por Maura Arredondo | May 14, 2024 | De las plumas 50+1
Las democracias del mundo enfrentan un enemigo común y persistente: la desinformación. En esta época en que la información fluye con gran velocidad y tiene un alcance sin precedentes, el avance acelerado de las tecnologías trajo consigo una serie de retos que han puesto en entredicho la manera en la que las sociedades se organizan políticamente y garantizan los derechos de quienes las integran.
Casos como el de Cambridge Analytica, la empresa británica dedicada al análisis de datos que influyó en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016 mediante la recolección de datos personales de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento, para elaborar perfiles psicográficos que le permitieron dirigir anuncios políticos personalizados, dejaron de manifiesto que la desinformación y las noticias falsas dirigidas pueden desvirtuar la vida democrática de un país.
En México este fenómeno plantea un reto significativo para la estabilidad política y social. Como lo refiere la organización Artículo 19, la desinformación en la esfera digital mexicana está cargada de un alto nivel de violencia, ya que muchos de quienes participan en la vida democrática del país, a menudo son víctimas o victimarias de descalificaciones personales, ataques por la forma en la que piensan y amenazas que pueden llegar a la agresión física.
En este contexto, si bien las autoridades electorales realizan esfuerzos por combatir las fake news a través de campañas de información o alianzas con plataformas digitales, la falta de regulación, el dinamismo con el que se distribuyen y el anonimato hacen que se establezca una dualidad peligrosa. Por un lado, acerca a las personas al conocimiento, democratiza la información y amplía el espectro de participación de las personas; por otro, reduce la certidumbre sobre lo que se conoce.
La desinformación también polariza a la sociedad. En un entorno político ya de por sí radicalizado, los discursos de odio y la división se convierten en herramientas políticas que buscan la confusión y el conflicto para que sus promotores se vean beneficiados. Si bien este es un elemento natural dentro de las democracias liberales, cuando llega a niveles extremos puede desvanecer los espacios comunes mínimos requeridos para mantener una conversación pública civilizada y democrática, erosionando un sistema que permita dirimir los conflictos y diferencias por vías distintas a la violencia.
Entonces, ¿qué hacer para combatir la desinformación que amenaza la democracia? Existen propuestas regulatorias como las discutidas por José Javier Olivas en el caso «Catalangate», que aboga por un enfoque que persiga la desinformación después de su aparición y que promueva la educación mediática y el fortalecimiento de una cultura de verificación entre la ciudadanía. Otra iniciativa es el aumento de programas de alfabetización mediática e informacional en escuelas, para cultivar, desde la niñez, generaciones de ciudadanos bien informados y con conciencia crítica.
Por otro lado, la colaboración transnacional en la lucha contra la desinformación es crucial. Como señala Loreto Corredoira en el libro Democracia y desinformación, actores como la Unión Europea han avanzado significativamente en la creación de un marco regulatorio que podría servir de modelo para combatir la desinformación. La adopción de directrices internacionales y la cooperación con organismos internacionales pueden proporcionar herramientas adicionales para abordar este desafío global.
Por ello, implementar estrategias robustas, que incluyan la educación mediática, la regulación de contenido en plataformas digitales y la colaboración entre todos los actores para garantizar el acceso a información veraz y oportuna es fundamental para combatir la desinformación. Esta lucha es vital para preservar la integridad de los procesos democráticos y asegurar una participación ciudadana informada y efectiva.
Fuente: heraldodemexico.com.mx
por Maura Arredondo | May 14, 2024 | De las plumas 50+1
Ante la jornada electoral más grande de la historia de México en la cual se elegirán más de 20 mil cargos públicos, la participación y voto de la ciudadanía es crucial para la consolidación de la democracia.
El derecho de la ciudadanía a votar está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), específicamente en el artículo 35, fracción I, sin embargo, el artículo 38 señala los casos en los que los derechos o prerrogativas de las y los ciudadanos son suspendidas.
