A veces no nos damos cuenta, pero las MiPymes están muy cerca de nosotros, en la miscelánea de cada esquina, el autolavado, la fonda donde compramos la torta de milanesa y hasta el veterinario donde llevamos a nuestros peludos amigos. Es decir, son proveedoras de servicios para los mexicanos y nos ofrecen respuestas y soluciones a mil necesidades. Estos pequeños negocios son la columna vertebral de la economía del país pues generan más del 70% del empleo directo y casi el 50% del PIB; sin embargo, la 4T se ha empeñado en obstaculizar su desarrollo y crecimiento cambiando los apoyos integrales que antes recibían por unas tandas.
Uno de los grandes obstáculos de las MiPymes para desarrollarse y crecer es la falta de financiamiento. En otros países, por ejemplo, Estados Unidos, a través de la Small Business Administration (SBA) se pueden conceder préstamos con normas de crédito estrictas y pagos iniciales más bajos que los convencionales, con plazos más largos de 10 hasta 25 años. En México, a pesar de que 99% de los negocios son MiPymes, no hay apoyos para este sector, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 se ha reducido 66% el monto asignado que tiene la Secretaría de Economía para la partida “Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas”. Este recurso no es para financiamiento a quienes quieran emprender, sino para capacitación, regulación, incluso obtención de datos estadísticos, que ni siquiera hacen públicos.
Aquí en México, solo 20% de las MiPymes acceden a créditos bancarios durante los primeros años, sin embargo, lo hacen a título personal no a nombre de su empresa, pagando tasas de interés mucho más altas que las de capital de trabajo. No hay trajes a la medida, por eso desde la nueva Agencia Nacional para el Emprendimiento, la Innovación y la Productividad, la “gran Agencia PYME” vamos a articular un gran programa de acceso a financiamiento mediante modelos innovadores que permitan que la banca comercial de primer y segundo piso, la de desarrollo, los capitales de riesgo y capitales semilla, y también las FinTech puedan atender al sector emprendedor.
En la Agencia del Emprendimiento integraremos a las pequeñas empresas con las cadenas de valor y aseguraremos el desarrollo de proveeduría que necesitan las grandes empresas del país. Estaremos aplicando la política de apoyo a MiPymes y emprendedores con base en las vocaciones productivas y competitivas de cada entidad federativa, además, con tecnología y la información que generan las distintas instituciones públicas actualizaremos el mapa de clústeres de México y junto con el de Estados Unidos estaremos en posibilidad de poder canalizar las inversiones del “nearshoring” hacia las regiones más estratégicas, de acuerdo al giro de cada empresa tractora que pretenda instalarse en México. Nosotros sí aprovecharemos el fenómeno de la relocalización de activos.
Recorriendo el país, he podido constatar que la única forma de atender las enormes brechas de desigualdad que existen es apostarle a quienes son el motor económico de México, apoyar a quienes con mucho trabajo, fuerza y corazón se parten el lomo porque sus familias merecen más.
El Gobierno no puede seguir atacando a quienes sueñan con un mejor futuro, necesitamos una presidente convencida en apoyar el emprendimiento desde el más alto nivel.
La incorporación de mujeres al mercado laboral especialmente de quienes somos madres representa una indispensable fuente de ingresos para muchos hogares donde la jefatura es femenina. Sin embargo, la participación laboral femenina se concentra en el sector terciario (comercio, restaurantes, hostelería) y la industria manufacturera que en su mayoría son empleos de baja remuneración.
La tendencia favorable que venía observando la ocupación laboral de las mujeres no ha vuelto a recuperarse desde la pandemia. En el primer trimestre de 2020 la ocupación fue de 45%, y en el primer trimestre del actual registró 40.6%. La destrucción de empleos y el reforzamiento de las tareas de cuidado que trajo consigo la COVID 19, amplió además la brecha en las tasas de empleo femenina y masculina.
El mercado laboral presenta obstáculos insalvables que dificultan el goce de un empleo formal y duradero e ingresos constantes frente a las otras tareas que debemos realizar. La tasa de 56% de informalidad laboral es alta en mujeres, lo que significa que son más las que trabajan sin contrato ni prestaciones que quienes se aseguran empleos estables.
Las mujeres que son cuidadoras principales dedican, en promedio, 39 horas a la semana al trabajo de cuidados, una circunstancia que explica por qué optan por empleos con horarios flexibles o a tiempo parcial, que en la mayoría de los casos están en la informalidad. El trabajo no remunerado (cuidados) y la informalidad laboral son los diques que debemos derribar porque obstruyen la autonomía económica de las mujeres.
La población femenina de 15 años y más que somos madres es de 38.4 millones, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de diciembre pasado. De ellas, 17.7 millones se encontraban laborando y 20.7 millones se dedicaron al hogar, a estudiar, estaban jubiladas o pensionadas. En México, tres de cada 10 mujeres que son madres son jefas del hogar y su ingreso es fundamental para sostener a sus familias.
