por Maura Arredondo | Jun 11, 2025 | De las plumas 50+1
EL pasado 1 de junio se llevó a cabo la jornada electoral para elegir a las nuevas personas que integrarán el Poder Judicial. Uno de los grandes desafíos será la impartición de justicia con perspectiva de género.
El fundamento legal que mandata juzgar con perspectiva de género se encuentra estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1º y 4º , así como en diversos instrumentos internacionales en los que nuestro país forma parte, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará), la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.
Es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido criterios claros sobre la impartición de justicia con perspectiva de género, como lo señala la Tesis de Jurisprudencia 10/2015, que menciona que “todas las autoridades que imparten justicia tienen la obligación de juzgar con perspectiva de género, independientemente de que las partes lo soliciten o no.”
En este sentido, la SCJN emitió un Protocolo para juzgar con perspectiva de género, con el objetivo de brindar una herramienta legal para que las personas juzgadoras puedan tener una adecuada interpretación y aplicación de la ley.
En dicho protocolo se define juzgar con perspectiva de género como: “… identificar situaciones de desventaja o discriminación que afectan a las personas por motivos de género, y considerar esas condiciones al analizar los hechos, valorar pruebas y resolver conflictos jurídicos.”
Durante muchos años, asociaciones y personas de la sociedad civil han impulsado acciones encaminadas a la capacitación para juzgar con perspectiva de género. Este gran esfuerzo deberá ser reforzado con las personas que integrarán el Poder Judicial, para disminuir el riesgo de un incremento en la brecha de desigualdad y en el acceso a la justicia para todas las mujeres.
Es urgente iniciar la construcción de una ruta sólida y permanente de capacitación que les permita tomar decisiones jurisdiccionales más justas, previniendo la revictimización y garantizando la reparación del daño.
El contexto actual obliga a todas y todos a reconocer las desigualdades que con el tiempo han perpetuado profundamente las estructuras sociales y que han obstaculizado el avance hacia una impartición de justicia que visualice la perspectiva de género como un derecho y no como un elemento secundario, opcional o adicional a la justicia.
Se deben retomar y reforzar todos aquellos programas de capacitación con experiencia exitosa, así como unir esfuerzos interinstitucionales para enfrentar este gran reto que debe ser considerado como prioridad.
Es imprescindible apostarle a la actualización y capacitación permanente, para que los derechos humanos y la impartición de justicia con perspectiva de género no sea ajena a ninguna persona que tenga entre sus facultades emitir resoluciones o dictar sentencias, para que no se trasgreda este derecho y que sea la justicia equitativa la que prevalezca.
Sin duda, estamos ante un reto impostergable que se debe enfrentar con seriedad, compromiso y ética, no podemos dar un solo paso atrás, el respeto a los derechos de las mujeres, la capacitación y aplicación adecuada de protocolos será clave para la construcción de un sistema sólido de justicia en nuestro país.
“Sin perspectiva de género, no hay justicia”
Fuente: parentesislegal.com
por Maura Arredondo | Jun 11, 2025 | De las plumas 50+1
La competencia es un presupuesto procesal que se necesita para que un acto emitido por una autoridad sea apegado a derecho, por lo que es de estudio preferente y oficioso al tratarse de una cuestión de orden público; la cual, constituye un requisito del proceso, esto es, un presupuesto de validez de éste, de tal forma que si un determinado órgano jurisdiccional carece de competencia, estará impedido de examinar -en cuanto al fondo- la pretensión que le sea sometida a su conocimiento.
Lo anterior, ya que dicha competencia, genera que, si el órgano jurisdiccional ante el que se ejerce una acción no es competente, este estará impedido para conocer y, en consecuencia, resolver del asunto en cuestión.
Por tanto, para determinar si el acto corresponde o no a la materia electoral, debe analizarse si existen violaciones a derechos políticos electorales, como los siguientes: a) De votar y ser votado en las elecciones populares; b) De asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, y c) De afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos.
También corresponde a la materia electoral cuando se aduzcan violaciones a otros derechos fundamentales que se encuentren estrechamente vinculados con el ejercicio de los mencionados derechos político-electorales, como podrían ser los derechos de petición, de información, de reunión o de libre expresión y difusión de las ideas, cuya protección sea indispensable a fin de no hacer nugatorio cualquiera de aquellos derechos político-electorales, garantizando el derecho constitucional a la impartición de justicia completa y a la tutela judicial efectiva.