El derecho al voto se suspende cuando la persona se encuentra sujeta a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión; también si se encuentra prófugo de la justicia a partir de la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal; por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión, entre otros supuestos.
De acuerdo a esta disposición el derecho a votar de las personas en prisión preventiva no se debe suspender ya que no cuentan con sentencia firme y bajo el principio de presunción de inocencia que es fundamental para el cumplimiento y protección de los derechos humanos.
La presunción de inocencia fue incorporado al sistema acusatorio en 2008 a través de la modificación de los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la CPEUM observando los principios básicos de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
No obstante, el voto en prisión preventiva ha sido causa de análisis por parte de diversos juristas, expertos y autoridades en materia electoral, incluso ha sido materia de discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
En este sentido, la Sala Superior del TEPJF al resolver el expediente SUP-JDC-352/2018 y acumulado, por mayoría de votos determinó que las personas en prisión preventiva que no hayan sido sentenciadas podrían votar de acuerdo a la interpretación de la Sala Superior de la SCJN sobre el principio de presunción de inocencia.
Es por ello, que en este periodo electoral por primera vez las personas en prisión preventiva en lista nominal ejercieron/ejercerán su derecho al voto anticipado a través de mecanismos establecidos en los lineamientos aprobados para garantizar el estricto cumplimiento a los derechos humanos, transparencia y legalidad.
Con respecto al escrutinio y cómputo, 142 Consejos Distritales aprobaron 158 mesas para su realización, en tanto el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales (OPLES) serán los encargados de incorporar los resultados a los sistemas electorales correspondientes.
Sin duda alguna el voto en prisión preventiva marca una línea trascendental en la historia en la que de ninguna manera puede haber retroceso en la observancia del principio fundamental de la presunción de inocencia.
En México se estima que en 2022 un promedio de 41% de las personas privadas de la libertad se encontraban en prisión preventiva, es decir, 4 de cada 10 personas, lo cual evidencia un sistema de justicia ineficiente y muy lejos de la impartición pronta y expedita.
Es por lo anterior, que la resolución del TEPJF constituye un gran avance democrático que conlleva acciones no solo sobre el ejercicio al voto, sino también del derecho a la información precisa y oportuna sobre las candidatas y candidatos, a tener pleno conocimiento sobre el marcaje en las boletas electorales, de tener acceso a los resultados de la votación y de contar con ciudadanía como observadores de la transparencia y legalidad de este proceso.
Existen numerosas asociaciones y organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general que están/estarán haciendo observación electoral de primera línea en los centros penitenciarios, recopilando datos que permitan tener un contexto de análisis sobre esta jornada electoral.
Tener certeza y transparencia sobre cada uno de los procesos, legitima la elección más aun cuando se llevan a cabo acciones inéditas de votación anticipada, por lo cual es de vital trascendencia en la vida democrática de México que esta jornada sea observada minuciosamente no solo por los representantes de los partidos políticos, sino también por la ciudadanía.
Por una jornada electoral 2024 sin violencia, transparente, apegada a derecho, con autoridades electorales imparciales, con una gran participación ciudadana ejerciendo el voto, pero también siendo observadores activos de irregularidades y testigos del desarrollo de un proceso electoral histórico no solo por el número de cargos que se elegirán, sino también porque es muy probable tengamos por primera vez a una mujer como presidenta de nuestro querido México.
Fuente: parentesislegal.com
por Maura Arredondo | May 13, 2024 | De las plumas 50+1
Cuando los actores políticos no tienen libertad para competir por los cargos de representación popular, los ciudadanos tampoco tienen libertad de elegir entre diversas opciones. Eso sucede cuando asesinan a las y los candidatos a los cargos de elección popular. Por un lado, eliminan a las o los competidores incómodos, pero, por otro, imponen un estado de miedo que inhibe la participación ciudadana. Luego entonces, no puede calificarse un régimen político como democrático si la legitimidad del representante político ganador, emanó de un proceso corrompido por su imposición como único competidor, tal y como sucedió en el proceso electoral de 2021 en algunos municipios.
