Cuestionemos, participemos y lejos de justificar o polarizar, atrevámonos a ser parte activa de la solución: nuestros hijos y su entorno, lo agradecerán.
La noticia alcanzó la primera plana de un diario de circulación nacional y no era para menos: en los últimos tres años, 310 mil 115 estudiantes abandonaron la educación primaria en escuelas públicas; información oficial que no tardó en ser minimizada y hasta desmentida, como si se tratara de un ataque al sistema y no a los derechos fundamentales de la infancia en México.
¿A dónde se fueron? La nota periodística explicaba que 116 mil menores emigraron a escuelas particulares, en tanto que 193 mil 791, simplemente abandonaron las aulas. Los primeros, se dijo, por la desconfianza que genera el nuevo modelo educativo de la SEP y ¿los segundos? No hay tales, lo que sucede es que ha disminuido la población de niñas y niños entre 6 y 11 años, se justificó desde el gobierno.
La realidad, explicó Daniel Hernández, especialista en temas educativos del Tecnológico de Monterrey, es que, por la dinámica demográfica, efectivamente hay menos niñas y niños entre 6 y 11 años que hace una década. Sin embargo, el porcentaje de menores de estas edades que asisten a la escuela primaria pasó de una constante anual de 98.6 por ciento a 95.5 por ciento lo que, en datos acumulados, suma 375 mil estudiantes menos en los últimos tres años.
Para quienes somos madres y padres, enviar a nuestros hijos a la escuela es quizá la mayor inversión y la única herencia que podremos dejarles: para tener herramientas con las cuales enfrentar su futuro, desarrollar el potencial que tienen como personas y alcanzar un mejor nivel de vida del que pudimos otorgarles.
Aún estamos lejos de lograrlo. Un análisis del Centro de Estudios Espinosa Yglesias sobre la movilidad educativa en la capital del país, revela que “el 43 por ciento de los hijos de padres con el menor nivel de escolaridad permanecen en ese estrato y solo 6 por ciento alcanzan el más alto”.
Más que incomodidad y evasivas, datos como el aumento en la deserción escolar deberían provocar análisis de las políticas educativas por regiones y estados, para saber qué se está haciendo bien y dónde es necesario corregir o mejorar, para que el derecho a la educación sea una realidad y no decretos que se quedan en catálogos de buenos deseos.
Es momento de reflexionar y actuar colectivamente, para garantizar el acceso a este derecho-llave que es la educación, no solo desde la primaria, sino desde los primeros años de vida, pues en México sólo tienen acceso a la educación inicial, 7 de cada 100 niñas y niños menores de tres años y, en el caso de nivel preescolar, la cobertura solo incluye a una tercera parte del universo que debería abarcar, pese a ser obligatoria en la ley desde hace dos décadas.
Regresando al caso de la educación primaria, valdría la pena replantearse si las becas universales son la mejor solución, cuando podrían centrarse en las y los alumnos de menores recursos; cómo acelerar el paso para traer de vuelta escuelas de tiempo completo que, al otorgar alimentación, también influyen en la permanencia y el desempeño del alumnado de escasos recursos en las aulas; replantear la disminución y operación de los recursos para la infraestructura educativa que, según datos de la propia SEP, está lejos de cumplir con las necesidades mínimas, pues cuatro de cada 10 centros educativos, carecen de servicios tan básicos como agua potable, sanitarios o electricidad y ya ni hablar de servicios de internet o de computadoras, que parecieran un lujo reservado a las instituciones privadas.
El otro pilar fundamental de nuestro sistema educativo son las maestras y maestros. ¿Por qué si la Constitución establece que tienen derecho a un sistema integral de formación y capacitación, no hay recursos suficientes para otorgárselos? ¿Por qué en pleno siglo XXI las cargas administrativas continúan siendo tan engorrosas como improductivas?
Las ventanas de oportunidad son enormes y no hay mejor cimiento para una persona y una nación, que tener una educación pública, gratuita y de calidad. No resignarnos a que uno, cien o miles abandonen la escuela, es tarea del gobierno, pero también de un pueblo que aspire a ser libre en el más amplio sentido de la palabra. Cuestionemos, participemos y lejos de justificar o polarizar, atrevámonos a ser parte activa de la solución: nuestros hijos y su entorno, lo agradecerán.
