por Maura Arredondo | Sep 21, 2023 | De las plumas 50+1
Por: Angélica de la Peña
La exsenadora Angélica de la Peña Gómez aseguró que en México hay más de 3 mil fosas clandestinas, que no están siendo analizadas ni verificadas a fin de dar con personas con reporte de desaparición en nuestro país.
Explicó que en muchos de los casos ni siquiera se inicia la investigación de manera pronta al tenerse un reporte de desaparición, “en los primeros minutos u horas si tú no encuentras una persona la ley dice que tienes que buscar de manera inmediata a esa persona que se reporta, si es que hay denuncia o hay alguna noticia, la investigación debe iniciarse y si hay un hecho que indica que la persona fue levantada, inmediatamente tiene que iniciarse la investigación y son dos hechos que se deben de dar al momento, que son la búsqueda y la investigación”, indicó.
De la Peña Gómez insistió en que las primeras horas son claves antes de que maten o finalmente desaparezcan a una persona “y entonces el análisis y el contexto de la investigación que se tiene que hacer por parte de las Fiscalías es indispensable, porque las personas desaparecen de la noche a la mañana y no solo van a fosas clandestinas”, apuntó.
La exsenadora, quien impulsó la Ley en contra de la desaparición forzada en nuestro país, señaló que México tiene más de 3 mil fosas clandestinas donde podría haber personas desaparecidas “y falta verificar los panteones y las fosas comunes de muchísimos municipios que están gobernados por la delincuencia y ahí van a dar los cadáveres”, indicó.
Recalcó en que la Ley dice que tienes que sacar los restos de quienes se encuentran ahí y analizar su ADN, para levantar una carpeta, un expediente y empezar a cruzar los datos de las personas que han desaparecido y saber que paso con ellas, “va a ver muchas sorpresas, pero es muy grave que ese tipo de herramientas suscritas en la ley no se cumplan”, dijo.
De la Peña Gómez dijo que en su mayoría son las madres quienes buscan a sus hijas e hijos desaparecidos. “Las madres andan buscando con los riesgos que conlleva el que ellas estén buscando en territorios donde hay presencia de la delincuencia organizada, es decir, en este sexenio van nueve mujeres madres asesinadas y dos padres asesinados que estaban buscando a sus hijos e hijas y le ley dice claramente que la policía federal especializada en coordinación con la policía estatal, sobre todo, son quienes deberían de estar haciendo esto”, mencionó.
Hizo hincapié en que la investigación tiene que ir orientada, no solamente encontrar, sino saber de la suerte de quienes están desaparecidos y saber qué pasó con ellos, para que la autoridad cumpla con su responsabilidad de proteger la vida.
Fuente: lja.mx
por Maura Arredondo | Sep 21, 2023 | De las plumas 50+1
Por: Sara Lovera
La consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey Jordan urgió a crear una Unidad encargada de prestar asesoría a las mujeres que viven violencia política de género. Lo dijo en el Consejo General que recibió un informe de quejas, donde se documenta que entre 2020 y 2023, las quejas por esta razón crecieron al menos 13 veces y solamente hay 304 personas sancionadas.
Se trata de que el INE, argumentó la consejera, realmente ofrezca atención integral a las quejosas, lo haga en cada uno de los consejos distritales, con acompañamiento, orientación y asesoría jurídica eficaz.
Y se sustanció en Consejo General, que la propuesta es pertinente tomando en cuenta que en el proceso electoral de 2023- 2024 habrá al menos 10 mil mujeres que buscan ser elegidas y algunas ya están en la contienda. Como precandidatas a la presidencia de la República hasta las anotadas para más de mil 300 consejos municipales.
Lo cierto es que esta violencia específica existe y no es suficiente lo que hace el INE. Hoy “siguen existiendo actos como la intimidación, la exclusión, la difamación, el acoso sexual, la agresión física o verbal y otras acciones que menoscaban los derechos políticos de las mujeres”, dijo la Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala.
Y el miedo que produce la violencia política de género es uno de los grandes obstáculos para que las mujeres puedan ingresar a la arena pública en el país, insistió Humphrey Jordan, por tanto, el INE debía, al menos, entrenar a todas estas mujeres para presentar sus denuncias.
