por Maura Arredondo | Ago 22, 2024 | De las plumas 50+1
A partir de que fuera aprobada la reforma en abril de 2020 por la que se modificaron y adicionaron diversas disposiciones legales en 6 leyes generales y 2 federales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de género, el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió lineamientos para que los partidos políticos atendieran estas disposiciones y estableció la obligación de presentar la declaración #3De3ContraLaViolencia cuya finalidad fue que los aspirantes a alguna candidatura firmaran un formato bajo protesta de decir verdad, en el que manifestaran que no se encontraban en algún supuesto de persona deudora de pensión alimentario, agresora sexual o que haya cometido violencia familiar.
En mayo de 2023 se reformaron dos artículos de la Constitución para establecer que una persona “…no podrá ser registrada como candidata a cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público” en caso de contar con alguna sentencia firme por “…delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales; el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica; violación a la intimidad sexual; por violencia contra las mujeres en razón de género…”, así como “… cuando la persona sea declarada como persona deudora alimentaria morosa”. De aquí nació ahora la #8De8ContraLaViolencia.
Bajo este contexto, solicité la presentación de un Informe sobre el cumplimiento al Acuerdo INE/CG550/2024 relativo a la aprobación del procedimiento para constatar que las personas candidatas a diversos cargos de elección popular federal no hayan incurrido en alguno de los supuestos de la #8De8ContraLaViolencia.
Al respecto, el Informe destaca la imprecisión de la información proporcionada por distintas autoridades jurisdiccionales que, en el mejor de los casos, presentaron bases de datos, pero sin adjuntar las sentencias firmes de lo solicitado y, en el peor de los casos simplemente no contestaron.
Esto resulta en una seria negación o desconocimiento por parte de las autoridades jurisdiccionales estatales de sus obligaciones para proporcionar información para que el INE pueda cumplir a cabalidad sus funciones. No obstante, el INE desplegó una serie de actividades que sirvieron para obtener mayor información.
En este sentido, el INE debe comenzar a establecer vínculos de colaboración institucional con dichas autoridades para los próximos procesos electorales y con ello, cumplir a cabalidad su obligación de revisión de que las personas candidatas no estén en alguno de los supuestos de la #8De8ContraLaViolencia.
Asimismo, el INE debe desarrollar una herramienta tecnológica para la carga de información que le permita la homogeneidad y sistematización de los datos proporcionados y analizados.
El Informe refiere la estrategia de comunicación social para que la ciudadanía en general tuviera un canal de comunicación abierto para que, de tener conocimiento de un posible caso de los supuestos de la #8De8ContraLaViolencia enviara la información respectiva. No obstante, solo se recibieron 7 escritos libres y 7 formularios respecto a 13 personas candidatas. El resultado, en mi opinión es que necesitamos generar mayor impacto en la ciudadanía para lograr incrementar su colaboración.
El Informe también refiere los obstáculos presentados en la etapa de compulsa de la información que eran de esperarse en virtud de enfrentarnos a una temática que implicó diversas acciones que no fueron previstas con antelación. Por ello, considero que a raíz de esta experiencia se tendrían los elementos suficientes para determinar dichos criterios con parámetros más claros de actuación que permitan que el INE actúe de manera eficiente para combatir la violencia política contra las mujeres.
Vendrá el próximo proceso electoral federal en 2027 y estoy segura de que el INE tendrá las herramientas suficientes para lograr mayores alcances para hacer cumplir la normativa de la #8De8ContraLaViolencia.
Fuente: lasillarota.com
por Maura Arredondo | Ago 21, 2024 | De las plumas 50+1
La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, presentó un informe estremecedor que examina con un enfoque crítico e integral la violencia contra ellas asociada a la prostitución y revisa los marcos normativos en el mundo que la sancionan. El reporte, sometido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio, deja entrever el impacto social, económico, jurídico y de salud que tienen la explotación sexual y la trata de personas para millones de personas.
Sostiene que el desarrollo de las redes de prostitución está fuertemente influido por las normas patriarcales y el consiguiente abuso de poder y demanda sexual por parte de los hombres que se agudiza por la globalización, las desigualdades económicas y los conflictos. Para millones de niñas y mujeres, la discapacidad, la edad, la clase social, la raza, la etnia, el estatus migratorio, la orientación sexual y la identidad de género son factores que agravan el riesgo de caer en ese sistema de violencia.
