by Maura Arredondo | Oct 11, 2023 | De las plumas 50+1
Por: Claudia Corichi
¿Cómo pueden las mujeres conciliar trabajo y familia; qué factores explican la persistente brecha de género en el mercado laboral? Claudia Goldin integró bases de datos desde finales del siglo XVIII que han ayudado a comprender de forma integral ese fenómeno. En 1990 publicó Entendiendo la brecha de género, una historia económica de las mujeres estadunidenses, obra referente sobre el impacto de la revolución industrial, la legislación y las barreras institucionales.
Galardonada este lunes con el Premio Nobel de Economía, Goldin es la tercera mujer en recibirlo de un total de 93 personas laureadas desde 1969. Gracias a su extenso trabajo científico hizo un registro histórico de las tasas de empleo. Identificó que el progreso tecnológico, el crecimiento del sector servicios y el aumento de los niveles educativos, potenciaron la demanda de mano de obra femenina durante la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos. Sin embargo, el estigma social, la legislación y hasta el matrimonio, las excluyeron del mercado laboral.
En las últimas décadas las mujeres tienen mayores probabilidades de estudiar y en países de ingresos altos tienen un nivel de educación que supera al de los hombres. Entonces ¿por qué se mantiene la brecha de género salarial y ocupacional? En gran medida se debe al nacimiento del primer hijo. La profesora Goldin ha demostrado que los ingresos caen inmediatamente y no aumentan al mismo ritmo para las mujeres que tienen un hijo que para los hombres, incluso si tienen la misma educación y profesión.
En México la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares publicada en julio refiere que el ingreso promedio trimestral de mujeres con un hijo es de 22 mil 504 pesos, mientras que el ingreso de los hombres con un hijo es de 35 mil 248 pesos; incluso en este ejemplo se evidencian las brechas.
La naturaleza de los mercados laborales de hoy exige que los empleados estén constantemente disponibles y sean flexibles frente a las demandas del empleador. El número de hombres que están todo el tiempo disponibles para la empresa ha provocado que se haya quedado estancada la brecha.
Debido a que las mujeres suelen asumir una mayor responsabilidad que los hombres en el cuidado de hijas e hijos, se dificulta su desarrollo profesional y el aumento de ingresos. En una entrevista la investigadora lo resumió así: “Los hombres están desproporcionadamente disponibles para hacer largas jornadas en el trabajo, mientras que las mujeres están desproporcionadamente disponibles para dedicarse a tareas del hogar”.
Sus trabajos pioneros sobre la historia de la economía laboral y el balance entre trabajo y familia, le han permitido identificar posibles soluciones para cerrar la brecha salarial, entre ellas planificar y financiar el regreso de las mujeres a la fuerza laboral después de tener hijos o trabajar de manera más flexible, y una mayor implicación de los hombres en las tareas del hogar.
Resulta extraordinario que se otorgue el Nobel al estudio de las brechas de género porque visibiliza un fenómeno determinante en la desigualdad económica y de género de las sociedades contemporáneas. El gran reto es modificar las políticas laborales que permitan armonizar las condiciones de las mujeres sean o no profesionistas y evitar los sesgos. Me emociona que sea reconocida esta estudiosa autoproclamada feminista. Que sean muchas más.
Fuente: elsoldemexico.com.mx
by Maura Arredondo | Oct 10, 2023 | De las plumas 50+1
Por: Marina San Martín
A ocho años desde su aprobación y a siete de que concluya el plazo para dar cumplimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU y sus objetivos, entre ellos, el poder alcanzar la igualdad de género, a nivel global, seguimos estando en deuda, como humanidad, en cuanto a lograr las metas planteadas, y su alcance parecería cada vez más lejano.
Por mencionar algunas consecuencias del atraso en su atención, según estimaciones de dicho organismo internacional, si las tendencias continúan así, para esa fecha el 8% de la población femenina padecerá pobreza extrema y casi el 25% tendrá deficiencia alimentaria; seguiremos subrepresentadas en posiciones de poder y liderazgo; y continuaremos dedicando, en promedio, 2.3 horas diarias más que los hombres al trabajo doméstico y a los cuidados no remunerados.
En México, a pesar de que conforme al Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, las mujeres y niñas representamos al 51.2% de la población y, por lo tanto, más de la mitad de su potencial, persiste nuestra lucha por superar actos de discriminación por razones de género.
Sumado a este tipo de exclusión, la interacción con múltiples factores identitarios puede incrementar las brechas que sufrimos; de tal manera que ser adulta mayor, provenir de alguna etnia, presentar alguna discapacidad, entre otras diferencias, pueden coexistir en una sola de nuestro grupo, y colocarnos en un mayor riesgo de vulnerabilidad.