Por consiguiente, es que cualquier acto que esté relacionado directamente con los derechos de sufragio, en su vertiente pasiva o activa, el de asociación política en materia electoral, afiliación política, el de acceso y efectivo ejercicio del cargo de elección popular, así como aquellos derechos que se encuentren estrechamente vinculados con el ejercicio de los mencionados derechos político-electorales, será competencia electoral.
Desde mi óptica, es de suma importancia que los que nos dedicamos a impartir justicia, pongamos especial cuidado en vigilar cuando sí existe competencia electoral y cuando no, siendo un punto de partida clave, la afectación o no que pueda existir a cualquiera de los derechos político electorales antes mencionados.
Magistrada Presidenta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y del Tribunal Electoral del Estado de Puebla
Fuente: heraldodepuebla.com
por Maura Arredondo | Jun 10, 2025 | De las plumas 50+1
Un escuálido 13% de ciudadanos asistieron a las urnas.
El domingo nadie se quedó sin celebrar y nadie fue ajeno a las pérdidas: el autor de las elecciones judiciales; la presidenta Sheinbaum, la dirigencia de Morena, sus aliados, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
En algunos casos exagerando, en otros ocultando o minimizando los tropezones, pero todos, y ahí están las declaraciones publicadas, cantaron sus respectivas victorias. ¿Autocomplacencia o pluralidad que resiste?.
En el caso del gobierno y de Morena cómo no entender sus vivas y sus sonrisas, si con la primera elección judicial lograron la gran apuesta del expresidente López Obrador de integrar un Poder Judicial afín, partidista.
Claro que triunfaron en la 4T con una jornada en la que el INE movilizó su personal y 7 mil millones de pesos para esta novedad tan promovida que hasta en Facebook nos pusieron un contador recodándonos ir a votar.
Por eso el expresidente López Obrador se dejó ver después de ocho meses de ostracismo y gozó de nueva cuenta los reflectores de los medios que durante varias horas lo convirtieron en la noticia y el personaje del día. Igual actitud proyectó la mandataria por el ejercicio electoral y sus resultados, sin ocultar la satisfacción por los perfiles ganadores, los mismos del acordeón que se les hizo llegar a congresistas y operadores de Morena.
En la euforia de haber concretado el compromiso de una plataforma de campaña que AMLO definió en 2024, la Presidenta comparó los votos de la elección judicial con los obtenidos por “el PRIAN” el año pasado.
Asumiendo el carácter de partido único de Morena en la competencia, la titular del Ejecutivo federal recriminó a los críticos “¿por qué no decidieron organizarse y decir a ver, vamos a proponer…?”. Y es que la Presidenta consiguió que gobernadores, legisladores y militancia activa de su partido asumiera tal cual las propuestas que palomeó para la Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior del Tribunal Electoral. ¡Un éxito! Por supuesto.
Una conquista empañada por el escuálido 13% de ciudadanos que asistieron a las urnas y el rechazo expresado en casi la cuarta parte de los votos que fueron anulados; para la Corte (SCJN), por ejemplo, la cifra fue de 22.8%.
Una demostración de fuerza que, sin embargo, bajo los parámetros del modelo electoral que todavía tenemos en la Constitución, termina siendo materia de caricaturas y de memes, pero también prueba de la farsa de un ejercicio que no merece llamarse elección.
Claro que parte del exitazo 4T es que las voces de consejeros en el INE y de magistrados en el Tribunal Electoral que con la ley en la mano señalarán que esos acordeones son un fraude terminarán diluidas por la mayoría de sus compañeros.
Pero el escándalo está registrado. No en balde el informe que ayer difundió la Misión de Observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) califica de preocupante la baja participación y el alto porcentaje de votos nulos y recomienda revisar si conviene continuar en 2027 con este proceso. Y concluye tajante: “Las lecciones aprendidas resaltan la importancia de que toda reforma al modelo de selección de jueces se haga de manera gradual, a partir de un debate verdaderamente plural y, sobre todo, con base en un diagnóstico comprensivo, técnico y profesional sobre las problemáticas que se busca resolver y los mecanismos más efectivos para hacerlo. Dicho lo anterior, la Misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región”.