Muchas sufren pobreza, experiencias infantiles traumáticas, indigencia y abuso de sustancias, tienen una educación limitada o nula, al tiempo que deben mantener a sus familiares. Otras son engañadas con ofertas de trabajo falsas o lucrativas o con incentivos económicos a cambio de actos sexuales. Los crecientes flujos migratorios en nuestro país luego de la pandemia, mostraron un alza en el delito de trata de personas cometido por redes criminales asentadas a lo largo de la ruta migratoria desde Sudamérica hasta territorio norteamericano.
A las víctimas, les retienen sus documentos de identidad y su “remuneración”, las vigilan constantemente, son objeto de detención arbitraria y prolongada y están expuestas a la deportación. Recientemente conocimos los casos de dos jóvenes venezolanas de 20 y 21 años cuyos cuerpos aparecieron en Topilejo con visibles huellas de tortura. Las autoridades creen que fueron asesinadas por redes de trata.
El crudo informe reconoce que la prostitución da lugar a atroces violaciones de los derechos humanos y a múltiples formas de violencia contra las niñas y las mujeres quienes son deshumanizadas y vistas por los proxenetas como personas sin derechos humanos. Se centra en mujeres pertenecientes a minorías y entornos marginados. Por tanto, según el reporte no es casualidad que en los países ricos la prostitución se conforme por mujeres migrantes procedentes de países pobres.
Examina también el creciente consumo de pornografía en plataformas digitales que alienta y normaliza la violencia sexual infligida a las mujeres. Sobre este tema concluye que el aumento de las violaciones, incluidas las colectivas, puede relacionarse con el mayor consumo masculino de pornografía del que ofrece un dato alarmante: 35% de todas las descargas de Internet están relacionadas con la pornografía.
Alsalem considera que la participación igualitaria de las mujeres en la sociedad es imposible de alcanzar cuando la prostitución está normalizada y se basa fundamentalmente en una desigualdad entre mujeres y hombres.
El documento cita al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que reconoce que la explotación sexual persiste porque los Estados no la combaten eficazmente e insta a que no se conviertan en “Estados proxenetas”, derogando las leyes que toleran la explotación a través de la prostitución y la pornografía.
Fuente: elsoldemexico.com.mx
por Maura Arredondo | Ago 20, 2024 | De las plumas 50+1
Nosotras todavía de festejo por la llegada de mujeres al poder y otros en una andanada misógina como los que “analizan” el comportamiento de la virtual Presidenta de México, antes de conocerla; personas que pierden tiempo y compostura alegando cómo se dice y escribe, presidente o presidenta. O quienes hacen memes y cartones, ya no es la calca, sino “subordinada” y dicen sin recato que es AMLO quien decidirá todo. En realidad no sabemos.
Claudia Sheinbaum Pardo, como todo ser humano, en este México machista y autoritario, a lo mejor cuando se siente en la silla y tenga poder real se transformará, con sello personal.
En este sistema hace mucho tiempo don Daniel Cosío Villegas habló del estilo personal de gobernar. Aunque eran los mismos, no eran. Creo que debemos esperar, y dejar de adelantar pascuas.
Me lastima, sin embargo, que percibo una ola de temor patriarcal y sesgos misóginos por todas partes. Eso de que habrá 13 gobernadoras, mujeres más del 50 por ciento en los Congresos locales, tiene a los hombres ateridos, impávidos, paralizados.
Lo cierto es que entre las autoridades electorales no habría manera de torcer la ley y la declaración constitucional de paridad. Es el caso que habrán de resolver, sobre lo que resultó electoralmente en Movimiento Ciudadano. Son días decisivos de probables ajustes en la asignación de curules plurinominales, por lo que sería inadmisible poner en el Senado un grupo parlamentario de cinco senadores, con 80 por ciento hombres.
Nadie esperaba que la controversia afectara a Dante Delgado Rannauro, suplente de Donaldo Colosio Riojas, en Nuevo León.
Y es que la Constitución mandata que debe garantizarse la paridad en el Senado -así como en el conjunto del Poder Legislativo a nivel federal y en Congresos estatales- y hay jurisprudencia para garantizar la acción afirmativa. La decisión está en el INE y en el Tribunal.
