por Maura Arredondo | Ago 27, 2024 | De las plumas 50+1
La palabra “mobbing” fue usada por primera vez en los años ochenta por el psicólogo alemán Heinz Leymann, definiéndola como acciones hostiles, expresadas por una o varias personas que colocan a la persona en estado de indefensión.
El mobbing o acoso laboral es un tipo de violencia que ocurre comúnmente en los centros de trabajo, en muchos casos silenciosa y normalizada.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el acoso laboral como una forma de acoso psicológico a través de acciones vindicativas, crueles o maliciosas para humillar o desestabilizar a un individuo o a grupos de empleados.
El Convenio sobre la Violencia y el Acoso, 2019 de la OIT reconoce el derecho de todas las personas de trabajar en espacios libres de violencia y acoso, estableciendo este último como una amenaza para la igualdad de oportunidades, por lo cual señala la importancia de una cultura de trabajo basada en el respeto mutuo y la dignidad del ser humano para prevenir este tipo de violencia.
En la actualidad México forma parte de los países que ha ratificado dicho Convenio, reconociendo la necesidad de llevar a cabo acciones para erradicarla.
De acuerdo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social este tipo de violencia tiene como objetivo excluir, opacar, amedrentar, dañar emocionalmente o intelectualmente, con consecuencias físicas, psicológicas y económicas.
Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que en 2022, aproximadamente 109 mil personas que renunciaron a su trabajo fueron víctimas de algún tipo de violencia laboral, siendo la Ciudad de México una de las entidades con mayor número de casos.
La normalización del mobbing es consecuencia de diversos factores como la falta de información para los empleados y escasas o nulas acciones de prevención y detección por parte de los empleadores, provocando ambientes laborales hostiles y violentos que impactan en la productividad, pero más aún en la salud física y mental de las personas.
En muchas ocasiones el mobbing se presenta de forma silenciosa y sistémica, como por ejemplo con excesivas cargas de trabajo, o con la solicitud de labores innecesarias y por debajo de las habilidades de la persona, con una rotación de puestos inferiores para los que fueron contratados originalmente, aplicando tácticas de desestabilización y desmoralización, evaluaciones inequitativas del desempeño, humillaciones constantes, vocabulario ofensivo, hasta incluso llegar a la violencia física y sexual.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la tesis 1a. CCLII/2014 (10a.) señala que el acoso laboral puede ser ejercido entre personas con la misma jerarquía; por un superior jerárquico en relación a un subalterno; y en el menor de los casos por un subalterno hacia el superior jerárquico.
La Ley Federal del Trabajo señala el hostigamiento y la prohibición de llevar a cabo, permitir o tolerar este tipo de conductas, así como la penalización para quien las cometan o permitan.
En este sentido, la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 035 conforme a sus disposiciones, permite identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial y promover un entorno laboral optimo y favorable.
Es importante reconocer el extraordinario trabajo de muchos centros de atención para victimas de violencia laboral en el ámbito público y privado, lo que representa un apoyo vital para los trabajadores, sin embargo, también es necesario señalar que en muchas ocasiones estos centros de atención se convierten en una simulación presupuestaria y en muchos otros casos en lugares desde donde irónicamente se inicia y ejerce la violencia.
Sin duda, hay mucho que trabajar para implementar acciones de prevención y erradicación de la violencia laboral que daña profundamente a las personas trabajadoras y el entorno laboral.
¿Han sufrido alguna vez de mobbing o violencia laboral?
Puedes denunciar a través de la vía jurisdiccional y/o a través del Órgano Interno de Control si se trata de una institución gubernamental, así como ante las instancias defensoras de los derechos humanos que correspondan.
Fuente: parentesislegal.com
por Maura Arredondo | Ago 27, 2024 | De las plumas 50+1
En el marco del Día Internacional de las Mujeres, entre las muchas preocupaciones y temas pendientes en su agenda se encuentran la igualdad sustantiva y las garantías de seguridad social. En apariencia como muchos otros derechos, éstos parecen derechos conquistados, pero nada más falso y ficticio.
Falso por el escaso número de mujeres que acceden a estos derechos y ficticio porque, bajo ninguna circunstancia, se pueden conformar con decir que hoy hay una pensión para adultos mayores. Planteo la presente reflexión desde cinco sencillos apartados que, si bien muchos son de índole jurídico, los hechos y la observación arrojan la información real.
Es necesario y honesto hablar de tres avances en fechas recientes en la legislación, como la Reforma del 10 de junio del 2011 en materia de Derechos Humanos y no Discriminación, hablar de la 3 de 3 contra la violencia, que tiene la pretensión de dejar fuera de la esfera de la administración pública y de la materia político electoral a quienes por sentencia que cause ejecutoria y estén acusados de violencia sexual, violencia familiar o sean deudores alimentarios. Otro avance fundamental es el arquetipo en violencia política contra las mujeres en razón de género.