Así se planteó en la sesión ordinaria del Consejo General de ayer, cuando se conoció el Informe del Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
El informe da cuenta de 301 quejas o denuncias. La consejera Norma De la Cruz Magaña destacó que los datos del informe documentan un considerable incremento de las quejas, que eran 2020 21 casos y al 15 de septiembre del 2023 se acumularon 301 casos. Mientras el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política a septiembre hay 304 personas sancionadas
Para la presidenta del INE el “delinea” que hay un lamentable aumento de comentarios y estereotipos sexistas que reflejan la violencia simbólica de género, principalmente en redes sociales. Ofensas, memes, imágenes denigrantes, burlonas, parecen ser la constante.
Por su parte la consejera Dania Ravel Cuevas dijo que : “El Instituto está recibiendo muchas quejas en las cuales no somos competentes”, y precisó que, al 15 de septiembre, de las 301 quejas, se determinó incompetencia para 181, se canalizaron 87 a los Organismos Públicos Locales Electorales OPLES, porque la violencia contra las mujeres en política se concentra en el ámbito municipal.
Durante el análisis del informe, las consejeras reiteraron todo lo dicho sobre la violencia política contra las mujeres.
Ravel Cuevas dijo: se puede manifestar de muy diversas formas y en muy distintos ámbitos y hay distintas autoridades competentes para conocerla, se tiene que hacer un mayor esfuerzo de capacitación y de difusión respecto de quiénes son también autoridades competentes para conocer estos casos y dar atención inmediata”, demandó.
De la Cruz Magaña dijo el Informe muestra que, ante una mayor participación de las mujeres en la política en México, se busca excluirlas “a través de conductas violentas que buscan dañar nuestra integridad física, psicológica, simbólica, económica y patrimonial, pero sobre todo que se dirige a menoscabar y hasta nulificar el ejercicio de nuestros derechos políticos y electorales”.
Humphrey Jordan dijo que el reto que tienen las autoridades electorales, partidos políticos y todas las personas que participen en el próximo proceso electoral, es obligación constitucional del Consejo General de impedir que personas violentadoras de mujeres sean registradas a una candidatura o bien, ocupen un cargo de elección popular. Tal como lo establece la ley 3 de 3 contra la violencia.
Recomendaciones
La Consejera Presidenta ratificó el compromiso del INE en las siguientes materias: fortalecer la educación y concientización sobre igualdad de género en todos los niveles de la sociedad; establecer o robustecer mecanismos de denuncia, seguros y confidenciales para las víctimas de Violencia Política contra las Mujeres; capacitar a funcionarios en temas de género y no discriminación y promover la inclusión permanente de mujeres en puestos de liderazgo y candidaturas.
Propuso a sus pares monitorear y sancionar de manera efectiva a quienes perpetúen Violencia Política contra las Mujeres; fomentar la participación de la sociedad civil en la vigilancia y denuncia de casos, así como en la creación de Observatorios; garantizar la igualdad de oportunidades en los medios de comunicación para candidaturas de hombres y mujeres; desarrollar campañas de sensibilización pública sobre la violencia política y sus consecuencias; impulsar el debate público en torno a reformas legislativas que refuercen la protección de los derechos políticos de las mujeres y sancionen la violencia política de género de manera más eficaz.
De 21 quejas en 2020, se incrementaron a 301 en 2023
Fue De la Cruz Magaña destacó quien destacó los datos del informe donde se aprecia un considerable incremento de las quejas en la materia, ya que en 2020 se denunciaron 21 casos y al 15 de septiembre del 2023 se acumularon 301 casos interpuestos ante el INE y llamó a partidos políticos y las coaliciones electorales a que prevengan, atiendan, sancionen y tomen medidas concretas para erradicar este tipo de violencia.
Necesaria una unidad encargada de prestar asesoría a las mujeres
Humphrey Jordan en ese punto propuso contar pronto “con una Unidad encargada de prestar asesoría a las mujeres que padecen este tipo de violencia y prestar una atención integral en cada uno de los consejos distritales, tanto de primer contacto, como de asesoría jurídica, que ha sido uno de los grandes obstáculos para que las mujeres puedan ingresar a la arena pública en el país para presentar denuncias”.
De 301 quejas recibidas en el INE, en 181 se determinó incompetencia
Ravel Cuevas, hizo notar que con fecha de corte al 15 de septiembre y a partir del 14 de abril del 2020 se han recibido 301 quejas de las cuales se ha determinado la incompetencia en 181 asuntos y de ellos, 87 casos se han remitido a los Organismos Públicos Locales Electorales, lo que indica que se están concentrando los casos en el ámbito local, sobre todo en el municipal.
