por Maura Arredondo | Mar 31, 2025 | De las plumas 50+1
Como cada año miles de mujeres marchamos el 8 de marzo, un mes que se pinta de morado en todos los espacios públicos y privados en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pero también se inunda de exigencias y reclamos ante la falta de justicia.
No se trata de un tema que nos ocupa exclusivamente a las mujeres, sino de caminar en sociedad sin importar el género. Tampoco se trata de partidos políticos o gobiernos en turno, sino de exigir a las autoridades que lleven a cabo las acciones necesarias de prevención y atención a los delitos en contra de nosotras.
Actualmente el Poder Judicial se encuentra en una etapa de renovación y tiene el gran reto de brindar capacitación para juzgar con perspectiva de género a más de 881 personas que serán electas en los siguientes comicios. Un panorama sumamente complicado para las mujeres víctimas que hoy claman justicia.
Es importante que el Poder Judicial trace una ruta de capacitación enfocada a quienes tendrán la facultad y obligación de impartir justicia. No hay tiempo ni lugar para juzgar sin perspectiva de género, la situación de violencia en la que estamos inmersas las mujeres es de urgente atención.
De igual forma, es de vital importancia capacitar a las personas que fungen como ministerios públicos, a la policía de investigación, y a todas las personas que tienen la obligación de actuar como primer respondiente. La no revictimización de las mujeres debe ser prioridad al momento de presentar una denuncia y durante la integración de las carpetas de investigación.
Por otra parte, es importante que las personas juzgadoras tomen acción para disminuir los índices de impunidad, especialmente en los casos de violencia contra las mujeres. A menor impunidad, menor el índice delictivo.
Tan solo en 2024 la impunidad por el delito de feminicidio fue del 76 por ciento, una cifra alarmante ante la exigencia de justicia en todas las entidades federativas, que parece no ser escuchada.
Leyes como la Ley Sabina, Ley Vicaria, Ley Olimpia, Ley Ingrid, Ley Monzón, Ley 3 de 3 vs Violencia, Ley Malena, Ley Monse, Ley Alina y muchas otras que han sido impulsadas por víctimas que han tenido que recorrer un largo camino, contando una y otra vez su historia en lo público y en lo privado con tal de evidenciar la violencia ejercida en su contra. Un sistema que nos obliga a la revictimización constante para poder ser escuchadas y alcanzar la justicia tan anhelada.
Lo anterior, debe incitarnos a una reflexión profunda: ¿que tanto ha tenido que pasar, o más bien dicho a “no pasar” para que sean las víctimas quienes tomen este rol que constitucionalmente es una obligación del Estado?
Las mujeres representamos casi el 52 por ciento del total de población en México, y en estricto sentido se nos debe garantizar una vida libre de violencia y justicia para todas las víctimas; el respeto a nuestros derechos desde todos los espacios y ámbitos debe ser de facto.
Estamos ante un momento importante y creciente de exigencias para los tres poderes del Estado, no basta con legislar si en los hechos las autoridades jurisdiccionales son omisas ante las leyes que nos protegen, y no, no es una obligación de cada una de las víctimas ser vigías de su correcta aplicación. ¿En qué momento toda la responsabilidad de justicia recayó en las víctimas?
Las personas que sean electas para formar parte del Poder Judicial tendrán que trabajar para combatir la corrupción y la impunidad de los miles y miles de casos de violencia contra las mujeres. No hay tiempo para curvas de aprendizaje y procesos retardados de justicia.
La justicia equitativa que da a cada persona lo que le corresponde, reconociendo sus características y condiciones específicas, nos puede acercar a procesos judiciales con una justa reparación del daño.
Esperamos que la justica sea el resultado de un andamiaje legal que se ha construido a lo largo de los años y que cuenta con las herramientas indispensables para poder juzgar a los responsables de la comisión de delitos en contra de las mujeres.
Pugnamos para que no sea necesario apostarnos frente a las fiscalías, tribunales, organismos de derechos humanos, televisoras y medios de comunicación para exigir justicia.
Es imperante que cada autoridad cumpla con su obligación en lo que respecta a la prevención de delito, así como a garantizar nuestra seguridad conforme lo dictan las leyes.
Mientras la violencia contra nosotras continue y la justica no sea para todas, seguiremos alzando la voz cuantas veces sea necesario.
Fuente: parentesislegal.com
por Maura Arredondo | Mar 31, 2025 | De las plumas 50+1
La discusión de la sesión del 25 de marzo en la Cámara de Diputados donde se votó mantener el fuero al diputado Cuauhtémoc Blanco obliga a una reflexión. Desde el aspecto parlamentario se vivió un proceso totalmente antirreglamentario e inusitado jamás visto y no exento de misoginia.
