por Maura Arredondo | Feb 1, 2024 | De las plumas 50+1
Por: Carla Humphrey
Las elecciones tienen la finalidad de llevar a cabo la renovación periódica del poder público bajo condiciones de certeza, equidad, igualdad, transparencia y, por supuesto, con los elementos de seguridad para que las elecciones más grandes que haya tenido nuestro país en la que se renovarán más de 20 mil cargos de elección popular se realicen en paz.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que para asegurar el orden y garantizar el óptimo desarrollo de la jornada electoral, las instancias de seguridad pública de la federación, de las entidades federativas y de los municipios o, en su caso, las fuerzas armadas, deben prestar el auxilio que requieran las autoridades electorales administrativas, es decir, tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y las mesas directivas de casilla, en los ámbitos competenciales correspondientes.
Para ello, el INE tomando en cuenta el Acuerdo INE/CG876/2022 aprobado el 14 de diciembre de 2022, mediante el que se aprobó el Protocolo para prevenir factores de riesgo en los procesos electorales y en acatamiento a diversas sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dispuso revisar los mecanismos de prevención de riesgos en los procesos electorales, principalmente, para celebrar convenios con autoridades de seguridad pública, para la generación de mapas de riesgo, crear filtros de investigación que sean aplicables a las y los candidatos, la generación de un protocolo para la actuación de autoridades para salvaguardar la integridad física de las y los servidores públicos y de las y los electores, entre otras.
En este sentido, el pasado 25 de enero de este 2024 en sesión ordinaria del INE, su Consejo General conoció el Informe que abarca del 9 de diciembre de 2023 al 12 de enero de 2024, sobre las acciones de coordinación interinstitucional para el acompañamiento en materia de seguridad del proceso electoral 2023-2024, en las que, entre otras, se refieren las siguientes acciones:
- El 5 de diciembre del año pasado, autoridades del INE, del Gobierno de la República y de la Fiscalía General de la República, instalaron la Mesa de Seguridad Interinstitucional con el objetivo de vigilar y dar seguimiento a la estrategia conjunta en materia de seguridad para garantizar las elecciones en curso, en las que se prevé y que desafortunadamente no ha sucedido, reuniones semanales de esta mesa.
- Los OPLE en cada una de las 32 entidades federativas, han iniciado con la instalación de este tipo de mesas.
- La coordinación interinstitucional tiene por objeto de que las y los candidatos, así como los 98 millones de electoras y electores y los más de 1.5 millones de funcionarias y funcionarios, puedan desarrollar sus actividades y ejercer sus derechos político y electorales.
En tal virtud, las temáticas tratadas hasta el momento en dichas mesas se revisaron los temas relacionados con la seguridad de las instituciones electorales; del personal del INE que realiza trabajos en campo; con la logística y resguardo de documentación electoral; la necesaria capacitación a representantes de las autoridades para el buen desarrollo de la votación en las casillas electorales y que conozcan su marco de actuación plenamente; la necesidad de la firma de convenios para llevar a cabo el Voto de las Personas en Prisión Preventiva; los recorridos que autoridades electorales y de partidos políticos realizan para la ubicación de las casillas, etcétera.
Estas acciones interinstitucionales en materia de seguridad para el proceso electoral constituyen los esfuerzos de varias instancias para las y los ciudadanos acreditados para votar, para que tengan la seguridad de que acudir a las casillas electorales será seguro y que, por lo mismo, su voto será cuidado para que, las personas que resulten electas tengan las condiciones de velar por los intereses de toda la población.
Fuente: lasillarota.com
por Maura Arredondo | Ene 31, 2024 | De las plumas 50+1
Por: Claudia Corichi
La agenda migratoria será determinante en la batalla electoral presidencial de este año en los Estados Unidos. El virtual candidato republicano aprovecha cada mitin con sus incondicionales para agitar nuevamente el racismo y xenofobia e insistir que él es el único capaz de frenar la persistente llegada de personas a la frontera sur. Tan arraigada está la cuestión en el debate político que Joe Biden ha optado por modificar su habitual posición.
