Retos y desigualdades del empleo femenino

Retos y desigualdades del empleo femenino

Si bien el desarrollo de la industria manufacturera-maquiladora ha generado beneficios económicos para el país, esto no se ha traducido en un aumento de la remuneración de las y los trabajadores.

El ingreso y la permanencia en el mercado laboral formal sigue siendo un auténtico reto para las mujeres en nuestro país y en la región. Del total de población ocupada en México, 40% son mujeres, que en su mayoría están en el sector informal en áreas de baja productividad, baja calificación y altamente feminizados como los servicios o la industria manufacturera.

En entregas anteriores me he ocupado de analizar las dificultades que supone para millones de mujeres conciliar la necesidad de trabajar con la de llevar adelante los cuidados en el hogar. Debido a las barreras que restringen su acceso a trabajos en condiciones más favorables, un gran número opta por trabajar por cuenta propia mientras los hombres se insertan en mayor proporción como empleados y empleadores, una circunstancia que reproduce la división sexual del trabajo.

La Comisión Económica para América Latina (Cepal) publicó hace unos meses reportes que examinan el mercado laboral femenino en América Latina y promueven la autonomía económica de las mujeres. Para el organismo, el entorno laboral está condicionado por desigualdades previas a la entrada al mercado de trabajo como resultado de patrones culturales. Afirma que el nivel educativo de las mujeres es una variable importante, a veces decisiva, para el acceso al mercado laboral.

Sugiere que el comercio internacional puede potenciar las capacidades e incrementar su autonomía económica. La realidad hoy es que las mujeres se ocupan en sectores económicos de baja intensidad tecnológica e innovadora, en empleos sin acceso a protección social, en posiciones de menor jerarquía y en empresas de menor tamaño en comparación con los hombres.

Mientras que en América del Sur, una de cada 10 mujeres se ocupa en empleos vinculados a las exportaciones, en México y Centroamérica se duplica pero se concentra en sectores de baja intensidad tecnológica en los que abundan las brechas salariales y de ingreso. La razón de ello es que, si bien en nuestro país las manufacturas tienen un mayor peso, se asocian al ensamblaje de bienes finales. Aquí solo maquilamos, la tecnología ya viene dada.

Entre los sectores de exportación donde domina la mano de obra femenina están el de maquinaria y aparatos eléctricos, vehículos (la participación de las mujeres en ellos supera el 40%) textiles y confecciones. Se advierte que, si bien el desarrollo de la industria manufacturera-maquiladora ha generado beneficios económicos para el país, esto no se ha traducido en un aumento de la remuneración de las y los trabajadores. Este proceso de precarización laboral asociado a la disminución de las personas trabajadoras en la distribución del ingreso es uno de los principales factores en la base de la desigualdad económica en el país.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de julio, la industria manufacturera es la actividad económica con mayor ocupación femenina después del comercio, además está fuertemente dominada por el sector exportador. La precariedad laboral está íntimamente ligada a la informalidad. Según el último dato disponible, en nuestro país el número de mujeres que se encuentra en la ocupación informal se mantiene estático, en torno al 55%.

Ese sector engloba actividades de baja productividad al margen de las regulaciones laborales: son por lo general empleos de mala calidad por los que perciben bajos salarios y ningún tipo de protección social. El servicio doméstico que se encuentra entre ellos tiene los niveles más bajos de remuneración y consiste en una extensión de las tareas domésticas, lo que supone una sobrecarga excesiva para las mujeres. Se concluye entonces que las mujeres están sobrerrepresentadas en sectores y ocupaciones con las peores condiciones laborales.

Para implementar políticas y mecanismos que promuevan la producción y el comercio internacional con una perspectiva de género, es fundamental invertir en la economía del cuidado por ser un sector económico central para potenciar la dinámica de crecimiento, acompañada de una reducción de las desigualdades de género y facilitar la incorporación de las mujeres al mercado laboral. El valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidado equivale a 24.3% del PIB nacional.