Avances legislativos, que no van aparejados de la igualdad de derechos al hablar de desarrollo para las mujeres de vivir libres de cualquier tipo de violencia en todas las esferas donde se mueven, sean privadas y públicas. Es común que, sin análisis alguno, se acechen desde el lenguaje cotidiano y, como si se tratara de competencias y rivalidades, se denostan frases cotidianas como “los hombres también viven violencia”. Y sí, ni siquiera se discute, el punto central es que las mujeres viven violencias y discriminación por ser mujeres, es decir, el ataque frontal es intrínseco a su condición de mujeres, lo que resulta en desigualdades, injusticias y en realidades intolerables fundadas inicialmente en prejuicios y concretadas en hechos desafortunados.
Otra reflexión es que, para lograr avanzar, se hace necesario segmentar los diferentes tipos de mujeres en virtud de las necesidades que las mismas presentan, qué avances generados han vivido, para no generar retrocesos. En estas líneas se centra la atención en aquellas mujeres que lograron ser en su momento un porcentaje importante en la matrícula educativa. Mencionando que, sin duda, la educación es el gran parteaguas, siendo uno de los motores fundamentales del desarrollo y, desde luego ha sido contundente en las metas alcanzadas por muchas mujeres y sociedades respecto de los derechos humanos de las mujeres.
Si bien, para los años cincuenta, la matrícula era muy baja, para los ochentas y noventas casi se igualó frente al número de varones, pero el retroceso en la pandemia es alarmante, por lo que esta lucha continúa. A título personal, me llama la atención sobremanera cómo México logró un avance importante en el derecho a la educación de mujeres en niveles no nada más básicos, sino en la educación media superior y en niveles universitarios. Lo que necesariamente nos debiera dar como resultado un número importante de mujeres que, en virtud de haber sido escolarizadas, pudieran haberse incorporado a la actividad laboral y, por ello, conquistar la igualdad sustantiva en sus garantías de seguridad social, pero no es así. Por el contrario, muchas de estas mujeres están enfiladas para la pobreza y la pobreza extrema si no se toman acciones que aún pueden revertir estas tendencias perversas e invisibles a los ojos de la sociedad y, tan normalizadas que se han aceptado como un simple destino y no, yo al menos no lo acepto. ONU Mujeres ha pronosticado esta pobreza desde años atrás y de ahí la importancia en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Esta reflexión, que de hecho pudiera considerarse una hipótesis a desarrollar, es una fractura importantísima en el desarrollo de las mujeres de todas las edades. Precisamente la segmentación de los grupos generacionales y poblacionales de las mujeres tiene un objetivo concreto: las nuevas generaciones no tienen porqué pagar los costos de la marginación en el desarrollo de las mujeres que les han antecedido, que se refleja en el número de aquellas escolarizadas, que no encontraron el desarrollo laboral y hoy carecen de garantías de seguridad social para enfrentar la vida en la madurez y de no tomarse acciones lo será en su ancianidad y con destinos desafortunados.
Un problema grave que no encuentra ni aceptación y menos entendimiento, cuando se habla de Lupita, por ejemplo, una estudiante de Universidad que, posterior a terminar sus estudios, no encontró las condiciones laborales y se las arregló poco a poco para medianamente pasarla, pero que, al llegar a la edad madura y casi por enfrentar la ancianidad, resulta que carece de cualquier garantía de seguridad social y hoy enfrenta precariedad en su diario vivir.
Los títulos universitarios, más que ser motivo de orgullo y de progreso en varias generaciones, se han vuelto en la más contundente evidencia de un Estado que ha fracasado en su compromiso para con las mujeres. Las mujeres egresadas de la universidad, que al cabo de una vida de servicio, que llegan a los 60 años en el 2024, en muchos casos no contaron con la continuidad de acceso a la educación, a la salud, a una vivienda digna y propia, con seguridad al caminar en las calles y con un hábitat que les brinde aunque sea la oportunidad de acceder a su canasta básica y a una de hortalizas que les dé sostenibilidad y autosustentación. Resulta injusto, pero muy injusto, decirles que esperen cinco años y vayan a las filas de la pensión de las y los adultos mayores, que hoy se otorga a partir de los 65 años.
