by Maura Arredondo | Feb 29, 2024 | De las plumas 50+1
Por: Claudia Ruiz Massieu
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la alianza militar más importante de la historia contemporánea, está nuevamente en el centro del debate internacional. La razón no es la inminente adhesión de Suecia, ni algún anuncio ante el segundo aniversario de la invasión rusa a Ucrania, sino una declaración del virtual candidato presidencial republicano, Donald Trump.
En un mitin de campaña, coincidente con la Conferencia de Seguridad de Múnich, Trump fustigó a los países europeos que han incumplido sus compromisos de invertir en capacidades militares, sugiriendo que –en caso de ser electo– Estados Unidos no defendería a quienes no paguen por su propia seguridad; y que, de hecho, permitiría que Rusia “haga lo que quiera” con ellos.
Los modos estridentes del personaje, así como haber hecho este señalamiento de forma pública, generaron alarma en las capitales occidentales. Sin embargo, más allá de Trump, diversas administraciones en Washington han coincidido en este añejo asunto: Europa no tiene suficientes medios propios para defenderse y depende excesivamente de los recursos de Estados Unidos.
La OTAN surgió durante la guerra fría como contraparte al Pacto de Varsovia, que agrupaba a la Unión Soviética y sus aliados. En ese momento, Europa vivía bajo la amenaza permanente de una posible agresión armada desde el este. El arsenal nuclear estadounidense y el artículo 5° del Tratado del Atlántico Norte (que compromete a todos sus miembros a defender juntos a cualquiera que sufra un ataque) se convirtieron en la principal garantía de paz en el continente: la contención.
Tras la caída de la URSS, los países europeos redujeron su gasto militar y se produjo el llamado “dividendo de la paz”, que les permitió reasignar los presupuestos destinados a la producción de tanques, misiles o sistemas de protección aérea hacia áreas como el gasto social, la infraestructura o los servicios públicos. Estados Unidos continuó subsidiando, cada vez más, las capacidades militares de sus aliados. En 2014, los miembros de la OTAN acordaron asignar al menos 2% de su PIB a la inversión en defensa, un objetivo que pocos han cumplido (en claro contraste, ese mismo año los estadounidenses destinaron más del 17% de su PIB a dicho rubro).
Durante décadas, gracias a la relativa estabilidad regional, la posibilidad de una guerra parecía inconcebible. El 24 de febrero de 2022 marcó un punto de inflexión, un “Zeitenwende”, como dijo el canciller alemán. La invasión a Ucrania por parte de Rusia recordó al viejo continente que mantener capacidades defensivas creíbles y robustas no era un lujo, sino una necesidad. En estas mismas páginas, (“La OTAN: ¿provocación o necesidad defensiva?”) argumenté en favor de la seguridad colectiva como herramienta para garantizar la paz y la estabilidad internacionales.
La defensa militar es un asunto de principios e intereses. Estados Unidos tiene una responsabilidad como líder global del orden democrático liberal; al mismo tiempo, enfrenta desafíos que alimentan el aislacionismo de quienes, internamente, se resisten a asumir dicho liderazgo, como los sectores más conservadores, que mayoritariamente respaldan a Trump.
Y si bien los principios pacifistas europeos (producto de las lecciones de un pasado violento) son encomiables, ningún país puede arriesgar sus intereses de seguridad al depender permanente y tan hondamente de los recursos y voluntad de potencias extranjeras. Invertir en defensa tiene un costo financiero y político; pero el costo de no hacerlo puede ser mucho mayor. No se trata, por supuesto, de atizar irresponsablemente los conflictos, al contrario: a veces la mejor forma de mantener la paz es siendo lo suficientemente fuerte para disuadir al potencial agresor de iniciar la guerra.
Fuente: heraldodemexico.com.mx
by Maura Arredondo | Feb 29, 2024 | De las plumas 50+1
Por: Flor Rodríguez
Está por llegar el Día Internacional de la Mujer y con ello las manifestaciones alrededor del mundo, pero para México representa una marcha histórica. Año con año miles de mujeres niñas y adolescentes salen a tomar las calles de la Ciudad de México, el resto de las ciudades de República Mexicana y sus periferias para protestar contra la violencia de género, el aumento de los feminicidios, la falta de acceso a la justicia y la impunidad, pero este año representa un antes y un después para las mujeres mexicanas.
