En el mundo literario, el reconocimiento a menudo llega no sólo por la destreza técnica de un autor o por la belleza de su prosa, sino por la capacidad de su obra para tocar y transformar vidas. El Premio Pulitzer 2024 en la categoría Memorias o Autobiografías otorgado a Cristina Rivera Garza por su obra El invencible verano de Liliana es un testimonio de cómo la literatura puede confrontar, consolar y cambiar a su audiencia. Rivera Garza no sólo relata el feminicidio en contra de su hermana a través de su extraordinaria pluma y narrativa, sino que convoca una reflexión dolorosa y necesaria sobre una violencia que ha desgarrado el tejido social de México.
El invencible verano de Liliana se adentra en un tema desgarradoramente familiar en México: el feminicidio. A través de la historia personal y trágica de su hermana, Rivera Garza captura la angustia, el vacío y la ira que sienten cientos de miles de familias mexicanas que han visto a sus hijas, hermanas y madres desaparecer o ser asesinadas en un contexto de impunidad alarmante y una normalización escalofriante de la violencia contra las mujeres. La obra es un reflejo de la resistencia y la búsqueda de justicia en un sistema que a menudo parece sordo y apático ante el sufrimiento femenino.
Este libro, sin embargo, trasciende el mero relato de un crimen horrendo. Es una exploración profunda de la memoria, del dolor y de la resiliencia. Rivera Garza utiliza su habilidad narrativa para tejer una historia que es, tanto un homenaje a su hermana como un acto de resistencia literaria. Al hacerlo, desafía a la sociedad a mirar directamente un problema que muchos preferirían ignorar y genera un espacio para el diálogo y la reflexión.
El reconocimiento del Pulitzer a esta obra es significativo por varias razones. Primero, destaca la importancia de las voces femeninas en la literatura contemporánea, especialmente en contextos donde estas voces han sido sistemáticamente silenciadas o marginadas. Segundo, subraya el poder de la literatura para documentar, protestar y exigir cambios en asuntos de urgente relevancia social. Al premiar un libro que aborda el feminicidio en México, el Pulitzer no sólo honra la calidad literaria de la obra, sino que también reconoce la gravedad del tema y su relevancia global.
El invencible verano de Liliana se convierte, así, en más que una memoria personal; es un documento de nuestra época, un llamado a la acción y una insistencia en la justicia. La obra de Rivera Garza, cruda y dolorosamente espléndida, es un recordatorio potente de que las historias que contamos importan y que, en las manos correctas, la literatura puede ser una fuerza para el cambio social.
Con este premio, Rivera Garza no sólo recibe el reconocimiento que merece como escritora, sino que también se consolida como una voz crucial en el diálogo sobre los derechos humanos y la dignidad en México y en todo el mundo. Su libro, ahora coronado por uno de los premios literarios más prestigiosos, es un faro de esperanza y una fuente de fortaleza para aquellos que luchan por un mundo donde no se normalice la violencia y donde las vidas de todas las mujeres sean genuinamente valoradas y protegidas.
Un fenómeno que ha impedido el pleno desarrollo de las mujeres está relacionado con la violencia que sufren en razón en género que, además, ha sido el artífice principal para impedir la participación política de las mujeres en distintos ámbitos; la principal, su participación en el ejercicio del poder público a través de ostentar un cargo de elección popular.
Al respecto y gracias al impulso principalmente de colectivos de mujeres, el Legislativo Federal, en un incipiente inicio, aprobó en 2007 la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En abril de 2020 se registró un importante avance para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género a raíz de una serie de modificaciones realizadas a 6 leyes generales y 2 federales.
Gracias a estas disposiciones encaminadas a ir erradicando la violencia de género, el INE como máxima autoridad electoral en el país estableció la declaración denominada #3De3ContraLaViolencia con el objetivo de que los partidos políticos atendieran las disposiciones legales, en materia de representación política, en esta materia.
En un inicio, estas normativas buscaban impedir que agresores sexuales, deudores alimentarios o culpables de violencia de género pudieran ocupar un cargo de elección u ocupar un cargo en el servicio público.
No obstante, su aplicabilidad quedó sujeta a una verificación muestral por parte de la autoridad electoral nacional cuando, desde mi óptica, debió revisarse esta disposición al 100 por ciento para aquel proceso electoral federal de 2021.
En mayo de 2023 aparece en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se reformaron los artículos 38 y 102 de la Constitución para determinar enfáticamente que una persona no podrá ser registrada a alguna candidatura para algún cargo de elecciónpopular, así como no podrá ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público, si dicha persona se encuentra en diversos supuestos de violencia de género.
Estos supuestos quedaron determinados en 8 condiciones con lo que, diversas instancias la han llamado #8De8ContraLaViolencia. Estos son: delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales; cuando afecte el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar; por violencia familiar equiparada o doméstica; por violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos, y por ser declarada persona deudora alimentaria morosa.
