianza en las instituciones de Justicia como al miedo a la revictimización, esto último supone una auténtica pesadilla para miles de mujeres cuando intentan presentar una denuncia por cualquier delito pues desde que ingresan a una agencia ministerial continúan su calvario, luego de ser víctimas en la calle, en la oficina o en el propio hogar.
Dos días después de asumir el cargo, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció un paquete de iniciativas de reforma constitucional dirigidas a garantizar la igualdad sustantiva, la perspectiva de género y el derecho a una vida libre de violencia. Para disminuir los feminicidios propone el Programa SOS Mujeres, que incluye un número de atención nacional vinculado con el 911, la exigencia de abogadas mujeres en Ministerios Públicos y la obligatoriedad de que cada muerte de una mujer sea investigada como feminicidio.
Todos los delitos cometidos contra las mujeres están acompañados de extrema sevicia, además de llevar una fuerte carga machista o misógina. En entregas anteriores he analizado las implicaciones de la agresión sexual, la violencia familiar o trata de personas y las terribles consecuencias emocionales, sociales y personales que acarrea para las mujeres y sus familias ser víctimas de ellos en un país donde lograr castigo a los responsables es una auténtica odisea.
Muchos son los retos que tiene el país en la materia, entre ellos trabajar desde la percepción e impartición de justicia con perspectiva de género, porque ofrece soluciones equitativas ante situaciones desiguales, especialmente contra los delitos patriarcales que tenemos que combatir.
Fuente: elsoldemexico.com.mx
por Maura Arredondo | Oct 16, 2024 | De las plumas 50+1
Estamos a unos días de que se cumplan 71 años de que a las mujeres se les reconociera el derecho constitucional de votar y ser votadas en elecciones federales. Para ello, a lo largo de la historia se han registrado importantes capítulos protagonizados por mujeres de nuestra nación por alcanzar una igualdad de derechos respecto a los hombres.
Mujeres que lucharon por nuestra independencia como Josefa Ortiz, Leona Vicario o Mariana Rodríguez, también en la Revolución Mexicana. Algunos datos importantes parten de 1916 con el Congreso Feminista realizado en la ciudad de Mérida, Yucatán, en vísperas de la instalación del Constituyente de 1917, en el que, por ejemplo, entre otras exigencias estaba justamente el que se les permitiera a las mujeres conformar las instituciones públicas. En 1922 en dicho estado se reconoce el derecho de las mujeres en participar en elecciones municipales lo que resultó en la elección de la primera mujer como regidora en Mérida.
En 1934 se presenta una iniciativa de reforma constitucional que pretendía otorgarle a la mujer el derecho a votar y ser votada pero no culminó el proceso legislativo correspondiente por lo que no se concretó esta reforma.
Fue hasta el 17 de octubre de 1953 cuando se publicara en el Diario Oficial de la Federación el Decreto el derecho de las mujeres para que pudieran votar y ser votadas en puestos de elección popular.
A partir de esta disposición legal y ante la presión organizada de diversas mujeres, se fueron abriendo algunos espacios de manera gradual para su participación política, entre las que destacan la igualdad ante la ley en 1974; la de 1996 en que en la legislación electoral se recomendó a los partidos políticos que las candidaturas a diputaciones no excedieran en un 70% de un mismo género; para 2008 la fórmula fue de 60%-40%.
En el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) se transversaliza la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todas sus áreas y, a pesar de que México pertenece a diversos organismos internacionales que impulsa la paridad de género desde hace décadas, es hasta 2014 que es incorporado el principio de paridad de género en la Constitución, lo que permitió en 2108 que casi se alcanzara la paridad en la Cámara de Senadores y en 2021 se materializara en la Cámara de Diputaciones.
Otras importantes reformas se han encaminado para el fortalecimiento de las mujeres, como la de 2019 en que da a luz la “Paridad en Todo” que obliga el cumplimiento de la paridad ahora en la integración de los tres poderes de gobierno, en los órganos autónomos y en los sistemas normativos.
