Al escuchar la palabra “niñez” lo lógico sería traer a la mente imágenes de risas, juegos, afecto y felicidad brindada por una familia que la proteja, cualquiera que fuera su composición.
Cuando este núcleo social se desintegra y enfrenta problemas legales, de maltrato, negligencia o desamparo, el entorno de los pequeños llega a cambiar por completo al quedar bajo la tutela del Estado, adscritos a casas hogares o albergues, esperando que su estancia sea temporal, misma que puede prolongarse hasta cumplir la mayoría de edad.
Como colectividad sabemos poco de las condiciones en las que ellos habitan, ya sea porque somos indiferentes, porque nos duele ver su realidad y nos negamos a reconocerla, por falta de información sobre los mecanismos de asistencia social existentes, o bien, porque nos influyen nuestras ideas preconcebidas sobre la orfandad como una situación que impedirá la expresión de su potencial.
En México, más de un millón de infantes no cuentan con el cuidado de sus progenitores a causa de diversos factores como la violencia intrafamiliar, la desnutrición, la pobreza, la explotación sexual, el consumo de drogas, la migración, entre otros.
Estos elementos los exponen a ambientes de alto riesgo, pues pueden convertirse en el blanco de abusadores, ser objeto de trata, verse reclutados por pandillas, sufrir problemas físicos o mentales, entre otros, cancelando sus derechos a la salud, a la educación, a una vivienda digna, y a su desarrollo integral.
El abandono infantil tiene que abordarse desde una visión multidimensional que incluya aspectos sociales, económicos, culturales y afectivos; así como enfoques de prevención y atención, que permitan construir resiliencia para superarlo.
En nuestro país existen fundaciones que se dedican a solventar las carencias de quienes están en ese supuesto, como es el caso de la asociación M.F.U., enfocada a implementar programas para revertir su vulnerabilidad, fomentando sus aptitudes para afrontar las adversidades de la vida, además de impulsar sus capacidades y progreso.
Su directora Marianna Franco implementa un sistema llamado “Rueda”, en donde cada rayo representa una herramienta a trabajar, por ejemplo, la moralidad, la independencia, la decisión, la creatividad, el sentido del humor, la confianza y la identidad, analizando el estado que guarda cada uno de ellos.
Ante el planteamiento de este proyecto, es fácil hacer alusión a lo que sostenía el matemático griego Arquímedes “dadme un punto de apoyo y moveré el mundo”, lo que nos recuerda que todos necesitamos un cimiento sólido al cual aferrarnos para vencer cualquier obstáculo.
Por lo antes referido, en el marco del Día Internacional de la Niñez, que tiene lugar el 30 de abril, así como del relativo a aquella que vive en la calle, que es el 12 de este mes, dejemos de normalizar sus privaciones y, por el contrario, encontremos la manera de apoyar a su crecimiento.
El uso de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) ha permitido impulsar la innovación, potenciar la creatividad y el crecimiento económico, así como automatizar procesos y acelerar nuevas posibilidades, descubrimientos científicos y avances tecnológicos. Estas herramientas funcionan mediante un lenguaje automatizado y, para su entrenamiento, se alimentan con cantidades exorbitantes de datos (big data), dentro de los cuales, pueden encontrarse datos personales.
Por ello, más allá de los beneficios que conlleva su desarrollo, se requieren atender aquellas áreas que se presentan para garantizar su uso ético. Por ejemplo, en lo relacionado con los derechos de autor cuando se utiliza para la elaboración de trabajos escolares o para generar textos y contenidos.
Además, existen otros usos con modelos de aprendizaje automáticos de código abierto que han sobrepasado los límites, como la elaboración de Deep Fakes: que consiste en simular la voz y la imagen de cualquier persona para suplantar su identidad o Deep Fakes pornográficos que mediante imágenes reales desnudan a las víctimas o las muestra en actos sexuales que no realizaron.
Dichas circunstancias representan desafíos importantes no sólo para el tratamiento de datos personales en entornos de IA, sino para la integridad de las personas, por lo que se debe tener presente que quien los utiliza es responsable de su tratamiento y, por lo tanto, debe sujetarse al cumplimiento de principios y deberes que enmarca la normativa en la materia.
