por Maura Arredondo | Abr 11, 2024 | De las plumas 50+1
Un debate es un intercambio de puntos de vista, que consiste en la confrontación de ideas y opiniones diversas sobre un tema determinado, cuya finalidad principal es plantear, exponer, y conocer diferentes posturas y argumentaciones sobre un tema específico.
Por su parte, un debate político electoral es aquel en que las candidaturas a un cargo de elección popular discuten sus posiciones, ideas y propuestas sobre diversos temas relevantes para la sociedad. Las y los candidatos pueden presentar y defender sus planes de gobierno, y responder preguntas y comentarios de otras candidaturas, periodistas y/o ciudadanos.
El primer debate electoral moderno conocido se llevó a cabo en Estados Unidos en el año 1858, entre los candidatos al Senado de Illinois, Abraham Lincoln y Stephen A. Douglas. Los debates se centraron en temas como la esclavitud y la extensión de los derechos civiles, y se realizaron en siete ciudades diferentes del estado.
Los debates electorales tienen objetivos de gran trascendencia, como, por ejemplo, fomentar la discusión y el intercambio de ideas entre los candidatos, proporcionar información sobre los candidatos y sus planes de gobierno al electorado, mostrar a los votantes la capacidad de los candidatos para pensar críticamente y responder a las preguntas de manera efectiva, entre otros.
Los debates se han convertido en parte de la cultura política y, actualmente se encuentran regulados en la ley electoral y son obligatorios para candidatas y candidatos.
El artículo 218 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que durante las campañas presidenciales es obligatorio celebrar al menos dos debates entre las y los candidatos; para tal efecto, el Consejo General definirá las reglas, fechas y sedes, respetando el principio de equidad entre las y los candidatos; los debates obligatorios de las candidaturas al cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, serán transmitidos por las estaciones de radio y televisión de las concesionarias de uso público.
Para el caso de las entidades federativas, los consejos generales de los Organismos Públicos Locales organizarán debates entre todas las candidaturas a Gobernador, Gobernadora o Jefe o Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; y promoverán la celebración de debates entre candidaturas a diputaciones locales, presidencias municipales, Jefes y Jefas Delegacionales y otros cargos de elección popular.
Desde mi perspectiva, la realización de debates entre candidaturas de elección popular es de gran trascendencia, ya que pueden ayudar a ciertos electores que están indecisos, a despejar dudas sobre un candidato o candidata, e incluso, para cambiar su intención de voto, ya que las y los candidatos no solo se centran en sus propuestas de gobierno, sino también dirigen sus discursos hacia las partes más vulnerables de sus adversarios; además de informar a la opinión pública sobre quienes son, y qué es lo que pretende realizar, si es que resulta electo o electa en las próximas elecciones. En general, la realización de un debate se trata de un buen ejercicio de la democracia y la libertad de expresión.
Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla y presidenta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana
Fuente: puebla.contrareplica.mx
por Maura Arredondo | Abr 11, 2024 | De las plumas 50+1
El asalto a la embajada mexicana en Quito cruzó todos los límites del derecho internacional: fue un acto inaceptable que amerita la condena inequívoca de México y la comunidad global. Y que justifica haber roto relaciones diplomáticas con Ecuador y acudir a la Corte Internacional de Justicia.
Sin embargo, esta crisis era evitable. Ante las diferencias ideológicas, las tensiones entre gobiernos se exacerbaron por declaraciones y acciones políticas que rayaron en la provocación e incluso en la intervención en asuntos internos de otro país. Se dejaron de lado los cauces diplomáticos y los diferendos se llevaron al ámbito público.
El prestigio de la diplomacia mexicana no es fortuito. Es el reconocimiento de la comunidad internacional al despliegue de una política exterior de Estado, congruente. Históricamente, nuestra actuación en el mundo estuvo sustentada en una doctrina sólida: incluso los países que no estaban de acuerdo con nuestras posiciones reconocían su consistencia y certeza. Ello hizo de México un actor protagónico, un líder del multilateralismo y un socio confiable para suscribir alianzas estratégicas.
