por Maura Arredondo | Ago 17, 2023 | De las plumas 50+1
Por: Carla Humphrey Jordan
Las mujeres en México históricamente han sido un grupo discriminado en donde diversas organizaciones, colectivos, mujeres líderes de opinión, legisladoras federales y locales, académicas, servidoras públicas, entre otras, hemos impulsado desde nuestros frentes diversas acciones por alcanzar la igualdad sustantiva en el ejercicio y goce de nuestros derechos que nos permitan visibilizarnos en igualdad de circunstancias que el género masculino.
La propia Organización de las Naciones Unidas a través de ONU Mujeres ha sugerido a los Estados Miembros, entre ellos se encuentra nuestra nación, el establecimiento de normas que logren la igualdad y el trabajo de los gobiernos con la sociedad civil para la generación de leyes, políticas, instituciones, programas y servicios que busquen la participación igualitaria de las mujeres a través de la atención de los Objetivos integrados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable.
En estos objetivos destacan, entre otros: aumentar el liderazgo y participación de las mujeres; poner fin a la violencia contra las mujeres en razón de género; el empoderamiento económico de las mujeres, así como “…hacer de la igualdad un aspecto central en la planificación y la elaboración de presupuestos nacionales para el desarrollo”.
En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2021 del INEGI publicada en agosto de 2022, entre otros indicadores, destaca que el 70% de las mujeres de 15 años y más han experimentado, al menos en una ocasión, alguna situación de violencia en su vida, destacando la psicológica, seguida de la sexual, la física, la económica, así como la discriminación. Entre otras disposiciones legales como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia publicada en 2007 y sus posteriores reformas, es prácticamente a partir de 2014 con la inclusión del principio de paridad de género en la Constitución, como se han ido materializando diversas normativas que buscan generar en nuestra sociedad condiciones igualitarias de derechos entre hombres y mujeres.
Resaltan las reformas de 2019, conocida como paridad en todo que busca garantizar el cumplimiento de este principio en la integración de todos los poderes del Estado, órganos autónomos y en sistemas normativos indígenas, así como la reforma de 2020 que modificó 6 leyes generales y 2 federales para definir y tipificar la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como las obligaciones de distintas autoridades para combatirla entre otras.
En 2022 se incorpora el precepto de “violencia digital” a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con el objetivo de abatir y erradicar el fenómeno constante y creciente que sufren principalmente las mujeres en redes y plataformas sociales. En el mismo sentido, el Código Penal fue reformado para tipificar el delito de violación a la intimidad sexual para combatir las terribles prácticas de extorsión, maltratos, humillaciones y vejaciones.
Bajo este contexto y a efecto de garantizar los derechos políticos y electorales de las mujeres en México, así como de brindar la más amplia garantía y protección a los derechos de acceso a la justicia y defensa de las mujeres que ocupan o pretendan ocupar cargos dentro de los partidos políticos, de elección popular y el ejercicio del liderazgo de las mismas, desde mediados de 2021, cuando presidí al Comisión de igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE) he buscado impulsar la creación de la Defensoría Pública para Mujeres, con la finalidad de contar con un área encargada de prestar servicios de defensa jurídica y asesoría legal en materia administrativa electoral y jurisdiccional en favor de las mujeres aspirantes, precandidatas, candidatas o aquellas que ocupan espacios públicos.
Esta propuesta obedece a la necesidad de generar un acceso real a la jurisdicción del Estado, cercano a las ciudadanas mexicanas, privilegiando un diálogo abierto, incluyente y plural en favor de las mujeres contra actos que afecten o pudieran afectar sus derechos políticos y electorales o sean o pudieran ser víctimas potenciales en materia política en razón de género.
La Defensoría Pública para Mujeres, propuesta en el anteproyecto de presupuesto del INE para 2024, año en el que se llevará a cabo la elección más grande de nuestra historia, con más de 20 mil cargos en juego y por lo menos la postulación de la mitad de mujeres para esos espacios, hace evidente la necesidad de contar con dicha instancia -que otras autoridades electorales tanto administrativas como jurisdiccionales ya tienen- como un medio para garantizar el derecho constitucional de acceso a la justicia de manera pronta, completa e imparcial en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución; apegado a la seguridad, legalidad y gratuidad, así como a las obligaciones de carácter internacional como lo mandatado en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone un compromiso estatal de adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales las medidas legislativas, o de otro carácter, que sean necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades como derechos fundamentales.
