por Maura Arredondo | Dic 5, 2024 | De las plumas 50+1
La transformación tecnológica está reconfigurando tanto la naturaleza del empleo como las dinámicas laborales lo que cuestiona la velocidad de actualización del derecho del trabajo frente a la Era Digital, tema crítico y complejo. Actualmente, muchos sistemas legales se enfrentan a un desfase considerable entre la rapidez con la que evoluciona el mercado laboral y la capacidad de los marcos regulatorios para adaptarse a estas transformaciones, lo que pone en riesgo la capacidad para garantizar el bienestar de las personas.
Uno de los aspectos más preocupantes es la creciente inseguridad laboral. Esto no solo afecta la estabilidad económica de los trabajadores de plataformas digitales, sino que también arriesga su bienestar y calidad de vida, pues con la lentitud en la actualización de la ley se deja a muchos desprotegidos y vulnerables, convirtiéndolos en víctimas de un sistema que no se ha adaptado a las realidades del trabajo moderno, tal es el caso de “The Cleaners”.
“The Cleaners” es el nombre que se asocia con los trabajadores de moderación de contenido en la industria de internet, quienes se encargan de revisar, filtrar y eliminar contenido inapropiado o dañino en plataformas como Facebook, YouTube, Twitter, y otras redes sociales. Este fenómeno ha ganado atención debido a las condiciones laborales y el impacto emocional que puede tener en quienes realizan este trabajo mayormente ubicado en países en desarrollo, donde se externalizan muchas de estas tareas por el bajo costo de la mano de obra.
Los moderadores de contenido están expuestos diariamente a imágenes, videos y textos extremadamente perturbadores, como escenas de violencia, abuso infantil, terrorismo, y otros contenidos gráficos o traumáticos. Esta constante exposición puede tener efectos devastadores sobre la salud mental y emocional de estos trabajadores. Algunos estudios y reportajes han mostrado que muchos de ellos sufren de trastorno de estrés postraumático (TEPT), ansiedad y depresión debido a la naturaleza del material que deben revisar.
El trabajo de los moderadores es generalmente mal pagado, con pocas protecciones laborales y beneficios de salud mental, a pesar de los efectos adversos. A menudo, se les impone cumplir con tiempos de respuesta rápidos, revisando grandes cantidades de contenido en poco tiempo, lo que agrava aún más la presión y el estrés.
¿Qué hacen los «cleaners»?
Moderación de Contenido: Revisan y eliminan contenido inapropiado, ofensivo o ilegal, como pornografía, violencia extrema, discursos de odio y acoso.
Censura: Aplican políticas de la plataforma para garantizar que el contenido cumpla con las normas establecidas.
Impacto en los Trabajadores
Condiciones Laborales: Muchos «cleaners» trabajan en condiciones precarias, a menudo a través de empresas subcontratadas. Pueden enfrentar largas jornadas laborales y recibir salarios bajos.
Efectos Psicológicos: El trabajo puede ser emocionalmente desgastante. La exposición constante a contenido perturbador puede llevar a problemas de salud mental, como trastorno de estrés postraumático (TEPT), ansiedad y depresión.
En algunos casos, los trabajadores que realizan esta tarea pueden ser jóvenes o incluso menores, especialmente en países donde la regulación del trabajo infantil es débil. Esto plantea preocupaciones éticas sobre la explotación laboral y el impacto en su desarrollo psicológico y social.
La mayor parte de este tipo de trabajo se externaliza a países en vías de desarrollo, como Filipinas, India, y partes de África, donde los costos laborales son más bajos. Las grandes empresas tecnológicas subcontratan este servicio a empresas de terceros que emplean a trabajadores locales. Aunque existen moderadores en todo el mundo, el grueso de esta labor ocurre en regiones donde las leyes laborales y de protección de la salud mental son menos estrictas.
El fenómeno de “The Cleaners” refleja un problema más amplio sobre cómo las grandes plataformas digitales gestionan la moderación de contenido y la falta de atención adecuada hacia el bienestar de los trabajadores que realizan estas tareas. Al externalizar estas responsabilidades a países con menos regulaciones, las compañías tecnológicas ponen en riesgo la salud mental de miles de personas, mientras intentan mantener un entorno seguro para los usuarios, especialmente para los menores.