El actual gobierno ha mantenido una tendencia perniciosa: interpretar los principios constitucionales de política exterior en forma selectiva, con base en criterios de afinidad ideológica, no en función de intereses nacionales.
El principio de no intervención es el más corrompido de todos. Invocándolo, México guarda silencio frente a situaciones como la violación sistemática de los derechos fundamentales en regímenes autoritarios (como Nicaragua o Venezuela) o la invasión armada e ilegal de estados soberanos (como la de Rusia a Ucrania). Pero, al mismo tiempo, el presidente ha intervenido reiteradamente en asuntos internos, incluso ha desconocido la legitimidad de gobiernos emanados de procesos constitucionales (en el caso de Perú o Bolivia).
En América Latina, la intromisión del Ejecutivo Federal en asuntos políticos ajenos ha provocado tres crisis diplomáticas en menos de cinco años, con Perú, Bolivia y Ecuador, que devinieron en la declaratoria de nuestros embajadores como como persona non grata.
Los conflictos diplomáticos han ampliado la distancia de México con países latinoamericanos y de otras regiones. Ha debilitado esquemas de cooperación como la Alianza del Pacífico. Ha deteriorado nuestro liderazgo regional, nuestra credibilidad e influencia en el mundo.
La justa protesta ante el injustificado atropello en nuestra embajada y la agresión a nuestro cuerpo diplomático es un punto no negociable que exige el respaldo unánime de los mexicanos. Pero no podemos dejar de reflexionar porqué llegamos a ese punto de ruptura. Y por qué desde el inicio de esta administración hemos abandonado décadas de una política exterior consistente y hemos estado de “picapleitos” con socios estratégicos y países aliados.
Aprovecho para expresar mi respaldo y orgullo por el Servicio Exterior Mexicano, ejemplo de profesionalismo y entrega.
Fuente: heraldodemexico.com.mx
por Maura Arredondo | Abr 10, 2024 | De las plumas 50+1
En mayo de 2015 se creó el Sistema Nacional de Transparencia y un año después se publicaron siete leyes que dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción. A partir de entonces se involucraba a las entidades federativas en un esfuerzo de corresponsabilidad sobre el ejercicio, control y evaluación del gasto público, la rendición de cuentas sobre el desempeño gubernamental, innovadoras herramientas para el acceso a la información y las sanciones aplicables a personas servidoras públicas y personas morales.
¿Funcionan o no ambos sistemas? Una reciente evaluación de la OCDE sostiene que México cuenta con un marco regulatorio sólido y robusto entre los mejores de sus países miembro en materia de combate a la corrupción y de integridad pública, pero tiene una débil implementación. La ley es casi perfecta en lo relativo a la estrategia anticorrupción (93 de 100%), en el financiamiento a partidos (90%) y en cuanto a conflictos de interés (89%), pero la puesta en práctica es deficiente: 53, 71 y 44%, respectivamente. La primera edición de Perspectivas de Integridad y Anticorrupción 2024 reconoce que los países de la OCDE han fortalecido sus marcos de lucha contra la corrupción pero recomienda mejorar el monitoreo y la implementación mediante la recopilación de datos y teniendo en cuenta riesgos emergentes. Las leyes evolucionan por los cambios sociales, por eso, el organismo sugiere actualizar los marcos de integridad para hacer frente a nuevas modalidades de corrupción relacionados con la Inteligencia Artificial, la interferencia extranjera y la llamada corrupción estratégica.
La brecha entre regulación e implementación es un llamado de atención para las autoridades que serán electas tanto en el Congreso como en el Ejecutivo.
Organizaciones de la sociedad civil han llamado reiteradamente a cerrarla y han propuesto mecanismos de solución que topan con criterios y cálculos políticos.
Si bien los resultados son medianamente satisfactorios, queda mucho por hacer.
Que México ocupe el primer lugar junto con Letonia en materia de estrategia anticorrupción de los 34 países miembro de la OCDE pero que la aplicación esté debajo del promedio, refleja la necesidad de pasar de la teoría a la práctica en el combate a la corrupción. El estudio arroja que las regulaciones de México en materia de control interno se encuentran entre las mejores de esos países, por el contrario, no cuenta con una institución que supervise las actividades de cabildeo.