En el mismo sentido, la propuesta de la Defensoría Pública para Mujeres está basada en la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. El Comité CEDAW por su parte, ha establecido diversas recomendaciones de las que destaca la armonización de las legislaciones a fin de reconocer como delito la violencia contra las mujeres, estableciendo responsabilidades claras en materia de prevención, apoyo, enjuiciamiento y sanción para las autoridades en los tres órdenes de gobierno.
De concretarse la Defensoría Pública para Mujeres, primero con la aprobación por parte del Consejo General del INE, su máximo órgano de decisión y posteriormente de la Cámara de Diputadas y Diputados, estaremos consolidando un frente muy importante para contar con una sociedad más igualitaria y justa, que proteja a las mujeres de todo tipo de violencias, máxime que, en 2024, estarán en disputa más de 20 mil cargos de elección popular. De lograrlo, tendremos las condiciones para garantizar equidad en la contienda electoral próxima y fortaleceremos, además, los principios básicos de la democracia: la igualdad, la no discriminación y la libertad.
Fuente: lasillarota.com
por Maura Arredondo | Ago 17, 2023 | De las plumas 50+1
Por: Sara Lovera
#DenunciaFeminista #LasNiñasNoSeTocan
Activistas y defensoras de derechos humanos, alertaron sobre la celebración de una sesión extraordinaria por parte de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, en la que se colocó en el orden del día y se dialogó sobre la posibilidad de dictaminar de nueva cuenta la posibilidad de reinstalar como Magistrado del Poder Judicial de la Ciudad de México a Manuel Horacio Cavazos López, acusado de violentar sexualmente a sus dos menores hijas.
Cavazos López, quien fungía como magistrado de la segunda la Segunda Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, aspiraba a ser ratificado como magistrado vitalicio a fin de consolidar el estatus y las relaciones de poder y protección que le han permitido permanecer en la impunidad tras las denuncia que la madre de sus menores hijas interpusiera en su contra en septiembre de 2019 por el delito de violación presuntamente cometido en agravio de las menores.
Es así que, en 2020, el Congreso de la Ciudad de México le negó la ratificación a Cavazos López, por considerar las y los legisladores que este carece del requisito de honorabilidad exigible a cualquier persona que aspire a ocupar una magistratura en el PJCDMX.
Tras casi 3 años de lucha, en que mediante peritajes especializados, diligencias y diversas pruebas, se ha logrado demostrar que los hechos denunciados ocurrieron, Mariel Albarrán, madre de las dos menores agraviadas, narró a La Costilla Rota, cómo el agresor se ha valido de una gran cantidad de argucias legales y del tráfico de influencias para lograr que jueces y magistrados del Poder Judicial de la Ciudad de México arrojen resoluciones inexplicables que han retardado el proceso y negado el ejercicio de la acción penal, sin que una instancia federal haya podido juzgar sobre el fondo del asunto. Así mismo, Mariel denuncia que ha sido objeto de persecución, amenazas y múltiples acusaciones de violencia familiar, corrupción de menores entre otras, interpuestas todas por Cavazos Flores para tratar de desvirtuar las graves acusaciones que pesan sobre él, por sus dos menores hijas.
Así las cosas, Mariel hoy denuncia que, ante la red de protección de la que goza el presunto agresor sexual de sus menores hijas, quien no se ha enfrentado al debido proceso penal pasando por encima de la Constitución, y de la recomendación número 10/2022 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, hoy logró mover sus influencias para que el Congreso de la Ciudad de México esté reviviendo la funesta posibilidad de ratificarlo como magistrado vitalicio en materia penal, cargo en que sería juzgador de alzada de los mismos delitos de abuso sexual por los que hoy se le acusa.
La sola propuesta ofende
Percatándose de esta situación, activistas y colectivas de defensoras feministas y de derechos humanos, se pronunciaron para repudiar categóricamente la propuesta de restitución de Manuel Horacio Cavazos López, exigiendo al Congreso de la Ciudad de México que no permitan el nombramiento del presunto violentador, que se aplique con la más amplia perspectiva de género la ley #3de3VsViolencia y se desistan de mantener la protección del exmagistrado denunciado por la violación sexual de sus propias hijas de 5 y 6 años respectivamente.
Así mismo, madres y colectivas convocan a una protesta pacífica el próximo miércoles 23 de agosto a las afueras del Congreso de la Ciudad de México para exigir ningún agresor y ningún violador en el poder.
#JusticiaParaLasNiñas
#JusticiaParaTodas
Fuente: semmexico.mx
por Maura Arredondo | Ago 16, 2023 | De las plumas 50+1
Por: Patricia Armendáriz
Las revoluciones tecnológicas logradas por la humanidad se cocinan durante muchos años y aparecen de repente visibles para la sociedad como el nacimiento de un volcán. Tal es el caso de la inteligencia artificial, producto de los esfuerzos tecnológicos iterativos, insistentes, constantes y diversos por crear máquinas al menos tan inteligentes como el hombre.