Aun cuando la violencia política letal se empezó a manifestar con algunos asesinatos en los procesos electorales de los anteriores sexenios, fue partir de la elección presidencial de 2018, que la calidad de la democracia mexicana se ha visto verdaderamente vulnerada por la creciente violencia política, pero, sobre todo, la violencia homicida a nivel local, toda vez que, el mayor número de víctimas es el de las y los candidatos a presidentes municipales o regidores y personas cercanas de sus equipos de campaña. Por ello, resulta tramposo que, en el actual proceso electoral, contrario a los anteriores, el ámbito federal del Poder Ejecutivo se haya deslindado de garantizar la seguridad de los competidores locales. Las consecuencias de esta desafortunada decisión las están enfrentando los competidores locales de todos los partidos políticos, incluyendo a los de Morena y los partidos aliados. Ahí está el caso de la candidata Gisela Gaytán, no es el único, pero es el más simbólico toda vez que, el mismo Presidente de la República lucró políticamente con este terrible hecho, señalando a las autoridades estatales de ser responsables, cuando bien que sabe que, este caso, sólo es uno más de los que ya se venían presentando en Guerrero, Veracruz y Michoacán, por ejemplo, sólo que la diferencia fue que en estos últimos tres, gobierna Morena, y en Guanajuato el PAN.
Al error de haber diseñado un modelo de protección sólo para los competidores federales desde el ámbito federal, se suma el hecho de que, la tramitología para que los competidores locales logren tener seguridad, es sumamente burocrática, contrario a la actuación de los grupos criminales, que, en pocos segundos, acaban con la vida de quien les representa una amenaza a sus intereses ilegítimos.
Cabe mencionar que, si bien es cierto, los generadores de esta violencia homicida son, principalmente, los grupos criminales, no son los únicos. Algunos estudios de casos han demostrado que los responsables intelectuales del crimen pueden ser personajes que ambicionaban el mismo cargo, y hasta eran del mismo partido político de la víctima. Sin embargo, el verdadero enemigo para que siga creciendo la violencia política letal es la impunidad. ¿Cuántos homicidios derivados de la violencia política se han resuelto a la fecha? No lo sabemos con certeza, pero por ejemplo, en el caso del asesinato de la candidata Gisela Gaytán, fue muy lamentable que al Presidente no le ocupó el exigir que se realizara una inmediata investigación para esclarecer quién o quiénes eran los responsables materiales o intelectuales del hecho, sino el buscar a quién hacer responsable políticamente, toda vez que, desde hace un año, responde más como coordinador de la campaña presidencial de su partido, que como Presidente de la República.
Ante estas circunstancias, la indefensión de las y los competidores electorales crece, toda vez que, la única forma de frenar la violencia política letal, es que el Presidente de la República reconozca y asuma la responsabilidad de garantizar la libertad de competir de los actores políticos de todos los partidos y la libertad de los ciudadanos de elegir entre diferentes opciones. Para lograrlo, tiene que dejar de echarle la culpa a los de enfrente, y, sobre todo, tiene que dejar de denostar a las instituciones electorales que sí han cumplido la tarea que les corresponde.
Fuente: excelsior.com.mx
por Maura Arredondo | May 13, 2024 | De las plumas 50+1
En esta cultura patriarcal, desde el nacimiento de una niña se le van adjudicando roles y estereotipos por el hecho de haber nacido de sexo femenino. Se le ponen moños, vestidos rosas, todo para que parezca dulce, obediente y frágil.
Todo lo anterior no tendría mayor impacto si no fuese “in crescendo” a lo largo de la vida. De los moños se pasa a siempre estar al pelo largo bien peinado, aunque eso implique a veces dolor e incomodidad; a cerrar las piernas siempre que se siente cuando trae falda o vestido, a demostrar cortesía rayana en acato y sumisión, en estar pendiente del bienestar y cuidado de otros y una serie de etcéteras que van moldeando a la persona a responder a expectativas sociales por el simple hecho de ser mujer.