Para ello, debe tomarse en cuenta las sentencias firmes correspondientes, es decir a partir del 30 de mayo pasado.
Con esta reforma las personas candidatas no deben encontrarse en alguno de estos supuestos a través de una declaración de aceptación de la candidatura y en la que, a su vez declararán, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentran en alguno de los ocho supuestos mencionados.
Además, la autoridad electoral entre el 2 y 5 de marzo emitieron solicitudes a diversas autoridades del país, federales y locales, para verificar que las personas postuladas como candidatas no tuvieran alguna sentencia firme por la comisión de los delitos referidos.
El pasado 29 de febrero el INE aprobó el registro de las candidaturas que fueron procedentes tanto a las diputaciones federales, senadurías y la Presidencia de la República.
Esta disposición constituye un referente importante para erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género lo que permitirá contar con una sociedad incluyente, con certeza jurídica y un referente más para lograr una igualdad sustantiva.
La violencia electoral ha ido escalando, en su momento en contra de aspirantes, ahora, contra candidatos sean hombres o mujeres. Sus resultados sin duda afectan a la democracia y a la gobernanza del país y de las entidades federativas donde se presenta.
Muchos esfuerzos habrá que hacer para restablecer el orden democrático, que si bien en mucho es producto de ese ambiente polarizado y de división que fue construido en este sexenio, también lo es por los altísimos índices de inseguridad y el nivel que ha alcanzado la delincuencia organizada.
En todo ello, quienes sufren las mayores afectaciones son las mujeres. Datos presentados recientemente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) refiere que en el ámbito municipal el 75 por ciento sufren violencias sistemáticas, que el 88 por ciento de las quejas son para denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, pero también que el 35 por ciento de las personas prefieren no acudir a presentarlas, por miedo, por falta de confianza, por no saber a quién recurrir.
De ahí que a diez años del Principio de Paridad y de la creación del Observatorio para la Participación Política de las Mujeres, y en medio del proceso electoral más grande en la historia del país en el que se elegirán más de 20 mil cargos y en el que cuando menos la mitad 10 mil, están siendo encabezados por mujeres, muy importante que con el respaldo de organizaciones civiles que la han venido impulsando desde hace algunos años, el TEPJF ha instalado la Defensoría Electoral Especializada en la atención de Asuntos de Paridad y Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género, instrumento que junto con el Programa Piloto para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género que aprobó el Instituto Nacional Electoral (INE), garantizan una mejor atención a estas graves problemáticas.
Este mecanismo brindará asesoría legal y acompañamiento gratuito en el acceso a la justicia a todas las mujeres que sufran violencia política, se atenderá a solicitud de parte por el correo electrónico defensoriaelectoral-mujeres@te.gob.mx y el juicio puede llevarse en línea.
Este ejercicio, que deberá ser reproducido desde lo local y en su momento abordado por todos los partidos políticos, que esperamos al término del proceso electoral en marcha, modifiquen sus estatutos para incluir los mecanismos e instrumentos que se han implementado para atender y cumplir, tanto la obligatoriedad de aplicar realmente el principio de paridad, como el de reducir la violencia política que desde su interior se ejerce contra las mujeres, desmasculinizándose, democratizando su actuar y respetando los derechos políticos de su militancia de mujeres, porque todo suma a la violencia electoral que ha ido escalando y que afecta a la democracia y a la gobernanza del país y de las entidades federativas donde se presenta.
Este ambiente enrarecido, que a nadie conviene, requiere de acciones puntuales no de desestimar hechos; de cambios reales, no de simulaciones; obligado garantizar las condiciones para que se ejerzan los cargos en paz y libre de violencias.
Tenemos la oportunidad de decisión. El próximo 2 de junio todas, todos, a votar.
El amor romántico ha sido utilizado para que las mujeres aceptemos “arreglos de pareja” profundamente inequitativos, sobre todo cuando éstos son reforzados por los estereotipos de género. Muchas familias optan porque las mujeres se dediquen al trabajo del hogar y de cuidados sin recibir remuneración económica ni ser reconocidas como agentes que contribuyen de manera activa a la construcción del patrimonio familiar, lo que genera desigualdad.
Así, sucede con frecuencia que los bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio familiar no son registrados a nombre de las mujeres debido a que el valor del trabajo del hogar y de cuidados es ignorado, situación que las coloca en estado de dependencia económica, haciéndolas más susceptibles a la extorsión y otras formas de violencia.
Las leyes y los criterios jurisprudenciales han propiciado la protección de los derechos de las mujeres y el reconocimiento al valor económico del trabajo del hogar y de cuidados; sin embargo, en la práctica se continúa privilegiando el registro de la propiedad de los bienes familiares a nombre de los varones, por ser quienes “salen a trabajar”, lo que deja a las mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad, ya que la falta de recursos económicos propios frecuentemente limita su autonomía.