Son incontables los cuestionamientos respecto a la marcha, que ¿por qué marchamos y no festejamos? La respuesta es simple, no podemos celebrar que miles de mujeres a lo largo de la historia hayan perdido la vida para conquistar los derechos que actualmente gozamos, la intención es reivindicar y visibilizar la lucha de todas aquellas mujeres que buscaron un mejor presente y futuro para todas.
Históricamente el representante del ejecutivo ha sido representado en nuestro país por la figura de un hombre y cuando marchamos le exigimos principalmente al poder ejecutivo atención y respuesta a nuestras demandas.
El 2024 es un año de elecciones presidenciales y la probabilidad de que México tenga una Presidenta es muy grande pues, las dos candidatas propuestas por Morena y la alianza del PRI, PAN y PRD tienen mayor preferencia que el candidato propuesto por Movimiento Ciudadano.
Hecho que me hace plantear la posibilidad de que el próximo 8 de marzo del 2025 las mujeres marchemos exigiendo nuestras demandas a un poder ejecutivo representado por una mujer, quien tendrá sólo unos meses para demostrar a las mujeres que hayan depositado la confianza y su voto en ella que hay esperanza para cambiar nuestra realidad.
Esperanza es la palabra que mejor define el panorama que visualizamos las mujeres teniendo una Presidenta por primera vez en la historia política de México. Sin duda las expectativas y los retos son enormes porque si bien es cierto que ser mujer no nos da la conciencia sobre las necesidades de nuestro género, hay esperanza y no hablo de un color o un partido sino desde lo que ambas candidatas han dejado ver sobre sus propuestas y agenda en dónde se supone que las mujeres y nuestras causas somos prioridad.
La pregunta adecuada ante este panorama no es si ¿México está preparado para tener a una mujer Presidenta?, la pregunta y la respuesta están muy superadas y resultaría ofensivo plantearla. La ONU respalda el hecho de que las mujeres tienden a gobernar con firmeza, liderazgo, elocuencia y empatía pues, se demostró que durante la pandemia por la COVID 19 a pesar de que las mandatarias a nivel mundial no llegaban ni al 10% de las presidencias, impulsaron políticas con sensibilidad y capacidad de respuesta que llevo a sus países como Noruega, Alemania, Nueva Zelanda, Finlandia, Dinamarca, Islandia y Taiwán a combatir mejor la pandemia.
La pregunta adecuada entonces sería, ¿Cuál es el elemento diferenciador en las propuestas de las candidatas mujeres y el candidato hombre que va más allá del género? Una investigación realizada por el Massachusetts Institute of Technology señala que las mujeres electas para gobernar invierten más en los bienes públicos, es decir en aquellos destinados a la prestación de servicios de salud y asuntos públicos estrechamente vinculados a las preocupaciones más relevantes para las mujeres. Todo esto ha sido avalado con cifras que indican que los países gobernados por mujeres forman parte de los gobiernos con mayor presupuesto público de salud per cápita.
Este 8 de marzo marchamos para seguir exigiendo por las problemáticas que nos aquejan a las mujeres mexicanas, pero también marchamos para exigir a las candidatas y candidato a la presidencia que seamos prioridad no solo en sus propuestas de campaña sino en sus gobiernos futuros, que no seamos reprimidas ni violentadas desde ningún espacio y dejar en claro que el movimiento feminista no es bandera ni escalón de ningún partido político.
El feminismo sigue siendo el único movimiento político y social que genera cambios y revoluciona al mundo. Si vas a marchar este próximo 8M no olvides que tu voz importa.