En ese contexto, es importante resaltar los esfuerzos de cooperación en México con la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, que tienen como objetivo conocer el estado actual de la IA e impulsar normativas que la regulen, así como los que se han realizado a nivel internacional con autoridades garantes de la privacidad y la protección de datos personales, como la “Resolución sobre Sistemas de Inteligencia Artificial Generativa” acordada en la 45ª Sesión Cerrada de la Asamblea Global de la Privacidad, la cual aborda diversos puntos cruciales relacionados con la inteligencia artificial generativa y la protección de la información personal.
Sin duda, se requiere que quien diseñe o utilice herramientas de IA tenga en mente las implicaciones que puede acarrear cuando se emplean de forma incorrecta. Su uso masivo representa una oportunidad para sentar las bases que permitan la adopción de buenas prácticas aplicables a futuros desarrollos tecnológicos, y así, evitar daños a las personas en sus derechos, libertades y en su reputación.
Desde el INAI estamos comprometidos a seguir trabajando para sensibilizar sobre el uso y desarrollo de estas tecnologías de manera ética y respetuosa de los derechos fundamentales, como lo son el derecho a la dignidad, a la privacidad y a la protección de los datos personales.
Los feminicidas odian a las mujeres. Las aborrecen, minimizan y cosifican porque son mujeres; el feminicidio es la violencia en su expresión más cruel. El feminicida violenta el cuerpo de una mujer, la tortura y goza haciéndola sufrir. Después del hecho la desaparece; o puede simular que fue un suicidio. Es el machismo misógino en su expresión sádica.
María José de 17 años, vivía con su familia en la Alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, y su asesino, Miguel Cortés la tenía en la mira; aprovecha que se quedó sola, para violarla y matarla. Pero su madre llega y los gritos de ella herida por el asesino, llamaron la atención de los vecinos. Lo que se descubriría en la casa de este feminicida fue de terror. Restos humanos y otros indicios que pueden evidenciar que este asesino, lo ha hecho más veces. Ya se le etiquetó como asesino serial de 20 mujeres y sus delitos espero, motiven no a la morbosidad, sino al reclamo de alerta, porque las mujeres no pueden seguir sufriendo violencia machista. La violencia contra las mujeres debe prevenirse. Los monstruos que odian a las mujeres andan por todas partes subiendo a sus redes mensajes que evidencian su impunidad.
El feminicidio como tipo penal específico en México es el resultado de la investigación diagnóstica sobre los asesinatos de mujeres por su condición de género estudiado y fundado por Marcela Lagarde. Ella definió al feminicidio como la muerte cruenta contra una mujer por serlo, que conlleva impunidad del Estado y todos los feminicidios son muertes prevenibles.
Muchas mujeres son asesinadas y desaparecidas. Se menciona que el feminicida de María José pudiera estar involucrado en la desaparición de su ex pareja de la que no se sabe nada desde 2015 y de una compañera de trabajo también desaparecida en 2018.
Cuando una mujer desaparece, debe emprenderse la búsqueda y la investigación; por esto preguntamos, cómo pudo ser posible que quienes desaparecieron y que eran cercanas a este tipo, no haya sido un elemento de investigación. Por desgracia, a las instituciones encargadas por ley, de buscar, y encontrar con vida, a las mujeres desaparecidas, son omisas. Por eso el feminicidio -a diferencia del homicidio- se caracteriza por la impunidad del Estado.
Y la simulación de quienes gobiernan la Ciudad de México no tiene parangón. Escuchamos a Claudia Sheinbaum en el primer debate ufanándose que en México ha disminuido el 40% el feminicidio, y que en la Ciudad de México se disminuyó la violencia con cero impunidad en feminicidios, contrariamente a lo que se señala desde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que van creciendo año con año los feminicidios. Mientras en 2018 por cada 100;000 mujeres sufrieron feminicidio 0.87 en ciudad de México, para el 2023 fue de 1.17. Claudia es una mentirosa.
Mentir sobre la trascendencia e impunidad de este delito contra las mujeres, es inadmisible. Ser mujer no garantiza su empatía con las causas de las mujeres. Por desgracia, las mujeres en el poder, están supeditadas a un hombre, al presidente López Obrador.
La personalidad de la candidata oficialista fue escudriñada por él, para asegurar que no es afín a buscar su propia autonomía. En realidad los derechos de las mujeres no le importan a la candidata oficialista, por más que se esfuercen algunas feministas que caminan a su lado. Abramos los ojos.
No me cansaré de escribir y difundir la definición práctica de violencia: Uso Inapropiado del Poder. Así tan sencillo y tan complejo. La violencia siempre, en todos los casos, sin excepción alguna, es una expresión de poder. Nadie violenta a quien no puede.