Independientemente de otros ajustes, MC, debido a su votación, tendrá dos senadurías de primera minoría: una en Nuevo León con Luis Donaldo Colosio Riojas y en Campeche con Francisco Daniel Barreda Pavón, por ser primera minoría: dos hombres.
MC tendría derecho -por su votación- a tres senadurías de la lista nacional, resulta que son dos hombres y una mujer. En esas tres está Dante Delgado Rannauro.
Si las consejeras y las magistradas -los- no aplican la acción afirmativa en el grupo parlamentario en el Senado de MC, habrá a una mujer y cuatro hombres, aunque la ley señala que en el caso debería “ajustarse” quitando al hombre que va en tercer lugar y subir a la mujer del cuarto lugar.
Se quitaría a Dante y subiría la diputada feminista y exgobernadora de Zacatecas Amalia García Medina. Ahora la única mujer en esa lista para el Senado es Alejandra Barrales.
Menudo problema para las consejeras y magistradas. Sabemos que MC cumplió, registró a 50/50, en las listas, un hombre/una mujer como todos los partidos. Lo que no se sabía es que el resultado significa que debe salir el dirigente del partido, con el ajuste de género. Ajuste obligado, lógico y coherente con el discurso del INE. De otro modo ese partido será, por omisión de las autoridades electorales, el partido con más hombres.
Es un problema de varias aristas, como de no creerse, con tanto como dicen que son feministas, que por encima de todo los derechos de las mujeres. Ojalá que hagan en el INE y en el Tribunal su trabajo y apliquen las reglas establecidas. Veremos.
Fuente: elsoldemexico.com.mx
por Maura Arredondo | Ago 15, 2024 | De las plumas 50+1
La Sala Regional Ciudad de México, el pasado veintidós de julio, resolvió una sentencia con respecto a la elegibilidad de un candidato a senador que se autoadscribió como indígena. La parte denunciante alegaba que la comunidad indígena a la que el candidato decía pertenecer desconocía su vínculo, por lo cual el Instituto Electoral del Estado de Puebla debió verificar la documentación presentada por el candidato para asegurar su pertinencia cultural.
En ese sentido, el análisis que realiza la autoridad jurisdiccional para determinar la resolución del caso en concreto maneja dos cuestiones relevantes. Por un lado, está todo el marco jurisprudencial que se ha creado a lo largo de los años para garantizar el derecho de las comunidades indígenas a participar en las elecciones, y por el otro, la carga de la prueba, que es un aspecto indispensable en este tipo de casos.
Ahora bien, con respecto al marco jurisprudencial, resulta necesario precisar el cumplimiento del requisito de autoadscripción calificada a partir del cual es posible que una persona pueda acreditarse como indígena. Este concepto se fortaleció con la sentencia emitida por la Sala Superior en el expediente identificado con la clave SUP-RAP-726/2017, mediante la cual se establecieron candados para evitar una autoadscripción no legítima y fraude a la ley.
Es por ello que, para acceder a cargos de elección popular, se solicita la autoadscripción calificada y no solamente la simple, que se basa en expresar únicamente que se es integrante de este grupo vulnerable. Esto garantiza que estos lugares realmente sean para la representatividad indígena, por lo que se necesita la documentación establecida en los lineamientos emitidos por el INE, con el objetivo de comprobar su identidad como parte de una comunidad indígena.
Por otro lado, con respecto a la carga de la prueba, la autoadscripción, sea simple o calificada, tiene a su favor una presunción de validez que debe ser derrotada por quien pretenda desconocerla. Por lo tanto, el análisis de las pruebas no se va a limitar a cuestiones estrictamente formales, sino que se debe realizar con una perspectiva intercultural.
Por lo tanto, para poder desvirtuar una autoadscripción calificada, la carga de la prueba prevalece sobre la parte que denuncia. Esta parte necesita presentar los medios de prueba idóneos y suficientes que demuestren que la persona no es indígena. Si no hay pruebas, la presunción de validez deberá mantenerse.
En esta tesitura, la importancia de tener mecanismos que protejan la representatividad de personas indígenas ante cargos de elección popular es indispensable. Por lo tanto, se deben establecer candados que salvaguarden a este grupo vulnerable, ya que resulta fundamental. En ocasiones, este tipo de acción afirmativa se utiliza para sacar provecho y obtener ventaja en posiciones que puedan favorecer al candidato de un partido político.