Por supuesto, a los niños también se les van internalizando creencias y comportamientos que le harán “hombre”, y si se alejan de éstos se les estigmatiza como “poco hombre”; sin embargo, hoy me referiré a un síndrome acuñado por la psicoterapeuta Beverly Engel en su obra “Nice Girl Syndrome”, mucho más frecuente en mujeres, y que denominó “síndrome de la niña buena”.
Muchas de estas niñas, y luego mujeres, crecen bajo creencias misóginas que relacionan su valor y el de otras mujeres en relación con la belleza, el éxito y el comportamiento, anteponiendo los intereses, necesidades y deseos de otras personas a las propias.
Es agotador para estas personas tratar de cumplir con el paradójico doble vínculo que la sociedad exige, pues por un lado se espera de ellas que sean agradables, sumisas y complacientes y por el otro, independientes, exitosas y empoderadas. La presión por estar a la altura de dichas expectativas puede llevar a ansiedad, confusión, depresión, estrés crónico y sentimientos de culpa y vergüenza, pues es prácticamente imposible cumplir con objetivos tan opuestos.
Las mujeres con síndrome de niña buena tienen dificultad para establecer límites saludables y, especialmente, en anteponer sus propios sueños, necesidades y deseos, en aras de relaciones equitativas, saludables y, primordialmente, beneficiosas y felices para ellas.
¿Te preguntas si tú puedes padecer de este síndrome? Aquí algunas características: socialización de género, aprenden a conducirse amables y complacientes y nunca ser percibidas como “inapropiadas” o “agresivas”; perfeccionismo, se auto y sobre exigen constantemente desde el desempeño escolar hasta la apariencia personal; evitación del conflicto, pues a fin de mantener la armonía evitan expresar sus opiniones y generar confrontación; autoestima condicionada, tienen una autovaloración fundada en la valoración y aprobación externa en lugar de sus auténtica e interna autovaloración; riesgos de enfermedad mental, como ya se dijo arriba, sufren regularmente de ansiedad, depresión e inclusive de trastornos alimenticios, todo lo que las lleva a relaciones poco saludables y sin límites de (auto) exigencia.
Reconocer que se vive con este síndrome es el primer paso para sanar. Algunas acciones para evolucionar es sin duda buscar apoyo psicoterapéutico para aprender a dejar atrás la culpa y el remordimiento por anteponerse como prioridad.
Así también, practicar pequeños pero firmes pasos de autocuidado y autocompasión, cuestionar los roles que se asumen como “naturales” en virtud del sexo con el que nacimos, educarse, aprender roles nuevos que provean satisfacción por logro, practicar activismo de cambio y, especialmente, aprender a establecer límites saludables que equilibren relaciones autoestima.
Se puede y debe intentar dejar atrás el síndrome de la niña buena para emerger como la mujer plena y feliz que eres y mereces. Nadie puede hacerlo por ti; es tu voluntad y amor propio el conducto, los resultados serán maravillosos; créeme, créete.
Fuente: elsoldetlaxcala.com.mx
por Maura Arredondo | May 13, 2024 | De las plumas 50+1
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de enero reportó que la población ocupada en el país fue de 59 millones, de las que un 40% son mujeres, una brecha significativa que se profundiza porque en su gran mayoría laboran en condiciones de informalidad.
¿A qué responde la baja ocupación, considerando que la población de mujeres de 15 años y más es superior a la de hombres en el país? Aunque no existe una respuesta única, debe ponerse el foco en el conjunto de actividades que millones de mujeres realiza diariamente en casa. Según el Inegi, se dedican 38 horas en promedio semanales a labores domésticas y de cuidados (la Ley Federal del Trabajo establece una jornada máxima de 48 horas de trabajo remunerado).
