La presente elección se distingue porque, como nunca, gracias a los diversos acuerdos tomados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y a sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los derechos de las y los ciudadanos se han maximizado con el único fin de que ejerzan su derecho al sufragio.
Es por ello que, hoy las y los mexicanos residentes en el extranjero pueden votar desde cualquier país del mundo por múltiples cargos de elección popular de acuerdo con lo establecido en la legislación electoral federal y, en su caso, la elección local; es la elección en la que, a nivel federal, contamos con la mayor participación de personas candidatas de población indígena, afromexicana, con discapacidad, de la diversidad sexual, así como migrantes residentes en el extranjero para la integración de la Cámara de diputaciones y, por primera vez, para la Cámara de senadurías.
Asimismo, y con la finalidad de garantizar el derecho a votar de las personas electoras que, por alguna limitación física o discapacidad, esté imposibilitada para acudir a su casilla electoral el día de la elección, el INE ha implementado el voto anticipado el cual, para este importante segmento de la población se realiza bajo la modalidad tipo postal anticipado en el domicilio de las y los ciudadanos correspondientes.
Para ello, y de acuerdo con lo establecido en la normatividad electoral, estas personas debieron solicitar su credencialización para votar en su domicilio señalando el motivo y demostrando su incapacidad para que, durante el mes de febrero de este año, dicha ciudadanía fuera visitada por personal del INE para llevar a buen puerto este trámite.
Con base en el Tercer Informe de Avance en la organización del voto anticipado, los estados con mayores solicitudes para participar en esta modalidad fueron: Ciudad de México, Jalisco y Veracruz.
Las 4 mil dos ciudadanas y ciudadanos en esta condición podrán votar desde sus domicilios por la Presidencia de la República, senadurías y diputaciones; en el ámbito local para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, gobernador o gobernadora, según sea el caso, candidaturas a las alcaldías, ayuntamientos y diputaciones locales.
En el mismo sentido, y en razón de sentencias emitidas por la Sala Superior del TEPJF, el INE, con base en los resultados obtenidos en una prueba piloto realizada en 2021, se implementará, por primera vez para esta elección el voto en prisión preventiva que corresponden a 216 Centros Penitenciarios en donde podrán emitir su voto 30 mil 391 personas.
Esta ciudadanía ejercerá su derecho al voto para elegir a la persona titular de la Presidencia de la República, y en las entidades de la Ciudad de México, Chiapas e Hidalgo para la Jefatura de Gobierno y las gubernaturas.
Bajo este contexto, del pasado 6 de mayo y hasta el 20 del mismo mes, el INE recibirá el voto anticipado tanto de las personas que por alguna limitación física o incapacidad no puedan sufragar en su casilla, así como de las personas que se encuentran en prisión preventiva.
Como podemos observar, está en marcha el voto anticipado con lo que se potencia el derecho al voto de todas y todos los ciudadanos, fortaleciendo los derechos humanos de las personas y, con ello, consolidando nuestro sistema democrático para que sea la ciudadanía quien defina en las urnas el rumbo de esta nación por los próximos años.
Las mujeres en México enfrentan retos diarios para combinar la maternidad con el empleo, el 70% sufre estrés crónico por la sobrecarga a la que se enfrenta, por ello se requiere una serie de reformas laborales para revertir esta situación.
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En este episodio especial de Madre Patria, la mismísima Consejera Electoral Claudia Zavala nos explica qué hace alguien como ella en el INE, nos guía a través de la rica historia del Instituto, y profundiza en temas cruciales como el voto en el extranjero y en prisión, que han sido foco de intensos debates en las redes sociales. Descubre también cómo funcionan las candidaturas por acciones afirmativas y los procedimientos para acceder a estos espacios o impugnar la validez de las candidaturas, especialmente en casos donde se cuestiona la autenticidad de la pertenencia a grupos indígenas. No te pierdas esta oportunidad única de entender mejor los procesos electorales y los derechos políticos desde una perspectiva experta y actualizada. Mantente informada para que nadie te diga y nadie te cuente.
Las democracias del mundo enfrentan un enemigo común y persistente: la desinformación. En esta época en que la información fluye con gran velocidad y tiene un alcance sin precedentes, el avance acelerado de las tecnologías trajo consigo una serie de retos que han puesto en entredicho la manera en la que las sociedades se organizan políticamente y garantizan los derechos de quienes las integran.
Casos como el de Cambridge Analytica, la empresa británica dedicada al análisis de datos que influyó en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016 mediante la recolección de datos personales de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento, para elaborar perfiles psicográficos que le permitieron dirigir anuncios políticos personalizados, dejaron de manifiesto que la desinformación y las noticias falsas dirigidas pueden desvirtuar la vida democrática de un país.
En México este fenómeno plantea un reto significativo para la estabilidad política y social. Como lo refiere la organización Artículo 19, la desinformación en la esfera digital mexicana está cargada de un alto nivel de violencia, ya que muchos de quienes participan en la vida democrática del país, a menudo son víctimas o victimarias de descalificaciones personales, ataques por la forma en la que piensan y amenazas que pueden llegar a la agresión física.
En este contexto, si bien las autoridades electorales realizan esfuerzos por combatir las fake news a través de campañas de información o alianzas con plataformas digitales, la falta de regulación, el dinamismo con el que se distribuyen y el anonimato hacen que se establezca una dualidad peligrosa. Por un lado, acerca a las personas al conocimiento, democratiza la información y amplía el espectro de participación de las personas; por otro, reduce la certidumbre sobre lo que se conoce.
