La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de enero reportó que la población ocupada en el país fue de 59 millones, de las que un 40% son mujeres, una brecha significativa que se profundiza porque en su gran mayoría laboran en condiciones de informalidad.

¿A qué responde la baja ocupación, considerando que la población de mujeres de 15 años y más es superior a la de hombres en el país? Aunque no existe una respuesta única, debe ponerse el foco en el conjunto de actividades que millones de mujeres realiza diariamente en casa. Según el Inegi, se dedican 38 horas en promedio semanales a labores domésticas y de cuidados (la Ley Federal del Trabajo establece una jornada máxima de 48 horas de trabajo remunerado).

No es que no se desee tener ingresos o un empleo formal, al contrario, está demostrada su dedicación y entrega a realizar intensas faenas y jornadas en el hogar sin remuneración económica alguna ni reconocimiento social. Cuidar a hijas e hijos y personas con discapacidad o dependencia, es también la razón por la que las mujeres optan por empleos con horarios flexibles o a tiempo parcial y cuando los encuentran, los ingresos son exiguos. 24 millones de mujeres cuidan a alguien en el hogar según la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados, mientras que el número de hombres se sitúa en 8 millones, un tercio.

La falta de empleo conlleva falta de liquidez que es necesaria para hacer frente a gastos cotidianos, mucho menos se puede pensar en generar ahorros, obtener un crédito o insertarse en el ecosistema financiero. Más difícil se torna para aquellas quienes laboran en el sector informal con ingresos modestos pues no pueden acceder a un producto financiero.

Es aquí donde aparece un auténtico “dilema” estructural: si la tasa de participación laboral de las mujeres ronda el 40% y las horas semanales invertidas en los cuidados promedian 38, ¿qué debe privilegiarse, el cuidado en casa o la obtención de ingresos para el sustento? ¿Estamos condenadas a vivir así? ¿Es insalvable esta correlación?

A pesar del incremento de la participación femenina en el trabajo remunerado, sigue estando por debajo de la participación masculina debido a factores como la discriminación en las prácticas de contratación, desigualdad salarial, movilidad y segregación, condiciones de trabajo inflexibles e insuficiencia de servicios como los de guardería.

Las desigualdades de género son evidentes. Si las mujeres dedican buena parte de su tiempo al trabajo no remunerado, se dificulta su incorporación al mercado laboral y cuando lo hacen, toman la decisión de abandonarlo temporal o permanentemente, que entre otras consecuencias hace impensable un retiro digno al final de la vida laboral, al cotizar menos semanas. Las mujeres tienen 42% menos saldo en Afores que los hombres, otra brecha más.

Cuando logramos incorporarnos al mercado laboral, la situación no mejora. La brecha de ingresos por género es del 35% como indica la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares. Aunado a lo anterior, la precariedad y la informalidad laboral limitan las oportunidades de desarrollo personal y profesional. La desigualdad entre mujeres y hombres surge de la división sexual del trabajo que se materializa en un funcionamiento injusto de la economía.

A todo lo anterior habría que sumar las brechas salariales, la escasa participación de mujeres en altos cargos de dirección en el sector público o la iniciativa privada por los techos de cristal que les impiden subir en el escalafón, la feminización de la pobreza, así como la violencia económica y patrimonial que impacta en los ingresos y limita el acceso al conjunto de esquemas que provee el sistema financiero.

Para alcanzar igualdad económica y salarial debemos romper ese círculo vicioso. Por eso es urgente que el Congreso y el sector privado reconozcan y visibilicen la magnitud y la cuantía del trabajo que 24 millones de mujeres realizan a través de los cuidados y que frena sus aportaciones a la economía nacional. De no cambiar esta realidad los problemas estructurales a los que me he venido refiriendo, se mantendrán sin cambios y lograr la igualdad quedará en aspiración.

México tiene el reto de encontrar fórmulas para que el mercado laboral no sea injusto ni desigual para las mujeres. Hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó reconocer ese derecho mediante la política nacional de cuidados pero sin contemplar una sola partida presupuestal para ello; mientras tanto en el Senado, sigue pendiente ratificar la Ley del Sistema Nacional de Cuidados. La Secretaría de Hacienda estima que el costo de ese Sistema alcanzaría el 1.4% del PIB nacional.

Es apremiante redistribuir el trabajo de cuidado para ser asumido por la sociedad en su conjunto y promover la corresponsabilidad entre familias, comunidades, Estado y mercado. Solo así superaremos el anacrónico paradigma del hombre proveedor y la mujer cuidadora que considera a la mitad del país excluida del mercado laboral, con las consecuencias que conlleva para la economía y la igualdad.

Fuente: politica.expansion.mx