En su versión útil, la inteligencia artificial es, como su nombre lo indica, un sistema inteligente capaz de analizar grandes cantidades de datos, investigar patrones de interacciones humanas, para servir a los humanos en su toma de decisiones de una manera más rápida y eficiente que si el humano mismo realizara dichas tareas. En su versión destructiva, la inteligencia artificial puede convertirse en un sistema cerrado que decida por nosotros.
El sistema de inteligencia artificial cambiará la concepción de qué trabajo contribuye con un valor agregado y cuál ya puede ser sustituido por asistentes digitales. Éste ha sido financiado por las grandes empresas para mejorar sus utilidades del consumo masivo de sus productos. Sin embargo, como en otras revoluciones industriales, no queremos que ésta se resuelva en una amenaza para la distribución del ingreso que vuelva a desatar crisis sociales de exclusión y desempleo.
Para seguir la ruta propositiva del sistema de inteligencia artificial que se plantea y que éste sea incluyente, necesitamos políticas públicas que cambien y capaciten a la población en su contribución a la nueva economía que será dominada por la inteligencia artificial, y a entender las diferentes oportunidades que ofrece esta herramienta.
Por ejemplo, debemos todos ser capacitados para manejar las máquinas de búsqueda que nos provean de análisis de mercados para nuestros productos. Debemos ser capacitados para establecer procesos de inteligencia artificial en nuestros negocios que automejoren con el diario aprendizaje de interacción con nuestros clientes.
Además, debemos estar capacitados para acceder a mecanismos que nos sigan capacitando en el avance inexorable de la tecnología de la información, y cómo podemos mejor utilizar la robótica para sistematizar nuestros procesos.
De manera preponderante, debemos ser capacitados para utilizar las capacidades analíticas que serán irremplazables en el trabajo diario. Debemos también implementar políticas públicas de investigación y desarrollo tecnológico que encaminen los procesos hacia el uso y no riesgoso abuso de la inteligencia artificial. Para todos los países, incluido México, esto requiere una revolución de nuestro sistema educativo que se convierte en muy urgente.
Fuente: milenio.com
por Maura Arredondo | Ago 16, 2023 | De las plumas 50+1
Por: Claudia S. Corichi García
La persistente despoblación de áreas rurales en México está teniendo consecuencias serias en las actividades agropecuarias. Un fenómeno agravado por el debilitamiento de la organización social y comunitaria, la degradación del suelo, la deforestación, la falta de acceso a créditos para el sector y como remate, la emergencia de la crisis climática que ha provocado una sequía devastadora.
La salida del bono demográfico, la bajísima productividad, el modelo económico que prioriza las importaciones y el control por parte de multinacionales de amplios segmentos del mercado, han socavado el trabajo agrícola. El campo y sus campesinos se hacen viejos y el relevo generacional se presenta cada vez más complejo. El Censo Agropecuario 2022 nos revela que el 72% de las personas que laboran en sector primario tienen 46 años y más.
La mano de obra femenina muestra una caída de participación en labores agropecuarias de 3 puntos con respecto al último Censo levantado en 2007. Sólo 4,4 millones de mujeres equivalente al 16% se encuentran ocupadas en el sector. El restante 84% corresponde a 22.8 millones de hombres.
La mayoría de las personas que migran lo hacen del entorno rural ante la constante falta de opciones económicas y educativas. Coneval estima que 15.5 millones de personas que viven ahí se encuentran en situación de pobreza. No conocemos la cifra de los que migran desde el campo, pero sí de los que son repatriados. El Instituto Nacional de Migración reporta que el año pasado fueron 200 mil hombres mayores de 18 años; el promedio de edad es de 27 años según el último Censo de Población.
Estados como el mío, Zacatecas, es el segundo con el mayor porcentaje de unidades de producción agropecuaria con una cuarta parte de su población dedicada a esa actividad.
La inversión en el sector agrícola es dispar en el país. Existen entidades con un fuerte potencial como Chihuahua, Sinaloa o Baja California en contraposición a estados del sur cuyas condiciones de rezago en infraestructura, pobreza e inseguridad alientan la expulsión de mano de obra. Cientos de jóvenes del ámbito rural son obligados y reclutados a trabajar por grupos delictivos para la siembra de enervantes, pero también una gran proporción buscan una oportunidad educativa que les permita invertir su ancestral condición familiar.