La desinformación también polariza a la sociedad. En un entorno político ya de por sí radicalizado, los discursos de odio y la división se convierten en herramientas políticas que buscan la confusión y el conflicto para que sus promotores se vean beneficiados. Si bien este es un elemento natural dentro de las democracias liberales, cuando llega a niveles extremos puede desvanecer los espacios comunes mínimos requeridos para mantener una conversación pública civilizada y democrática, erosionando un sistema que permita dirimir los conflictos y diferencias por vías distintas a la violencia.
Entonces, ¿qué hacer para combatir la desinformación que amenaza la democracia? Existen propuestas regulatorias como las discutidas por José Javier Olivas en el caso “Catalangate”, que aboga por un enfoque que persiga la desinformación después de su aparición y que promueva la educación mediática y el fortalecimiento de una cultura de verificación entre la ciudadanía. Otra iniciativa es el aumento de programas de alfabetización mediática e informacional en escuelas, para cultivar, desde la niñez, generaciones de ciudadanos bien informados y con conciencia crítica.
Por otro lado, la colaboración transnacional en la lucha contra la desinformación es crucial. Como señala Loreto Corredoira en el libro Democracia y desinformación, actores como la Unión Europea han avanzado significativamente en la creación de un marco regulatorio que podría servir de modelo para combatir la desinformación. La adopción de directrices internacionales y la cooperación con organismos internacionales pueden proporcionar herramientas adicionales para abordar este desafío global.
Por ello, implementar estrategias robustas, que incluyan la educación mediática, la regulación de contenido en plataformas digitales y la colaboración entre todos los actores para garantizar el acceso a información veraz y oportuna es fundamental para combatir la desinformación. Esta lucha es vital para preservar la integridad de los procesos democráticos y asegurar una participación ciudadana informada y efectiva.
Ante la jornada electoral más grande de la historia de México en la cual se elegirán más de 20 mil cargos públicos, la participación y voto de la ciudadanía es crucial para la consolidación de la democracia.
El derecho de la ciudadanía a votar está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), específicamente en el artículo 35, fracción I, sin embargo, el artículo 38 señala los casos en los que los derechos o prerrogativas de las y los ciudadanos son suspendidas.
El derecho al voto se suspende cuando la persona se encuentra sujeta a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión; también si se encuentra prófugo de la justicia a partir de la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal; por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión, entre otros supuestos.
De acuerdo a esta disposición el derecho a votar de las personas en prisión preventiva no se debe suspender ya que no cuentan con sentencia firme y bajo el principio de presunción de inocencia que es fundamental para el cumplimiento y protección de los derechos humanos.
La presunción de inocencia fue incorporado al sistema acusatorio en 2008 a través de la modificación de los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la CPEUM observando los principios básicos de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
No obstante, el voto en prisión preventiva ha sido causa de análisis por parte de diversos juristas, expertos y autoridades en materia electoral, incluso ha sido materia de discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
En este sentido, la Sala Superior del TEPJF al resolver el expediente SUP-JDC-352/2018 y acumulado, por mayoría de votos determinó que las personas en prisión preventiva que no hayan sido sentenciadas podrían votar de acuerdo a la interpretación de la Sala Superior de la SCJN sobre el principio de presunción de inocencia.
Es por ello, que en este periodo electoral por primera vez las personas en prisión preventiva en lista nominal ejercieron/ejercerán su derecho al voto anticipado a través de mecanismos establecidos en los lineamientos aprobados para garantizar el estricto cumplimiento a los derechos humanos, transparencia y legalidad.
Con respecto al escrutinio y cómputo, 142 Consejos Distritales aprobaron 158 mesas para su realización, en tanto el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales (OPLES) serán los encargados de incorporar los resultados a los sistemas electorales correspondientes.
Sin duda alguna el voto en prisión preventiva marca una línea trascendental en la historia en la que de ninguna manera puede haber retroceso en la observancia del principio fundamental de la presunción de inocencia.
En México se estima que en 2022 un promedio de 41% de las personas privadas de la libertad se encontraban en prisión preventiva, es decir, 4 de cada 10 personas, lo cual evidencia un sistema de justicia ineficiente y muy lejos de la impartición pronta y expedita.
Es por lo anterior, que la resolución del TEPJF constituye un gran avance democrático que conlleva acciones no solo sobre el ejercicio al voto, sino también del derecho a la información precisa y oportuna sobre las candidatas y candidatos, a tener pleno conocimiento sobre el marcaje en las boletas electorales, de tener acceso a los resultados de la votación y de contar con ciudadanía como observadores de la transparencia y legalidad de este proceso.
Existen numerosas asociaciones y organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general que están/estarán haciendo observación electoral de primera línea en los centros penitenciarios, recopilando datos que permitan tener un contexto de análisis sobre esta jornada electoral.
Tener certeza y transparencia sobre cada uno de los procesos, legitima la elección más aun cuando se llevan a cabo acciones inéditas de votación anticipada, por lo cual es de vital trascendencia en la vida democrática de México que esta jornada sea observada minuciosamente no solo por los representantes de los partidos políticos, sino también por la ciudadanía.
Por una jornada electoral 2024 sin violencia, transparente, apegada a derecho, con autoridades electorales imparciales, con una gran participación ciudadana ejerciendo el voto, pero también siendo observadores activos de irregularidades y testigos del desarrollo de un proceso electoral histórico no solo por el número de cargos que se elegirán, sino también porque es muy probable tengamos por primera vez a una mujer como presidenta de nuestro querido México.
