¿Torcer la paridad? Asunto de autoridades electorales

¿Torcer la paridad? Asunto de autoridades electorales

Nosotras todavía de festejo por la llegada de mujeres al poder y otros en una andanada misógina como los que “analizan” el comportamiento de la virtual Presidenta de México, antes de conocerla; personas que pierden tiempo y compostura alegando cómo se dice y escribe, presidente o presidenta. O quienes hacen memes y cartones, ya no es la calca, sino “subordinada” y dicen sin recato que es AMLO quien decidirá todo. En realidad no sabemos.

Claudia Sheinbaum Pardo, como todo ser humano, en este México machista y autoritario, a lo mejor cuando se siente en la silla y tenga poder real se transformará, con sello personal.

En este sistema hace mucho tiempo don Daniel Cosío Villegas habló del estilo personal de gobernar. Aunque eran los mismos, no eran. Creo que debemos esperar, y dejar de adelantar pascuas.

Me lastima, sin embargo, que percibo una ola de temor patriarcal y sesgos misóginos por todas partes. Eso de que habrá 13 gobernadoras, mujeres más del 50 por ciento en los Congresos locales, tiene a los hombres ateridos, impávidos, paralizados.

Lo cierto es que entre las autoridades electorales no habría manera de torcer la ley y la declaración constitucional de paridad. Es el caso que habrán de resolver, sobre lo que resultó electoralmente en Movimiento Ciudadano. Son días decisivos de probables ajustes en la asignación de curules plurinominales, por lo que sería inadmisible poner en el Senado un grupo parlamentario de cinco senadores, con 80 por ciento hombres.

Nadie esperaba que la controversia afectara a Dante Delgado Rannauro, suplente de Donaldo Colosio Riojas, en Nuevo León.

Y es que la Constitución mandata que debe garantizarse la paridad en el Senado -así como en el conjunto del Poder Legislativo a nivel federal y en Congresos estatales- y hay jurisprudencia para garantizar la acción afirmativa. La decisión está en el INE y en el Tribunal.

Independientemente de otros ajustes, MC, debido a su votación, tendrá dos senadurías de primera minoría: una en Nuevo León con Luis Donaldo Colosio Riojas y en Campeche con Francisco Daniel Barreda Pavón, por ser primera minoría: dos hombres.

MC tendría derecho -por su votación- a tres senadurías de la lista nacional, resulta que son dos hombres y una mujer. En esas tres está Dante Delgado Rannauro.

Si las consejeras y las magistradas -los- no aplican la acción afirmativa en el grupo parlamentario en el Senado de MC, habrá a una mujer y cuatro hombres, aunque la ley señala que en el caso debería “ajustarse” quitando al hombre que va en tercer lugar y subir a la mujer del cuarto lugar.

Se quitaría a Dante y subiría la diputada feminista y exgobernadora de Zacatecas Amalia García Medina. Ahora la única mujer en esa lista para el Senado es Alejandra Barrales.

Menudo problema para las consejeras y magistradas. Sabemos que MC cumplió, registró a 50/50, en las listas, un hombre/una mujer como todos los partidos. Lo que no se sabía es que el resultado significa que debe salir el dirigente del partido, con el ajuste de género. Ajuste obligado, lógico y coherente con el discurso del INE. De otro modo ese partido será, por omisión de las autoridades electorales, el partido con más hombres.

Es un problema de varias aristas, como de no creerse, con tanto como dicen que son feministas, que por encima de todo los derechos de las mujeres. Ojalá que hagan en el INE y en el Tribunal su trabajo y apliquen las reglas establecidas. Veremos.

Fuente: elsoldemexico.com.mx

Elegibilidad

Elegibilidad

La Sala Regional Ciudad de México, el pasado veintidós de julio, resolvió una sentencia con respecto a la elegibilidad de un candidato a senador que se autoadscribió como indígena. La parte denunciante alegaba que la comunidad indígena a la que el candidato decía pertenecer desconocía su vínculo, por lo cual el Instituto Electoral del Estado de Puebla debió verificar la documentación presentada por el candidato para asegurar su pertinencia cultural.

En ese sentido, el análisis que realiza la autoridad jurisdiccional para determinar la resolución del caso en concreto maneja dos cuestiones relevantes. Por un lado, está todo el marco jurisprudencial que se ha creado a lo largo de los años para garantizar el derecho de las comunidades indígenas a participar en las elecciones, y por el otro, la carga de la prueba, que es un aspecto indispensable en este tipo de casos.