El hombre que asume que su fuerza física o su condición de hombre le da superioridad y por ende poder frente a una mujer, la violentará. La madre o padre que asume que su edad, fuerza y condición le dan poder frente a su hijo, lo violentará, el jefe que dirige con el organigrama en la mano violentará a sus colaboradores y en los partidos políticos, los dirigentes que no saben que el poder mal manejado es altamente riesgoso, violentará a sus militantes. Así mismo, querido lector, lectora; tú mismo, siendo cliente de un restaurante podrías en un arranque maltratar a un mesero solo por tener el poder que te da ser el cliente.
Ahora, en México, ante el reconocimiento de que la participación política de las mujeres es aún más complicada y con mayores obstáculos, desde 2020 se legisló y tipificó la Violencia Política en Razón de Género (VPRG). ¿Cuál es la diferencia entre violencia política y VPRG?
La Violencia Política es todo acto u omisión que afecte los derechos político-electorales. Cualquier persona puede ser víctima.
En contraste, la VPRG, comprende acciones u omisiones dirigidas a las mujeres por motivos de género (en razón de su sexo, género e identidad de género) con impacto desproporcionado en mujeres que afectan, anulan o vulneran sus derechos político-electorales. Las víctimas son mujeres.
Hay varios tipos de violencia que se comenten en la VPRG; a saber actos y omisiones simbólicos, verbales, patrimoniales, económicos, físicos, sexuales y/o psicológicos, realizados por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas, pueden ser constitutivos de Violencia Política por Razón de Género.
La VPRG es una violación a los Derechos Humanos y un delito tipificado en el artículo 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. La víctima puede iniciar un proceso especial sancionatorio ante el INE o los institutos electorales locales, un proceso penal y en caso de sentencia favorable, será merecedora de reparación integral del daño. Las penas ascienden hasta a 300 días de multa y seis años de prisión.
Así también, quienes cometan este delito deben ser inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, el cual les impide a quienes ahí aparezcan, tener cargo público alguno ya de elección o designación, derivado de la 3 de 3 contra la Violencia que ha plasmado en la Constitución que ningún violentador o deudor de pensión alimentaria puede ser servidor público.
Hasta la fecha, el INE tiene registrados a 336 personas (67 mujeres y 269 hombres) como violentadores de género; entre ellos, la más reciente fue la incorporación de la gobernadora Layda Sansores por declarar que tenía en su poder fotos de diputadas desnudas.
Todo lo concerniente a la vida pública es más difícil para las mujeres, desde la participación en el mercado laboral hasta la política. México es un país de grandes avances legislativos al respecto y de pocos en la erradicación del acendrado machismo. La igualdad es criptonita para la violencia. Si sufres VPRG, ¡denuncia! Ante la amenaza de ya no poder tener cargo hasta el más puesto se retracta; si no, pregúntenle al diputado Fernández Noroña cuando a su pesar le ofreció disculpas públicas a nuestra paisana Adriana Dávila.
La violencia en todos lados es injusta e indigna de las personas civilizadas, el machismo es retrógrada, arcaico, arraiga creencias sin sustento pero el daño que causan sí que es real y a veces irreparable. ¡igualdad para vivir en paz!.
In March, tragedy struck when two Honduran migrants were hit by a train in the southern state of Chiapas, killing one of them and seriously injuring the other. This somber event along the Maya Train route served as a poignant reminder of migrants’ perilous journeys through Mexico, the gateway between Central America and the U.S.
Migration across the U.S.’s southern border has become a topic of continuous strain between Washington and Mexico City, and is a major issue in the U.S. presidential election. Mexicans will also head to the polls in June, and although migration is not a primary concern for voters, leading candidates have been forced to address the matter due to increased flows of migrants either settling in Mexico or passing through the country en route to its wealthier northern neighbor. People entering from Central America’s Northern Triangle (Guatemala, Honduras and El Salvador) are an immediate focus of concern, as are the surging numbers of migrants coming from farther-flung areas in the Americas.
Mexico’s next president must depart from past policies and pursue more comprehensive strategies to promote development in its southern neighbors, while improving the management of migration from the Northern Triangle. As a former official dedicated to these matters, during six years as senior advisor on international cooperation to Mexico’s Interior Ministry, I would emphasize that migration is a phenomenon to manage, not solve, and that regional cooperation is essential.