Debemos adoptar medidas dirigidas a la autonomía económica de las mujeres ya que favorecen la participación de las trabajadoras y emprendedoras en cadenas productivas en sectores que detonan la economía, intensivos en conocimiento y en puestos de mayor jerarquía, reduciendo la brecha salarial y la carga de los cuidados, que consideren los tiempos necesarios para la reproducción de la vida, así como una educación que incluya fortalecer el aprendizaje de las matemáticas, las tecnologías y el inglés.

El trabajo decente y la inserción laboral de las mujeres en sectores productivos rentables y competitivos en el país, deben servir para la sostenibilidad de la vida, para transitar hacia la sociedad del cuidado y para eliminar de una vez por todas la discriminación y la segregación laboral.

Fuente: politica.expansion.mx

Las alertas que fueron ignoradas

Las alertas que fueron ignoradas

Se ha concretado el golpe contra el Poder Judicial; por más que lo justifiquen los militantes de Morena, no resolverá los pendientes para mejorar el acceso a la justicia; de hecho, será peor.

No hubo consenso, fue una imposición típica de una fuerza hegemónica. Lo logró López Obrador gracias a cuatro integrantes de la oposición en el Senado que traicionaron el voto que les llevó al cargo: la senadora de Michoacán, el de Tabasco, y el hijo de Miguel Ángel Yunes, ya integrados a Morena.

Con estos tres votos, además de la ausencia del senador de Movimiento Ciudadano, garantizaron desaparecer el Poder Judicial. Imponer jueces que serán electos por voto popular y cuyas candidaturas podrán ser promovidas por poderes fácticos y del crimen organizado. Gente sin formación para el cargo, sin carrera judicial.

Pero tampoco en la Cámara de Diputados hubieran sido posible los dos tercios sin la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF que les dio una sobre representación, aun sabiendo se concretaría ese golpe.

Increíble que unas cuantas personas, en el INE, en la SS del TEPJF y la y los traidores en el Senado, pongan en jaque a la estabilidad democrática de México.

Y otro golpe está en ciernes: la militarización de la seguridad pública. AMLO y Morena cometen un grave error al entregar la seguridad pública a la Secretaría de la Defensa Nacional. Olvidan las graves violaciones a los derechos humanos a unos años del hecho de Tlatlaya y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa aún sin resolver.

No atienden las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde seis de 14 refieren a violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por militares. Las sentencias señalan que el Estado mexicano, al extender la competencia del fuero castrense a delitos que no tienen estricta conexión con la disciplina militar, viola los tratados vinculantes.

Amnistía Internacional alerta sobre la gravedad de esta reforma que establece la Guardia Nacional sea entregada a la Sedena de carácter permanente, cuando lo que se debería implementar es su retiro gradual de las tareas de seguridad pública.

López Obrador mintió con cinismo en 2018, que iba regresar a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles. Las críticas que le ha endilgado a su enemigo más acérrimo por declararle la guerra al narco, solo simulaban. La diferencia con Calderón es que varios gobernadores le solicitaron el apoyo de las FA para enfrentar a los malosos. Ahora, López lo impondrá con alevosía a todo el país. Y como borregos, sus legisladores y legisladoras, se disciplinan a este despropósito propio de un tirano.

Vaya usted a saber cuáles otras reformas a la Constitución impongan, trastocando la esencia de la constitucionalidad construida desde que somos una República.

López le deja a Claudia Sheinbaum un país con una inestabilidad legal y de acceso a la justicia y sobrevendrá la bronca social, todo por estos alevosos errores.

Con una Guardia Nacional militarizada, y con su hijo marcándole la pauta a la Presidenta desde Morena, López le deja la tormenta perfecta para que CSP sea sumisa.

En lugar de estar feliz porque es la primera mujer en ocupar este trascendental cargo, me preocupa los costos que sobrellevará; en lugar de paz y estabilidad, tendremos las botas de los militares sobre los cuellos de nuestros hijos e hijas. ¡Terrible!