La Presidenta Sheinbaum presentó el informe de los primeros 100 días de su gobierno. Esta moda de presentar un informe de los primeros tres meses de gobierno, en realidad tiene un objetivo mediático; es pura propaganda.
La propaganda como técnica de comunicación, su cometido en la política es fomentar la percepción de que se tiene control de todo. Y aquí se aplica el refrán de que, del dicho al hecho, hay mucho trecho. El ejemplo más ilustrativo es el que se refiere al Sistema Nacional de Cuidados.
Este sistema se publicitó en la campaña con reiterados compromisos para su creación, se integró en los ejes de compromisos de la entonces candidata de Morena; y ya como Presidenta, se presentó la iniciativa de reforma para inscribir en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en la adición del Artículo 42bis sobre la constitución de la Secretaría de las Mujeres. En la fracción I se señalan las tres materias objeto de la Secretaría: la igualdad sustantiva como eje rector de su trabajo; la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, y la creación del Sistema de Cuidados.
Pero para sorpresa de todas las organizaciones promoventes, ya se dijo que el SNC no está en los planes del gobierno y se denegó su creación. Al igual que en el gobierno de Peña, con López y hoy, termina imponiéndose el no concretar este sistema cuya legislación específica incluso fue aprobada en la legislatura pasada en una de las cámaras del Congreso de la Unión, y al ser enviada a la colegisladora, fue congelada.
La ley del SNC tiene como objetivo garantizar a todas las personas el acceso y disfrute del derecho a los cuidados desde el principio de corresponsabilidad entre las familias, la comunidad, y el Estado, como acontece en otros países como Francia, los Países Bajos, España, Australia, Japón, Uruguay y Chile. La carga de cuidados recae principalmente en las mujeres quienes no reciben ninguna retribución y descuidan su propio desarrollo y autonomía.
La ley debe establecer como un derecho a la remuneración de las personas que se dedican a estos servicios desde las familias, o fuera de ellas. El Estado debe establecer como una responsabilidad tributaria, la creación de estancias o residencias de día, permanentes o semi permanentes. Reconocer a quienes lo emprenden desde el hogar, y crear un sistema que apoyos técnicos y virtuales para la correcta atención de las diversas condiciones de quienes requieren de cuidados, tomando en cuenta si carecen de autonomía por enfermedad física o mental, discapacidad, no pueden moverse o que no pueden estar solas, o son infantes.
Todo indica que quienes manejan los recursos de la Hacienda Pública se oponen a la configuración de este sistema de cuidados como política pública porque reclaman cuánto va a costar y no valoran cuál es la inversión desde un enfoque de derechos humanos del 58.3 % de personas que requieren algún tipo de cuidado, según la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados del 2022 de INEGI. Las personas cuidadoras deben tener una remuneración por su trabajo y reconocérseles la importancia de sus aptitudes y destrezas.
Nada molesta tanto como la demagogia, un lastre pernicioso en la política. Muchas mujeres piensan que por ser mujer, la Presidenta tendrá una mirada feminista, se pondrá los lentes violeta. Lo que observamos, es pura propaganda y simulación.
La ejemplar batalla legal que emprendió supone un antes y un después en el largo camino de llevar ante la justicia a una jauría que se creyó impune.
El 19 de diciembre, un tribunal francés sancionó la violencia que se ejerce cotidianamente contra las mujeres y reivindicó la larga batalla legal emprendida por Gisèle, el ícono feminista de nuestro tiempo que ha dado un golpe de autoridad moral y valentía frente a la maldad.
Madre de tres hijos, Gisèle vivió durante 50 años con un hombre al que consideraba “un tipo genial” y que, sin saberlo, se transformó en un monstruo que lenta pero persistentemente la había convertido en un objeto sexual al alcance de 72 hombres que durante una década abusaron salvajemente de ella en su propia casa. El caso Pelicot pasará a la historia como ejemplo de lo más retorcido y ruin que un hombre puede hacer contra una mujer.