Pensar en oportunidades laborales a tal edad es hablar de discriminación. La última idea es el motivo para considerar que son generaciones sometidas a serias discriminaciones tanto en lo educativo como en lo laboral. Generaciones de mujeres de las que se mofaron diciéndoles que asistieron a la Universidad mientras se casaban, generaciones que tenían que conformarse con un único proyecto de vida impuesto y, peor aún, aceptado socialmente, al grado de escucharse en las aulas universitarias que “el que una mujer ocupara un pupitre era quitarle el trabajo a un jefe de familia”. Y si una mujer no deseaba casarse, o si se casaba y se divorciaba, o si una vez casada quedaba viuda, o el esposo enfermaba, se le sometía a serias discriminaciones, de las que es claro que muchos varones no escapan, pero ése no es el tema. El divorcio regulado, aunque poco utilizado, considerado una excepción, se volvió regla y necesidad, pero no para que la mujer estuviera mejor, sino para evidenciar profesiones truncadas y la necesidad ante la violencia familiar en aumento y el feminicidio.
Hay generaciones profundamente arraigadas en dependencias familiares, mujeres que conocieron las mieles de los estudios universitarios y, al paso de los años, debieran conformarse con que, si bien les iba, un día al morir, su padre y madre o marido podrían disponer de una herencia, entendiendo que son pocas las que podrían haberse creído tal falsedad. Sin embargo, han sido dependencias arraigadas en la cultura, que necesariamente acabaron por introyectarse en lo psicoemocional, en lo familiar y en lo social. Son dependencias indignas, que dan cuenta de la “autonomía cero” para las mujeres.
Una “autonomía” o muchas “autonomías” son fundamentales para el desarrollo de las mujeres y de las niñas. Hoy es obligado decirle a las jóvenes dos cosas fundamentales: la primera es que sus títulos universitarios tienen un para qué, y la segunda es que no tienen porqué aceptar que se les hereden deudas que no les corresponden, y más cuando son de un Estado y una sociedad que permanentemente negó el desarrollo y las oportunidades a las mujeres.
Concluyo estas breves reflexiones con soluciones que pueden ser aún viables y con practicidad, encaminadas a que no se rompan los órdenes generacionales y, se les inserten a estas mujeres, o al menos a las más posibles, en los espacios que les corresponden.
- Las familias deben alentar a las mujeres en sus proyectos personales, en su salud, en los círculos sociales y deben fomentar buenos tratos, es decir, se requieren toneladas de ayuda comunitaria; buena alimentación, salud, deporte y cultura.
- Las universidades, a través de sus primeras generaciones de egresadas, pueden reactivar el talento de sus egresadas buscándolas, alentándolas, haciendo foros que promuevan y entiendan esta falla estructural del Estado y la sociedad, es decir, de la cultura.
- Las empresas aún pueden contratar a mujeres mayores de 50 años que tengan oportunidad de trabajar de 10 a 15 años para acceder a garantías de seguridad social, que eviten que caigan en pobreza y pobreza extrema. Mandar a las generaciones de las mujeres maduras y de la tercera edad a embolsar los mandados en los súper mercados es alternativa, pero es cuestionable si es la mejor o la única.
- La política pública para el desarrollo de las mujeres continúa siendo fundamental.
- El autoempleo, el emprendimiento, el acceso a créditos sociales y bancarios con tasas preferenciales son una necesidad.
Estoy segura de que si se respetan los cauces generacionales, las jóvenes tienen muchas más posibilidades de una realidad y de un futuro promisorio. Deseo igualdad de derechos, igualdad sustantiva y garantías de seguridad social para todas las mujeres, es lo justo.
Fuente: librosyrevistascuej.com
por Maura Arredondo | Ago 26, 2024 | De las plumas 50+1
Conocimos con alegría la noticia de que pronto México tendrá por primera vez una Secretaría para las Mujeres a nivel federal.
El Instituto Nacional de las Mujeres y sus homólogos en los estados representan espacios de gran importancia para propiciar, emitir, instaurar, y fortalecer los derechos de las mujeres en México. Su implementación a nivel nacional no fue nada sencilla y qué decir de nivel estatal, lo ideal y lógico es que estas instancias de atención especializada tuvieran también homólogas en todos los municipios del país.
Hoy a vientitrés años de distancia encontramos que tendremos desde el ejecutivo federal una instancia más fortalecida y dedicada a todo aquello que corresponda a las mujeres. También conocimos a quién será su primera titular, he escuchado al respecto de todo, voces a favor y voces en contra, quiero ser optimista al respecto y pensar que resulta prudente y por qué no decirlo hasta lógico, que si México por primera vez tendrá una Presidenta, serán los temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres y sus problemáticas para hacerlos efectivos, una prioridad para la administración pública federal, de ahí qué tanto el presupuesto, cómo las exigencias a quien le encabece para lograr los objetivos por los que nace una secretaría de estado, deben ser acordes a las realidades y problemáticas y por eso los esfuerzos no deben ser menores, no debe haber simulaciones y si soluciones y resultados.