Pero la remuneración es muy precaria: casi la mitad de quienes trabajan gana hasta un salario mínimo. Sin ingresos estables y empleo formal, disminuyen las oportunidades de desarrollo personal y profesional y el acceso a satisfactores para ellas y sus hijos, lo que trae como consecuencia natural el aumento de la desigualdad y la pobreza que tiene rostro de mujer. Aquí es donde aparece la disyuntiva: ¿qué debe priorizarse, el cuidado en casa o la obtención de ingresos para el sustento, especialmente en aquellos hogares con jefaturas femeninas?
¿Cómo equilibrar las sobrecargas del trabajo no remunerado, cambiar las condiciones laborales de informalidad del empleo remunerado y las barreras estructurales para la inserción laboral? Podemos avanzar si se promueven políticas públicas de género de forma integral y se impulsan a la par, políticas de inclusión laboral vinculadas con acciones resilientes de cuidado, solo así podrá cerrarse la brecha y lograr justicia.
Aunado a ello, las estadísticas dejan claro cómo la brecha salarial se amplía para las que son madres y esto aumenta con el número de hijos y la edad. No podemos seguir ante una sociedad que te felicita el día de las madres pero que castiga económicamente la maternidad.
En el mundo literario, el reconocimiento a menudo llega no sólo por la destreza técnica de un autor o por la belleza de su prosa, sino por la capacidad de su obra para tocar y transformar vidas. El Premio Pulitzer 2024 en la categoría Memorias o Autobiografías otorgado a Cristina Rivera Garza por su obra El invencible verano de Liliana es un testimonio de cómo la literatura puede confrontar, consolar y cambiar a su audiencia. Rivera Garza no sólo relata el feminicidio en contra de su hermana a través de su extraordinaria pluma y narrativa, sino que convoca una reflexión dolorosa y necesaria sobre una violencia que ha desgarrado el tejido social de México.
El invencible verano de Liliana se adentra en un tema desgarradoramente familiar en México: el feminicidio. A través de la historia personal y trágica de su hermana, Rivera Garza captura la angustia, el vacío y la ira que sienten cientos de miles de familias mexicanas que han visto a sus hijas, hermanas y madres desaparecer o ser asesinadas en un contexto de impunidad alarmante y una normalización escalofriante de la violencia contra las mujeres. La obra es un reflejo de la resistencia y la búsqueda de justicia en un sistema que a menudo parece sordo y apático ante el sufrimiento femenino.
Este libro, sin embargo, trasciende el mero relato de un crimen horrendo. Es una exploración profunda de la memoria, del dolor y de la resiliencia. Rivera Garza utiliza su habilidad narrativa para tejer una historia que es, tanto un homenaje a su hermana como un acto de resistencia literaria. Al hacerlo, desafía a la sociedad a mirar directamente un problema que muchos preferirían ignorar y genera un espacio para el diálogo y la reflexión.
El reconocimiento del Pulitzer a esta obra es significativo por varias razones. Primero, destaca la importancia de las voces femeninas en la literatura contemporánea, especialmente en contextos donde estas voces han sido sistemáticamente silenciadas o marginadas. Segundo, subraya el poder de la literatura para documentar, protestar y exigir cambios en asuntos de urgente relevancia social. Al premiar un libro que aborda el feminicidio en México, el Pulitzer no sólo honra la calidad literaria de la obra, sino que también reconoce la gravedad del tema y su relevancia global.
El invencible verano de Liliana se convierte, así, en más que una memoria personal; es un documento de nuestra época, un llamado a la acción y una insistencia en la justicia. La obra de Rivera Garza, cruda y dolorosamente espléndida, es un recordatorio potente de que las historias que contamos importan y que, en las manos correctas, la literatura puede ser una fuerza para el cambio social.
Con este premio, Rivera Garza no sólo recibe el reconocimiento que merece como escritora, sino que también se consolida como una voz crucial en el diálogo sobre los derechos humanos y la dignidad en México y en todo el mundo. Su libro, ahora coronado por uno de los premios literarios más prestigiosos, es un faro de esperanza y una fuente de fortaleza para aquellos que luchan por un mundo donde no se normalice la violencia y donde las vidas de todas las mujeres sean genuinamente valoradas y protegidas.
Un fenómeno que ha impedido el pleno desarrollo de las mujeres está relacionado con la violencia que sufren en razón en género que, además, ha sido el artífice principal para impedir la participación política de las mujeres en distintos ámbitos; la principal, su participación en el ejercicio del poder público a través de ostentar un cargo de elección popular.
Al respecto y gracias al impulso principalmente de colectivos de mujeres, el Legislativo Federal, en un incipiente inicio, aprobó en 2007 la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En abril de 2020 se registró un importante avance para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género a raíz de una serie de modificaciones realizadas a 6 leyes generales y 2 federales.