Lo anterior resulta paradójico, pues aun siendo lo suficientemente perturbador para adultos, al tratar de mantener una atmósfera digital segura especialmente para las infancias, el fenómeno va más allá, pues ya ha habido denuncias sobre la contratación de niños para realizar trabajos de moderación de contenido en plataformas digitales.
En particular, algunos informes han destacado casos en Filipinas, donde se han revelado prácticas laborales poco éticas. En estos casos, se ha informado que adolescentes, e incluso menores, trabajan en empresas subcontratadas que realizan tareas de limpieza y moderación de contenido.
Casos Notorios
Algunas fuentes han abordado el tema de la contratación de mano de obra infantil para la moderación de contenido destacando la falta de regulación y protección en el sector.
The Verge, publicó un artículo titulado «The terrible price of content moderation» que examina las condiciones de trabajo de los moderadores en Filipinas, mencionando la contratación de jóvenes. The Guardian, ha realizado varias investigaciones sobre las condiciones laborales en la moderación de contenido, incluyendo reportes sobre el uso de mano de obra infantil. Por su parte “NYU Stern, Centro de Negocios y Derechos Humanos”, realizó un informe titulado «Who Moderates The Social Media Giants? A Call To End Outsourcing» en el que se abordan las prácticas laborales en la moderación de contenido y se hace mención de la explotación laboral infantil en algunos casos, destacando los riesgos y la falta de regulación.
Estos esfuerzos de visibilización, han llevado a un llamado a la acción por parte de organizaciones de derechos humanos y grupos de defensa de las infancias para exigir mejores regulaciones, mayor transparencia y la protección de los menores en el ámbito laboral. La atención mediática y las denuncias han comenzado a forzar a algunas plataformas a reevaluar sus prácticas de contratación y moderación.
El término ha ganado notoriedad a medida que se ha puesto de relieve la carga emocional y los desafíos que enfrentan estos trabajadores en su día a día. El documental canadiense «The Cleaners» (2018) explora el trabajo de los moderadores de contenido en plataformas digitales, centrándose en sus experiencias y los efectos psicológicos de su labor. Se centra en los «cleaners» y sus roles, mostrando cómo se encargan de limpiar las plataformas de contenido violento, pornográfico y de odio. A través de testimonios, el documental destaca el trauma emocional y mental que enfrentan estos trabajadores debido a la exposición constante a contenido perturbador. Examina las implicaciones éticas de la moderación de contenido, incluyendo la falta de regulación y la explotación laboral, lo que refleja preocupaciones más amplias sobre la industria de internet. También se aborda cómo este trabajo se subcontrata en diferentes países, revelando una dinámica de explotación y condiciones laborales precarias.
Contexto en América Latina
Desde esta perspectiva, la función de «cleaners» o moderadores de contenido también existe en América Latina, aunque el contexto y las condiciones pueden variar de un país a otro. En esta región, empresas de tecnología y plataformas digitales contratan moderadores para revisar y filtrar contenido en línea, similar a lo que ocurre en otras partes del mundo, pues en todos los sitios, las plataformas digitales emplean moderadores para gestionar contenido que puede ser inapropiado, ofensivo o que infrinja las políticas de la comunidad. Esto incluye redes sociales, plataformas de video y aplicaciones de mensajería.
Existen preocupaciones sobre las condiciones laborales de estos moderadores aqui, incluyendo largas jornadas, salarios bajos y falta de apoyo psicológico, similar a lo que se ha denunciado en otras partes del mundo. En muchos países de la región, la regulación sobre la moderación de contenido es escasa, lo que puede llevar a una falta de derechos laborales y protección para los trabajadores involucrados. Por tanto, la naturaleza del trabajo puede ser emocionalmente desgastante, ya que los moderadores a menudo se enfrentan a contenido perturbador.
La función de moderadores de contenido, similar a los «cleaners», es una realidad en América Latina, con desafíos significativos en términos de condiciones laborales y regulación. La atención sobre estos temas está en aumento, pero aún hay un largo camino por recorrer para mejorar la situación de estos trabajadores.
Visto así, los moderadores de contenido enfrentan una serie de desafíos específicos en nuestra región, que tienen implicaciones profundas en términos de justicia laboral, regulación, y protección de derechos humanos.
Desafíos de justicia para los moderadores de contenido en México
1. Condiciones laborales precarias: Los moderadores suelen ser contratados a través de terceros, lo que limita su acceso a beneficios laborales básicos, como seguro social, vacaciones pagadas o incluso estabilidad en el empleo. Además, enfrentan largas jornadas laborales con exposición constante a contenido perturbador.
