por Maura Arredondo | Dic 9, 2024 | De las plumas 50+1
No es la primera vez que señalamos que la militarización de la seguridad pública es una decisión incorrecta para corregir el reclamo justo de nuestro derecho a transitar con seguridad por cualquier calle o camino, de cualquier poblado o municipio del país.
Y no es que se esté descubriendo el hilo negro, sin embargo la seguridad pública es diametralmente distinta a la seguridad nacional.
Se entendería esta última circunscrita a las Fuerzas Armadas. Aunque también hay un debate ético respecto de que un país pacifista, debería prescindir de las fuerzas militares.
No existen corporaciones policiales especializadas para cada cometido. No es lo mismo enfrentar a la delincuencia organizada transnacional como los cárteles mexicanos, o que una colonia, barrio o poblado cuente con una policía preventiva confiable y eficaz. Hoy la seguridad pública en los tres órdenes de gobierno, salvo honrosas excepciones, es un horroroso desastre.
Y de los últimos tres gobiernos federales no hay manera de defenderles, igual de pésimos. La ruta delineada por Calderón para enfrentar al narco dio como resultado el crecimiento de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, tortura, trata de personas y desplazamientos forzosos. Peña Nieto en lugar de consolidar las policías civiles, formadas en investigaciones del contexto del delito para prevenirlo, no sólo repitió lo hecho por su antecesor: si Calderón se fue con una decena de estados con presencia militar, Peña lo autorizó en 28 entidades federativas.
Pero el sexenio de López Obrador es el caso más grave por su demagogia y por timar a las organizaciones de derechos humanos, muchas de ellas, por cierto, confiaron en que con este presidente cambiarían las cosas. Terminó haciéndolo peor que el panista al que traía de ojeriza, sin tapujo entregó totalmente la seguridad pública a los militares, y disminuyó las partidas hacia los estados afectando principalmente a los municipios.
Es en este marco que se concreta una investigación de estos tres sexenios con la edición de Permiso para Matar, asesinatos y desapariciones por agentes federales y estatales. Jacobo Dayán, Daniel Moreno y Paris Martínez presentan esta investigación que reúne lo que señalan como un grupo específico de crímenes de lesa humanidad cometidos por fuerzas de seguridad federales o estatales, contra víctimas inocentes o indefensas.
Permiso para Matar está subdividido por siete capítulos, que no son casos aislados, el Estado lo permitió o lo perpetró, ahí están los registros oficiales de 426 víctimas desaparecidas por policías o militares, las víctimas mujeres crecen y tiene que ver por su condición de género e igual las cifras de niñas y niños; y qué une a los ex presidentes, enemigos en el discurso y cómplices en la guerra.
Más de 1,500 casos de asesinatos o desapariciones forzadas cometidas por fuerzas de seguridad federales o estatales, también el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional; todas víctimas inocentes sin orden de arresto.
Estos casos se suman a otras investigaciones que ya están en el despacho de la Corte Penal Internacional. Todas coinciden en que no son casos aislados, sino un comportamiento con patrones donde la autoridad da la orden y denota las características de crímenes de lesa humanidad en el contexto del Estatuto de Roma en su Artículo 7. En Palacio Nacional deberían preocuparse y ocuparse.
Fuente: elsoldemexico.com.mx
por Maura Arredondo | Dic 6, 2024 | De las plumas 50+1
Esta semana se llevó a cabo en Mónaco el 14º Foro Internacional Anual Peace and Sport, un evento que reúne a líderes mundiales, atletas destacados y organizaciones internacionales para reflexionar sobre el deporte como herramienta transformadora en la construcción de un mundo más pacífico y equitativo. En este marco, el programa Knockout: no tires la toalla –reconocido en 2023 por el Foro de la Paz de París– fue invitado como uno de los nominados a los Premios Peace and Sport, destacándose como una de las mejores prácticas globales en la promoción de la paz a través del deporte. Acudieron figuras del deporte como Didier Drogba, Carlos Takam y Cindy Ngamba campeona mundial del equipo de refugiados, además del principe de Mónaco y otras personalidades como Joel Bozou presidente y fundador de la iniciativa.