Informe del OIC invita a reflexionar sobre el fortalecimiento de los procesos en materia administrativa, de control interno y de ética
En la sesión se dio por recibido el Informe Previo de Gestión y Resultados del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral.
En su intervención, la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala y la Consejera Norma De la Cruz coincidieron en reconocer y agradecer la gestión de Jesús George Zamora como Titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto.
Asimismo, dieron la bienvenida a Luis Oswaldo Peralta Rivera, quien se desempeñaba como Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de conformidad con los artículos 82, apartado 4.4 del Reglamento Interno del INE y 26 del Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control, le corresponde ejercer la encargaduría del despacho, en suplencia del anterior titular.
“El informe que nos presenta el Órgano Interno de Control, los resultados que se muestran en el primer semestre nos invitan a reflexionar sobre el fortalecimiento de los procesos en materia administrativa de control interno y de ética. Nos invitan a evolucionar en la efectividad para la solventación de las acciones correctivas y preventivas detectadas”, consideró Taddei Zavala.
Convocó a todas las Unidades Responsables del Instituto a ocuparse de resolver los rubros señalados en el informe, “porque sin duda para todos deberá ser un reto en este Instituto el fortalecimiento para el buen funcionamiento en materia administrativa”.
Hombre: Se trata de un informe preliminar
En este tema, el Consejero Jaime Rivera Velázquez llamó la atención sobre el carácter preliminar del informe del OIC: “no afirma con certeza la existencia de algunas irregularidades derivadas de las auditorías practicadas por este órgano fiscalizador”.
Consideró que “difundir públicamente, como es el caso de este informe, presuntas irregularidades que aún no se prueban y sin procedimientos concluidos, implica que se está prejuzgando, se advierte que son posibles, pero se están señalando y difundiendo cuando aún no termina el procedimiento. Así no solo se afecta la integridad y la pulcritud de los procedimientos de auditoría. También se causa un daño moral a quienes son señalados como posibles, subrayó, usando el mismo adjetivo del OIC, posibles responsables de irregularidades antes de que haya resultados y conclusiones definitivas”, por lo que hizo votos, porque estas prácticas mejoren.
Otro asunto importante: en riesgo la operatividad de los OPL
Al recibir el Informe de situación presupuestal de los Organismos Públicos Locales 2023, la Consejera Presidenta del INE anotó que en el documento no sólo se da seguimiento, sino que se puede visibilizar “cualquier intento por la vía presupuestal de mermar la capacidad operativa de éstos”.
El informe, abundó Taddei Zavala, da cuenta que hay seis Organismos Públicos Locales (OPL)en riesgo alto, y cuatro en riesgo moderado, mismos que podrían representar un impacto en la operatividad respecto a las atribuciones o sobre las actividades relacionadas con los procesos electorales locales.
Ante este escenario complejo y adverso que enfrentan los OPL, llamó a las autoridades responsables de ministrar estos recursos, “a no poner en riesgo la operatividad y los trabajos que éstos desarrollan, a contribuir en las partes que a cada uno corresponda para consolidar el Sistema Nacional de Elecciones y a respetar el valor de la democracia”.
Durante la sesión, también se dio por recibido el Informe que presenta la Secretaria del Consejo General en cumplimiento al artículo 36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.
Fuente: semmexico.mx
por Maura Arredondo | Sep 20, 2023 | De las plumas 50+1
Por: Claudia Corichi
“Los títulos universitarios proporcionan una ventaja de ingresos mayor. En México los trabajadores de 25 a 34 años que cuentan con licenciatura ganan 61% más que aquellos que cuentan con secundaria, mientras que aquellos con Maestría o doctorado ganan un 143% más”, tal afirmación se desprende del informe Panorama de la Educación 2023 de la OCDE que cada año recopila estadísticas e indicadores de los sistemas educativos de los 38 Estados que lo conforman.
El documento analiza la evolución de los diferentes sistemas educativos, su financiamiento y el impacto de la formación en el mercado de trabajo y en la economía. El organismo sostiene que la educación y los cuidados -que son una obligación del Estado- en la primera infancia son determinantes para que niñas y niños tenga un inicio equitativo en la vida; también es una herramienta clave para permitir que ambos padres trabajen y para aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral.
El reporte señala que en 2020 el gasto anual por estudiante se ubicó en 3 mil 200 dólares en México, 4 mil 500 en Colombia y 26 mil 800 en Luxemburgo. Aquí el 60% de estudiantes de 15 a 19 años están inscritos en educación secundaria, media superior y superior contra el 84% del promedio en los países de la OCDE. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024 establece un gasto en educación equivalente a 3.19% del PIB, mientras que la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, sugiere destinar un 5%.