2. Impacto en la salud mental: La exposición prolongada a contenido violento, explícito o perturbador tiene consecuencias graves en la salud mental de estos trabajadores. Sin embargo, muchas empresas no ofrecen apoyo psicológico adecuado ni políticas claras para mitigar estos efectos.
3. Falta de reconocimiento legal: La figura del moderador de contenido no está claramente regulada en la legislación mexicana. Esto dificulta su acceso a derechos laborales básicos y genera una brecha en su protección frente a condiciones abusivas.
4. Desigualdad en el acceso a derechos: Mientras las empresas de tecnología obtienen grandes beneficios económicos, los moderadores, que desempeñan un rol crucial para garantizar la seguridad digital, no reciben una compensación justa ni proporcional.
Legislación mexicana y oportunidades de justicia
En México, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece principios generales para proteger a los trabajadores, pero no aborda aún directamente las condiciones específicas de los empleados de plataformas digitales, y aunque ya se firmó una iniciativa por la Presidenta Claudia Sheimbaum, dando con ello un paso sin precedentes en la protección de los derechos de las personas que trabajan en plataformas digitales, para los moderadores de contenido persiste un vacío importante que requiere atención.
1. Reconocimiento del trabajo digital: La LFT debería incluir disposiciones específicas para regular las nuevas formas de trabajo digital, como los moderadores de contenido. Esto incluye definir claramente sus derechos y obligaciones, así como las responsabilidades de las empresas contratantes.
2. Acceso a seguridad social y salud mental: Es esencial que los moderadores tengan acceso garantizado a seguridad social, atención psicológica y programas de prevención para proteger su salud mental. Las empresas deben estar obligadas a proporcionar estas medidas como parte de su responsabilidad social.
3. Inspección laboral y cumplimiento: El gobierno debe fortalecer las inspecciones laborales en empresas que emplean a moderadores de contenido, especialmente aquellas que operan mediante contratos tercerizados, para garantizar el cumplimiento de las leyes laborales.
4. Regulación de intermediarios: Muchas empresas utilizan intermediarios para contratar moderadores, lo que diluye la responsabilidad. Es necesario que la legislación exija transparencia en estos contratos y haga responsables a las empresas matrices.
Desafío ético y global
Los moderadores de contenido son fundamentales para la seguridad digital y la salud mental colectiva, ya que filtran material dañino que podría impactar a millones de personas. En este contexto, la justicia para ellos no solo es una cuestión laboral, sino también un tema ético. Garantizar condiciones dignas para estos trabajadores refleja un compromiso con el respeto a los derechos humanos en el mundo digital.
Hacia una solución global
México podría liderar en América Latina al proponer un marco regulatorio que equilibre los intereses de las empresas tecnológicas con la protección de los derechos laborales y humanos de los moderadores. Esto incluiría colaborar con organismos internacionales y empresas para establecer estándares globales que reconozcan la importancia del trabajo de los moderadores (The Cleaners) y promuevan su bienestar.
La regulación del trabajo, tal como se ha entendido históricamente, debe ser reexaminada. Preguntas fundamentales emergen: ¿Qué queremos proteger en el mundo laboral actual? ¿Cómo garantizamos que el bienestar de las personas esté en el centro de las políticas laborales? La literalidad de la regulación no siempre se traduce en protección efectiva; en ocasiones, su aplicación puede dar lugar a situaciones que contradicen el espíritu del derecho del trabajo, llevando a condiciones que socavan la dignidad del trabajador.
En este contexto, es crucial repensar los objetivos de la regulación laboral. En lugar de centrarse únicamente en la protección de derechos preexistentes, es necesario desarrollar un enfoque más holístico que considere la naturaleza cambiante del trabajo y promueva modelos que prioricen el bienestar humano. Esto puede incluir la implementación de políticas que fomenten la capacitación continua, la adaptabilidad y la inclusión, así como el desarrollo de nuevas formas de empleo que respondan a las necesidades emergentes del mercado laboral.
La Era Digital plantea desafíos complejos que requieren una revisión profunda del derecho del trabajo. La transformación tecnológica no solo está alterando la estructura del empleo, sino que también invita a repensar cómo se puede garantizar el bienestar de las personas en un entorno laboral en constante evolución.