Así, por ejemplo, como lo reflejan las cifras del CONEVAL al 2020, mientras que, en nuestro país, el 44.4% de nosotras se encontraba en situación de precariedad; adicionalmente, el 74.3% de aquellas que pertenecían a una comunidad indígena estaban en esa condición.
Ante estos datos resulta prioritario apostar por la adopción de políticas públicas incluyentes que aseguren la defensa de nuestros derechos y, para ello, es necesario concebirlas desde la interseccionalidad; es decir, que se diseñen considerando nuestra diversidad, necesidades y problemáticas particulares que aquejan a cada colectivo femenil.
Se trata de imprimir un enfoque multisectorial a las acciones gubernamentales que tome en cuenta nuestras desigualdades socioeconómicas; el contexto en que vivimos; los estereotipos y patrones culturales patriarcales y violentos a los que estamos sometidas; la injusta división del trabajo; y los techos de cristal.
A propósito de los días internacionales de la Niña y de las Mujeres Rurales, el 11 y 15 de octubre, respectivamente, promover una agenda de género desde una perspectiva integral es, sin duda, indispensable para el desarrollo nacional.
Refiriendo lo dicho por la diplomática italiana, Maria-Francesca Spatolisano, al derribar las barreras que han obstaculizado la plena participación femenina en todos los aspectos de la sociedad, liberaremos su capacidad desaprovechada, que puede impulsar el progreso y la prosperidad para todas las personas.
Fuente: heraldodemexico.com.mx
by Maura Arredondo | Oct 10, 2023 | De las plumas 50+1
Por: Carla Humphrey
En un auténtico sistema democrático prevalecen derechos igualitarios entre hombres y mujeres que permiten una convivencia armónica, tomar decisiones incluyentes a través de mecanismos legalmente establecidos que generen certeza, seguridad e igualdad. Un buen ejemplo de ello son justamente los procesos electorales.
Por ello, el Instituto Nacional Electoral (INE) desde las elecciones locales de 2021 ha impulsado acuerdos y criterios para garantizar el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a las gubernaturas, las cuales se han fundamentado en la reforma constitucional de 2014 que estableció la obligación de los partidos políticos de postulación paritaria en cargos de elección popular, en la reforma de junio de 2019 por el que se reformaron los artículos 2º, 4º, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución que dio vida a la paridad transversal o “paridad en todo”, principio constitucional aplicable a cualquier poder del Estado, a cualquier nivel de gobierno, organismos autónomos y sistemas normativos internos.
En este sentido, algunas de las determinaciones adoptadas por el INE han sido recurridas ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judical de la Federación (TEPJF) quien en lo sustancial ha determinado que los partidos políticos deben de cumplir con el principio de paridad en la postulación de candidaturas en la renovación del poder ejecutivo local, vinculando al Congreso de la Unión y a los congresos de las entidades federativas para que emitan la normativa que corresponda para la postulación paritaria de los partidos y coaliciones a dichos cargos de elección popular.
A partir del proceso electoral de 2020-2021 el INE ha adoptado otros acuerdos para garantizar el principio de paridad de género en dichos cargos para los procesos electorales de 2021-2022, así como el correspondiente a las elecciones de 2023 en donde además, ordenó a los partidos políticos nacionales adecuar sus documentos básicos, así como garantizar la paridad sustantiva en la postulación de las referidas candidaturas.
La cadena impugnativa ha sido larga, pero ha servido para ir dejando precedentes que son importantes para el cumplimiento de la paridad de género en la postulación de dichas figuras que ha dado como resultado que en 2021 se sumaran seis gobernadoras al mapa del poder público nacional en Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero y Tlaxcala; para 2022 se sumaron dos mujeres más en Aguascalientes y Quintana Roo y, para este 2023 una gobernadora más en el Estado de México.
Ahora bien, para las elecciones de 2024 en las se renovarán 8 gubernaturas (Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán), la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y, tal como lo propuse, la presidencia de la República el INE tiene considerado analizar el Acuerdo a través de las comisiones unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y la de Igualdad de Género y No Discriminación, por el que se determinan los criterios para que los partidos políticos informen el método que aplicarán para la competitividad en la postulación de mujeres a las candidaturas a la titularidad de los poderes ejecutivos. Así, para cumplir con la paridad los partidos políticos o coaliciones deben postular a 5 mujeres en alguno de los 10 poderes ejecutivos en disputa.
Lo que se determine en la continuación de la sesión de comisiones unidas, en la que el día de ayer se declaró un receso, será puesto a la consideración del Consejo General del INE, su máximo órgano de decisión, en donde se han cimentado a lo largo de los años, importantes acuerdos en materia de paridad de género en la búsqueda de lograr una sociedad más justa, equilibrada, igualitaria y libre de violencia de género, como pilares de nuestra democracia.