Across the Northern Triangle, complex challenges have cast a long shadow over prospects for development and prosperity. From socioeconomic inequality to political instability, corruption, and the impacts of climate change, the region grapples with issues that resist easy solutions. Mexico finds itself at the heart of these dynamics, and how its new government tackles this protracted issue will most likely set the agenda with the U.S., its biggest trading partner, and recast the relationship with its southern and strategic neighbors.
Migration flows
Citizens of Northern Triangle countries made up 62% of all U.S. southwest border apprehensions in 2019, and after a sharp decrease due to pandemic-related travel restrictions, those detentions rebounded in 2021. But the proportion has since dropped to 20% of all apprehensions at the U.S. southwest border by the end of fiscal year 2023, as border encounters increasingly involve people from countries other than Mexico, Guatemala, Honduras and El Salvador. Still, the proportion remains significant, given the relatively small size of these three countries, with a combined population of 35.5 million.
Migrants from the Northern Triangle also make up a large proportion of asylum seekers in Mexico. According to the Mexican Commission for Refugee Aid (COMAR), out of the 140,948 people who sought refuge in Mexico in 2023, Honduras had the second-highest number of cases (41,936), while El Salvador and Guatemala ranked fourth and fifth, respectively.
Previous approaches
From 2012 to 2018, the administration of Enrique Peña Nieto, through the Mexican Agency for International Development Cooperation (AMEXCID), sought to enhance development in the Northern Triangle by allocating approximately $120.4 million in areas such as road construction and expansion, technical assistance for disaster risk management, national security, water quality monitoring, industrial innovation, and energy efficiency. However, migration from these three countries to Mexico increased by 148% in 2019 compared to 2011. During the same period, the migrant population from Guatemala rose by 59%; from El Salvador, by 136%; and from Honduras, by a staggering 304%.
President Andrés Manuel López Obrador, AMLO, criticized Peña Nieto’s approach and shifted focus to directly implementing development projects in these countries. In 2019, when former President Donald Trump threatened to impose a 25% tariff on all Mexican imports unless measures were taken to curb migrant flows heading north, AMLO announced plans to internationalize some of his flagship social programs, such as Sembrando Vida.
This social assistance program aimed to reduce migration from and reducing poverty in the Northern Triangle by providing support to small-scale agricultural producers. However, the project has yet to yield significant results. According to a multidisciplinary 2023 report, Sembrando Vida’s ambitious goals are still far from being achieved. The report noted that opacity in the program’s implementation undermines efficient monitoring of how Mexican taxpayer money was spent in Central America and found that the funds are not sufficient to assist the number of people expected to benefit. More relevant is the fact that official figures show that migration from target countries, like Honduras and El Salvador, hasn’t decreased.
The Mexican government has allocated $150 million to Central America through this and other social programs, such as Jóvenes construyendo el futuro, a scholarship that funds youth internships, which has also yielded sluggish results in countries like Honduras. However, in January Mexico’s Secretary of Foreign Affairs Alicia Bárcena said that AMEXCID achieved a “paradigm shift,” highlighting cooperation at the state level. “For the first time, social projects are being implemented directly with the target population,” she added.
While intentions count, they require proper execution. In October 2023, AMLO convened the Palenque Migration Summit with heads of state from Latin American and Caribbean nations. It concluded with praiseworthy aspirations of ushering in a new era of cooperation and progress to address migration’s root causes. A post-summit joint communiqué outlined the creation of an action plan for regional development, intraregional trade promotion, and comprehensive migration policies that respect human rights. However, most of this agenda is on hold due, among other reasons, to the electoral context: There are presidential elections this year not only in Mexico but also in Panama, the Dominican Republic, Venezuela and Uruguay.
What Mexico can do
Mexico’s projects in the region have changed with each new president, undermining institutional memory. It is essential for the next Mexican administration to implement policies addressing migration’s root causes, with development efforts that are both auditable and measurable.
One pressing point can be a cornerstone: Mexican and U.S. programs in the Northern Triangle should be aligned. Washington should not be excluded from regional initiatives to foster development and curb migration, as it was at the Palenque Summit. In tandem, Mexico should advocate for international organizations and UN agencies, such as the International Organization for Migration and the UNDP, to increase their presence in the Northern Triangle. Doing so would better target development aid. For example, Mexico’s current migration framework offers some flexibility on labor mobility, but its implementation and reach have so far been limited to small groups of migrants.
The next administration in Mexico will inherit an incomplete and deficient action plan to deal with migration, and the creation of a new strategy must be a priority. Closer cooperation with the Northern Triangle and policy alignment with the U.S. would be a good place to start.