Ahora bien, un factor que ha inhibido la participación política de las mujeres es, sin duda, la violencia política, por ello, una importante reforma aprobada en 2020, después de varios años de lucha y que modificó 8 distintas leyes estableció un esquema para la prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género que, en la elección de 2021 con el formato denominado #3De3ContraLaViolencia, le permitiera al INE hacer una verificación muestral para ver que las candidaturas no tuvieran sentencia por violencia familiar, delitos sexuales o bien fueran personas morosas en el pago de pensiones alimentarias.
En 2021, propuse como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación una propuesta de Acuerdo para que las 15 candidaturas para la renovación de las gubernaturas de ese año cumplieran con el principio de la paridad y que, si bien fue aprobado por el Consejo General del INE, su máximo órgano de decisión, fue impugnado ante el órgano jurisdiccional electoral correspondiente y que, entre otras consideraciones, dejó en firme que los partidos cumplieran con la paridad debiendo postular al menos 7 mujeres en dicha competencia electoral. Desde entonces, la obligatoriedad de la paridad en las gubernaturas y en la jefatura de gobierno de la CDMX es una realidad.
En mayo de 2023 se publicó un Decreto que modificaron dos artículos de la Constitución y en la que se establecieron las condiciones por las que una persona no podría ser registrada como candidata o candidato a un cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público. A esta disposición se le conoce como la #8De8ContraLaViolencia en el que se determinan las 8 causales que suspenden el derecho a ser registrado como candidato o candidata.
Para la elección de este año el INE ha concretado diversas normativas que han permitido el fortalecimiento de la participación política de las mujeres que abrió el camino para que, por primera vez en nuestra historia, dos de tres candidaturas presidenciales fueran ocupadas por mujeres compitiendo por la presidencia de la República, por lo que después de 200 años resultó electa la primera mujer presidenta de México: Claudia Sheinbaum Pardo.
Mucho hay aún por hacer para lograr en todos los cargos de elección popular que exista una paridad plena, sobre todo a nivel municipal y, para 2030 el INE tendrá que dictar los criterios para que los partidos políticos cumplan con la paridad en las candidaturas a la presidencia de la República.
A 71 años del reconocimiento del voto de las mujeres en México larga ha sido la lucha que hemos librado desde diferentes frentes y, por ello, estoy segura de que, el camino hacia una igualdad sustantiva será irreversible.
Fuente: eluniversal.com.mx
por Maura Arredondo | Oct 16, 2024 | De las plumas 50+1
350 Magistrados y Magistradas, y 361 jueces y juezas serán destituidos; sus vidas y sus carreras judiciales terminaron en una tómbola, hoy son los primeros; y van por todos y todas, por todo el Poder Judicial.
Los corren porque así lo ordenó López Obrador y lo está concretando la Presidenta Claudia Sheinbaum. Pero no podemos olvidar que tres Senadores y una Senadora que llegaron por votos de la oposición, ayudaron a que Morena tuviera la mayoría calificada para concretar esa reforma constitucional que está llevando al país a un nuevo régimen muy distinto al que se definió desde la independencia y la revolución.
En la historia quedará inscrito el nivel del atraco a la República con la intervención del chistocito presidente de la Mesa Directiva que bromeaba ante las impericias de quienes manejaron la tómbola, ya que nunca habían hecho algo así en ningún país del mundo, dijo, y remata; “de aquí a la lotería nacional”.
Con esta frivolidad se está sepultando la independencia del Poder Judicial de la Federación, como si estuvieran jugando a las damas chinas.
Estamos presenciando impávidos una crisis institucional cuyas consecuencias pondrán al país en un retroceso sin parangón, y quienes desde el Consejo General del INE y desde la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación también tendrán que dar cuentas en la historia porque sabían las consecuencias que la sobre representación de esa coalición lograría. A los ojos del país y del mundo se concreta el machetazo a la Constitución Política fraguado por López Obrador.