Estamos ante un deja vu. Barack Obama prometió buscar una reforma migratoria integral en su primer año de gobierno, aunque solo logró impulsar una acción ejecutiva en 2012 que otorgaba permisos de dos años para estudio o trabajo a jóvenes llegados en la infancia, el DACA. Durante su segundo mandato, el Congreso estuvo en manos de los republicanos que bloquearon cualquier iniciativa del demócrata. El último intento se frustró en 2016 cuando la votación sobre el tema quedó en un empate en la Suprema Corte.
Las oleadas de inmigrantes que cruzan la frontera han rebasado la capacidad de las autoridades norteamericanas, pero también ha agudizado la confrontación entre el gobierno federal y el de Texas. Greg Abbott ha emprendido acciones incluso violatorias de los derechos humanos para contener la llegada de migrantes en la frontera: ordenó reforzar la vigilancia con elementos de la Guardia Nacional, instalar boyas forradas de navajas en el cauce del Río Bravo, fletar autobuses para trasladar a migrantes a ciudades santuario como Chicago o Nueva York y mantener una batalla legal contra las políticas de asilo.
La semana pasada, la Suprema Corte resolvió el retiro de un alambre de púas colocado en la ribera de Eagle Pass que había reclamado el gobierno de Biden. Abbott alegaba que la Patrulla Fronteriza no tenía la autoridad legal para cortar la alambrada de 3 kilómetros y que destruía ilegalmente la propiedad estatal. Pero el gobernador no cede; tras el fallo de la Corte dijo que esa barrera es un elemento disuasorio eficaz y seguiría defendiendo la autoridad constitucional de Texas.
Durante semanas un grupo bipartidista de senadores ha negociado un proyecto legislativo para reforzar la frontera que se hará público la próxima semana. Biden urgió a su aprobación a cambio de “cerrar la frontera” lo que supone un giro sustancial y podrá decirse que desesperado, en el tono del presidente porque endurece su tradicional postura sobre migración y la de su partido. Trump no para de demonizar a esa población y machaca la fórmula discursiva que le ha redituado dividendos electorales. Como lo hizo en su primera campaña presidencial en 2016, sigue declarando que la frontera con México es entrada de terroristas, un área por donde ingresan sin control personas de todas partes del mundo.
Se afirma que “cerrar la frontera” permitiría expulsar a los migrantes cuando las detenciones en la frontera superen las cinco mil durante un promedio de cinco días.
En el ánimo de los votantes, la marcha de la economía norteamericana juega a favor del presidente Biden pero no así la gestión migratoria de su gobierno. Por eso quiere ganarle la narrativa a su competidor; el proyecto de ley que se discute puede avanzar en el Senado, pero no tendrá el aval en la Cámara de Representantes donde la mayoría es republicana.
La ofensiva trumpista parece haber contagiado el ánimo en la Casa Blanca y desatar turbulencias extremas que afectan a muchos seres humanos.
Fuente: elsoldemexico.com.mx
por Maura Arredondo | Ene 31, 2024 | De las plumas 50+1
Por: Maura Arredondo
En México han desaparecido más de 100 mil personas desde1964, esta situación adversa de seguridad ha obligado a cientos de mujeres a darse a la tarea de buscarlos #HastaEncontrarles, porque detrás de cada desaparición forzada hay una madre, un padre, una hermana, hermano, una esposa, esposo y/o amigos buscándoles y no pierden las esperanzas de encontrarles, ya sea vivos o muertos.
Sin embargo, miles de madres se encuentran desesperadas por la ola de violencia que se vive y ha incrementado vertiginosamente en el país. Recientemente, fuimos partícipes de como las madres buscadoras de varios colectivos, han hecho un llamado a un “acuerdo de paz” a nueve cárteles del crimen organizado para que cesen los conflictos armados y se erradique la desaparición forzada de personas. El proceso es difícil, largo y muchas veces peligroso, por eso las madres buscadoras saben que no lo deben hacer solas y buscan organizaciones que las arropen y acompañen en el proceso.