Fuente: eluniversal.com.mx
por Maura Arredondo | Dic 4, 2024 | De las plumas 50+1
Pese a grandes esfuerzos para eliminar cualquier tipo de violencia de género, en el mundo, cerca de 736 mil millones de mujeres hemos sido víctimas de violencia física y/o sexual o algún tipo de violencia al menos una vez en nuestra vida, según cifras de la ONU.
Lo que ocurre en el mundo es descomunal: “Cada 10 minutos una mujer es asesinada”, es decir, el año pasado poco más de 51 mil mujeres y niñas murieron a manos de sus parejas y, peor aún, de miembros de su propia familia.
Pese a grandes esfuerzos para eliminar cualquier tipo de violencia de género, en el mundo, cerca de 736 mil millones de mujeres hemos sido víctimas de violencia física y/o sexual o algún tipo de violencia al menos una vez en nuestra vida, según cifras de la ONU.
Este 2024 se cumplieron 25 años de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pero ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en México?¿Por qué los feminicidios y distintos tipos de violencias van en aumento?
Asesinar a una sola mujer es un hecho abominable. Que se asesine a miles debería generar una profunda indignación y atención prioritaria en la política interna.
En nuestro país, y en el primer sexenio morenista, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron de diciembre de 2018 a septiembre de 2024, poco más de 5 mil 300 presuntos feminicidios
Ante estas cifras, y para atender de fondo esta problemática el gobierno de Claudia Sheinbaum, creó la Secretaría de las Mujeres, anunciada el pasado 19 de agosto, quien colocó a Citlalli Hernández al frente.
Y la verdad es que hay grandes expectativas ante la creación de esta nueva Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández, quien aceptó rápidamente el reto de prevenir, disminuir y erradicar la violencia de género durante el segundo periodo de la 4T.
La Secretaría de las Mujeres ya trazó los compromisos que tiene con cerca de 64 millones de mexicanas: garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Citlalli Hernández busca visibilizar y abonar a una visión de igualdad que genere un verdadero cambio cultural, hace un llamado a erradicar la violencia desde la cotidianidad, pero también buscará eliminar la impunidad que se ha vivido hasta ahora, así como luchar por la perspectiva de género en la impartición de justicia desde los tres niveles de gobierno, que hoy es ya una obligación constitucional.
La nueva dependencia tiene como objetivos visibilizar las cifras negras, tomar acción y crear un plan nacional de acompañamiento y protección a las mujeres, en un país donde sin duda aún persisten residuos de machismo y patriarcado, y es que la lucha no es contra los hombres, es por la igualdad, en que mujeres y hombres, tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones.
La también activista Hernández Mora comenzó su agenda rápidamente: el 3 de octubre hizo público —durante la ‘mañanera del pueblo’— un paquete de reformas en materia de protección a las mujeres, las cuales fueron aprobadas por el Senado tan solo 20 días después.
¿Cuáles son esencialmente los cambios constitucionales que proponen estas reformas? El derecho a la igualdad sustantiva; gabinetes paritarios en los tres órdenes de gobierno; la eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres; y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
A esto se añade la creación de la “Cartilla de los Derechos de las Mujeres”. Es de vital importancia que los hombres también conozcan esta cartilla. De hecho, las brigadas de la Secretaría de las Mujeres comenzarán a distribuir este documento en todo el territorio mexicano a partir de 2025.
Citlalli Hernández lo tiene claro: poco trabajo de escritorio, mucha labor en territorio.
Nuestro país tiene la oportunidad de erigirse como una de las naciones líderes del mundo. Pero, para lograrlo, el Estado mexicano aún debe saldar una deuda histórica con nosotras, las mujeres y es el acceso a la impartición de justicia para todas las mujeres de México.
¡Es tiempo de mujeres sin violencia, Súmate y Transforma! es la campaña encabezada por Hernández Mora, que se llevará a cabo del 25 de noviembre al 10 de diciembre, la cual busca hacer un cambio en el actuar de la sociedad y erradicar la violencia de género con 10 compromisos para gobernadores y gobernadoras, entre ellos, la coordinación permanente entre federación, estados y municipios, prevención de la violencia desde espacios educativos, creación de fiscalías especializadas y abogadas de las mujeres, entre otros compromisos.