El organismo económico nos recuerda que la corrupción tiene un impacto adverso en la prosperidad y la democracia, profundiza las desigualdades y debilita el crecimiento económico, erosiona el buen funcionamiento de las democracias e impide la representación y la confianza en el gobierno. La corrupción afecta a los que menos tienen y a quienes han vivido y viven desigualdades, como las mujeres.
En un reciente ensayo de mi autoría incluido en el libro Mujeres y Anticorrupción.
Cómo nos afecta la corrupción y qué hacemos para contrarrestarla, subrayaba que generalmente las leyes son diseñadas y confeccionadas por hombres. De ahí la necesidad de promover la incorporación de mujeres en áreas relacionadas con la aplicación y ejecución de la ley, especialmente en los niveles decisorios para mirar a la corrupción con lentes de género y contribuir a su combate.
Fuente: elsoldemexico.com.mx
por Maura Arredondo | Abr 10, 2024 | De las plumas 50+1
El 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks fue arrestada por rehusarse a ceder su asiento —al final del autobús— a un hombre caucásico en Montgomery, Alabama, en contravención de un ordenamiento municipal. Parks se negó a levantarse porque estaba cansada, no sólo por su extenuante jornada laboral como costurera en un gran almacén, sino por ser considerada una ciudadana de segunda.
Su enjuiciamiento y condena hizo más evidente la desigualdad en que vivían las personas afroamericanas y generó una serie de protestas que impulsaron que en noviembre de 1956, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declarara inconstitucional la segregación racial en los autobuses.
Durante siglos la resistencia civil pacífica ha impulsado grandes cambios sociales y legales en favor del reconocimiento de los derechos de las personas, en ocasiones, como la caminata de la sal de Mahatma Gandhi en 1930, han impulsado la independencia de una nación o la paz, como sucedió con la protesta silenciosa y la “huelga de sexo” planteadas por Laymah Gbowe y las mujeres liberianas en 2003 para poner fin a la segunda guerra civil de ese país.
La resistencia civil pacífica es una forma de confrontación no violenta a conductas, disposiciones e instituciones opresivas y violatorias de los derechos. La oposición a la arbitrariedad puede consistir —como nos enseñó Rosa Parks— en negarnos a ceder un asiento cuando quien lo pide justifica su actuar en una institución discriminatoria como la segregación racial, entonces, reconocida legalmente.
La violencia simbólica ha sido una de las maneras más eficaces de perpetuar la desigualdad. Recordemos que este tipo de violencia no emplea la fuerza física, sino que se sirve de tradiciones, costumbres, narrativas, creencias, discursos y prácticas cotidianas para imponer o justificar la dominación de unas personas por otras, sin que las personas sometidas se puedan oponer, ya que han sido socializadas para aceptar su subordinación.
Las mujeres también enfrentamos violencia simbólica, permanentemente estamos expuestas a expresiones y comportamientos que refuerzan roles de género y estereotipos de supremacía para los varones y de sumisión para nosotras.
Algunas de esas prácticas se presentan con tanta frecuencia que se han designado “machismos cotidianos” o “micromachismos”, por tratarse de gestos, actitudes, comentarios y prejuicios que buscan justificar la subordinación de las mujeres en los ámbitos sociales, laborales, jurídicos y familiares.
Uno de los machismos cotidianos más frecuentes que se presentan en el ámbito laboral es el mansplaining o “machoexplicación”, que consiste en que los hombres expliquen temas a las mujeres de forma condescendiente o paternalista sin que éstas se lo pidan e incluso, aunque ellas conozcan más de éstos.
Esta conducta —como lo explican Claudia De La Garza y Eréndira Derbez— parte de la creencia, forjada durante siglos, de que el conocimiento lo tienen los hombres y su voz es la única autorizada para comunicar información relevante, por lo que las mujeres que argumentan, cuestionan o disienten son consideradas “problemáticas” y ridiculizadas.