El reporte de la OEA es el eco internacional del balance que la oposición hizo –no sin histrionismo– desde el domingo, calificando la jornada como festival de acordeones, farsa consumada, fraude judicial, imposición disfrazada, simulación sin legitimidad.
Cuando Jorge Romero, presidente del PAN, y Alejandro Moreno, al frente del PRI, se regodearon por el desdén ciudadano a la jornada judicial lo hacían desde el respiro alcanzado –en alianza– en Durango y –por separado– en Veracruz.
Más allá de sumas y restas puntuales sobre los municipios retenidos y agregados, las dirigencias de ambos partidos convirtieron a la capital duranguense en un trofeo simbólico porque ahí se instaló a operar el secretario de Organización de Morena, Andrés López Beltrán. Y en su primera prueba electoral, el hijo del expresidente, a quien los obradoristas llaman Andy, ni siquiera pudo activar una denuncia de fraude o robo porque el partido en el poder quedó en tercer lugar en esa ciudad.
Movimiento Ciudadano, uno de los principales ganadores del domingo, fue colocado por los electores en el segundo sitio en Durango y avanzó en alcaldías en esa entidad y en Veracruz, territorio de su fundador, Dante Delgado y donde la dirigencia de Jorge Álvarez Máynez aplicó el método que el aún gran jefe mayor les enseñó: fichar a los inconformes de otros partidos.
Así que, con raspones y baños de realidad, los actores políticos y partidistas involucrados en las contiendas del domingo pueden decirse ganadores sin estar mintiendo. Y es que, vistos los resultados panorámicamente, la razón pareciera asistirles.
Porque, a diferencia del triunfo arrollador de Morena en 2024 y la contundente derrota entonces de la oposición, este 1 de junio el dominó de las urnas repartió fichas y señales para que todos puedan seguir jugando.
Fuente: excelsior.com.mx
por Maura Arredondo | Jun 10, 2025 | De las plumas 50+1
En estos días, al observar el acalorado debate en redes sociales y medios de comunicación acerca de votar o no votar —así como los argumentos de cada postura—no puedo evitar seguir reflexionando: ¿Qué pensaba Andrés Manuel López Obrador cuando concibió esta reforma? ¿Qué circunstancias la detonaron?
Para mí, no fue un mero capricho político de un solo hombre. La llegada de la izquierda al poder en 2018 encarnó un cambio radical, surgido del hartazgo popular ante décadas de corrupción y desigualdad. Este histórico giro dio origen a un nuevo modelo político, más estatista y social, que estableció las bases de la nación. Así comenzó el inicio de la transformación —cimentada en la justicia social— que pretende seguir reivindicando los derechos de los más vulnerables.
AMLO emergió como el mandatario que, entre luces y sombras, captó con singular perspicacia el pulso social de México. Comprendió como nadie la urgencia histórica de transformar los fundamentos de la justicia. Se enfrentó primeramente a una Corte que actuó de manera facciosa ante sus iniciativas, a un Poder Judicial hermético, y personajes como —irónicamente— la primera mujer en llegar a la Suprema Corte, quienes contribuyeron a sepultar lo que otrora fuera el Poder Judicial de la Federación, institución ya de por sí enigmática para la mayoría de los mexicanos
Estamos escribiendo las páginas de una nueva historia. La reforma es hoy una realidad, y aunque voces críticas argumentan que no resuelve problemas estructurales, su verdadero valor radica en sentar las bases para reconstruir socialmente la impartición de justicia -lastrada por décadas de vicios-. Como máximo órgano de justicia, este nuevo PJF promete cimentar una formación jurídica renovada, anclada en los principios del humanismo mexicano.
En mi análisis, estos elementos constituyen los motivos cardinales que impulsaron al expresidente a presentar esta iniciativa: la imperiosa necesidad de rescatar la justicia para el pueblo, devolviéndole su esencia social y su vocación humanista.
Es cierto, como señalan algunos analistas, que la corrupción no desaparecerá de la noche a la mañana, pero esto es apenas el inicio. Al menos ahora, ciertas figuras corruptas del pasado ya no tendrán cabida en el nuevo sistema. Era imperativo una limpia, y quienes estuvieron dispuestos a alinearse con los cambios sociales y a escuchar a la ciudadanía serán los encargados de impartir justicia.