“Los desafíos son grandes para este sexenio. Habrá que superarlos. Y podremos, porque, sin duda, es tiempo de mujeres, mujeres sin violencia”
CHECK AND BALANCES:
- Eurípides Flores, Abogado del Obradorismo, quien continúa en el equipo cercano de Mario Delgado como Titular de la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación de la SEP, informó que es uno de los primeros 100 postulantes aspirante a Ministro de la SCJN.
- En días pasados, Sandra Báez Millán, fue nombrada por la Consejera Jurídica Ernestina Godoy, como Coordinadora de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.
- Desde Campeche, la Gobernadora Layda Sansores nombró al panista Jorge Luis Lavalle, como Secretario de Desarrollo Económico, quien presuntamente estuvo acusado por caso Odebrecht y sobornos de 97 millones de pesos.
- Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, criticó fuertemente al senador Javier Corral, respecto a su voto en contra de la reforma que extingue a los organismos autónomos.
- Finalmente la Reforma Laboral que está enlatada desde el 2023 en la Cámara de Diputados, será discutida en 2025, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum desde su mañanera, misma que consideraría pasar a una reducción de 48 a 40 horas de jornada laboral.
Fuente: heraldodemexico.com.mx
por Maura Arredondo | Dic 4, 2024 | De las plumas 50+1
La salud mental de las mujeres es importante y tiene que ser atendida, porque afecta la forma en que piensan, sienten y actúan, la cual es originada por factores sociales, económicos, estructurales, culturales y familiares, como los roles sociales, violencia machista, estereotipos de género, maternidad y lactancia, trastornos del sobrepeso, desigualdad salarial y patrimonial, violencia económica y laboral, pobreza, trabajo doméstico, responsabilidad de los cuidados, discriminación y violencia de género.
La salud mental es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustenta las capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos todas y todos. La salud mental es además un derecho humano y universal, reconocido en la legislación vigente. En contrapunto, la salud mental de las mujeres es un estado de bienestar psicológico, emocional y social que se ve afectado por diversos factores, como la educación, los valores, las normas sociales, las experiencias vividas y los roles de género.
En atención a ello, la salud mental es un concepto mucho más amplio que incluye la salud de las personas y los trastornos mentales, y que se da en un proceso complejo, que cada persona experimenta de una manera diferente, con diversos grados de dificultad y angustia y resultados sociales y clínicos que pueden ser muy diferentes. En el caso de las mujeres, se tiene que atender bajo las recomendaciones de prácticas de autocuidado, ejercicio y nutrición, ayuda profesional, círculos de apoyo, terapias de estrés, cursos de empoderamiento, capacitaciones en atención a la salud mental y combate a la violencia.
En ese sentido, es vital promover y atender la salud mental de las mujeres, en el que se incorpore la perspectiva de género en la práctica clínica para implementar estrategias y acciones que brinden atención integral y ofrezcan tratamientos especializados a mujeres que padecen algún trastorno de salud mental, en el que se ofrezcan servicios de salud de forma integral en el que se incluyan centros y equipos comunitarios, rehabilitación psicosocial, servicios de protección y tratamientos especializados para las mujeres, y atención de la red hospitalaria del sistema de salud.
En referencia, el Congreso de la Unión aprobó una iniciativa que reformó y adicionó diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de perspectiva de género en la capacitación y educación en salud mental, y en la prevención, tratamiento y rehabilitación de adicciones. Esta reforma contempla la perspectiva de género en la investigación multidisciplinaria en materia de salud mental, así como en el desarrollo de equipos de respuesta inmediata para situaciones de crisis. De igual manera, establece que la Secretaría de Salud elaborará con perspectiva de género un programa nacional para la prevención y tratamiento de la farmacodependencia, y lo ejecutará en coordinación con dependencias y entidades del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas.
En la misma ruta, es vital señalar que la Ley General de Salud, ya considera la atención con perspectiva de género en la salud mental, en su artículo 72 Bis, que señala “El propósito último de los servicios de salud mental es la recuperación y el bienestar, el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación”. Así, la atención a la salud mental deberá brindarse con un enfoque comunitario, de recuperación y con estricto respeto a los derechos humanos de los usuarios de estos servicios, en apego a los principios de interculturalidad, interdisciplinariedad, integralidad, intersectorialidad, perspectiva de género y participación social.