La subordinación de las mujeres se fortalece con su dependencia económica. Limitar o prohibir a las mujeres la libre administración del dinero que les corresponde, impedirles trabajar de manera remunerada, dilapidar sus ingresos o disponer de sus bienes en detrimento de su patrimonio o condicionarles la entrega de dinero a cambio de sexo, especialmente cuando se trata del dinero que se destinará al cuidado de los hijos y de la administración de la casa, son prácticas que constituyen violencia de género en contra de las mujeres y deben ser sancionadas.
La violencia económica, de acuerdo con la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, consiste en toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral. Por su parte, la violencia patrimonial implica cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima y se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.
A las autoridades corresponde adoptar medidas para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, incluidas la violencia económica y la violencia patrimonial, por lo que es necesario reconocer este tipo de prácticas que —sin dejar cicatrices en la piel— afectan a las mujeres, en ocasiones, de por vida, ya que a través de la dependencia económica se les domina e impide ejercer libremente sus proyectos de vida.
Que la igualdad entre mujeres y hombres en nuestro país sea una realidad, precisa del reconocimiento del valor económico del trabajo del hogar y de cuidados, que en 2022 fue estimado en 7.2 billones de pesos de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), así como de la importancia del mismo para la sociedad y la economía de los hogares, por lo que es primordial no minimizar la investigación, atención y sanción de las violencias económica y patrimonial en contra de las mujeres, porque la existencia de éstas genera condiciones propicias para que sean víctimas de otros tipos de violencia y abusos. Es necesario que los protocolos de atención incluyan medidas de protección específicas para las mujeres que enfrentan estas violencias, con la finalidad de garantizar su acceso a la justicia y a los mecanismos institucionales dispuestos por los gobiernos para ejercer sus derechos a vivir sin violencia.
Sin autonomía económica no hay libertad y sin libertad, las posibilidades de oponerse a la violencia se diluyen. Avancemos en la identificación, prevención y sanción de todas las formas de violencia contra las mujeres, pero principalmente, hacia su erradicación.
En Estados Unidos, los votantes que detestan a ambos candidatos a la presidencia, a Joe Biden y a Donald Trump, les llaman los doble-odiantes. Estos doble-odiantes están creciendo entre el electorado estadounidense principalmente por la caída estrepitosa en la popularidad de Biden. Las más recientes encuestas apuntan a que representan entre un 16 y un 20 por ciento del electorado. En ese sentido, la actual elección se parece más a la de 2016, cuando un 18 por ciento de los votantes odiaba tanto a Hillary Clinton como a Trump.
Trump sigue siendo hoy tan impopular como cuando terminó su mandato en el 2021. Pero Biden ha pasado de ser un presidente medianamente popular, a ser el más impopular, a pesar de que la economía está en un muy buen lugar y de que su oponente tiene abiertos expedientes legales en su contra que lo deberían tener en la lona.
Pero entre la guerra en Gaza, las preocupaciones con la inflación, el caos en la frontera con México y la evidente edad avanzada, Biden puede muy bien perder la elección de noviembre próximo. Sus posibilidades de ganar dependen en gran medida de qué hagan estos doble-odiantes, en especial los que están en estados como Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Aunque también los de Arizona, Nevada y Georgia. Si estos ciudadanos salen a votar, aunque sea tapándose las narices, ¿a favor de quién se decantarán?
En el 2020, muchos republicanos decidieron votar por Biden ante el horror que les causaba Trump. En esa elección los doble-odiantes apenas eran el 3 por ciento del electorado ¿Ahora qué harán estos electores? Esa es la gran pregunta hacia noviembre en Estados Unidos.
En México también tenemos doble-odiantes. Son votantes que no están contentos con los partidos tradicionales y por ello, entre otras razones, no les gusta Xóchitl Gálvez. Entre las razones para cuestionar a Gálvez está la falta de experiencia. Pero tampoco aprueban cómo ha gobernado Morena y por ello no quieren que Claudia Sheinbaum, quien ha prometido ser el segundo piso de la autodenominada Cuarta Transformación, llegue a la Presidencia.
¿Cuánto poder electoral tendrán en sus manos estos doble-odiantes? ¿Saldrán a votar? Si sí ¿por quién lo harán? ¿Quién será vista cómo la menos mala? ¿Qué papel jugará en este segmento Jorge Álvarez Máynez? Son preguntas cuya respuesta puede tener la clave de lo que ocurra en la elección de junio.
Apostilla: El cantante Frank Sinatra decía que no hay mejor venganza que ser exitoso. Andrés Manuel López Obrador no ha optado por ese camino. Ha preferido usar el poder aplastante del Estado, ahora en contra de una investigadora que le es incómoda, simplemente porque le ha puesto los puntos sobre las íes. Mi solidaridad con María Amparo Casar.