El continuado abandono del campo por la ausencia de políticas agrícolas efectivas, la histórica emigración de sus habitantes, la degradación ambiental reforzada por sequías intensas, la erosión del suelo y la deforestación son algunas de las causas que perjudican la sostenibilidad de la agricultura y deja el trabajo en manos de una población envejecida.
El Censo Agropecuario registró que los principales problemas en el sector se asocian a altos costos de insumos y servicios (conviene recordar los elevados subsidios que realizan Estados Unidos y naciones europeas al sector agrícola), factores climáticos, pérdida de fertilidad del suelo, inseguridad, escasez de mano de obra y la edad del productor. Agregaría las importaciones a bajo precio de productos como maíz, cereales y otros granos que deriva en una competencia desleal.
Con este telón de fondo, no se ve un horizonte cierto para el campo mexicano. Ni hablar de seguridad o soberanía alimentaria. La necesidad de reactivar y relanzar a ese sector es otra de las demandas que siguen pendientes, que son las mismas de siempre, de todos los años.
Fuente: elsoldemexico.com.mx
por Maura Arredondo | Ago 15, 2023 | De las plumas 50+1
Por: Carla Humphrey Jordan
La elección de junio de 2024 no solo será la más importante en la historia electoral del país tanto por el número de electoras y electores que podrán votar, poco más de 98 millones, sino también por el número de cargos de elección popular que se disputarán tanto a nivel federal como a nivel local que ascienden a más de 20 mil espacios que serán disputados por partidos políticos con registro federal, así como por partidos políticos locales lo que permite multiplicar dicha cifra de forma exponencial.
Además, esta elección tendrá ingredientes adicionales que no se habían registrado con anterioridad, algunos ejemplos son: la utilización de un mayor número de urnas electrónicas a las utilizadas en procesos electorales anteriores para recibir la votación de forma vinculante de la ciudadanía; la implementación del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero de forma presencial en un número importante de consulados; el voto en prisión preventiva a nivel nacional, entre otros.
En este sentido, el Instituto Nacional Electoral (INE) en días pasados convocó a todas y a todos los ciudadanos del país que tengan alguna limitación o incapacidad física para que soliciten su credencialización en sus domicilios con la finalidad de que puedan tener la posibilidad de votar, de forma anticipada desde sus domicilios, en el proceso electoral que se avecina.
Debe destacarse que esta será la primera vez en la historia electoral en nuestro país que el INE implementará este ejercicio denominado “Voto Anticipado en un Proceso Electoral” que tendrá una doble vía, es decir, la ciudadanía con alguna discapacidad podrá votar bajo este mecanismo tanto para la elección federal como la elección local según corresponda a la entidad federativa en la que resida.
Esta determinación adoptada por el INE tiene su fundamento en lo mandatado en el artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que dispone que las personas con alguna limitación o incapacidad física pueden solicitar realizar su credencialización en su domicilio, así como votar de forma anticipada para el proceso electoral correspondiente.
Con esta acción el INE está maximizando los derechos políticos y electorales de este importante segmento de la población para que ejerzan a plenitud su derecho al sufragio en su oportunidad por el partido político, coalición, candidatura común, candidata o candidato de su preferencia.
El INE tiene una estimación de que alrededor de 10 mil 600 personas han realizado su registro para poder contar con bajo esta modalidad de votación de la que destacan básicamente personas mayores de 65 años, y cuyas solicitudes de credencialización corresponden principalmente a los estados de la Ciudad de México, Guerrero, Nuevo León y Veracruz. Esta cifra seguramente se incrementará debido a que el plazo para solicitar la credencial para votar con fotografía está abierto. Es importante señalar que las personas interesadas deben solicitar a través de un familiar o persona de confianza que acuda de forma presencial a los Módulos de Atención Ciudadana que se localice cerca de su domicilio para presentar el Formato de Petición respectivo.
Para un mayor conocimiento de este procedimiento, así como de todos los relacionados con los diversos trámites que ofrece el INE a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, se sugiere consultar la siguiente liga que refiere todos los trámites de la credencial y los servicios que se ofrecen: https://www.ine.mx/credencial/tramite-credencial-tipo/
El INE, como en cada proceso electoral, busca los mecanismos legales correspondientes que le permitan atender a la población, maximizando el ejercicio de sus derechos, garantizando el derecho al voto de las y los mexicanos con alguna discapacidad a través de estas medidas de inclusión que implican, además, incrementar la participación ciudadana, base fundamental de nuestro sistema democrático.
Fuente: eluniversal.com.mx