Aunado a la inseguridad, estas madres se enfrentan al sistema jurídico que les pone una barrera, en cuanto a que no tienen un acceso a la justicia, a la verdad, y a la memoria, y se tienen que acercar a personas que les orienten para seguir su camino jurídico. Este problema sistemático ha reemplazado la vida cotidiana de miles de personas por una de incertidumbre, de duelo continuo y búsqueda incansable. No sólo hay una brecha acentuada para acceder a sus derechos, sino que también han sido criminalizadas en el proceso.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, es la consigna que escuchamos en cada marcha para exigir justicia, miles de familias mexicanas piden la búsqueda digna y la presentación con vida de cada uno de las y los desaparecidos. Se trata de mujeres movilizadas por la esperanza que recorren enormes distancias buscando a sus hijas e hijos por ciudades, pueblos, carreteras, ríos y montañas hasta dar con las fosas clandestinas. La búsqueda de personas desaparecidas requiere de una gran preparación, pues se trata no sólo de caminar largas distancias sino conocer a fondo los procedimientos oficiales de las instituciones involucradas. Se trata, además, de un acompañamiento solidario que procura el bienestar psicosocial de las personas que integran a los colectivos. Las madres buscadoras, por otro lado, necesitan espacios de contención que les ayuden a procurar su propio bienestar y combatir la revictimización a la que se enfrentan. En el proceso de búsqueda lo primero que te encuentras es la discriminación por parte de dependencias y funcionarios públicos”, Ana Paula, comenta que le dijeron: “Seguro su niña se fue con el novio y el chavo estaba con el narco, señora”.
Violeta Rumbo buscaba a su sobrino Carlos: “Yo pensaba que lo íbamos a encontrar rápido. Creí que los secuestradores nos iban a contactar de nuevo, pero nos mintieron. Creí que las autoridades lo iban a encontrar, pero no lo han hecho”. Recuerdo como si fuera ayer, que mientras velábamos el cuerpo de Viole #QEPD. Fue en la funeraria su hermano recibió la tan anhelada llamada “Encontramos restos que coinciden con el ADN de Carlos”. Ella ya no estaba viva para darle cristiana sepultura, pero estoy segura de que están juntos en ese lugar, donde no existe la maldad, acompañando a sus seres queridos en este duelo doble.
Nuestras hijas e hijos son mucho más que cifras o documentos archivados en una congeladora. Por eso necesitamos saber cómo defendernos, organizarnos y acompañar los procesos de otras familias. Buscar a una persona en carreteras y ríos es algo que nadie tendría que verse obligado a hacer. Y sin embargo es la realidad de miles de madres mexicanas. Los colectivos familiares de búsqueda son el único faro de luz ante la desaparición forzada que desde hace décadas ha atormentado al país. Estos muestran el camino, y, sobre todo, enseñan a otras familias, qué hacer al enfrentar la dura realidad que los destroza. Esta unión de luchas es la que les permite seguir adelante y les da fuerzas para mantenerse de pie sin decaer.
Hoy por hoy, las madres buscadoras mexicanas son un ejemplo de la resiliencia. Estas mujeres apuestan por la vida y trabajan todos los días para sanar su dolor, haciendo una labor que nadie más hará por ellas: encontrar a las personas que nos faltan. A pesar del gran trabajo que realizan, estas madres buscadoras han expresado que su esperanza es que en el futuro no sean necesarios más grupos de búsqueda, porque en los cambios sociales que requiere el país está la construcción de justicia y paz, afrontando la violencia sistémica del despojo del territorio, el cobro de piso, la desaparición forzada, el contrabando de armas y de drogas, así como la violencia contra la mujer.