Quienes pensaban que la Doctora iba a echar abajo el caprichito de Andrés se equivocaron rotundamente. Quienes tenían la ilusión de que iba a prevalecer su formación como científica, desilusiónense. Quienes tenían la esperanza de que ella sería mujer autónoma y estadista, erraron en su diagnóstico. Ella y su mentor forman parte de un mismo proyecto político alineado al populismo.
La frase que se ha convertido en la contradicción más estruendosa es la que pronunció de, “si llego yo, llegamos todas”. Hoy constatan las juezas, magistradas y ministras, que no es verdad que llegamos todas. Y las Senadoras de Morena, PT y PVEM calladas sepultan las carreras del 30% de las juzgadoras que forman parte del Poder Judicial.
Recordemos los preceptos del Código de Ética del Poder Judicial de la Federación respecto al concepto de independencia, que la define como un incuestionable requisito que debe caracterizar la actitud del juzgador o juzgadora, frente a influencias extrañas al Derecho; esta independencia consiste en juzgar sin presiones o intereses extraños al encargo. Esta ética asegura que juzgadores y juzgadoras actúen con imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia que se adquieren con la sabiduría del estudio, la experiencia que se perfecciona en el ejercicio de la carrera judicial. Por desgracia nada de esto se asegurará en el patético espectáculo del Senado que comenzó el 12 de octubre pasado.
No solo se viola la CPEUM de 1917, también la primera Constitución que nos dio origen como Nación, la de 1824. Desde entonces se establece que el Poder Supremo de la República se divide para su ejercicio en el legislativo, ejecutivo y judicial. La justicia es libertad, y ésta desaparece cuando se pierde el equilibrio entre los Poderes: hoy vimos al legislativo sometiendo al poder judicial, por órdenes de la Presidenta.
Fuente: elsoldemexico.com.mx
por Maura Arredondo | Oct 16, 2024 | De las plumas 50+1
La tómbola judicial es un ejercicio inconstitucional inducido por la reforma judicial que no garantiza la integración paritaria de los cargos de más alta decisión en el Poder Judicial porque no observa el principio constitucional de paridad de género para alcanzar la paridad judicial del 50/50, y que en consecuencia restringe el acceso de las mujeres a un proceso de selección de candidaturas en igualdad de condiciones ya que elimina los concursos de oposición de la carrera judicial en paridad y agrede los derechos políticos electorales de las mujeres ya que en un juego de azar se sortean las candidaturas sin representación paritaria, en el que se realizará una elección del voto popular, sin que se tenga certeza que en las boletas vayan el 50% de mujeres a estos cargos, para cerrar la brecha del 33.3% de mujeres que actualmente representan el Poder Judicial.
El Congreso de la Unión aprobó las leyes secundarias de la reforma judicial en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial, que reforman la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el que señala que se garantizará “el derecho de la ciudadanía a participar en igualdad de condiciones en los procesos de evaluación y selección de candidaturas para los cargos en el Poder Judicial”, aunque en la práctica este proceso no será accesible, inclusivo, transparente, igualitario y mucho menos paritario, por la imperfección de la implementación de la tómbola ya que vulnera de entrada el principio constitucional de paridad de género.
El proceso para la “tómbola judicial” consiste en el sorteo público al azar de las candidaturas de las y los impartidores de justicia en el Poder Judicial o cargos de magistraturas de circuito y juzgados de distrito que se elegirán por voto popular, en donde la reforma avala y establece que se realicen insaculaciones públicas en dos etapas distintas del proceso para la elección de personas juzgadoras: una en la elección de junio de 2025 y la otra en la elección federal de junio de 2027, en el que hay una lista para la primera etapa de 850 plazas, es decir, 464 magistraturas y 386 juzgados federales que se votarán en 2025, sin que se precise si la mitad de estas plazas son para mujeres, para validar la reforma constitucional de paridad de género y respetar la paridad judicial.