La ejemplar batalla legal que emprendió supone un antes y un después en el largo camino de llevar ante la justicia a una jauría que se creyó impune. Aunque es lugar común decir que la justicia tarda pero siempre llega, nunca como ahora el axioma es acertado. Serena, lúcida, sencilla, el infierno empezó para ella cuando acudió a la comisaría para conocer la evidencia documental y la videoteca que su ahora exesposo había acumulado en la que aparecía siendo violada por decenas de hombres mientras estaba sedada.
Gisèle logró superar su condición de víctima. Las lecciones de entereza y dignidad que mostró durante el juicio sientan un extraordinario precedente en la lucha de miles de mujeres que han sido agredidas sexualmente y que buscaron castigo, en muchos casos, de manera infructuosa. De acuerdo con la ONU, más de mil 300 millones de mujeres han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, una de cada tres en el mundo.
El monstruo de Aviñón, Dominique Pelicot, ha sido sentenciado a la pena máxima de 20 años por violación agraviada, otras 50 bestias han recibido condenas. Al conocer la sentencia, Gisèle dijo “pienso en las víctimas no reconocidas, cuyas historias permanecen en la sombra. Quiero que sepan que compartimos el mismo combate”.
La manera en cómo la víctima enfrentó el horror (rechazó desde el principio un juicio a puerta cerrada y pidió que se exhibieran videos de los ataques), ha tenido un fuerte impacto social de cómo una mujer puede reaccionar ante semejante agresión y que se ganó el respeto a su firmeza, dejando un valiente precedente.
Gracias Gisèle por darnos fuerza y valor ante el reclamo de justicia ¡Nunca más la vergüenza para las víctimas!
episodio 16 del programa “Nosotras en ruta” realizado por nuestra colectiva Beatríz Pérez López a nuestra Presidenta Nacional, la Mtra. Claudia S. Corichi García.
Llegamos al año 2025 y el mundo que hoy tiene a la mano inteligencia artificial, robots y viajes al espacio, no será capaz de cumplir con al menos una de las metas fijadas.
Llegamos al año 2025 y el mundo que hoy tiene a la mano inteligencia artificial, robots y viajes al espacio, no será capaz de cumplir con al menos una de las metas fijadas en el cuarto objetivo de la Agenda 2030: “asegurar que todas las niñas y niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa, de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos”.
La educación al alcance de todos y la movilidad personal y social que prometía, están a debate y justo hace unos meses vio la luz el libro Educación universal: por qué el proyecto más exitoso de la historia genera malestar y nuevas desigualdades, de los especialistas españoles Juan Manuel Moreno y Lucas Gortazar.
Los autores nos llevan a un recorrido internacional por las políticas y resultados de la educación universal, los dilemas del malestar que genera y la aceleración competitiva que produce.
El sueño de educar a las masas como si fueran élites, uno de los retos más exitosos y revolucionarios de la humanidad, señalan, hoy cuenta con múltiples detractores: desde los irracionales, en contra del acceso de las mujeres a este derecho fundamental; los inconformes porque al impulsar la cantidad se pierde la calidad, y los desencantados, aquellos que, a cada paso, solo encuentran más e intolerables desigualdades.
Los especialistas recuerdan que trabajar para que la educación no sea un privilegio de pocos, sino un derecho para todos, ha permitido a las sociedades en el mundo sacar a millones de personas de la pobreza o reducir la desigualdad de género. Sin embargo, la paradoja es que conforme se avanza, aparecen descontentos.
En un mundo donde la democracia social ha cedido el paso a la democracia política y donde la polarización sirve de sostén para regímenes populistas y autoritarios, advierten también sobre la vulnerabilidad política y mediática de la educación, pero sobre todo sobre la importancia de que la escuela forme ciudadanos que aprendan a tomar decisiones juntos en favor de la democracia.
Decía Mario Benedetti que “cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas” y sí: tras las afectaciones en la deserción y salud mental que trajo consigo la pandemia por Covid-19, los múltiples cambios en el sistema educativo y los avances tecnológicos que han rebasado las enseñanzas en las aulas, es un buen momento no solo para reflexionar al respecto, sino para exigir más políticas educativas y menos política.