Fuente: eluniversal.com.mx
by Maura Arredondo | Oct 9, 2023 | De las plumas 50+1
Por: Aurora Aguilar
“Si, ya lo conozco, él es acosador, pero sexual, ¿eh? Ya le di la oportunidad yo. A ver, vete a un lugar distinto, yo te voy a proteger, pero donde no quiero que hagas lo mismo. Él quiere estar donde mismo porque ahí es donde acosa, pero no puede estar él donde hay mujeres, no, porque ya está probado que acosa sexualmente a las mujeres. Yo le ofrecí cambiarlo a un lado donde haya puros machos como él para que no tenga ningún problema; es más ahí en mi despacho yo estoy solo, no hay hombres ni mujeres”. Esa fue completa la respuesta de Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, al cuestionamiento de la prensa respecto a un colaborador de su gobierno acusado por acoso sexual que además estaba adscrito al ¡Centro de Justicia para las Mujeres! ¡plop! me desmayo como Condorito.
Todos los días las mujeres hablamos, exigimos, levantamos la voz, legislamos, reglamentamos, tipificamos violencia de género, esa que se sufre solo por ser mujer y estos señores siguen sin escuchar. Tú, querido lector, lectora, espero me disculpes, pero estoy tan indignada y “encaboronada” diría el gran Catón, que no puedo sino pensar que este señor y todos los que piensan como él padecen de sordera testicular. Sí oyen, sí entienden, pero no les da la gana por sus testículos escuchar ni acatar la ley, ni respetar y proteger a las víctimas y ¡no a los victimarios!
Y luego preguntan por qué el “insistencialismo” de la urgencia de romper el pacto patriarcal. Eso que hizo y declaró el gobernador es exactamente lo que perpetúa la creencia de tantos hombres de que pueden apropiarse de los cuerpos femeninos con toda impunidad pues siempre habrá un “macho como ellos” que los proteja.
La Ley 3 de 3, recientemente incluida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice claramente que no puede ser parte del sector público ya por elección o designación, ser humano alguno que sea agresor sexual, ejerza violencia doméstica o sea deudor de pensión alimentaria. Está en la Carta Magna, esa que el gobernador de Sinaloa juró cumplir y hacer cumplir, así como las leyes que de ella emanan. Pues no, al gobernador le dio sordera testicular y no se entera que existe ese mandato constitucional.
Ahora, ¿dónde están las voces oficiales? ¿por qué no se sanciona su conducta? ¡Ah! justo porque hay otros hombres y desafortunadamente, muchas mujeres que, por intereses personales, amistad o sabrá Dios por qué callan y con ello, otorgan. La impunidad prevalece y con ella, las diez mujeres asesinadas a diario y las miles acosadas cada minuto.
Las mujeres que trabajan en el gobierno de Sinaloa ahora saben que hay lugares de puros machos a los que ellas no tienen acceso solo por ser mujeres. ¿Pues no que a las mujeres hay que darles los espacios por capacidad y no por cuota? ¿y a ellos? Queda claro que solo les basta mantener el pacto con el patriarca, no importa la capacidad, ni siquiera la legalidad. Se puede ser un acosador, y seguir ocupando un espacio pagado con los impuestos de las y los contribuyentes, porque hay muchas mujeres que pagamos impuestos, y definitivamente no para que contraten transgresores de la Ley.
¿Qué le debe el gobernador Rocha a ese personaje que delinque y violenta abiertamente? ¿qué tan poco valor les dan el gobernador y su camarilla a las mujeres sinaloenses? ¿esos son los buenos padres, buenos esposos, buenos hermanos? ¡No! Esos son los mismos que le dicen “vieja culera” a una aspirante a rectora de la UNAM, los que ponen mamparas en las manifestaciones para que las ”reinitas” escriban sus molestias en lugar de rayar Palacio de Gobierno, quienes disuelven las marchas a manguerazos desde las tanquetas, quienes toquetean subordinadas y exigen favores sexuales para contratar o mantener en el empleo, esos, los patriarcas con sus pactos inconfesables con su caterva, son parte de quienes guían los destinos de la patria y mantienen la violencia de género a tope.
Así pues, mientras los grupos en el poder no prevengan, atiendan, condenen y sancionen la violencia contra las mujeres, mientras se sigan normalizando esas prácticas, seguiremos saliendo con miedo a la calle pues si un gobernador solapa y protege a victimarios, ¿con qué estatura moral pueden sancionar a conductores o pasajeros de transporte público que acosan mujeres y niñas? ¿o a policías, burócratas, empresarios, etcétera?