De igual manera, en el artículo 73 de la Ley en cita, se establece que “los servicios y programas en materia de salud mental y adicciones deberán privilegiar la atención comunitaria, integral, interdisciplinaria, intercultural, intersectorial, con perspectiva de género y participativa de las personas desde el primer nivel de atención y los hospitales generales”. Por su parte, en el artículo 73 Ter del mismo cuerpo normativo, se consigna que para combatir los estereotipos u otras ideas o imágenes ampliamente difundidas, sobresimplificadas y con frecuencia equivocadas sobre la población que requiere de los servicios de salud mental y adicciones, las autoridades de salud mental y proveedores de servicios llevarán a cabo programas educativos en salud mental con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género para familias, escuelas y centros de trabajo, entre otros.
En ese tenor, en el artículo 74 Ter fracción I de la Ley General de Salud, se establece que la población usuaria de los servicios de salud mental tendrá derecho a la mejor atención disponible en materia de salud mental con perspectiva intercultural, pertinencia lingüística y perspectiva de género, lo que incluye el trato sin discriminación y con respeto a la dignidad de la persona, en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud.
En conclusión, la perspectiva de género en salud, es una herramienta conceptual que busca analizar las relaciones de poder, las jerarquías y los estereotipos de género que afectan la salud de las personas. El objetivo es brindar una atención igualitaria y equitativa, para que las mujeres y los hombres tengan las mismas condiciones para gozar de buena salud. De esa manera, la perspectiva de género en salud es importante porque:
- Ayuda a identificar las inequidades y desigualdades en materia de salud, que se producen por las diferencias estructurales y no solo por la determinación biológica
- Permite reconocer los problemas que el modelo sanitario hospitalario lleva en la práctica y permite mejorarlo
- Ayuda a promover cambios para alcanzar un modelo de salud más justo, equitativo e igualitario.
En consecuencia, es imprescindible garantizar la prevención, atención y tratamiento de los trastornos mentales con perspectiva de género, ya que es un beneficio para las mujeres que padecen enfermedades y trastornos de salud mental, además de que se contribuye a derribar el sistema estructural y los estigmas de las mujeres como la desigualdad y la discriminación, por lo que se da un paso para alcanzar la igualdad de género, así como cerrar la brecha de género en el sector salud.
Fuente: e-consulta.com
por Maura Arredondo | Dic 4, 2024 | De las plumas 50+1
La amenaza de Donald Trump de imponer un arancel del 25% a las importaciones de México y Canadá es una clásica jugada de Goliath. Estados Unidos, con su abrumador peso económico, intenta dividir a sus dos vecinos en una negociación que debería fortalecerse por su unidad. Canadá, al abrir la puerta a un tratado bilateral, confirma una cruda realidad: América del Norte nunca ha sido un bloque cohesionado, sino dos relaciones bilaterales, una entre Canadá y Estados Unidos, y otra entre México y su vecino del norte. En este contexto, México enfrenta un desafío monumental y debe replantear su estrategia para evitar caer en la trampa de la vinculación de temas como comercio, migración y seguridad.
La asimetría de poder entre los socios del TMEC es evidente. Mientras Estados Unidos es el destino del 80% de las exportaciones mexicanas, México representa solo el 15% del comercio total estadounidense. Esta desigualdad, sin embargo, no es uniforme. Canadá, con el 66% de sus exportaciones dirigidas a Estados Unidos, enfrenta una situación similar, pero sin la presión de temas como la migración o el tráfico de fentanilo. Aquí radica uno de los errores históricos de México: la falta de inversión en construir una relación estratégica con Canadá como aliado en sectores clave como el energético y el tecnológico. Esta desconexión ha impedido que ambos países actúen como un bloque ante la enorme fuerza de Goliath.
En este contexto, es urgente que México evite la trampa de negociar desde la vulnerabilidad que implica mezclar temas sensibles. La experiencia del TLCAN ofrece una lección crucial: durante su negociación, México resistió la inclusión de temas migratorios y energéticos, logrando enfocarse exclusivamente en el comercio. Esta estrategia de compartamentalización debe replicarse. En relaciones asimétricas, a Goliath le conviene vincular los temas para maximizar su ventaja; David, por el contrario, debe separarlos para nivelar el terreno.