Desde Morena, que controla la Cámara de Diputados, se violentó el proceso parlamentario al fraguar que una oradora en uso de su tiempo, le diese ella la palabra al legislador Blanco para que se defendiera de la acusación de su media hermana Fabiola Blanco, del delito de violación en grado de tentativa. El diputado Sergio Gutiérrez, presidente de la Mesa Directiva, simplemente lo dejó pasar.
Todo correspondió a la trama diseñada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal y los diputados de su burbuja para proteger a Blanco.
Su guión se implementó paso por paso. Se argumentó con leguleyos que la solicitud de desafuero estaba mal fundada por el ex fiscal de Morelos (hoy prófugo), porque traía consigna de los contrincantes de Blanco; también se esgrimió que éste no necesitaba ser desaforado para que la justicia procediera, lo que nunca pasará mientras tenga fuero. Hasta se apersonó en la Fiscalía.
Pero lo más deplorable de esa sesión fue el coro de “¡no estás solo! ¡no estás solo!”, por parte de otras diputadas de Morena cuando Cuauhtémoc subía a tribuna. Esa tribuna de la Cámara, que en anteriores Legislaturas muchísimas legisladoras de todos los partidos presentamos iniciativas y decretos en favor de los derechos de las mujeres, entre ellas la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la tipificación del feminicidio.
Todo Morena votó contra el desafuero de CB, salvo 22 diputadas quienes se sostuvieron heroicamente a pesar de las presiones porque estaban convencidas en apoyar a la víctima, además de ser lo correcto, correspondía a lo que han oído desde Palacio Nacional: llegamos todas, ergo nos apoyamos entre nosotras.
Hay quienes preguntan por qué solo reclamamos el voto de las diputadas a favor de Blanco y no el de los diputados que también lo apoyaron; la respuesta es simple: los hombres siempre se han apoyado como un gremio; han definido el Estado, las reglas de convivencia de las sociedades, han escrito las leyes, conducido los gobiernos, los parlamentos y los juzgados, han sido los dueños de la propiedad y de la familia incluidas las mujeres adentro; han fundado y perpetuado un sistema en donde las mujeres hemos estado históricamente invisibilizadas y menospreciadas.
Hasta que en la Ilustración y con el invento del feminismo, que ha fundamentado teóricamente la emancipación de la opresión, fuimos organizándonos en la exigencia de que como humanas, tenemos iguales derechos que los hombres.
Que haya 251 diputadas de 500 escaños no es una graciosa concesión, es producto de las alianzas históricas entre mujeres para lograr la paridad y estar en la toma de decisiones. Por desgracia, salvo las 22 diputadas mencionadas, todas se disciplinaron a la orden de los señores; contribuyeron con su voto, a mantener el pacto patriarcal que protege a Cuauhtémoc Blanco.
Desde el feminismo se han invocado muchas consignas: por la vida y la libertad de las mujeres; te creo; ¡no estás sola!
La víctima de Cuauhtémoc Blanco ha dicho que tiene temor por su vida por atreverse a denunciar a su medio hermano. Tenemos que decirle:¡ no estás sola!
Fuente: oem.com.mx/elsoldemexico/
por Maura Arredondo | Mar 28, 2025 | De las plumas 50+1
Estamos entrando en una era de bloques cerrados y políticas industriales agresivas disfrazadas de “seguridad económica”.
La nueva ola de aranceles de Donald Trump —esta vez contra la industria automotriz— es mucho más que una táctica de negociación. Marca un punto de quiebre. En su primera presidencia ya comenzó a desmantelar el orden multilateral y a redibujar la integración económica de América del Norte. Su segunda administración parece estar determinada a culminar esa transformación con una ruptura aún más profunda.
Para México, esto representa más que un riesgo económico: desafía el modelo de desarrollo que hemos seguido durante más de tres décadas. Desde 1994, cuando se firmó el TLCAN, México se volvió un eje clave en la cadena automotriz de la región. Hoy es el cuarto exportador de vehículos ligeros del mundo y el séptimo productor global. Este sector genera un millón de empleos directos, más de dos millones indirectos y representa 3.5% del PIB nacional y 17% del manufacturero. Más del 85% de los vehículos ensamblados aquí se exportan, y el 76% va a Estados Unidos. Esta integración trajo una eficiencia sin precedentes: un auto puede cruzar la frontera hasta ocho veces durante su ensamble. Las piezas se producen donde conviene más, en un sistema basado en ventajas comparativas y confianza mutua. Hoy, esa lógica está en crisis.