Fuente: heraldodemexico.com.mx
by Maura Arredondo | Feb 28, 2024 | De las plumas 50+1
Por: Maura Arredondo
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos,en 2019 México ocupó el primer lugar en abuso sexual infantil. Cada año 5.4 millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas de abuso sexual en el país, de las cuales, 6 de cada 10 de estas violaciones, se producen en casa y en el 60% de los casos, el agresor es un familiar o pertenece al círculo cercano a la familia. Datos proporcionados por la Unidad de Inteligencia Financiera, indican que, durante 2021, en el marco de la pandemia COVID19, aumentó 117%, la producción y consumo de pornografía infantil en México, por lo que este este mercado se duplicó, además de que se calcula que 21,000 niños son secuestrados anualmente en el país para explotación sexual infantil. Estoy escribiendo esta información sabiendo que mientras la redacto hay una niña o niño en peligro y eso me estremece.
Desgraciadamente, cada 1000 casos de abuso sexual contra menores en el país, sólo 100 se denuncian y de estos, únicamente el 10% llega ante un juez, y de los cuales, sólo el 1% recibe una sentencia condenatoria, de acuerdo con cifras de la OCDE. Muchos de los casos de violencia sexual infantil, no cuentan con tratamientos íntegros para la reparación del daño.
Es responsabilidad de los padres de familia e instituciones del Estado garantizar el Derecho Superior de la Niñez por medio de un ambiente saludable, seguro, sano, en armonía y libre de todo acto que atente contra su desarrollo físico y emocional, contra su desarrollo integral. Pero esto no sucedió para una pequeñita de 4 años, cuando con el corazón estrujado escuché un juicio oral en donde absolvieron a su presunto agresor sexual y escuché como el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, adscrito a los juzgados del penal de Barrientos en Tlalnepantla, con voz calmada y con semblante casi inerte dice: “Ante la insuficiencia probatoria de justificar el delito de abuso sexual, lo conducente es emitir fallo condenatorio, corrijo fallo absolutorio”, y entonces no puedo ni imaginar lo que sintió, su afligida mamá al escuchar los dos polos de la condena y pensé “Lo traicionó la mente y el corazón”. La valiente madre, se escuchaba con voz entrecortada y le reprocha al juez diciéndole: “¿No le creyó a mi hija?”, y Martínez Vitela responde: “Desde luego que le creí en el tema del tocamiento, pero su hija jamás mencionó el tema del lugar, el día y el horario”.
La indignación fue colectiva, después de darse a conocer este video en redes sociales, donde sin lugar a dudas reprochamos el sentido de la sentencia por el hecho de que la niña no supo definir la hora y el sitio de la agresión cometida en febrero de 2022, en Atizapán de Zaragoza. Estaba escuchando y de verdad no podía concebir que se atropellaran de esta manera tan soez los derechos humanos de una pequeñita. Mi hijo tiene 12 años y cuándo le pregunto: ¿Hijo, qué desayunaste hoy?, muchas de las veces no lo recuerda. Entonces reflexiono, ¿Cómo podría esta pequeña recordar el tiempo exacto y ubicación exacta en la que fue agredida por su tío?, teniendo la capacidad de una niña de tan sólo 4 años, definitivamente no es su responsabilidad conocer la dirección de la casa de su tío con santo y seña, apenas si saben decir correctamente su nombre.
Pero todas las pruebas en peritajes demuestran una agresión. Este fallo contraviene el interés superior de la niñez, que tiene que ser un principio de ejecución, pero también un principio de prioridad al momento de las acciones judiciales. Claro que se puede impugnar la sentencia en una segunda instancia. Esta pequeñita tiene 2 años clamando por justicia, el sistema judicial ha atropellado completamente su derecho de acceso a la justicia y no ha tomado en cuenta las graves consecuencias que tiene el abuso sexual y lo devastador que puede ser tanto a corto como a largo plazo, especialmente cuando el abusador era una figura de confianza. La madre ha mencionado que su hija lleva 2 años en terapias psicológicas y asistencia social para salvaguardar y tratar de resarcir los derechos vulnerados. Pero ¿Acaso se puede volver a pegar las piezas rotas, sin que haya grietas?.
Varias colectivas feministas levantaron la voz por este agravio a través de pronunciamientos en redes sociales, entre ellas destaco a la Colectiva Nacional 50+1, hicieron un llamado a los actores involucrados para revisar este fallo.