A la par de otras evaluaciones hechas a nuestro país en materia educativa, este informe coincide en señalar que existen enormes retos estructurales que inciden en el grado de desarrollo de un país, además de subrayar la necesidad de promover la igualdad. A propósito del nearshoring me pregunto ¿qué papel juega la educación; contamos con sólida formación de capital humano y mano de obra certificada para recibir y adaptar las nuevas tecnologías y lograr la competitividad?
Los datos duros están ahí: México tiene la tasa de no escolaridad más alta entre todos los países de la OCDE con casi 30% de los jóvenes en educación media superior no matriculados en 2021. Los resultados del Programa para la evaluación internacional de alumnos (PISA) de 2018 que examina a estudiantes de 15 años en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias, revelaron que en nuestro país sólo el 1% obtuvo un desempeño en los niveles de competencia más altos en al menos una de esas áreas.
El ingreso al mercado laboral está condicionado por la formación escolar. Bajos ingresos, empleo informal y precario son sólo algunas de las consecuencias de mantener en terapia intensiva a la educación en México.
Para enfrentar el desafiante presente y alcanzar los niveles de desarrollo que debe tener nuestro país, no debemos posponer más la adopción de políticas públicas encaminadas a mejorar la educación de niñas, niños y jóvenes; ni postergar una remuneración digna y permanencia laboral bajo criterios de calidad, inclusión y sin sesgos a quienes se incorporan al mundo del trabajo, y de manera imprescindible contar con un sistema nacional de cuidados que cierre las brechas de género.
Fuente: elsoldemexico.com.mx
por Maura Arredondo | Sep 20, 2023 | De las plumas 50+1
Por: Karime Athié
Durante muchos años se expuso la necesidad jurídica y social de legislar para la prevención, sanción y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG), lo que con el tiempo derivó en la modificación de diversos ordenamientos jurídicos, incluyendo nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 20 Bis, define como “violencia política contra las mujeres en razón de género”, como “toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella”.
En el año 2020 se reformaron seis leyes generales y dos leyes orgánicas, para definir la VPMRG y de esta manera proporcionar herramientas jurídicas para denunciar, atender y sancionar este tipo de violencia.
En este contexto, en mayo del presente año se aprobaron las reformas a los artículos 38 y 102 de la CPEUM, con la llamada “3 de 3 contra la violencia”, que determina la suspensión de los derechos ciudadanos para ser registrados como candidatos a cualquier cargo de elección popular, empleo, cargo o comisión en el servicio público, si cuentan entre otros, con sentencia firme por la comisión de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexual, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; y por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
Lo anterior garantiza de facto que no habrá ningún agresor al poder, en cargos públicos desde donde se toman las decisiones importantes que permean e impactan en la sociedad, y es que es desde esos escaños en donde se debe diluir todo tipo de agresiones hacia la mujer y permitir que sean ocupados por perfiles idóneos que otorguen un poco de certeza sobre su actuación y desempeño dentro de los tres poderes y niveles de gobierno.
El marco jurídico actual define claramente las autoridades competentes en la prevención, atención, reparación, sanción y erradicación de la VPMRG, en primera instancia se encuentran las autoridades electorales administrativas, en los casos de competencia federal, el Instituto Nacional Electoral es la instancia encargada, en tanto en lo local es el Organismo Público Local Electoral de la entidad federativa correspondiente.
Con respecto a la restitución de los derechos, las autoridades electorales jurisdiccionales competentes son el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la instancia federal, en tanto el Tribunal Local Electoral en cada una de las entidades federativas.
Las autoridades competentes para los asuntos penales es la Fiscalía Especializada en materia de delitos electores y su homóloga a nivel local, quienes tienen la atribución de investigar y perseguir los delitos electorales establecidos en la Ley General en materia de Delitos Electorales y leyes aplicables.
Finalmente se encuentran los Órganos Internos de Control quienes en el ámbito de su competencia conocerán sobre las responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos.
Este año se cumplieron 70 años desde la primera vez que las mujeres tuvimos derecho al voto, y con ello adquirimos el disfrute y ejercicio de nuestros derechos electorales, no obstante, al día de hoy, únicamente 9 entidades federativas han sido encabezadas por mujeres, equivalente solamente al 28.1% del total de gubernaturas en México. En cuanto a las presidencias municipales, solamente 522 han sido presididas por mujeres, equivalente al 25% del total.