El gobernador Rocha debe una disculpa pública a las sinaloenses y a las mexicanas; y, además de sancionar al acosador, aplicarle el peso de la Ley que él mismo juró obedecer y enviar un mensaje claro y firme -ese que enviamos a diario las mujeres- a todos quienes participan de su gobierno: ningún violentador en el poder, así sea gobernador.
Tú, querido lector, lectora, espero me disculpes, pero estoy tan indignada y “encaboronada” diría el gran Catón, que no puedo sino pensar que este señor y todos los que piensan como él padecen de sordera testicular. Sí oyen, sí entienden, pero no les da la gana por sus testículos escuchar ni acatar la ley, ni respetar y proteger a las víctimas y ¡no a los victimarios!
Fuente: elsoldetlaxcala.com.mx
by Maura Arredondo | Oct 9, 2023 | De las plumas 50+1
Por: Ingrid Schemelensky
Una sociedad vive en paz en tanto no se violenten sus derechos humanos consagrados tanto en la Constitución como en las legislaciones secundarias que, entre otras disposiciones establecen el derecho a la vida, el derecho a la igualdad y prohibición de discriminación, libertad de la persona, derecho a la integridad y seguridad personales, derecho a un ambiente sano, derecho de las niñas, niños y adolescentes, entre muchas más, cuyo objetivo es la protección y bienestar de la población por parte del Estado mexicano.
No obstante, hay dos fenómenos que irrumpen nuestra paz social, desequilibran a la sociedad y exponen al poder público, en muchas ocasiones, de su incapacidad de proteger, cuidar y hacer prevalecer el estado de derecho cuando se suscitan, entre otros, los delitos de explotación sexual y trata de personas.
México ratificó en 2003 el Protocolo de Palermo que, entre otras disposiciones, hace una clasificación de los elementos que constituyen trata de personas; en 2007 se publicó la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en las que se incluyeron las conductas consideradas para definir la trata de personas. En 2012 se expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos.
De acuerdo con el “Informe Mundial sobre Trata de Personas, 2022” de la UNDOC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), que recopila información de 141 países, reportó que existen aproximadamente más de 450 mil víctimas y un estimado de 300 mil presuntos tratantes sobre las estadísticas oficiales entre 2003 y 2020. En 2020 la mayoría de las víctimas fueron mujeres (42%), seguido de los hombres (23%), niñas (18%) y niños (17%). En México, de acuerdo con datos correspondientes al primer semestre de 2022 a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se reportaron 494 víctimas de trata, representando un incremento del 24% respecto al mismo periodo de 2021.
Ante esto y toda vez que la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres, determinaran en 1999 establecer el 23 de septiembre como el Día Internacional en contra de la Explotación y Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, con el objetivo de concientizar a los gobiernos del mundo, es importante que el gobierno, en sus tres niveles, así como los órganos legislativos y el poder judicial trabajen de manera coordinada para buscar erradicar este mal que se impregna en la sociedad como un cáncer, provocando desestabilización social, la irrupción de un estado de derecho y coloca al poder público como inoperante de cumplir sus obligaciones constitucionales y legales.
Bajo este contexto, apuntaría algunas acciones que serían importantes, desde mi punto de vista atender:
- La revisión del marco normativo en la materia con la finalidad de actualizarlo, potenciarlo o de plano, generar una legislación que constituya un verdadero referente para el actuar de las procuradurías y fiscalías del país. Esto, por supuesto correspondería a los cuerpos legislativos, federal y locales.
- Presupuestación suficiente para atender de frente y con capacitad las denuncias que se presente por explotación sexual y/o trata de personas.
- La revisión de diversos protocolos de atención.
- La reconfiguración de todo el andamiaje jurídico bajo las directrices de una perspectiva de género.
- Por su parte, la UNDOC recomienda, entre otras, las siguientes acciones y retos para enfrentar esta grave problemática mundial:
- Regularización de las plataformas en línea donde se detectan amenazas de trata de personas.
- Programas de capacitación para prevenir este tipo de delitos.
- Inversión sustancial para el desarrollo de programas, investigaciones y acciones que fortalezcan las acciones de los gobiernos.
- Formación judicial sobre esta problemática con enfoque de género y perspectiva de derechos humanos.
Lo que sigue, es impulsar al propio Estado para avanzar en la lucha de este mal que crece exponencialmente. Desde mi responsabilidad como legisladora del Congreso del Estado de México revisaremos la problemática y, de ser el caso, presentaremos en su oportunidad, las iniciativas que correspondan a fin de dar respuesta a la ciudadanía de frente con estos terribles delitos.
Fuente: lasillarota.com