Gracias a estas disposiciones encaminadas a ir erradicando la violencia de género, el INE como máxima autoridad electoral en el país estableció la declaración denominada #3De3ContraLaViolencia con el objetivo de que los partidos políticos atendieran las disposiciones legales, en materia de representación política, en esta materia.
En un inicio, estas normativas buscaban impedir que agresores sexuales, deudores alimentarios o culpables de violencia de género pudieran ocupar un cargo de elección u ocupar un cargo en el servicio público.
No obstante, su aplicabilidad quedó sujeta a una verificación muestral por parte de la autoridad electoral nacional cuando, desde mi óptica, debió revisarse esta disposición al 100 por ciento para aquel proceso electoral federal de 2021.
En mayo de 2023 aparece en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se reformaron los artículos 38 y 102 de la Constitución para determinar enfáticamente que una persona no podrá ser registrada a alguna candidatura para algún cargo de elecciónpopular, así como no podrá ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público, si dicha persona se encuentra en diversos supuestos de violencia de género.
Estos supuestos quedaron determinados en 8 condiciones con lo que, diversas instancias la han llamado #8De8ContraLaViolencia. Estos son: delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales; cuando afecte el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar; por violencia familiar equiparada o doméstica; por violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos, y por ser declarada persona deudora alimentaria morosa.
Para ello, debe tomarse en cuenta las sentencias firmes correspondientes, es decir a partir del 30 de mayo pasado.
Con esta reforma las personas candidatas no deben encontrarse en alguno de estos supuestos a través de una declaración de aceptación de la candidatura y en la que, a su vez declararán, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentran en alguno de los ocho supuestos mencionados.
Además, la autoridad electoral entre el 2 y 5 de marzo emitieron solicitudes a diversas autoridades del país, federales y locales, para verificar que las personas postuladas como candidatas no tuvieran alguna sentencia firme por la comisión de los delitos referidos.
El pasado 29 de febrero el INE aprobó el registro de las candidaturas que fueron procedentes tanto a las diputaciones federales, senadurías y la Presidencia de la República.
Esta disposición constituye un referente importante para erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género lo que permitirá contar con una sociedad incluyente, con certeza jurídica y un referente más para lograr una igualdad sustantiva.
La violencia electoral ha ido escalando, en su momento en contra de aspirantes, ahora, contra candidatos sean hombres o mujeres. Sus resultados sin duda afectan a la democracia y a la gobernanza del país y de las entidades federativas donde se presenta.
Muchos esfuerzos habrá que hacer para restablecer el orden democrático, que si bien en mucho es producto de ese ambiente polarizado y de división que fue construido en este sexenio, también lo es por los altísimos índices de inseguridad y el nivel que ha alcanzado la delincuencia organizada.
En todo ello, quienes sufren las mayores afectaciones son las mujeres. Datos presentados recientemente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) refiere que en el ámbito municipal el 75 por ciento sufren violencias sistemáticas, que el 88 por ciento de las quejas son para denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, pero también que el 35 por ciento de las personas prefieren no acudir a presentarlas, por miedo, por falta de confianza, por no saber a quién recurrir.
De ahí que a diez años del Principio de Paridad y de la creación del Observatorio para la Participación Política de las Mujeres, y en medio del proceso electoral más grande en la historia del país en el que se elegirán más de 20 mil cargos y en el que cuando menos la mitad 10 mil, están siendo encabezados por mujeres, muy importante que con el respaldo de organizaciones civiles que la han venido impulsando desde hace algunos años, el TEPJF ha instalado la Defensoría Electoral Especializada en la atención de Asuntos de Paridad y Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género, instrumento que junto con el Programa Piloto para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género que aprobó el Instituto Nacional Electoral (INE), garantizan una mejor atención a estas graves problemáticas.
Este mecanismo brindará asesoría legal y acompañamiento gratuito en el acceso a la justicia a todas las mujeres que sufran violencia política, se atenderá a solicitud de parte por el correo electrónico defensoriaelectoral-mujeres@te.gob.mx y el juicio puede llevarse en línea.
Este ejercicio, que deberá ser reproducido desde lo local y en su momento abordado por todos los partidos políticos, que esperamos al término del proceso electoral en marcha, modifiquen sus estatutos para incluir los mecanismos e instrumentos que se han implementado para atender y cumplir, tanto la obligatoriedad de aplicar realmente el principio de paridad, como el de reducir la violencia política que desde su interior se ejerce contra las mujeres, desmasculinizándose, democratizando su actuar y respetando los derechos políticos de su militancia de mujeres, porque todo suma a la violencia electoral que ha ido escalando y que afecta a la democracia y a la gobernanza del país y de las entidades federativas donde se presenta.
Este ambiente enrarecido, que a nadie conviene, requiere de acciones puntuales no de desestimar hechos; de cambios reales, no de simulaciones; obligado garantizar las condiciones para que se ejerzan los cargos en paz y libre de violencias.
Tenemos la oportunidad de decisión. El próximo 2 de junio todas, todos, a votar.