Fuente: elsoldemexico.com.mx

Las verdades de la reforma al Poder Judicial

Las verdades de la reforma al Poder Judicial

La reforma judicial ha dejado de ser una mera aspiración para convertirse en una ineludible realidad en nuestro país, independientemente de las opiniones que puedan surgir. Este proceso marca el inicio de un cambio profundo en nuestro sistema de justicia, orientado a alinearse con las transformaciones sociales recientes, especialmente desde la llegada de la izquierda al poder en 2018. Este gobierno ha logrado establecer puentes de comunicación con la mayoría del pueblo, fundamentalmente con aquellos que durante décadas no fueron escuchados.

Uno de los principales clamores ha sido la insatisfacción con el Poder Judicial de la Federación, una exigencia que se hizo sentir con renovada fuerza en las últimas elecciones, donde más de 36 millones de personas depositaron su voto de confianza en la doctora Claudia Sheinbaum y su Plan C. Uno de los objetivos primordiales de este plan es democratizar el Poder Judicial y acercar este pilar fundamental de la justicia a quienes realmente se deben: a su gente.

A pesar de la situación, la comentocracia y las voces de corte conservador en los medios han creado un ambiente de escepticismo. La falta de plumas de izquierda en los medios ha llevado a muchos a aceptar sin cuestionar lo que se difunde, impidiendo un análisis crítico que permita comprender las verdaderas bondades y el impacto de la inminente reforma judicial.

Por ello, me gustaría expresar mi opinión y manifestar ciertas verdades (de forma resumida) sobre la Reforma Judicial:

1. Visión plural de la justicia

Las y los abogados interesados en ocupar cargos de jueces, magistrados o ministros podrán inscribirse en las próximas convocatorias del Senado, incluyendo a los actuales jueces y magistrados. Los tres Poderes de la Unión presentarán sus propuestas, y los comités de evaluación se encargarán de verificar el cumplimiento de los requisitos. Una vez superado este filtro, se llevarán a cabo votaciones para enviar las listas al INE, para la votación popular. Este proceso marca un cambio significativo respecto al pasado, donde la mayoría de los candidatos provenían de la carrera judicial y eran seleccionados a través de concursos predominantemente cerrados, controlados por miembros del Poder Judicial.

2. Carrera judicial

La carrera judicial continúa vigente para el personal del Poder Judicial, incluyendo a secretarios de acuerdos, actuarios y otros cargos, con excepción de aquellos que están sujetos a elección popular.

3. Democracia

Se ha señalado que el actual contexto se asemeja a una dictadura y que el partido Morena controlará el Poder Judicial. No obstante, es importante resaltar que la elección de las futuras personas juzgadoras estará en manos del pueblo de México, permitiendo a los ciudadanos votar por candidatos no afiliados a ningún partido político.

4. Independencia judicial

La independencia judicial no está intrínsecamente vinculada al Poder Judicial, sino que radica en la integridad, los valores y los principios de cada juez. Este argumento se sustenta en que, en años previos, algunos ministros han emitido votos que desafían las decisiones del Poder Ejecutivo, lo que pone de manifiesto la capacidad individual de las personas juzgadoras para actuar según su propio criterio y convicciones.

5. Plazos expeditos

La reforma pretende abatir la impunidad mediante la instauración de plazos expeditos específicos para la resolución de casos, particularmente en el ámbito fiscal. Al acercarse el vencimiento del plazo, el juez deberá notificar al Tribunal sobre las causas de la demora o, en su defecto, señalar si no es posible emitir una resolución en el tiempo estipulado.

6. Tribunal de Disciplina Judicial

Se establece el Tribunal de Disciplina como un nuevo órgano independiente de la Suprema Corte, dotado de amplias facultades para investigar la conducta de los juzgadores y asegurar que sus resoluciones se ajusten a la ley. A diferencia de antes, cuando la presidencia de la Suprema Corte recaía en la misma persona que lideraba el Consejo de la Judicatura, las sanciones a los jueces han sido mínimas.