Desde 2007, Peace and Sport ha implementado programas en comunidades afectadas por conflictos, pobreza y falta de cohesión social, colaborando con gobiernos y organizaciones para abordar problemas sociales mediante los valores del deporte. Este foro no solo celebra logros, sino que identifica retos y propone soluciones replicables.
El deporte es un poderoso catalizador de paz, resiliencia y cohesión social. Su capacidad para transformar vidas y comunidades radica en promover valores como la tolerancia, el respeto y la inclusión, empoderando a grupos marginados y fomentando oportunidades educativas y laborales. La Agenda 2030 y la Declaración de Kioto 2021 destacan los beneficios de implementar programas deportivos para empoderar a jóvenes como agentes de cambio positivo en sus comunidades. En contextos de prevención del delito y reinserción, el deporte ofrece a la juventud herramientas para desarrollar habilidades de vida, construir redes positivas y encontrar modelos a seguir.
Knockout: no tires la toalla es un modelo de prevención secundaria y terciaria coordinado por Red VIRAL, en alianza con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Fundación para la Reconciliación. A través de la práctica del boxeo, metodologías de perdón y reconciliación, y un acompañamiento emocional integral, busca prevenir la violencia y el delito en comunidades que tienen una importante presencia de factores de riesgo, así como contribuir al proceso de reinserción de personas privadas de la libertad y prevenir la reincidencia.
El boxeo actúa como un «gancho» efectivo para atraer participantes, al ser un deporte profundamente arraigado en la cultura popular, es una poderosa herramienta para generar pertenencia. Además, sus valores de disciplina, energía y trabajo en equipo, ha transformado vidas, promoviendo inclusión, respeto y tolerancia. Los participantes de Knockout atestiguan haber transformado emociones como odio o frustración en esperanza, amor y confianza. A través de las evaluaciones experimentales llevadas a cabo en Knockout, hemos observado también la reducción de las adicciones en el 90% de los participantes y el boxeo ha sido pieza clave en ello.
En México, donde el homicidio lidera las causas de muerte entre jóvenes de 15 a 44 años, el boxeo tiene el potencial de generar un impacto cultural profundo. Muchos campeones provienen de comunidades con altos índices de violencia, convirtiéndose en modelos a seguir para quienes buscan pertenencia y superación.
En el contexto de la reciente iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y Canelo Álvarez para llevar a cabo la clase de boxeo más grande del mundo en abril de 2025, así como de la 62ª convención anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) —organismo que unifica a todas las comisiones del mundo y prioriza la seguridad, salud y respeto hacia los boxeadores— el boxeo cobra una relevancia aún mayor como símbolo de transformación social.
Knockout demuestra que combinar deporte con apoyo emocional y formación integral puede reducir la violencia y promover la reinserción. Agradezco a Mauricio Sulaiman, al CMB y a tod@s los campeones que nos han acompañado desde hace 10 años en esta gran experiencia de vida en centros penitenciarios con la convicción de construir comunidades más incluyentes y justas.
Fuente: eluniversal.com.mx
por Maura Arredondo | Dic 5, 2024 | De las plumas 50+1
El matriminio infantil es un gran pendiente en la agenda de los derechos de las niñas de todo el mundo, estamos por cumplir el trigésimo aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 1995 (Beijing+30), lo que significa que la agenda de los derechos de las niñas debe mostrar los avances obtenidos por todos los estados parte de las Naciones Unidas para evaluar si se cumplen o no las metas propuestas en estos compromisos internacionales tomando en cuenta también la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en específico el objetivo 5.3 quepropone “eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado, y la mutilación genital femenina”. Lo cierto es que los matrimonios infantiles siguen existiendo en muchos países pues, se argumenta que esta practica es parte de sus “usos y costumbres” sin embargo sabemos que el matrimonio infantil es el resultado de una arraigada desigualdad de género, lo cual afecta a las niñas de manera desproporcionada y de acuerdo con cifras de Unicef a escala mundial, la tasa del matrimonio infantil de los niños varones equivale a tan solo una quinta parte de la de las niñas.
Esta grave violación a los derechos de las niñas no solo les arrebata su infancia sino que pone su vida y su salud en peligro, corren un mayor riesgo de sufrir violencia doméstica y tienen menos probabilidades de seguir asistiendo a la escuela, pero la problemática empeora porque con frecuencia las niñas casadas se quedan embarazadas durante la adolescencia y este hecho incrementa el riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto.