Con el T-MEC, Estados Unidos ya había endurecido las reglas: el contenido regional subió de 62.5% a 75% y se impusieron requisitos salariales. Aun así, la industria logró adaptarse. Pero un arancel generalizado del 25% a la importación automotriz representa un cambio de modelo.
Estamos entrando en una era de bloques cerrados y políticas industriales agresivas disfrazadas de “seguridad económica”. En este nuevo escenario, México no puede asumir que conservará su posición privilegiada como socio de Estados Unidos. Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum busca mantener esa cercanía, las estrategias actuales no bastan para enfrentar la magnitud del desafío. Son tan solo un remedio casero comparado con la cirugía mayúscula que necesitamos.
Durante años, apostamos todo a una estrategia de apertura externa. No es casual: más del 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, y la mitad de ellas vienen del sector automotriz. Hace unos años esta dependencia era una fuente de poder, hoy nos hace vulnerables. Mientras se privilegiaba el comercio, el mercado interno fue abandonado. Las pequeñas y medianas empresas —que generan más del 70% del empleo formal— quedaron fuera de las cadenas de valor. La inversión en ciencia y tecnología se estancó, y nunca se consolidó una política industrial coherente.
Incluso gobiernos que se dicen anti-neoliberales —como el de la 4T— terminaron defendiendo el T-MEC como garantía de estabilidad. AMLO criticó el modelo anterior, pero basó su estrategia económica en la fe de que la inversión extranjera y las exportaciones resolverían todo.
Esa fe ya no alcanza. Frente al resurgimiento del proteccionismo y las guerras comerciales, México debe hacer lo que ha postergado por años: diversificar su economía, fortalecer el mercado interno, integrar a las pymes a las cadenas de valor y mirar seriamente hacia América Latina.
Y no basta con proyectos sexenales ni medidas aisladas. El Plan México y la certificación “Hecho en México” apuntan en el sentido correcto. Pero hace falta una visión de largo plazo, políticas públicas sólidas, infraestructura tecnológica, educación técnica de calidad, financiamiento productivo y una estrategia industrial que conecte con la transición energética y digital. En otras palabras: necesitamos un nuevo modelo de desarrollo centrado en el mercado nacional.
La industria automotriz, clave en nuestra historia reciente, es también la más expuesta a perder terreno. México ha sido atractivo por su mano de obra calificada, su ubicación y sus tratados. Pero hoy eso ya no es suficiente. La transición hacia vehículos eléctricos, la automatización y el proteccionismo están reconfigurando dónde y cómo se invierte. El mercado mexicano ofrece muchas áreas de oportunidad. Debemos reaccionar ante la nueva realidad de pasar de ser un socio estratégico para convertirnos en una plataforma de ensamblaje prescindible.
Adaptarse no basta. Electrificar el transporte implica relocalizar cadenas críticas como las de baterías y semiconductores, donde nuestra participación aún es incipiente. También exige capacidad de innovación, una red de proveedores más sofisticada y políticas que impulsen la producción limpia y la tecnología nacional. ¿Estamos listos? Todavía no.
Aun así, hay oportunidades. Nuestra base manufacturera es sólida. Podemos convertir esta crisis en oportunidad, pero solo si lo acompañamos con políticas inteligentes, esfuerzos colectivos, infraestructura adecuada, certeza jurídica y claridad estratégica. La cooperación regional —con América Latina, Canadá, Europa y Asia— será esencial para reducir la excesiva dependencia de Estados Unidos.
Fuente: expansion.mx
por Maura Arredondo | Mar 26, 2025 | De las plumas 50+1
Hace cinco años, el 31 de marzo de 2020 el gobierno federal emitió la declaratoria de emergencia sanitaria por la presencia y propagación del virus de la Covid 19. Como parte de la Jornada nacional de sana distancia se establecieron medidas inéditas como la suspensión de actividades no esenciales, la restricción de reuniones de más de 50 personas y el resguardo domiciliario.
En principio, la suspensión de clases tenía una vigencia de un mes que se prolongó más allá. Centros de trabajo públicos y privados pidieron a su personal laborar desde casa. Al iniciar el confinamiento comenzó también una nueva época en la convivencia social y en las dinámicas al interior de los hogares. La emergencia sanitaria finalizó, oficialmente, en mayo de 2023.
La restricción para salir de los domicilios se convirtió en un auténtico reto para millones de mujeres. El tiempo dedicado al trabajo de cuidados se intensificó y las tareas del hogar se multiplicaron de un momento a otro. La alimentación, la limpieza del lugar, el aseo, las tareas escolares y el cuidado de personas enfermas provocó una sobrecarga física y emocional que dejó secuelas para toda una generación.