Ahora bien, con respecto al marco jurisprudencial, resulta necesario precisar el cumplimiento del requisito de autoadscripción calificada a partir del cual es posible que una persona pueda acreditarse como indígena. Este concepto se fortaleció con la sentencia emitida por la Sala Superior en el expediente identificado con la clave SUP-RAP-726/2017, mediante la cual se establecieron candados para evitar una autoadscripción no legítima y fraude a la ley.

Es por ello que, para acceder a cargos de elección popular, se solicita la autoadscripción calificada y no solamente la simple, que se basa en expresar únicamente que se es integrante de este grupo vulnerable. Esto garantiza que estos lugares realmente sean para la representatividad indígena, por lo que se necesita la documentación establecida en los lineamientos emitidos por el INE, con el objetivo de comprobar su identidad como parte de una comunidad indígena.

Por otro lado, con respecto a la carga de la prueba, la autoadscripción, sea simple o calificada, tiene a su favor una presunción de validez que debe ser derrotada por quien pretenda desconocerla. Por lo tanto, el análisis de las pruebas no se va a limitar a cuestiones estrictamente formales, sino que se debe realizar con una perspectiva intercultural.

Por lo tanto, para poder desvirtuar una autoadscripción calificada, la carga de la prueba prevalece sobre la parte que denuncia. Esta parte necesita presentar los medios de prueba idóneos y suficientes que demuestren que la persona no es indígena. Si no hay pruebas, la presunción de validez deberá mantenerse.

En esta tesitura, la importancia de tener mecanismos que protejan la representatividad de personas indígenas ante cargos de elección popular es indispensable. Por lo tanto, se deben establecer candados que salvaguarden a este grupo vulnerable, ya que resulta fundamental. En ocasiones, este tipo de acción afirmativa se utiliza para sacar provecho y obtener ventaja en posiciones que puedan favorecer al candidato de un partido político.

En conclusión, este caso es primordial en el tema de la elegibilidad con respecto al reconocimiento de una persona indígena. Muchas veces el fraude a la ley puede darse para sacar ventaja, como se mencionó anteriormente. Por lo tanto, los posibles candados que se implementen para garantizar la representatividad indígena deben enfocarse en aspectos que contribuyan a consolidar la identidad de una persona indígena y que realmente comprueben que es originario de allí. Esto deja como reflexión si esta acción afirmativa está garantizando efectivamente la representación de las comunidades indígenas y si es necesario establecer herramientas más eficaces que ayuden a comprobar la identidad de una persona indígena.

Fuente: puebla.contrareplica.mx

Olimpiadas en igualdad

Olimpiadas en igualdad

Los comentaristas, analistas y especialistas del deporte no han escatimado elogios sobre la organización y desarrollo de la edición 33 de la Olimpiada celebrada en París. El país anfitrión que es multicultural, plurilingüe y referente de tendencias sociales como se demostró en la inauguración, tenía el reto de organizar unos juegos que tuvieran una participación igualitaria de mujeres y hombres y que fueran más sostenibles y energéticamente eficientes. La sede olímpica debía honrar los compromisos sobre cambio climático suscritos en la misma ciudad.

En los juegos olímpicos de 1900, 22 mujeres compitieron por primera vez y en Barcelona 1992 representaron una tercera parte. La cita olímpica que terminó el domingo fue la primera con una participación igualitaria pues de 10, 500 deportistas la mitad estaba conformada por mujeres y la otra mitad por hombres.

El programa contempló que de los 32 deportes en competencia, 28 tuvieran plena igualdad de género y que los eventos deportivos femeninos y masculinos se desarrollaran al mismo tiempo. Además, la Villa Olímpica contó por primera vez con salas de lactancia y una guardería que se mantenían abiertas durante el día para las mamás atletas.

Cada justa tiene sus estrellas olímpicas. Enriqueta Basilio, del equipo mexicano de atletismo, fue la primera mujer en encender la llama olímpica en el estadio de Ciudad Universitaria en octubre de 1968. La gloriosa actuación de Nadia Comaneci en Montreal 1976 nos conmovió y marcó un hito en la gimnasia, disciplina que ha convertido en un fenómeno a la maravillosa Simon Biles y que catapultó a la fama a la brasileña Rebeca Andrade mientras ambas daban ejemplo de sororidad.