Esta práctica aísla a las niñas de su familia, de su círculo más cercano y limita su participación en la vida pública dado que las mantiene únicamente en las labores domésticas y de cuidado. En nuestro país esta práctica ya ha sido prohibida en el Código Penal Federal en el Capítulo IX así se logró que México se convirtiera en el primer país en América Latina en prohibir y sancionar penalmente el matrimonio infantil. Pero la lucha ha continuado gracias a Eufrosina Cruz Mendoza activista y ex diputada indígena que ha dado la batalla desde distintas trincheras para que este derecho de las niñas sea reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero sigue siendo un pendiente en la agenda legislativa. Un dato importante que proporciona Save the Children en su “Análisis situacional de las violencias que afectan a las niñas y oportunidades de acción pública renovadora”, es que en el país se prohibió desde 2020 el matrimonio infantil, sin excepciones ni dispensas, pero “las uniones informales siguen y algunos casamientos se llevan a cabo a través de rituales religiosos”.
Colombia ha seguido con la lucha, pues este 13 de noviembre del 2024 el Congreso ha aprobado una ley que prohíbe el matrimonio infantil y las uniones tempranas forzadas. Gracias a esta nueva legislación, Colombia se suma a la lucha global contra esta problemática, avanzando en la construcción de una sociedad en la que los menores puedan crecer sin presiones y en un entorno que respete sus derechos y potencial. Esta decisión es un claro ejemplo de cómo la legislación puede transformar vidas y abrir puertas hacia un futuro más equitativo.
Pero no todo es progresivo aunque sea un principio de los Derechos Humanos, pues en el parlamento iraquí se prepara para votar una enmienda a la Ley de Estatus Personal (Ley 188), que fue una de las más progresistas en el Medio Oriente desde su implementación en 1959, esta enmienda pretende permitir el matrimonio de niñas a partir de los 9 años y eliminaría derechos fundamentales para las mujeres entre los que destacan el tener la custodia de sus hijos y el derecho a divorciarse. Hoy, el 28% de las mujeres en Irak se casan antes de los 18 años según datos de Unicef, esta practica se sigue llevando a cabo gracias a las lagunas legales es por ello que esta enmienda busca abrir la puerta a esta violación a los derechos de las infancias. Las activistas de todo el mundo levantamos la voz y mientras una niña, mujer o adolescente siga siendo sometida en el mundo ninguna seremos libres.
Fuente: opinion51.com
por Maura Arredondo | Dic 5, 2024 | De las plumas 50+1
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se instituyó por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2008 una campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género que concluirá el próximo 10 de diciembre, fecha que coincide con el Día Internacional de los Derechos Humanos, por lo resulta importante visibilizar la problemática que tenemos de frente, renovar compromisos y exigir medidas concretas para abatirla.
De acuerdo con ONU Mujeres, se calcula que en todo el mundo 736 millones de mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual, es decir, casi una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia.
En nuestro país, las cifran resultan todavía más alarmantes pues, de acuerdo con el INEGI, 7 de cada 10 mujeres de 15 años y más han sido víctimas de algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha asumido un gran compromiso en lo que le corresponde, trabajar constantemente en la consolidación de una democracia paritaria e incluyente que garantice la participación de las mujeres en la esfera pública.
No obstante, queda claro que la violencia política contra las mujeres en razón de género sigue siendo el principal obstáculo para el ejercicio de nuestros derechos políticos y electorales.
Al respecto hay tres temas que son necesarios analizar y visibilizar:
Primero: la violencia mediática y digital, en donde estamos presenciando un crecimiento exponencial de este modo de violencia en donde las imágenes de mujeres son alteradas con inteligencia artificial, así como la generación de campañas masivas de bots que las desacreditan y amenazan.
En el INE, en el 97% de los casos de las mujeres que solicitan medidas cautelares se decreta el retiro de las publicaciones denunciadas en redes sociales.
Segundo: las renuncias de mujeres a sus candidaturas o cargos por el que fueron electas. En un Informe presentado ante el Consejo General del INE, se registraron 4,461 renuncias de mujeres propietarias y suplentes a nivel local y federal.
Tercero: la falta de financiamiento por parte de los partidos políticos que, aunque tienen la obligación de destinar al menos el 50% del financiamiento para las campañas de mujeres, en los hechos no lo hacen y esto coloca a las mujeres en una situación de exclusión y desigualdad.