Asimismo, su madre cerró una de las vías más importantes en CDMX y el Edomex
para exigir justicia en su caso. Muchas mujeres se sumaron a esta paro gritando #LasNiñasNoSeTocan.
Mi reflexión final es: “¿Dónde quedan los derechos de la niñez?”, “¿Dónde está la protección de las niñas, niños y adolescentes?”, “¿Porqué una niña de 4 años debe saber la dirección de su agresor con exactitud y definir el horario de este atroz crimen?”,”¿Era su responsabilidad?”, ¿Es en serio?. ¡Explíquenme, por favor! Porque definitivamente no estoy entendiendo.
“¡QUEREMOS JUSTICIA! #NiUnaMás
Nuestra niñez merece justicia, esto no se puede quedar así.
Fuente: nxnoticias.com
by Maura Arredondo | Feb 28, 2024 | De las plumas 50+1
Por: Claudia Corichi
Desde que comenzaron las hostilidades israelíes en Gaza como respuesta a los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre, han sido asesinadas casi 30 mil personas de las que un 70% son mujeres, niñas y niños. En su cruzada para eliminar al grupo yihadista, la ofensiva militar busca de forma simultánea eliminar toda la infraestructura civil (viviendas, hospitales escuelas, carreteras) y dejar profundas huellas en la mente de las y los gazatíes, especialmente en las infancias que viven el peor de los tormentos.
Unicef, la agencia de Naciones Unidas para la Infancia estima que la mitad de la población palestina desplazada por la guerra son niñas y niños que padecen condiciones inadmisibles de desnutrición y falta de acceso a alimentos básicos como leche infantil que es prácticamente inexistente. El conflicto ha dañado sus hogares y ha destrozado familias enteras. En este mes han ingresado 98 camiones por día de ayuda humanitaria a la Franja, muy por debajo del objetivo de 500 por día.
Hace unos días se dio a conocer el informe La vulnerabilidad de la nutrición y análisis de la situación en Gaza, que señala que debido ala escasez de agua salubre y alimentos están proliferando las enfermedades, lo cual entraña riesgos para la nutrición y la inmunidad de las mujeres y sus hijos. El 90% de los niños y niñas menores de dos años y el 95% de las mujeres embarazadas y lactantes sufren pobreza alimentaria grave, lo que significa que el valor nutricional de los alimentos que consumen es extremadamente bajo.
Según este análisis, el hecho de que la situación alimentaria de esa población se haya deteriorado de tal manera en cuatro meses no tiene precedentes a nivel mundial. Un funcionario de Unicef que participó en la elaboración del informe advierte: “Gaza está a punto de asistir a una explosión de muertes infantiles prevenibles. Si el conflicto no termina de inmediato, la situación de la infancia seguirá deteriorándose y las consecuencias podrán durar generaciones”.
El mundo mira impotente esta catástrofe. Desde distintas latitudes se han sucedido infinidad de llamados a parar la agresión israelí sin que hayan tenido éxito. Es una guerra donde no combaten soldados de un bando contra otro sino soldados contra población civil en abierta flagrancia al Derecho internacional. Y casi hay que implorar a Israel para que autorice el ingreso de un mínimo de ayuda a una población exhausta, humillada y avasallada en contravención al derecho humanitario internacional.
Mientras 130 rehenes continúan en la Franja, las negociaciones para un alto al fuego temporal parecen arrojar luz en los siguientes días. Benjamín Netanyahu está sometido a una intensa presión de los sectores más ultras que exigen ampliar los asentamientos de colonos en los territorios ocupados, así como de familiares de los rehenes; sin embargo, la deshumanización ha permeado.
Mientras tanto una auténtica pesadilla se vive en Rafah. Debido a la cruenta ofensiva aérea y terrestre, 1.5 millones de gazatíes han sido arrinconados al sur de su territorio instalados en casas de campaña y albergues desbordados que carecen de agua, alimentos, combustible y medicinas.
Israel será su verdugo: miles de ellos morirán o por sus ataques o por hambre debido a su negativa a que fluya la ayuda humanitaria en medio de la desesperación colectiva. Si nos quedamos calladas y callados, cada silencio será cómplice.