Pero en el Olimpo no todo es gloria. Más allá del entusiasmo que genera enfrentarse entre los mejores atletas del planeta, la presión a la que se someten los participantes en el escenario olímpico es extrema al representar a un país entero. En Tokio 2021, Biles abandonó el torneo diciendo que no estaba preparada mentalmente para continuar, lo que le generó críticas injustas y también reconocimiento por atreverse a dar un paso al costado.

Al correr la extenuante prueba de la Maratón de París de 42 kilómetros, Sifan Hassan de Países Bajos que había ganado medallas en los 5 mil y 10 mil metros planos se preguntaba ¿qué hago aquí? ¿por qué lo he hecho? ¿qué me pasa? Horas más tarde el Presidente del Comité Olímpico Internacional colgaba la medalla de oro a la mujer de origen etíope en la ceremonia de clausura.

Se trata de mujeres deportistas de élite a quienes se les exige un esfuerzo mayor que el del resto de competidores. El abrupto fin de la carrera de Comaneci es una muestra de ello. Aun con la polémica en torno a la boxeadora argelina Imane Khelif, el encuentro no logró ensombrecerse.

El total de medallas entregadas en París fue de 1,039. Las preseas obtenidas en la categoría “femenino” incluyendo todos los deportes, alcanzaron las 476 entre oro, plata y bronce, un 45.8% del total en la justa olímpica.

La delegación mexicana logró 5 medallas; Prisca Awiti obtuvo la plata en judo y el equipo femenil de tiro con arco el bronce. Quedará en nuestra memoria la sobresaliente actuación de las nueve nadadoras del equipo mexicano de natación artística capitaneado por Nuria Diosdado que a contracorriente y sin apoyos institucionales, han dejado el nombre de nuestro país en lo más alto.

Fuente: elsoldemexico.com.mx

Riesgos de las mujeres frente a las denuncias por violencia de género

Riesgos de las mujeres frente a las denuncias por violencia de género

La violencia política contra las mujeres afecta no solo su pleno desarrollo, también, sus derechos humanos y su libre participación política lo que impide una igualdad sustantiva que es una exigencia de todo sistema democrático como el nuestro.

Por ello y con la finalidad de visibilizar este fenómeno, para atenderlo y buscar erradicar este cáncer que se manifiesta en el ejercicio del poder público, el Congreso de la Unión en el año 2020 modificó ocho leyes con la intención de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de género.

Con esta normativa, el Instituto Nacional Electoral (INE), a propuesta de una organización de la sociedad civil, estableció la llamada #3De3ContraLaViolencia que permitió en la elección de 2021 con una revisión muestral de las personas candidatas, verificar que no se encontraran en alguno de los supuestos de violencia de género, violencia familiar, sexual o fueran personas deudoras alimentarias morosas.

En mayo de 2023 son reformados dos artículos de la Constitución Política para ampliar los tipos de violencia de género y determinar la suspensión de derechos de las personas que hubiesen cometido alguna de las ocho conductas que dieron vida a la #8De8ContraLaViolencia, en la que se establecieron las conductas, entre ellas la violencia política contra las mujeres, por los que una persona no puede acceder a un cargo de elección popular, ocupar un cargo, empleo o comisión en el servicio público si se le acredita violencia de género.

Con todo este marco regulatorio el INE ha conformado diversos instrumentos como protocolos, guías y lineamientos para atender la violencia política contra las mujeres.

En este sentido, el INE por conducto de su Unidad Técnica de los Contencioso Electoral (UTCE) en colaboración con la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) integraron dos instrumentos para medir el nivel existente de riesgo en el que pueden encontrarse las mujeres que presentan una queja o denuncia por violencia política de género.

El objetivo de toda medición es observar, por ejemplo, la correcta aplicación de alguna política púbica previamente determinada, los alcances de metas programadas y, para el caso de la violencia de género, es la identificación de riesgos, así como el nivel en el que puede ser expuesta una mujer que presenta una denuncia o una queja en materia de violencia de género, su familia u otros.

Los dos instrumentos conformados por la UTCE y la UNAM tienen como base el Protocolo del INE para la atención a víctimas y la elaboración del análisis del riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género.

Bajo este contexto, la implementación de estos instrumentos consiste en la aplicación de dos cuestionarios que permitan identificar los riesgos referidos para proteger la seguridad e integridad de las mujeres y, de ser el caso, de sus familiares o amistades a través del dictado de medidas cautelares.