No es que no se desee tener ingresos o un empleo formal, al contrario, está demostrada su dedicación y entrega a realizar intensas faenas y jornadas en el hogar sin remuneración económica alguna ni reconocimiento social. Cuidar a hijas e hijos y personas con discapacidad o dependencia, es también la razón por la que las mujeres optan por empleos con horarios flexibles o a tiempo parcial y cuando los encuentran, los ingresos son exiguos. 24 millones de mujeres cuidan a alguien en el hogar según la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados, mientras que el número de hombres se sitúa en 8 millones, un tercio.
La falta de empleo conlleva falta de liquidez que es necesaria para hacer frente a gastos cotidianos, mucho menos se puede pensar en generar ahorros, obtener un crédito o insertarse en el ecosistema financiero. Más difícil se torna para aquellas quienes laboran en el sector informal con ingresos modestos pues no pueden acceder a un producto financiero.
Es aquí donde aparece un auténtico “dilema” estructural: si la tasa de participación laboral de las mujeres ronda el 40% y las horas semanales invertidas en los cuidados promedian 38, ¿qué debe privilegiarse, el cuidado en casa o la obtención de ingresos para el sustento? ¿Estamos condenadas a vivir así? ¿Es insalvable esta correlación?
A pesar del incremento de la participación femenina en el trabajo remunerado, sigue estando por debajo de la participación masculina debido a factores como la discriminación en las prácticas de contratación, desigualdad salarial, movilidad y segregación, condiciones de trabajo inflexibles e insuficiencia de servicios como los de guardería.
Las desigualdades de género son evidentes. Si las mujeres dedican buena parte de su tiempo al trabajo no remunerado, se dificulta su incorporación al mercado laboral y cuando lo hacen, toman la decisión de abandonarlo temporal o permanentemente, que entre otras consecuencias hace impensable un retiro digno al final de la vida laboral, al cotizar menos semanas. Las mujeres tienen 42% menos saldo en Afores que los hombres, otra brecha más.
Cuando logramos incorporarnos al mercado laboral, la situación no mejora. La brecha de ingresos por género es del 35% como indica la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares. Aunado a lo anterior, la precariedad y la informalidad laboral limitan las oportunidades de desarrollo personal y profesional. La desigualdad entre mujeres y hombres surge de la división sexual del trabajo que se materializa en un funcionamiento injusto de la economía.
A todo lo anterior habría que sumar las brechas salariales, la escasa participación de mujeres en altos cargos de dirección en el sector público o la iniciativa privada por los techos de cristal que les impiden subir en el escalafón, la feminización de la pobreza, así como la violencia económica y patrimonial que impacta en los ingresos y limita el acceso al conjunto de esquemas que provee el sistema financiero.
Para alcanzar igualdad económica y salarial debemos romper ese círculo vicioso. Por eso es urgente que el Congreso y el sector privado reconozcan y visibilicen la magnitud y la cuantía del trabajo que 24 millones de mujeres realizan a través de los cuidados y que frena sus aportaciones a la economía nacional. De no cambiar esta realidad los problemas estructurales a los que me he venido refiriendo, se mantendrán sin cambios y lograr la igualdad quedará en aspiración.
México tiene el reto de encontrar fórmulas para que el mercado laboral no sea injusto ni desigual para las mujeres. Hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó reconocer ese derecho mediante la política nacional de cuidados pero sin contemplar una sola partida presupuestal para ello; mientras tanto en el Senado, sigue pendiente ratificar la Ley del Sistema Nacional de Cuidados. La Secretaría de Hacienda estima que el costo de ese Sistema alcanzaría el 1.4% del PIB nacional.
Es apremiante redistribuir el trabajo de cuidado para ser asumido por la sociedad en su conjunto y promover la corresponsabilidad entre familias, comunidades, Estado y mercado. Solo así superaremos el anacrónico paradigma del hombre proveedor y la mujer cuidadora que considera a la mitad del país excluida del mercado laboral, con las consecuencias que conlleva para la economía y la igualdad.
Fuente: politica.expansion.mx