La paridad de género en el Poder Judicial es un tema pendiente en la agenda de las mujeres, aunque ya hay avances de la aplicación de la reforma constitucional de paridad de género de 2019 en el ámbito judicial, ya que se han realizado concursos de oposición de plazas exclusivas para mujeres para que ocupen cargos dentro del sistema judicial como: Concurso exclusivo para mujeres para acceder a la categoría de Juezas de Distrito, Magistradas de Circuito, Juezas Laborales y Magistradas Electorales en los estados, así como en marcha diversas acciones afirmativas para promover políticas para transversalizar la perspectiva de género y la igualdad sustantiva dentro del poder judicial, en que hay que reconocer que la Reforma Judicial de Zaldívar impulso que “la carrera judicial” si observara la paridad de género.
En ese sentido, se han establecido como políticas de igualdad dentro del Poder Judicial, la meta institucional a largo plazo de contar con 432 magistradas y 432 magistrados, así como 291 juezas y 291 jueces para lograr la paridad judicial. Hasta la fecha, cabe precisar que dentro de estas acciones afirmativas, se han nombrado a 194 mujeres como juezas y a 359 como magistradas en el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que faltarían 73 nombramientos de magistradas y 97 juezas para llegar a la meta de la paridad judicial, en donde hay que señalar que la “tómbola judicial” no está incorporando estas medidas para los nombramientos de ministras, consejeras, magistradas y juezas derivadas de la recién aprobada reforma judicial.
En el Senado de la República se realizó la “tómbola judicial”, un ejercicio inédito y desmedido, donde Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, montó un circo: “Todos estamos aprendiendo aquí; de aquí directo a la Lotería Nacional”. En este proceso se cambió el acuerdo aprobado el 10 de octubre para la realización de la tómbola, se dividió el número de juzgadores a seleccionar al azar a la mitad de los jueces (as) y magistrados (as) que irían a la elección de junio de 2025 y a la otra mitad a la elección de junio de 2027, en el que no se observó el principio de paridad de género. Por lo que se considera un ejercicio insalubre y regresivo, que no garantiza la paridad judicial y la protección de los avances en los nombramientos de ministras, magistradas y juezas.
Para lograr la paridad judicial es necesario eliminar la violencia legislativa que se está ejerciendo en contra de las mujeres en la “tómbola judicial”. Con este hecho se están vulnerando los avances de la agenda de género, en específico en los derechos político- electorales de las mujeres, ya que la justicia de género es un estandarte para obtener la igualdad de oportunidades en todo y para abrir la participación activa de las mujeres en la vida jurídica. Así mismo, se está transgrediendo con la “tómbola judicial” el principio de paridad de género, reconocido en la Reforma Constitucional Paritaria del 2019, que legitima en el artículo 94 Constitucional “la paridad judicial”, la cual señala: “La ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género”. Así como, el artículo 35 fracción II Constitucional, sobre los derechos de la ciudadanía, y que empodera el voto en igualdad “poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular”.
Para seguir avanzando en la construcción de la agenda de las mujeres, y seguir conquistando espacios de poder es vital empoderar la paridad judicial. Los avances son significativos, tenemos paridad legislativa representados como “Congresos Paritarios”, la primera mujer presidenta de la República con Claudia Sheinbaum, 13 mujeres gobernadoras en México, y la conformación en algunos estados de gabinetes paritarios estatales y municipales, por lo que es imperante no soltar el tema de la representación paritaria de las mujeres en el Poder Judicial, impulsado el modelo de una justicia feminista, para empoderar la igualdad sustantiva y la impartición de una justicia con perspectiva de género.
Feminizar la justicia es urgente e inminente, ante la recién reforma judicial, y la “tómbola judicial”, ante un sistema nuevo para la elección de personas impartidoras de justicia, en el que se tiene que concientizar que este proceso de insaculación tiene que garantizar el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso a cargos públicos, observando el principio de paridad de género, para que haya más mujeres en los órganos jurisdiccionales atendiendo la legalidad de la igualdad jurídica.