Fuente: elsoldemexico.com.mx
by Maura Arredondo | Feb 28, 2024 | De las plumas 50+1
Por: Karime Athié
En un contexto en el cuál de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023 se registraron 379 mil 86 víctimas del delito, cifra que, entre otros delitos, contempla el feminicidio, homicidio doloso y homicidio culposo, privación ilegal de la libertad, tráfico de menores, corrupción de menores, extorsión y tráfico de menores; los derechos de las víctimas se vuelven fundamentales.
El 9 de enero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Victimas, derivado de la cual se transformó la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
La CEAV es la instancia que a través del Modelo de Atención a Víctimas deben acompañarlas con acciones de ayuda efectiva e inmediata, así como impulsar políticas para la atención integral de las mismas.
Al respecto, el 25 de abril de 2023 se publicaron diversas reformas a la Ley General de Victimas (LGV), por lo que se replantearon objetivos para este 2024, entre los que se encuentran proporcionar servicio de asesoría jurídica federal, trabajo social, psicología y medicina; unificar los servicios que reciben las víctimas para poder medir e identificar los avances; así como, intensificar la promoción y protección de los derechos de las víctimas de delito y/o violaciones a derechos humanos del fuero federal.
La CEAV reporta que el número de personas que integraron el Registro Nacional de Víctimas en 2023, fue de 17,618, de los cuales 14 mil 773 pertenecen al ámbito estatal y 2 mil 845 al ámbito federal, mismas que de acuerdo a la LGV debieron recibir los servicios y atenciones correspondientes conforme a la gravedad, la magnitud del hecho delictivo y de la violación de sus derechos.
Los derechos de las victimas señalados en el Título Segundo, Capítulo I, de la LGV son explícitos respecto a las acciones y procedimientos que deben llevar a cabo las autoridades con las víctimas, sus familiares y toda aquella persona que tenga una relación inmediata.
Uno de los principales derechos de las víctimas es tener una investigación pronta y eficaz que permita la identificación y enjuiciamiento de las personas responsables del hecho victimizante, etapa fundamental para la justicia y la reparación del daño en todas sus formas.
El derecho a conocer la verdad sobre los hechos y de que la autoridad informe de los resultados de las investigaciones debe ser determinante y sin menoscabo de las consecuencias que de ello provenga; lamentablemente en muchos casos este derecho es transgredido por intereses exógenos de autoridades o terceros.
También tienen derecho a la protección para salvaguardar su vida y la integridad corporal en términos del artículo 34 de la Ley Federal contra Delincuencia Organizada, para esto es necesario destinar recursos suficientes que aseguren la infraestructura física y humana para garantizar la protección de las víctimas.
Todas las víctimas tienen derecho a recibir tratamiento especializado que permita la rehabilitación física y psicológica, así como a la seguridad del entorno, sin importar si existe un procedimiento penal en curso o de cualquier otra materia.
Para un efectivo acceso a la justicia inclusiva, es un derecho de las víctimas contar con la asistencia de las autoridades y de la protección del Estado, sin embargo, también deben contar con una representación legal, y es aquí donde la labor de las defensorías públicas se vuelve imprescindible y más aún el trabajo pro bono.
En ese sentido el trabajo “pro bono” que realizan diversas firmas de despachos, asociaciones de sociedad civil, las y los abogados de forma individual, brinda una oportunidad valiosa para las víctimas, ya que su representación durante el proceso legal es imprescindible.
Todas las victimas que hayan sufrido daño como consecuencia de la violación de sus derechos humanos o la comisión de un delito, ya sea como una víctima directa, indirecta o potencial, debe brindarse una reparación integral, incluyendo las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición en los términos que marca la Ley.
En un país en donde la comisión del delito va en aumento, es necesario tener un panorama que permita visualizar las áreas de oportunidad y mejora por medio de programas y acciones encaminadas al cumplimiento y respeto de los derechos de las víctimas.
En la medida en la que las víctimas se vuelven vulnerables ante diversos factores endógenos del sistema, la actuación de las autoridades correspondientes se vuelve imperativa para asegurar el acceso a la justicia y la disminución de los índices de impunidad.
Fuente: parentesislegal.com