Estos cuestionarios, cuya aplicación se realizará a través de una prueba piloto en la que participarán 300 mujeres; 150 corresponden a mujeres que hayan sido precandidatas y/o candidatas en las elecciones de 2021 y 2024 (link: https://es.surveymonkey.com/r/XRGY9M5) y, las otras 150 a las mujeres que hayan ocupado algún cargo de elección popular, o bien, que se encuentren actualmente en funciones (link: https://es.surveymonkey.com/r/ZWW2ZB8).

La aplicación de estos cuestionarios se realizará en un periodo prácticamente de dos meses y medio (del 15 de julio pasado al 30 de septiembre).

De los resultados obtenidos el INE podrá establecer mejores estrategias para la prevención, atención, sanción y políticas para erradicar la violencia de género para crear condiciones más efectivas de la participación política de las mujeres en contextos libres de violencia.

Fuente: www.eluniversal.com.mx

El desprecio a los derechos humanos

El desprecio a los derechos humanos

Este gobierno ha presentado con retraso el IV informe del Estado Mexicano, ante el Mecanismo de Examen de Periódico Universal MEPU de Naciones Unidas. El cumplimiento de los derechos humanos al que está obligado en el contexto del derecho internacional, como todos los Estados y naciones, tiene serias reservas y todo indica no acatará recomendaciones en materia de seguridad militarizada, prisión preventiva oficiosa y arraigo, desplazamiento forzoso interno, migración y espionaje a civiles.

Este novedoso mecanismo que se aprobó y es vigente desde 2006 obliga a cada país miembro de la ONU se someta y comprometa, en el marco de la Comisión de Derechos Humanos, a aceptar la revisión que otros países hacen al Estado mexicano a partir de visitas in situ, los informes de las organizaciones no gubernamentales y el propio informe oficial que institucionalmente se presenta. México recibió 318 recomendaciones de las cuales no aceptó 14 en las materias arriba mencionadas.

Nuestro país ha recibido reiteradamente la recomendación de que elimine la figura del arraigo, hoy se suma la Prisión Preventiva Oficiosa. La militarización de la seguridad pública es inaceptable en un Estado democrático y peor que se pretenda la Guardia Nacional pase al Ejército, como pretende López Obrador.

El gobierno señaló que no espía ni se vigila a nadie, cuando hay constancia contundente de que lo hace contra periodistas, integrantes de la sociedad civil y opositores.

Desde hace algunos años en que se recrudeció el fenómeno de desplazamiento forzado interno derivado de la inseguridad en algunas regiones del país, se ha planteado la necesidad de legislar una nueva ley en materia de desplazamiento interno, sin embargo el gobierno soslaya la gravedad del problema. Tampoco asume que debe cambiar su política contra la migración particularmente por el uso de las fuerzas armadas en las fronteras.

El objetivo de este examen es impulsar, ampliar y apoyar la promoción y la protección de los derechos humanos, y se ha reconocido progresos particularmente en el marco jurídico, pero la aplicación de la ley ha sido deficiente y como consecuencia hoy México ha recibido más recomendaciones que en los informes anteriores.

Por desgracia, hemos constatado que este gobierno que está por terminar ha sido reactivo en no escuchar a las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos. La tozudez de militarizar la seguridad pública es un ejemplo de ello, o el maltrato a migrantes y hacer caso omiso de la crítica situación del desplazamiento forzoso.

Este es el país que recibe Claudia Sheinbaum. Hay quienes piensan que al asumir la Presidencia dará un giro y encauzará el rumbo del país lo que permitirá atienda de manera estructural la grave situación que hereda y que se concreta de manera puntual en las recomendaciones que derivan del Examen Periódico Universal. Que ella tiene una visión más abierta respecto del derecho internacional.

Por otro lado, hay quienes ven una sujeción a su tutor, y como lo ha dicho, seguirá la línea que ha caracterizado al lopezobradorismo. Una prueba de fuego la tendrá precisamente en la concreción de las 304 recomendaciones que ya aceptó éste gobierno; sin embargo no podrá excusarse y desatenderse respecto a las 14 que no se están aceptando; la cruda realidad le impondrá una crisis social y política precisamente en estos asuntos. Al tiempo.

Fuente: elsoldemexico.com.mx