¿No sabes qué impulsa a una madre buscadora? Te recomiendo buscar la película RUIDO, la cual retrata hechos latentes y dolorosos en una sociedad, pero es necesario para hacernos conscientes de dichas situaciones #TienesQueVerla. Finalmente no puedo terminar este artículo sin rendir tributo a las madres buscadoras Teresa Magueyal, María del Carmen Vázquez, Blanca Esmeralda Gallardo, Lilian Rosario Rodríguez, Ana Luisa Garduño, Gladys Aranza Ramos, Mario del Rosario Zavala, Miriam Rodríguez y Marisela Escobedo que fueron asesinadas por no ceder a su lucha incansable de encontrar a sus hijas e hijos y en ello se les fue la vida #JusticiaParaLasMadresBuscadoras.
Fuente: nxnoticias.com
por Maura Arredondo | Ene 30, 2024 | De las plumas 50+1
Por: Carla Humphrey
En días pasados conocimos la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a través de la cual, por mayoría de cuatro votos, se determinaron omisiones atribuidas, por una parte, a las Cámaras del Congreso de la Unión para adoptar medidas legislativas y, por la otra, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), su máximo órgano de dirección, de establecer las directrices o lineamientos para garantizar la paridad de género en la elección de la Presidencia de la República.
Este importante asunto inició con la presentación de un Juicio para la Protección de los Derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía, de una ciudadana que impugnó la omisión de las instancias referidas para dar cumplimiento a la reforma constitucional de 2019 que estableció el principio de paridad de género en todos los cargos de elección popular. Argumentó, además, que estas omisiones atentan contra los derechos constitucionales que se establecieron a favor del grupo vulnerable al que pertenece y que guardan relación con el proceso electoral en marcha.
La pretensión de la ciudadana estuvo encaminada a que la Sala Superior del TEPJF ordenara tanto al Congreso de la Unión como al Consejo General del INE, a expedir los lineamientos o criterios, así como medidas legislativas repsectivas para garantizar la paridad en la elección del Poder Ejecutivo Federal.
Al respecto hay que indicar que la reforma de 2019 dotó de nuevo contenido a diversos artículos de la Constitución destacando lo mandatado en el artículo 35 que estableció el derecho a los y las ciudadanas para ser votadas en condiciones de paridad a todos los cargos de elección popular; el artículo 41 integró la finalidad de los partidos políticos de fortalecer el principio de paridad de género; el artículo 56 determinó el principio de paridad de género en la elección de senadurías por el principio de representación proporcional, así como el artículo 115, fracción I, estableció que en las elecciones de los Municipios se regirán conforme al principio de paridad.
Conforme a estas disposiciones legales el Pleno del TEPJF estableció que los cargos de elección popular deben ser votados en condiciones de igualdad, esto significa, que no hay ninguna restricción para que no se considere a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal.
Al respecto, como consejera electoral del Consejo General del INE, propuse ese órgano colegiado garantizar la paridad para la Presidencia de la República debido a que, a mi parecer, las disposiciones constitucionales y legales nos obligan a determinar directrices en materia de paridad, lo que incluye a la Presidencia de la República. Estas consideraciones las manifesté desde 2020, cuando presidía la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE.
En sesión del Consejo General del INE celebrada en el mes de octubre de 2023, propuse que el INE, al momento de aprobar el acuerdo relacionado con la postulación de gubernaturas, debía regular el principio de paridad de género en las candidaturas a la Presidencia de la República, sobre todo, basándonos en las determinaciones legales establecidas en las disposiciones que dieron vida a la normativa conocida como “Paridad en Todo».
Finalmente, la Sala Superior del TEPJF determinó, para el Congreso de la Unión la obligación de legislar para determinar la forma de la aplicación del principio de paridad de género en la Presidencia de la República, para el siguiente proceso electoral.
Asimismo, mandató al Consejo General del INE para que, en el supuesto de que el Congreso de la Unión no determine las medidas legislativas correspondientes, sea este organismo autónomo la instancia que deberá garantizar, a través de los lineamientos respectivos, la paridad de género en la Presidencia de la República.
Con esta importante resolución del TEPJF hoy puede enfáticamente afirmarse que el Congreso de la Unión y el INE fueron omisos y que las reiteradas propuestas realizadas ante las comisiones y el Consejo General eran la vía jurídicamente aplicable para que, desde el INE, se garantizara el principio constitucional de la paridad de género para la Presidencia de la República, con el único objetivo de lograr la tan anhelada igualdad sustantiva que nos colocará como una nación más justa, con certeza, inclusión e igualdad.