En conclusión, este caso es primordial en el tema de la elegibilidad con respecto al reconocimiento de una persona indígena. Muchas veces el fraude a la ley puede darse para sacar ventaja, como se mencionó anteriormente. Por lo tanto, los posibles candados que se implementen para garantizar la representatividad indígena deben enfocarse en aspectos que contribuyan a consolidar la identidad de una persona indígena y que realmente comprueben que es originario de allí. Esto deja como reflexión si esta acción afirmativa está garantizando efectivamente la representación de las comunidades indígenas y si es necesario establecer herramientas más eficaces que ayuden a comprobar la identidad de una persona indígena.
Fuente: puebla.contrareplica.mx
por Maura Arredondo | Ago 14, 2024 | De las plumas 50+1
Los comentaristas, analistas y especialistas del deporte no han escatimado elogios sobre la organización y desarrollo de la edición 33 de la Olimpiada celebrada en París. El país anfitrión que es multicultural, plurilingüe y referente de tendencias sociales como se demostró en la inauguración, tenía el reto de organizar unos juegos que tuvieran una participación igualitaria de mujeres y hombres y que fueran más sostenibles y energéticamente eficientes. La sede olímpica debía honrar los compromisos sobre cambio climático suscritos en la misma ciudad.
En los juegos olímpicos de 1900, 22 mujeres compitieron por primera vez y en Barcelona 1992 representaron una tercera parte. La cita olímpica que terminó el domingo fue la primera con una participación igualitaria pues de 10, 500 deportistas la mitad estaba conformada por mujeres y la otra mitad por hombres.
El programa contempló que de los 32 deportes en competencia, 28 tuvieran plena igualdad de género y que los eventos deportivos femeninos y masculinos se desarrollaran al mismo tiempo. Además, la Villa Olímpica contó por primera vez con salas de lactancia y una guardería que se mantenían abiertas durante el día para las mamás atletas.
Cada justa tiene sus estrellas olímpicas. Enriqueta Basilio, del equipo mexicano de atletismo, fue la primera mujer en encender la llama olímpica en el estadio de Ciudad Universitaria en octubre de 1968. La gloriosa actuación de Nadia Comaneci en Montreal 1976 nos conmovió y marcó un hito en la gimnasia, disciplina que ha convertido en un fenómeno a la maravillosa Simon Biles y que catapultó a la fama a la brasileña Rebeca Andrade mientras ambas daban ejemplo de sororidad.
Pero en el Olimpo no todo es gloria. Más allá del entusiasmo que genera enfrentarse entre los mejores atletas del planeta, la presión a la que se someten los participantes en el escenario olímpico es extrema al representar a un país entero. En Tokio 2021, Biles abandonó el torneo diciendo que no estaba preparada mentalmente para continuar, lo que le generó críticas injustas y también reconocimiento por atreverse a dar un paso al costado.
Al correr la extenuante prueba de la Maratón de París de 42 kilómetros, Sifan Hassan de Países Bajos que había ganado medallas en los 5 mil y 10 mil metros planos se preguntaba ¿qué hago aquí? ¿por qué lo he hecho? ¿qué me pasa? Horas más tarde el Presidente del Comité Olímpico Internacional colgaba la medalla de oro a la mujer de origen etíope en la ceremonia de clausura.
Se trata de mujeres deportistas de élite a quienes se les exige un esfuerzo mayor que el del resto de competidores. El abrupto fin de la carrera de Comaneci es una muestra de ello. Aun con la polémica en torno a la boxeadora argelina Imane Khelif, el encuentro no logró ensombrecerse.
El total de medallas entregadas en París fue de 1,039. Las preseas obtenidas en la categoría “femenino” incluyendo todos los deportes, alcanzaron las 476 entre oro, plata y bronce, un 45.8% del total en la justa olímpica.
La delegación mexicana logró 5 medallas; Prisca Awiti obtuvo la plata en judo y el equipo femenil de tiro con arco el bronce. Quedará en nuestra memoria la sobresaliente actuación de las nueve nadadoras del equipo mexicano de natación artística capitaneado por Nuria Diosdado que a contracorriente y sin apoyos institucionales, han dejado el nombre de nuestro país en lo más alto.
Fuente: elsoldemexico.com.mx