Con respecto a la Cámara de Diputados Federal, el 50% está integrado por mujeres, al igual que el Senado de la República, lo anterior derivado de las diversas reformas que disponen la paridad en Poder Legislativo.
El próximo año se elegirán democráticamente más de 20,000 cargos, entre los que se encuentran la renovación de los congresos locales, de 500 diputados federales, 128 senadores, la renovación de 8 gubernaturas, así como la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, y las 16 alcaldías de este último.
Es momento de garantizar con los ordenamientos jurídicos actuales y a través de las autoridades competentes, que las próximas elecciones serán libres de violencia contra las mujeres, y que quienes ejerzan VPMRG serán sancionados por los órganos competentes; que toda aquella persona que no cumpla con las disposiciones señaladas en la CPEUM no podrá aspirar a ser candidato en ninguna instancia; es tiempo de la aplicación de las leyes y la impartición de justicia para erradicar la violencia política de género.
El pasado está en deuda con todas aquellas mujeres que sufrieron violencia política de género y que sus casos quedaron impunes por no existir los mecanismos legales o bien por la omisión clara de las autoridades administrativas y jurisdiccionales en la aplicación de la ley, sufriendo un grave daño en sus derechos políticos electorales, pero también en su persona, dignidad y familia; es momento de escribir una nueva historia en el próximo periodo electoral 2024, porque hoy ninguna mujer está sola, están las leyes, los organismos competentes y estamos todas(os) quienes seremos observadores, vigilantes y activistas del cumplimiento estricto de la Ley.
Fuente: parentesislegal.com
por Maura Arredondo | Sep 19, 2023 | De las plumas 50+1
Por: Saraí Aguilar
El presidente Andrés Manuel López Obrador excluyó a los poderes Legislativo y Judicial de las conmemoraciones por las efemérides de septiembre, alegando que, con el segundo, es notorio que no existe buena relación.
“Ya han cambiado las cosas. No tenemos buenas relaciones con el Poder Judicial, es público, es notorio, es de dominio público, porque se han dedicado a actuar en contra de la transformación”, justificó AMLO.
El presidente no convocó ni a la ministra Norma Piña, presidenta de la Corte, ni a la diputada Marcela Guerra, titular del Congreso, a la ceremonia que encabezó en el monumento a los Niños Héroes.
“Me quedé vestida y alborotada porque sí quería ir a celebrar con el pueblo, con la gente en los días tan importantes para la nación”, dijo la legisladora de Nuevo León.
Mientras que la morenista presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, respaldó (no podía saberse) la decisión del presidente López Obrador al señalar que hay un conflicto fuerte entre los poderes Ejecutivo y Judicial.
Si bien admitió que “le hubiera gustado formar parte de las y los invitados que presenciarán el Grito de la Independencia desde Palacio Nacional”, refirió que la decisión del mandatario federal “es parte de los tiempos que le toca vivir”.
Pues mientras el debate se centra en la división de poderes, si el presidente considera que los poderes deben de someterse al Ejecutivo, lo que ha pasado casi inadvertido es que es la primera vez que los poderes están representados por mujeres, y es la primera vez que serán vetados.
Pues si bien el año pasado ya existían los roces con el Poder Judicial, fue invitada Norma Piña en compañía del entonces representante del Legislativo, Santiago Creel. Fueron excluidos del presidium, pero no del evento ni de la caminata.
Y se equivoca la presidenta del Senado. No son los tiempos que nos toca vivir los de un hombre fuerte enojado porque no puede dictar y subordinar poderes representados por mujeres que hacen valer la autonomía y el Estado de derecho. Los tiempos que nos toca vivir son los de mujeres que han logrado sus posiciones no por favores ni concesiones sino con esfuerzo y muchas veces más que el que cualquier hombre fuerte de partido o en su campo debe poner.
Es una lástima que ella, encabezando la Cámara Alta, sienta que debe atenerse a lo que le toca vivir. Que olvide que tiene una trayectoria que se debe a la población que la respaldo con su voto en urnas, no a los designios y veleidades del hombre en el poder. Que está dando la cara por millones de mexicanas que no se detienen en “lo que les toca vivir” sino que salen a hacer su trayectoria y abrirse paso en el día a día.
Porque ni las fiestas patrias ni el país les pertenece a uno ni a pocos. México es de todos. No es de la propiedad de un hombre en el poder.
Fuente: mujeresmas.com.mx