El ocaso del antiguo régimen judicial fue, también en esencia, consecuencia de su propia soberbia institucionalizada. Los privilegios acumulados durante décadas llevaron a ciertos integrantes a actuar con un desdén y arrogancia incompatibles con la función pública, lo que las y los incapacitó para emprender una auto reforma. Esta situación se agravó por una estructura de poder centralizada – donde la presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura permanecían fusionadas -, lo que generó un conflicto de interés estructural: su crónica incapacidad para sancionar a jueces corruptos dentro de su propio sistema.
Ahora, el Tribunal de Disciplina será clave. Es imperativo votar con atención a estos perfiles, pues estos serán los responsables de evaluar, vigilar y sancionar a los jueces. Su labor no será fácil: enfrentarán presiones políticas, especialmente cuando sus decisiones choquen con ciertos intereses, incluso —se podría decir— los del propio régimen.
La controversia generada en torno a los llamados “acordeones electorales” no representa fundamento válido para cuestionar la legitimidad del reciente proceso democrático. Si bien resulta pertinente reconsiderar el diseño de la boleta electoral -particularmente su extensión-, este aspecto no menoscaba en absoluto la validez de los resultados obtenidos.
No ignoro los pendientes monumentales para nuestro sistema de justicia: reformar ministerios públicos y fiscalías, alcanzar estándares internacionales en número de jueces, erradicar las fábricas de escuelas patitos de derecho y, sobre todo, formar profesionales con auténtica vocación de justicia -no mercenarios del derecho-. Debemos cultivar simultáneamente una nueva cultura de legalidad, porque la justicia -la madre de todas las virtudes- se edifica primero en el corazón de cada ciudadano.
No podemos delegarlo todo al gobierno. Esta nueva página que escribimos como país exige que todos participemos en la construcción de un nuevo PJF. La reforma avanza, contigo o sin ti, como bien se dice, pero tu puedes hacer la diferencia.
Es muy fácil argumentar que no se votará para “no legitimar esta elección”, pero la realidad es que el proceso ya está en la Constitución. Luchar siempre ha sido la opción, sobre todo cuando se trata de una obligación moral y ética como el voto. Pero más que eso, representa la oportunidad histórica de renovar y construir, un Poder Judicial para todas y todos los mexicanos.
Fuente: ejecentral.com.mx
por Maura Arredondo | Jun 9, 2025 | De las plumas 50+1
Un conocido refrán dice “mujeres juntas, ni difuntas”. Este refrán hace referencia a que las mujeres no pueden trabajar, ni colaborar, que no podían convivir ni un momento juntas porque surgían conflictos. La frase es triste, proviene de una cultura machista que se ha encargado a través de la socialización de género de dividirnos y ponernos frente una de otra. Pero de igual manera, es un reflejo de lo que Carl Jung (1970) denominó el inconsciente colectivo, definido como estos imaginarios y símbolos que hemos ido aprendiendo a lo largo de experiencias; que compartimos con otros seres humanos, independientemente de las historias de vida individuales y que conforman el trasfondo de una cultura.
Así, en nuestra cultura machista y patriarcal, circula la idea de que las mujeres no pueden trabajar juntas. La interiorización de este proceso inconsciente es que muchas mujeres encuentran dificultades para trabajar o colaborar con otras. La frase de que prefiero trabajar con hombres que, con mujeres es frecuentemente escuchada. El movimiento feminista se ha orientado, por un lado, para desmitificar este concepto y por el otro, de construir nuevas formas de relacionarse entre mujeres, a través de lo que se conoce como sororidad.
En la actualidad, las mujeres con una mayor conciencia del género sabemos, que como dice la feminista mexicana Marta Lamas (2015), existen muchos tipos de desigualdades entre las mujeres que serán difíciles de eliminar sin una transformación profunda de la estructura social; pero que hay otras que sí pueden modificarse, por lo que se deben construir pactos y alianzas entre nosotras en los espacios políticos, sociales y laborales, para avanzar en lo que ella llama, avanzar un trecho. “Las mujeres tenemos un trecho que caminar juntas antes de que nuestras diferencias políticas nos separen”.
Lamas (2015) señala que “avancemos un trecho” fue un acuerdo político entre mujeres de todos los partidos políticos que se firmó en 1997 por presidentes de ocho partidos políticos existentes en ese momento, con compromisos en temas que beneficiarían a las mujeres. El acuerdo fue avalado por el Instituto Federal Electoral (IFE).