Bienvenida la Secretaría de las Mujeres mexicana, éxito a la titular, bienvenidas todas aquellas políticas públicas que centren su foco de atención en las mujeres y en todo lo que necesitamos, aquellos que aleguen discriminación respecto generar una secretaría sólo para las mujeres, deben actualizar sus conocimientos e información, porque se trata de una acción afirmativa necesaria y obligada para el estado mexicano, desafortunadamente dada por la realidad que vivimos donde la igualdad no es la constante.
Espero, que el tino que han tenido muchas de las presidentas de INMUJERES, para hacer de los grupos feministas y las asociaciones de la sociedad civil sus aliadas, sea replicado por la nueva Magistrada en Retiro, titular, porque sin desconocer las variantes en los grupos feministas, lo cierto es que todas tienen como razón de ser virtudes claras, ya que los principios de la teoría feminista en los que coinciden independientemente de las corrientes a las que pertenezcan son:
Que todas las personas valen como seres igualmente.
Que todas las formas de discriminación y opresión son igualmente humillantes.
Que la armonía y la felicidad son más importantes que la producción, el poder y la
propiedad, y
Que lo personal es político.
El reto es pasar de una buena idea a una realidad, para lograrlo no se debe desperdiciar ninguno de los avances y logros que tuvo INMUJERES, sino por el contrario fortalecerlos, lo cual solo será posible si ocurren dos constantes determinantes, la primera es que goce de un presupuesto que le permita operar dignamente y la segunda es que genere la transversalidad de la perspectiva de género en todas las políticas públicas, en los poderes públicos y en los niveles de gobierno.
Sano sería que los estados de la república repliquen tal acción, que puede darse como obligación desde una normativa constitucional o general o con la adecuada convicción, conducción y conocimiento de quien gobierne y legisle en cada entidad federativa para fortalecer el tema y las responsabilidades respecto a las deudas que las entidades tienen con las mujeres que viven en sus territorios.
Queremos cotidiano, instituciones dedicadas a las mujeres, autoridades conocedoras especializadas y decididas para protegerlas, políticas públicas claras y presupuestos que permitan hacer estas buenas ideas, realidad, eso lo queremos cotidiano.
Posdata. El mayor de los éxitos a todas las mujeres que de manera próxima iniciará funciones en los cargos para los cuales fueron electas, recuerden que en este momento administrar y legislar ameritan hacerse con perspectiva de género.
Fuente: mxnoticiero.com
por Maura Arredondo | Ago 22, 2024 | De las plumas 50+1
A partir de que fuera aprobada la reforma en abril de 2020 por la que se modificaron y adicionaron diversas disposiciones legales en 6 leyes generales y 2 federales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de género, el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió lineamientos para que los partidos políticos atendieran estas disposiciones y estableció la obligación de presentar la declaración #3De3ContraLaViolencia cuya finalidad fue que los aspirantes a alguna candidatura firmaran un formato bajo protesta de decir verdad, en el que manifestaran que no se encontraban en algún supuesto de persona deudora de pensión alimentario, agresora sexual o que haya cometido violencia familiar.
En mayo de 2023 se reformaron dos artículos de la Constitución para establecer que una persona “…no podrá ser registrada como candidata a cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público” en caso de contar con alguna sentencia firme por “…delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales; el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica; violación a la intimidad sexual; por violencia contra las mujeres en razón de género…”, así como “… cuando la persona sea declarada como persona deudora alimentaria morosa”. De aquí nació ahora la #8De8ContraLaViolencia.
Bajo este contexto, solicité la presentación de un Informe sobre el cumplimiento al Acuerdo INE/CG550/2024 relativo a la aprobación del procedimiento para constatar que las personas candidatas a diversos cargos de elección popular federal no hayan incurrido en alguno de los supuestos de la #8De8ContraLaViolencia.
Al respecto, el Informe destaca la imprecisión de la información proporcionada por distintas autoridades jurisdiccionales que, en el mejor de los casos, presentaron bases de datos, pero sin adjuntar las sentencias firmes de lo solicitado y, en el peor de los casos simplemente no contestaron.
Esto resulta en una seria negación o desconocimiento por parte de las autoridades jurisdiccionales estatales de sus obligaciones para proporcionar información para que el INE pueda cumplir a cabalidad sus funciones. No obstante, el INE desplegó una serie de actividades que sirvieron para obtener mayor información.