La responsabilidad de los medios de comunicación en la prevención de la violencia simbólica es innegable, por ello el esfuerzo de diversas organizaciones y autoridades estatales de impulsar protocolos y guías para prevenir la violencia de género contra las mujeres en los medios.
Sin embargo, en muchos casos —sobre todo con una oferta tan amplia como la que internet ha hecho posible— es más fácil encontrar sitios que promueven la desinformación y la violencia de género desde el anonimato de los pseudónimos, exhibiendo con descaro su ignorancia sobre el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales colegiados y de los asuntos que se discuten.
Sitios que, pese a su limitado alcance, caricaturizan a las juzgadoras que debatimos y defendemos nuestras opiniones con argumentos jurídicos y no mediante argumentos de autoridad (falacia ad verecundiam) como otras personas hacen.
Las mujeres enfrentamos estas y otras violencias de género todos los días, en todos los espacios, a cualquier hora y se espera que no protestemos, para ello se nos ha socializado desde hace siglos para no incomodar, para callar, para “vernos bonitas…” pero todo tiene un límite y es legítimo que estemos cansadas y como Rosa Parks resistamos y nos neguemos a ceder el asiento, a quedarnos calladas, a no incomodar y, en cambio, levantemos la voz y si es preciso, nos pongamos de pie para señalar y evidenciar la violencia que pretenden ejercer en nuestra contra.
Por ello, las invito compañeras a levantar su voz y, si es preciso, ponerse de pie cuando sean víctimas de violencia de género, porque sólo así será posible materializar la destacada consigna: “Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio”.
Fuente: heraldodemexico.com.mx
por Maura Arredondo | Abr 8, 2024 | De las plumas 50+1
En el proceso de transición a la democracia en México fue en los comicios de 1994 cuando iniciaron los debates entre candidaturas a la presidencia de la República, primero manejados por los partidos políticos y los contendientes con formatos rígidos, con tiempos asignados, sin interacciones, que poco a poco han ido evolucionando.
Actualmente la Ley Electoral obliga al Instituto Nacional Electoral (INE) organizar al menos dos debates. Se ha avanzado en las reglas, hay formatos más fluidos, la autoridad electoral establece la metodología a seguir y como en el 2018 habrá en este año 2024, tres debates.
En treinta años, es el primero que tiene como protagonistas a dos mujeres candidatas, ambas punteras en el proceso electoral que será definido por la ciudadanía con su voto el próximo 2 de junio.
Muchos argumentan dudas con relación al impacto que tienen los debates en la ciudadanía, pero si consideramos que una elección representa el futuro de nuestra nación, nos daremos cuenta de la importancia que representa la confrontación de ideas, comparar opiniones que de un mismo tema tengan, contrastar proyectos; y todos los mecanismos que sirvan para la toma de decisión, nos darán mayores elementos para decidir por quién votar.
En un sexenio que ha tenido la característica de la polarización y la falta de buenos resultados en temas básicos como son seguridad, salud, educación; este mecanismo se constituye como el espacio de contraste de proyectos, pero también de información. Porque de eso se trata una elección.
¿Queremos seguir igual? o ¿queremos sacar adelante a nuestro país?
¿Queremos continuar con una narrativa mentirosa, de agravios, de resentimientos, de divisiones o queremos propuestas, alcances, mejoras, para avanzar?
Pudimos observarlo en este primer debate.
Por un lado, un proyecto que no reconoce las enormes problemáticas que vivimos en México en materia de salud, educación, corrupción y violencias contra mujeres y su propuesta es la continuidad, ¿es ese el único camino?
Otro proyecto, que las reconoce y hace propuestas para avanzar.
Pudimos conocer en un primer ejercicio de debate esos proyectos y confirmar mucho de lo que se documenta de las candidatas y el candidato.
Muchas preguntas fueron evadidas, pero sí podemos ir respondiendo la nuestra: ¿por qué votar por una u otra opción?
Una elección representa el futuro de nuestra nación: ¿Qué queremos?
Fuente: e-consulta.com