Fuente: eluniversal.com.mx
por Maura Arredondo | Ene 29, 2024 | De las plumas 50+1
Por: Aurora Aguilar
Allá en la época de la secundaria, cuando los cuerpos se van convirtiendo en adolescentes, comenzamos una a una a menstruar, como es natural. Era algo de lo que se hablaba muy poco, que generaba dudas, miedo, dolor por supuesto, inflamación, granitos en la cara y otros cambios que no entendíamos y que pocas madres y casi ninguna maestra tomaba el tiempo de explicar. La expectativa de que “llegara la regla” se hablaba siempre en susurros como el tema tabú que era. De hecho, se nos pedía que no habláramos de “eso”, que “eso” era un asunto privado, personal, y que no era de buena educación conversarlo.
La Coordinación para la Igualdad de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comparte algunos interesantes hallazgos del Programa “Higiene Menstrual” del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), a saber: en México el 43 % de las niñas y adolescentes prefieren quedarse en casa que ir a la escuela durante su periodo menstrual; el 30% utiliza papel higiénico en lugar de toallas sanitarias; el 66 % piensa que los baños en sus escuelas están sucios; y el 73 % se lava las manos sin jabón.
La inevitable conclusión es que “debido a estas situaciones de precariedad, cuando las personas no pueden acceder a instalaciones de baño seguras y con agua potable, o que no tienen acceso a productos de higiene como toallas o tampones, no pueden manejar su menstruación con dignidad”; y no manejar la menstruación con dignidad internaliza culpa, vergüenza, temor y limita las opciones de vida cotidiana como hacer deporte y salir a trabajar o a divertirse, por mencionar algunas.
Según los expertos, 3 de cada 4 mujeres experimentan síntomas de Síndrome Premenstrual (SPM) que incluyen cambios de humor, sensibilidad en los senos, antojos de comida, fatiga, irritabilidad y depresión. Además, un pequeño porcentaje padece trastorno disfórico premenstrual (TDPM), el cual es discapacitante para quien lo sufre mes tras mes.
Afortunadamente, los tiempos han cambiado y se entiende a la menstruación como el proceso fisiológico natural que es. Las jovencitas tienen más acceso a información, más opciones a productos de cuidado menstrual y a legislación que se traduce en políticas públicas que benefician a toda aquella mujer en edad reproductiva, como la tasa cero de IVA a productos de gestión menstrual que entró en vigor en 2022.
Colectivas feministas y legisladoras sensibles a las causas de niñas y mujeres respondieron al justo reclamo y se unieron en una cruzada denominada “menstruación digna”; lograron hacer valer que ese impuesto era discriminatorio ya que impactaba negativamente solo a la población femenina y contribuía a ampliar la brecha de desigualdad que mantiene a las mujeres atrás en la carrera por su propio desarrollo.
El 23 de enero la presidenta de la cámara de diputados, Marcela Guerra, entregó el primer lugar del Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2023 a una talentosa joven, Abigail Quintana Bautista, por su estudio denominado “Efectos de la eliminación del impuesto a los productos de gestión menstrual en el precio final y en el bienestar de los hogares”.
El estudio concluye que la reforma impactó en una reducción aproximada del 11 por ciento del precio promedio de estos productos, así como una mejora modesta, pero positiva, en el bienestar de los hogares y, por supuesto, en el de las mujeres, en especial las más pobres.
Faltan más políticas públicas como la promoción de la copa menstrual o las toallas de tela, alternativas más accesibles y sustentables, acceso gratuito (como los preservativos) a productos de higiene menstrual y, reconocimiento del impacto que el SPM y el TDPM tienen en la vida y salud de las mujeres. Como en muchas otras áreas, falta camino por recorrer, pero visibilizar y concientizar pavimenta ese camino. Se avanza.
Fuente: elsoldetlaxcala.com.mx