7. Derechos laborales

La reforma protege los derechos de todas las personas trabajadoras del Poder Judicial.

En conclusión, aunque esta reforma representa un avance significativo para saldar deudas históricas y transformar la percepción del derecho en México, no solucionará de inmediato los profundos problemas de injusticia que nos aquejan. Reitero lo que he dicho en diversas conversaciones: ninguna reforma ha logrado erradicar las complejidades de la justicia en nuestro país. Mientras no cultivemos una auténtica cultura de la legalidad y comprendamos que la justicia comienza con nuestras relaciones cotidianas, será imposible forjar un México verdaderamente justo y equitativo.

Fuente: ejecentral.com.mx

Otra elección más, anulada por violencia política contra las mujeres en razón de género

Otra elección más, anulada por violencia política contra las mujeres en razón de género

Bromas sutiles y machistas siguen siendo naturalizadas en nuestra sociedad. 

El pasado cinco de julio, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán declaró la nulidad de la elección municipal de Irimbo, al haberse acreditado la realización de actos que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género, mismos que resultaron determinantes para el resultado final de la elección.

Esta determinación que fue confirmada tanto por la Sala Regional Toluca, como por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo cual denota una política judicial firme de los tribunales electorales de nuestro país para no tolerar este tipo de conductas.

Después de muchas batallas tanto en los tribunales, como en el legislativo y, desde luego, en el ámbito de las autoridades electorales, por fin se está logrando que los actos que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género sean sancionados y tengan consecuencias trascendentes.

En el caso, la entonces candidata a la presidencia municipal de Irimbo, por el Partido de la Revolución Democrática denunció catorce publicaciones en Facebook que atentaban contra su dignidad y la violentaban por el simple hecho de ser mujer y que se llevaron a cabo durante la campaña electoral.

Conforme a lo analizado por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, los mensajes contienen estereotipos de roles de género como que el ingreso y la permanencia de las mujeres en la política dependen de un hombre; que las mujeres en la política carecen de integridad moral, y el rol de “buena mujer” o “mala mujer” al considerar que las mujeres dignas de ser llamadas mujeres son las que únicamente se dedican al hogar.

Así, el Tribunal de Michoacán, determinó que las publicaciones correspondieron a la reproducción de diversos estereotipos, con lo que se cuestionó la capacidad de la candidata para acceder y ejercer el cargo de presidenta municipal, haciendo depender en todo momento su capacidad política de sus relaciones personales, en el caso particular, de un matrimonio anterior.

Además, identificar a la candidata constantemente como la “esposa de” implicó que se le subordinara ante un hombre con el que además ya ni siquiera guarda una relación sentimental. A decir del Tribunal Local y con lo que además coincido, esta actitud reproduce el estereotipo de que las mujeres que se dedican a la política carecen de integridad moral.

Este asunto evidencia en específico esas bromas sutiles y machistas que siguen siendo naturalizadas en nuestra sociedad, pero que reproducen estereotipos de machismo, desvalorización invisibilización de las mujeres sin tomar en cuenta sus capacidades y cualidades personales.

Otro aspecto relevante, es que esta conducta ocurrió por modalidad digital, una batalla que constantemente estamos denunciando por la exposición y daño masivo que genera en la figura política de nuestras candidatas y que, la única manera de erradicarla será haciendo visibles sus afectaciones en la vida política y privada de las mujeres.

A partir de lo anterior, el Tribunal Local consideró que se trató de una campaña sistemática, continuada, reiterativa, inequitativa y permanente, mediante publicaciones realizadas durante casi dos meses, generando un desequilibrio en las condiciones de competencia electoral y que transgredieron los principios constitucionales rectores del voto.