En este sentido, el INE debe comenzar a establecer vínculos de colaboración institucional con dichas autoridades para los próximos procesos electorales y con ello, cumplir a cabalidad su obligación de revisión de que las personas candidatas no estén en alguno de los supuestos de la #8De8ContraLaViolencia.
Asimismo, el INE debe desarrollar una herramienta tecnológica para la carga de información que le permita la homogeneidad y sistematización de los datos proporcionados y analizados.
El Informe refiere la estrategia de comunicación social para que la ciudadanía en general tuviera un canal de comunicación abierto para que, de tener conocimiento de un posible caso de los supuestos de la #8De8ContraLaViolencia enviara la información respectiva. No obstante, solo se recibieron 7 escritos libres y 7 formularios respecto a 13 personas candidatas. El resultado, en mi opinión es que necesitamos generar mayor impacto en la ciudadanía para lograr incrementar su colaboración.
El Informe también refiere los obstáculos presentados en la etapa de compulsa de la información que eran de esperarse en virtud de enfrentarnos a una temática que implicó diversas acciones que no fueron previstas con antelación. Por ello, considero que a raíz de esta experiencia se tendrían los elementos suficientes para determinar dichos criterios con parámetros más claros de actuación que permitan que el INE actúe de manera eficiente para combatir la violencia política contra las mujeres.
Vendrá el próximo proceso electoral federal en 2027 y estoy segura de que el INE tendrá las herramientas suficientes para lograr mayores alcances para hacer cumplir la normativa de la #8De8ContraLaViolencia.
Fuente: lasillarota.com
por Maura Arredondo | Ago 21, 2024 | De las plumas 50+1
La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, presentó un informe estremecedor que examina con un enfoque crítico e integral la violencia contra ellas asociada a la prostitución y revisa los marcos normativos en el mundo que la sancionan. El reporte, sometido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio, deja entrever el impacto social, económico, jurídico y de salud que tienen la explotación sexual y la trata de personas para millones de personas.
Sostiene que el desarrollo de las redes de prostitución está fuertemente influido por las normas patriarcales y el consiguiente abuso de poder y demanda sexual por parte de los hombres que se agudiza por la globalización, las desigualdades económicas y los conflictos. Para millones de niñas y mujeres, la discapacidad, la edad, la clase social, la raza, la etnia, el estatus migratorio, la orientación sexual y la identidad de género son factores que agravan el riesgo de caer en ese sistema de violencia.
Muchas sufren pobreza, experiencias infantiles traumáticas, indigencia y abuso de sustancias, tienen una educación limitada o nula, al tiempo que deben mantener a sus familiares. Otras son engañadas con ofertas de trabajo falsas o lucrativas o con incentivos económicos a cambio de actos sexuales. Los crecientes flujos migratorios en nuestro país luego de la pandemia, mostraron un alza en el delito de trata de personas cometido por redes criminales asentadas a lo largo de la ruta migratoria desde Sudamérica hasta territorio norteamericano.
A las víctimas, les retienen sus documentos de identidad y su “remuneración”, las vigilan constantemente, son objeto de detención arbitraria y prolongada y están expuestas a la deportación. Recientemente conocimos los casos de dos jóvenes venezolanas de 20 y 21 años cuyos cuerpos aparecieron en Topilejo con visibles huellas de tortura. Las autoridades creen que fueron asesinadas por redes de trata.
El crudo informe reconoce que la prostitución da lugar a atroces violaciones de los derechos humanos y a múltiples formas de violencia contra las niñas y las mujeres quienes son deshumanizadas y vistas por los proxenetas como personas sin derechos humanos. Se centra en mujeres pertenecientes a minorías y entornos marginados. Por tanto, según el reporte no es casualidad que en los países ricos la prostitución se conforme por mujeres migrantes procedentes de países pobres.
Examina también el creciente consumo de pornografía en plataformas digitales que alienta y normaliza la violencia sexual infligida a las mujeres. Sobre este tema concluye que el aumento de las violaciones, incluidas las colectivas, puede relacionarse con el mayor consumo masculino de pornografía del que ofrece un dato alarmante: 35% de todas las descargas de Internet están relacionadas con la pornografía.
Alsalem considera que la participación igualitaria de las mujeres en la sociedad es imposible de alcanzar cuando la prostitución está normalizada y se basa fundamentalmente en una desigualdad entre mujeres y hombres.
El documento cita al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que reconoce que la explotación sexual persiste porque los Estados no la combaten eficazmente e insta a que no se conviertan en “Estados proxenetas”, derogando las leyes que toleran la explotación a través de la prostitución y la pornografía.
Fuente: elsoldemexico.com.mx