El sector automotriz es un claro ejemplo del poder de México si se enfoca en la producción conjunta, en lugar de hablar únicamente de comercio. En la industria automotriz norteamericana, los componentes pueden cruzar las fronteras hasta siete veces antes de que un vehículo llegue al consumidor final. México debe subrayar que su papel en esta integración beneficia no solo a las empresas mexicanas, sino también a estados clave en Estados Unidos como Michigan, Ohio, California y Texas, cuya economía depende de estas cadenas de suministro. El impacto se sentiría en estados que dependen de las importaciones mexicanas para mantener empleos e ingresos fiscales, y México debe centrar su mensaje en estas repercusiones locales para construir aliados internos en Estados Unidos.
El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, planteó recientemente que “en la mesa hay dos alternativas: fragmentarse con aranceles o construir juntos una región competitiva”. Para que esta visión sea viable, es fundamental que México movilice a líderes empresariales, legisladores y actores clave en Estados Unidos que entiendan la importancia de una Norteamérica integrada. No bastará con el tradicional cuarto de al lado con empresarios mexicanos; se necesita una campaña de comunicación directa y efectiva en estados clave.
La historia de David contra Goliath no se define por la fuerza, sino por la estrategia. México puede fortalecer su posición si desvincula temas, redefine su narrativa y cultiva alianzas estratégicas. Solo así podrá enfrentar esta amenaza y contribuir a construir una Norteamérica competitiva, resiliente y verdaderamente integrada en el escenario global.
Fuente: heraldodemexico.com.mx
por Maura Arredondo | Dic 4, 2024 | De las plumas 50+1
Desde hace 21 años que se conmemora el Día Internacional Anticorrupción, el 9 de diciembre se revisa el estado y los avances contra esa práctica dañina para la convivencia social, el estado de derecho y la solidez institucional. En este año la campaña de Naciones Unidas se centra en el papel que desempeña la juventud como defensora de la integridad, sensibilizando sobre la corrupción y sus consecuencias en las comunidades.
La corrupción frena el progreso social y afecta principalmente a los sectores más vulnerables y excluidos, quienes se ven atrapados en la telaraña que perpetúa su práctica. En no pocas ocasiones se pasa por alto y se hace oídos sordos a delitos que más efectos perjudiciales tiene para esos entornos como la sextorsión, las redes de corrupción en oficinas públicas, la petty corruption (corrupción de funcionarios públicos de menor nivel que involucra cantidades pequeñas de dinero), el fraude y la desigualdad en el acceso a la justicia.
Debido a los costos de la corrupción, los sectores sociales en situación de pobreza tienden a padecer más que aquellos con mejor situación económica. Una razón es que para los ricos es más fácil acudir al soborno o a la colusión para evadir trámites, obtener permisos o licencias o realizar negocios. El acceso a la justicia corre la misma suerte para mujeres pobres que se ven expuestas a redes corruptoras. Mientras las políticas públicas no mejoren la calidad de vida de la gente de estos estratos, seguirán bajo las mismas condiciones de marginación.
La corrupción es un factor importante de la inequitativa distribución del ingreso, que influye en el bajo crecimiento económico. En su más reciente libro Por una cancha pareja… Roberto Vélez y Luis Monroy-Gómez Franco presentan hallazgos esclarecedores sobre cómo el origen de una persona (su pertenencia a un entorno urbano o rural o a una familia de recursos escasos) determina en buena medida su futuro.
Señalan que al menos 50% de la desigualdad económica en México se debe justo a esas circunstancias sobre las cuales las personas no tienen control lo que se traduce en una baja movilidad social. Los investigadores concluyen que, si alguien nace en el escalón más bajo de la distribución económica, la probabilidad de que no supere la condición de pobreza es de casi 75%. La desigualdad entonces es uno de los efectos más visibles de la corrupción.
El combate a la corrupción exige el concurso de todos los órdenes de gobierno, sociedad civil e iniciativa privada para alcanzar resultados satisfactorios. El 26 de noviembre el Senado aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que redefine las funciones y atribuciones de la Secretaría de la Función Pública que a partir de enero será conocida como Anticorrupción y Buen Gobierno. En la misma sesión se autorizó la extinción de organismos autónomos como el INAI cuyas facultades ahora pasan a la referida secretaría.
La confianza ciudadana en las instituciones y el quehacer gubernamental es especialmente relevante para atacar las prácticas asociadas a la corrupción. El ejercicio del gasto público, la rendición de cuentas y las sanciones ejemplares pueden contribuir a restañar esa confianza y a disminuir las desigualdades sociales.
Fuente: elsoldemexico.com.mx