Violencia que además fue permitida por las otras personas contendientes, lo cual culminó en que se anulara la elección, de ahí que esta conducta cada vez adquiere la seriedad y las consecuencias que merece.

Desde luego que falta mucho por hacer, pues son muchas las ocasiones que este tipo de conductas quedan impunes, pero esta sentencia muestra que vamos por el camino correcto.

Fuente: lasillarota.com

La progresividad de los Derechos Humanos

La progresividad de los Derechos Humanos

Ante la situación política, económica y social que prevalece a nivel mundial, es necesario escribir sobre los derechos humanos que nos corresponden sin importar la nacionalidad, edad, residencia, sexo, etnia o religión y que se encuentran protegidos a través de tratados internacionales.

En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza los derechos humanos observando los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es el organismo autónomo encargado de proteger y defender estos derechos a nivel federal, siendo en las entidades federativas las comisiones, procuradurías o defensorías en quienes recae esta obligación.

Los cincuenta y cuatro derechos fundamentales constituyen una base sólida que en teoría nos debe permitir gozar de una vida digna en un Estado de derecho y democrático.

No obstante, la violación a los derechos humanos es recurrente, tan solo en 2022 se reportaron 156, 743 hechos presuntamente violatorios[1], cifra que se considera es mayor tomando en cuenta los casos de violaciones en los cuales no se presentó una queja.

Uno de los derechos que es violentado y normalizado constantemente es el de la no discriminación, más aún cuando se trata de grupos vulnerables.

Otro derecho humano es el de la igualdad entre mujeres y hombres, un tema abordado cotidianamente y que aún falta mucho para que la igualdad en todos los ámbitos sea una realidad; solo por ejemplificar, podemos mencionar la gran brecha salarial, aunado a las pocas o nulas oportunidades para que las mujeres podamos acceder a altos puestos laborales.

El derecho humano de acceso a la justicia, uno de los más importantes que implica la garantía de la protección de los derechos a través de procesos jurídicos y de la impartición de justicia pronta, imparcial y expedita a través de los órganos jurisdiccionales competentes, integrados por jueces y magistrados especializados.

Es importante señalar que el acceso a la justicia está estrechamente vinculado a la capacidad, experiencia y conocimiento de quienes la imparten, así como a una carrera judicial que debe brindarles las herramientas necesarias para ejercer con ética y absoluto apego a la Ley.

Otro derecho humano es el de las personas con discapacidad, el cual conlleva la urgente necesidad de establecer acciones transversales que permitan la inclusión social. Las violaciones constantes a este derecho, provoca una exigencia impostergable para establecer medidas que garanticen estos derechos.

El derecho a la reparación integral del daño, a la verdad, a la reinserción social, a la libertad de expresión, a la salud, a la vivienda son solo algunos de los cincuenta y cuatro derechos fundamentales necesarios para una vida plena y justa de todas las personas.

Se comprende que el ejercicio a estos derechos es de facto, sin embargo, la realidad es que en muchos casos para hacerlos valer es necesario acudir ante organismos defensores y/o ante órganos jurisdiccionales para lo cual el fortalecimiento de un Estado de derecho es fundamental. Las prácticas de normalización de la violación de estos derechos, debe ser erradicada tajantemente desde todos los ámbitos.

Durante mucho tiempo se han creado mecanismos para garantizar y respetar los derechos humanos; los organismos encargados de defensa han llevado a cabo recomendaciones que han marcado precedentes importantes, pero aún faltan muchas acciones no solo procedimentales, sino también de carácter preventivo.

Son muchas las personas que hoy en nuestro país piden justicia por actos violatorios a los derechos fundamentales y que bajo el principio de interdependencia, la actuación ética y legal de los órganos garantes y jurisdiccionales es imperante.

Finalmente es imprescindible mencionar que el principio de progresividad impide cualquier retroceso en esta materia y obliga al Estado a promover condiciones que garanticen la prevalencia de estos derechos y la procuración del respeto de los mismos.

Fuente: parentesislegal.com