La suspensión de clases afectó severamente la convivencia de niñas, niños y adolescentes y, en contraparte, el trato diario durante meses entre integrantes de las familias evidenció tensiones y conductas agresivas y el aumento de la violencia física y sexual contra niñas y mujeres que vivían encerradas con sus maltratadores.
El trabajo femenino, que en su mayoría se desempeña en el sector terciario de la economía (servicios y comercio), sufrió la pérdida de empleos como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia. En marzo de 2020 la cifra de ocupación laboral de mujeres en el país fue de 22.1 millones, un mes después se desplomó hasta los 16.5 millones.
Sin empleo y con gastos fijos como la renta o hipotecas, especialmente en hogares monoparentales o de jefatura femenina, la situación se hizo insostenible y muchas mujeres ingresaron al sector informal con menor retribución y sin seguridad social.
Durante el confinamiento, su papel de cuidadoras expuso a las mujeres a un mayor riesgo de contraer Covid, sobre todo aquellas que laboraban como enfermeras. La emergencia sanitaria resultó en una emergencia global de los cuidados, poniendo de manifiesto las desigualdades estructurales en todos los ámbitos de la vida como el económico, laboral y de salud.
El estado emocional de muchas mujeres se agravó por las preocupaciones económicas, el aislamiento, la ansiedad y depresión. La precariedad económica, laboral y el aumento de la pobreza fueron otras de las secuelas. Las dobles jornadas se convirtieron en triples.
Cinco años después la normalidad ha vuelto pero la igualdad sustantiva y la autonomía económica de la mujer siguen rezagadas, incluso más que previo a la pandemia, un acontecimiento que nos dejó lecciones pero también retrocesos en los derechos alcanzados.
El análisis de género y sus efectos directos e indirectos está ausente en la era postcovid. Los gobiernos dieron por terminada la emergencia sanitaria sin que los planes de recuperación tuvieran una perspectiva de género, lo que dificulta analizar las consecuencias de este periodo en la historia de la humanidad de enormes retrocesos en las metas de igualdad. Es momento de retomarlo.
Fuente: oem.com.mx/elsoldemexico/
por Maura Arredondo | Mar 25, 2025 | De las plumas 50+1
Hace apenas una década, en diciembre de 2014 la LGDNNA (Artículo 45) dispuso que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años.
Ocurrió el último domingo de febrero. Los asistentes bailaban, comían y celebraban la unión matrimonial de Gael y Celia, ambos de 13 años. Por su edad son considerados recién adolescentes según la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA). El arreglo matrimonial tuvo lugar en Huamuchitos, una comunidad ubicada en la periferia de Acapulco.
Las imágenes muestran a los menores confundidos y obligados. Ella porta un vestido rojo y huaraches, mientras que el menor lleva pantalón de mezclilla, una playera de colores y tenis. El grupo musical que ameniza “la fiesta” lanza vivas y porras a “los novios”. Todo trascurre en un ambiente de normalidad.
Hace apenas una década, en diciembre de 2014 la LGDNNA (Artículo 45) dispuso que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años. Por su parte, el Código Civil Federal (Artículo 148) establece el mismo criterio legal desde 2019; a partir de entonces los Códigos civiles locales se homologaron y prohibieron las uniones entre mayores de edad y menores. Las restricciones legales están ahí.
El matrimonio infantil es una violación a los derechos humanos; en la mayoría de los casos se presenta en contextos de pobreza, marginación y vulnerabilidad socioeconómica. Está motivado por la desigualdad de género y una lógica de pertenencia de los hombres.
Esta brutal práctica persiste y es global, lo mismo en países de la región que en Afganistán, Irán o Irak donde el Parlamento de mayoría religiosa chií legalizó a finales de enero el matrimonio de niñas a partir de los nueve años. ¡Una abominación! Human Rights Watch asegura que “a las niñas les corresponde ir a la escuela y estar en el patio de recreo, no llevar vestido de novia”.
El interés superior de la niñez está consagrado en nuestra Constitución; tiene derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud y educación para su desarrollo integral. Las autoridades locales manifestaron que en Huamuchitos ambos adolescentes se casaron por mutuo acuerdo de sus familias mediante “usos y costumbres”.
La mayoría de uniones forzadas se dan fuera del marco legal en varias poblaciones, por lo que el impedimento legal no es suficiente para impedir la vulneración de los derechos de los menores de edad. Imaginar siquiera que alguna niña o menor de edad en nuestras familias se una en matrimonio, me estremece y me llena de profunda indignación. ¡Cuánto más debemos cambiar!.
Fuente: heraldodemexico.com.mx