La agenda feminista tiene que ser progresista. El empoderamiento de las mujeres en la esfera judicial garantiza el reconocimiento de los derechos de las mujeres para la toma de decisiones para impartir justicia con perspectiva de género y cerrar la brecha en el poder judicial. La tómbola judicial es inconstitucional, transgrede el principio de paridad, ya que las mujeres juzgadoras, dependen de un juego de azar aleatorio, que solo es una farsa para simular la igualdad y la democracia en la elección de personas impartidoras de justicia por elección popular. La paridad judicial tiene que respetarse y garantizarse en la reforma judicial y no estar sujeta al juego de una tómbola, por lo que este mecanismo es obsoleto y se tiene que reconocer la carrera judicial y los concursos de oposición en paridad.
Fuente: e-consulta.com
por Maura Arredondo | Oct 14, 2024 | De las plumas 50+1
Cuando se habla de grandes figuras en la historia de nuestro país, Ifigenia Martínez a menudo queda en un segundo plano. Pero, ¿quién fue esta mujer que hizo tanto y que a muchos todavía les suena desconocida?
Nacida en el estado de Veracruz, Ifigenia no tuvo una vida fácil desde el principio. Desde joven, mostró un gran interés por los estudios. Se graduó en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la que después sería primera directora. Ahí comenzó a forjar su camino en un mundo predominantemente masculino. Fue la primera mujer mexicana en estudiar una maestría en economía en Harvard. Imaginen el valor que se necesitaba en los años 50 para que una mujer se abriera camino en un ámbito que si hoy sigue complicado para las mujeres, hace 70 años era casi prohibido.
Pero su talento no se limitó solo a los libros. Ifigenia fue parte del equipo que elaboró el Plan Nacional de Desarrollo de 1970. Este plan no solo tenía como objetivo el crecimiento económico, sino también la inclusión social. Ifigenia estaba allí, empujando por una visión más justa y equitativa, algo que sigue siendo necesario hoy en día.
Conocida como “la maestra”, su impacto no solo se limitó a la política sino también al ámbito académico, donde defendió el uso de la economía como herramienta para la justicia social. De hecho, recibió en 2021 la medalla Belisario Domínguez por su contribución a la democracia y la justicia social.
Además de su trabajo en el gobierno, Ifigenia fue una defensora incansable de los derechos de las mujeres. En una anécdota memorable, en un foro internacional, se levantó y confrontó a varios hombres que desestimaban las capacidades de las mujeres en la economía. Con su característico humor y valentía, les hizo ver que ellas no estaban solo en la mesa; había un mundo entero esperando ser escuchado.
En los años 80, se convirtió en la primera mujer en ser directora de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. ¡Eso es romper techos de cristal! Durante su gestión, luchó por mejorar las condiciones laborales de millones de trabajadores, subrayando la importancia de que las mujeres ocuparan más espacios en la economía.
A pesar de sus éxitos, Ifigenia nunca buscó ser una figura pública. Esa humildad es parte de lo que la hizo tan especial. En una entrevista, recordó que su mayor satisfacción no era el reconocimiento, sino ver cómo sus ideas ayudaban a otros. Hacer, más que hablar. Así fue su vida.
Ifigenia es un símbolo de lo que se puede lograr cuando una mujer se niega a ser ignorada y se enfrenta a la adversidad. Durante sus años como legisladora y diplomática, promovió un discurso de igualdad y justicia, dejando un legado que aún inspira a nuevas generaciones.
Presidenta de la Cámara de Diputados, quien 4 días antes impuso la banda a la primera mujer presidenta, murió este sábado 5 de octubre a los 99 años. En el discurso que por razones de salud no pudo pronunciar, deja un reto a quienes mueven los hilos de poder, se sitúen en el espectro ideológico que sea:
“Hoy, más que nunca, necesitamos tender puentes entre todas las fuerzas políticas, dialogar sobre nuestras divergencias y construir, juntas y juntos, un país más justo y solidario”. Ojalá que las loas post mortem no queden en meras palabras sino que el homenaje sea en los hechos, como ella hizo siempre.
La historia de Ifigenia Martínez es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia, y que, aunque la lucha por la igualdad continúe, no debemos olvidar nunca a quienes pavimentaron el camino.
Fuente: elsoldetlaxcala.com.mx