En este sentido la colectiva 50+1 capítulo Tamaulipas es una organización de mujeres que nos hemos sumado a la iniciativa de trabajar por y para las mujeres de nuestro estado, lideradas por Andrea García García, que ha tenido una gran sensibilidad y visión para reunir a mujeres con trayectorias, voces y talentos únicos. Gracias a su capacidad para ver el valor en la diversidad, hoy somos una colectiva profundamente humana, enriquecido por nuestras diferencias y unido por un propósito común. Como vicepresidenta, Mónica Villarreal Anaya se ha sumado con entusiasmo y compromiso a este proyecto, demostrando que, a pesar de las múltiples responsabilidades que conlleva su gestión al frente de la alcaldía de Tampico, mantiene firme su convicción de aportar a la causa de las mujeres.
Alejandra Cárdenas Castillejos en la Secretaría Técnica ha sido una fuerza incansable, trayendo consigo su lucha desde el Congreso y otros frentes por las mujeres, aportando profundidad, coherencia y compromiso a cada paso. Greyci Ethel Robles Barajas, empresaria y actual Consejera Nacional de la Concanaco, encabeza con gran compromiso la Secretaría de Finanzas, su trayectoria en el sector empresarial aportará dirección a este esfuerzo colectivo.
En 50+1 Capítulo Tamaulipas, reconocemos que no somos una mujer, sino que somos diferentes y que tenemos formas distintas de vivir nuestra feminidad. Y es precisamente en estas diferencias, en el reconocimiento mutuo y en el valor de cada una, donde radica la fortaleza de este colectivo. Así, la mesa directiva se conforma con orgullo por las tres senadoras de Tamaulipas: Olga Sosa Ruiz, Maki Ortiz Domínguez e Imelda Sanmiguel Sánchez, quienes, desde sus diversas trayectorias y visiones, han decidido caminar juntas en esta causa común por los derechos de las mujeres, demostrando que la pluralidad puede ser también un puente hacia la transformación
En el ámbito de la comunicación, contamos con Deisy Herrera Medrano, reconocida periodista que desde los medios impulsa con pasión y constancia los temas de las mujeres, dando voz y visibilidad a sus demandas y luchas. La magistrada del Tribunal Electoral del estado de Tamaulipas Blanca Eladia Hernández Rojas, que con su experiencia en la defensa de los derechos políticos suma a este espacio una visión clara de la importancia de construir desde el derecho espacios más justos e incluyentes para todas.
Lorena Kareli Rivera Ortiz, abogada, empresaria y presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa A.C., representa la voz de las mujeres empresarias del sur del estado, con un fuerte compromiso con el empoderamiento económico y profesional de las mujeres. Desde Matamoros, Daniela Resendiz García, es una impulsora destacada del turismo tamaulipeco, creadora de contenido, directora de Notigape Radio y periodista ha alzado la voz para visibilizar historias locales, causas sociales y, especialmente, las contribuciones de las mujeres en distintos ámbitos.
La voz de las juventudes se encuentra presente con Carolina Heredia Montemayor, quien como luchadora de los derechos humanos y feminista representa esta mirada renovadora. Su compromiso social nos inspira a repensar el presente y a construir colectivamente un futuro más equitativo. Desde la academia y los estudios de género, y como luchadora por los derechos de las mujeres, tengo el honor de ser parte de este grandioso equipo de mujeres comprometidas, diversas y profundamente inspiradoras.
El próximo seis de junio a las 18:00 en la Expo Tampico rendiremos protesta ante la Presidenta Nacional de 50+1 Claudia Corichi García, teniendo como invitadas a personalidades de los tres poderes, universidades, ámbito empresarial, sectores económicos, sociales y políticos.
50+1 Capítulo Tamaulipas tiene como objetivo construir una agenda compartida, coincidiendo que es necesario terminar con la discriminación, disminuir las brechas de género y eliminar las violencias. Como dice Marta Lamas, citando a Bocchetti, la clave radica en aceptar que las mujeres nos necesitamos las unas a otras para transformar el orden de las cosas. “Sólo se trata de juntarnos para tener Fuerza”.
Fuente: eldiariomx.com