Por ello, desde el INE realizamos alianzas estratégicas con las compañías dueñas de las redes sociales, generamos guías de apoyo y prevención de la violencia digital, recibimos y analizamos los informes de quejas y denuncias, no obstante, las cifras suben exponencialmente.
Asimismo, y a pesar de la normativa “Paridad en Todo”, las acciones afirmativas instrumentadas, los acuerdos para la paridad en gubernaturas, las reglas de ajuste, entre otras, observamos con preocupación la renuncia de miles de mujeres a sus candidaturas.
Bajo este contexto y sin dejar de reconocer que contamos con un Congreso de la Unión paritario y hoy una mujer presidenta, debemos reflexionar sobre diversas acciones para erradicar la violencia de género.
Necesitamos contar no con un programa piloto para la atención a la mujer como sucedió en este proceso electoral, requerimos un programa estable y permanente. Hace unos cuatro años cuando presidí la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación propuse una Defensoría Pública para las Mujeres para atender todos estos tipos de violencia de forma permanente.
Necesitamos ver a la Conferencia Nacional de Gobernadoras trabajando en conjunto temas prioritarios para las mujeres ya que gobiernan más de 60 millones de mexicanas y mexicanos.
Necesitamos observar y exigir la materialización de la reforma constitucional que presentó Claudia Sheinbaum en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género y brecha salarial que, seguramente marcará un nuevo escalón en nuestra lucha por una igualdad sustantiva.
Necesitamos seguir impulsando reformas, acuerdos y lineamientos para ampliar las garantías de protección a las mujeres.
Necesitamos, por supuesto cuidar lo que ya hemos logrado y con ello no dar marcha atrás de ninguna manera. Así, debemos seguir luchando para que las entidades fortalezcan la paridad; 15 estados de la república nunca han tenido una gobernadora mujer y, a nivel local, alcaldías, sindicaturas y regidurías nos encontramos aún más lejos, ni siquiera llegamos al 30%.
Luchemos mujeres y hombres hombro con hombro para lograr una sociedad igualitaria, equitativa y sin violencia de género; solo así empoderaremos a nuestra democracia en beneficio de todas y todos.
Fuente: lasillarota.com
por Maura Arredondo | Dic 5, 2024 | De las plumas 50+1
La violencia contra las mujeres, en términos generales- es cualquier acción u omisión, basada en su género, que cause muerte, daño psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público, la que actualmente está regulada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La creación de esta ley es de vital trascendencia, porque protege el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia.
Un tipo de violencia que ha ido en aumento es la obstétrica, la que es entendida como el conjunto de prácticas y conductas realizadas por profesionales en el ámbito de la salud que atienden a mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto, tanto en el ámbito público como en el privado, que por acción u omisión suponen algún grado de violencia hacia las usuarias.
La violencia obstétrica constituye una discriminación de género y supone la violación de los derechos humanos desde el enfoque de los derechos de la salud, sexuales y reproductivos de la mujer. Las conductas consideradas como parte de este tipo de violencia se engloban dentro del trato deshumanizado o la medicalización injustificada que pueden sufrir las mujeres en entornos hospitalarios.
La Organización Mundial de la Salud emitió en el 2014 una declaración alertando sobre la falta de respeto que recibían muchas mujeres embarazadas en los centros de salud, siendo algo extendido a nivel mundial.
La violencia obstétrica también se ve reflejada en procedimientos que no cuenten con alguna justificación de por qué se realizan, como tactos vaginales frecuentes o cesáreas; prácticas que están dentro de la omisión médica, como negar la atención médica, algún analgésico u otro medicamento; impedir a la mujer estar con su bebé después del nacimiento; así como las burlas, tonos de ironía, humillaciones y manipulaciones; o usar técnicas de aceleración del parto sin el consentimiento de la mujer; o incluso, practicar cesáreas sin consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.
Incluso, desde el punto de vista emocional hay otro tipo de afectaciones, pues muchas mujeres incluso quisieran no recordar el momento del nacimiento de sus hijos por la humillación a la que fueron sujetas y se quedan por años con ese sentimiento del maltrato que recibieron.
Fuente: heraldodepuebla.com
